CRISIS I: De aquellos polvos…

“Las estafas cotidianas que conmocionan nuestras vidas.

Privatizaciones, corrupción,invisibilidad de los cuidados y economía sumergida”

Àngels Martínez i Castells*
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LA LÓGICA DE LAS PRIVATIZACIONES
Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades y toda la población disponga de los bienes y los servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos. Bueno, ya me perdonarán el mecanicismo, pero eso era más o menos así —por lo menos en Europa— hasta que se derrumbaron todas las murallas de contención de los capitales industriales y financieros y comenzó la gran carrera privatizadora. Por lo que a las empresas públicas se refiere, seguimos oyendo la versión dominante (les ahorro las de otras escuelas económicas) de que lo privado es más eficiente que lo público. A pesar de que Stiglitz y otros denuncian este engaño como una delas grandes falacias de nuestro tiempo se repite machaconamente como argumento indiscutible con el fin de que los capitales privados dispongan de nuevas bandas de expansión a costa de lo que es de la ciudadanía, pagado con los impuestos dela ciudadanía. De hecho, a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal. A la avidez de empresarios privados se une la visión miope y poco democrática de los políticos echando mano de lo público como si les perteneciera en exclusiva para servir intereses departe y conseguir ingresos a corto plazo (ingresos que muchas veces se convierten en subvenciones millonarias, a fondo perdido, para las mismas empresas privadas que difunden el embuste de la poca eficiencia de las empresas públicas). Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de disimular la piratería.
DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL DE BRUSELAS
Las privatizaciones pasaron a ser consigna política de primer orden con el Consenso de Washington (1990). Grandes poderes reunidos en cónclave: Banco Mundial, FMI, políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal y los think tanks. Como primer objetivo, pensar políticas para mantener abiertas las venas de América Latina. Su equivalente para Europa se denominó Consenso de Bruselas. ¿Qué implicó?: recorte del gasto público, reformas tributarias (en la línea de que los ricos paguen menos impuestos) y limitación del déficit. ¿Y en qué se tradujo? Junto con otros factores, con la llegada de la crisis, en las altas tasas de paro en Europa (superiores al 10 por ciento). En España ha sido peor: la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 porciento y del 40 por ciento para la población de menos de 25 años. Un hito destacado en todo el proceso desregulador lo protagonizó Bill Clinton. En 1999 decide abolir definitivamente la Glass-Steagall Act de Roosevelt que desde 1933 separaba la banca comercial de la de inversión e impedía que el capital financiero creciera hasta la hipertrofia. Con su desaparición se abre una distancia cada vez mayor entre la economía financiera y la real. Desde finales de la década de 1970 la distribución de la renta —entre las del trabajo y las del capital— se inclina cada vez más a favor de los beneficios y afecta a lo que Keynes llamó«demanda solvente», es decir, la posibilidad de que se venda (y se cobre) todo lo que se produce. Desde la década de 1990 los salarios han disminuido su participación en la distribución de la renta a costa de los beneficios. Las caídas son vertiginosas en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En concreto en este país han perdido diez puntos, según datos de la Comisión Europea, Anexo Estadístico de la Economía Europea, primavera de 2010.
EL MUNDO EN VENTA. LA RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO:  PRIVATIZACIONES Y PIRATERÍA 
Me parece necesario insistir en los antecedentes más vergonzantes de la oleada privatizadora, comenzando con el Chile pinochetista, la gran probeta experimental de las políticas de la Escuela de Chicago. Según un informe de la Comisión Investi-gadora de la Cámara de Diputados chilena llegó a significar para el país una pérdida de 6.000 millones de dólares. Fueron vendidos a manos privadas 15.888 inmuebles de Bienes Nacionales,se reprivatizó el 80 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria y 725 empresas públicas pasaron a ser controladas, a precios simbólicos, por grupos económicos creados y consolidados durante la dictadura pinochetista, afortunados amigos del régimen. Si dedico estos párrafos al proceso chileno es porque creo que reúne, de manera descarnada, todos los elementos de la teoría del shock que en otras situaciones se han conseguido enmascarar al encontrar justificaciones más amplias y sofisticadas. En primer lugar la privatización surge de una violencia extrema previa, la del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y de tantas y tantas personas que lucharon por la defensa de la democracia constitucional chilena. En segundo lugar implica la tergiversación de la ley en beneficio de unos pocos, la corrupción aceptada, la creación de una clase social que vive dela sumisión de la política a sus intereses particulares. Algo parecido sucede en otros países; por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas públicas soviéticas ha surgido la actual mafia dirigente del Estado ruso con las enormes desigualdades de renta y riqueza que asolan el país. Tampoco fue menor la violencia moral y real que supusieron las progresivas privatizaciones en Portugal que acabaron con el proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974. Una delas más dolorosas fue la que arrasó la Reforma Agraria portuguesa, con la propiedad colectiva de tierras abandonadas por los latifundistas, y que habían empezado a dar trabajo y alimento a hombres y mujeres del Alentejo y el Ribatejo. En Reino Unido fue Margaret Thatcher quien consiguió que las empresas públicas que representaban en 1979 el 8 por ciento del empleo, el 10 por ciento del PIB y el 16 por ciento de la inversión bruta pasaran en 1992, al final de su tercer mandato, a constituir el 3 y el 5 por ciento de los respectivos referentes. British Petroleum, British Telecom, British Airways, British Leyland-Rover, que significaban la principal industria de energía, el teléfono, las líneas aéreas y una importante empresa pública del automóvil, llegaron —en distintas modalidades— a manos privadas. La cuarta administración tory (1992-1997) vendió también el carbón y los ferrocarriles. Joaquim Vergés (2009) calcula los ingresos por privatizaciones en unos 60.000 millones de libras. A principios de 2006 sólo quedaban por privatizar los servicios de correos, el metro londinense y la BNFL, la empresa encargada del tratamiento de uranio y el reprocesamiento de los residuos nucleares. Los laboristas siguieron la senda privatizadora de los conservadores y sólo después de dos graves accidentes ferroviarios atribuidos al mal mantenimiento de la red la empresa gestora, Railtrack, pasó de nuevo a control público. Diferente fue el comportamiento del Partido Socialista en Francia. Las privatizaciones no comenzaron hasta la era post Mitterrand y no incluyeron los monopolios públicos (gas y electricidad, transporte y teléfonos). En Alemania fue la coalición democristiana-liberal de 1983 (bajo el liderazgo de Helmut Kohl) la que comenzó las privatizaciones: sector eléctrico y químico, gas, aluminio, transporte, la compañía aérea Lufthansa y dos bancos públicos (el DBK y el DSL). También canceló la participación federal en Volkswagen y Deutsche Telekom (con reforma constitucional incluida). Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo. Vergés nos explica que se extendieron por Italia, Irlanda, Bélgica, Grecia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; todos ellos, países de la OCDE. Y tampoco es-caparon Turquía, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Zambia,Uganda, Israel. Los monopolios ahora privados se concentran, se alían internacionalmente, imponen sus precios y condenan ala precariedad pueblos y zonas geográficas enteras. Su acción devastadora explica también las revueltas del norte de África y del Medio Oriente.
EL PROCESO PRIVATIZADOR EN ESPAÑA 
El disparo de salida lo dio en su momento, hace más de 25 años,el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, anunciando la posibilidad de sacar a bolsa algunas empresas públicas demostradamente rentables ¿cómo si no las iba a comprar nadie? Sin embargo, fue el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, quien inició en 1985 la oleada privatizadora: un 70 por ciento de Textil Tarazona a En-trecanales, un porcentaje similar de Secoinsa a Fujitsu, el 98,8 por ciento de SKF España de rodamientos a la SKF sueca y  Viajes Marsans (que acabaría más tarde en las funestas manos del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán) a Trapsatur. Al año siguiente se vendió el 100 por ciento de Seat a la alemana Volkswagen y, en 1989, el 80 por ciento de la gran empresa metalúrgica catalana la Maquinista Terrestre y Marítima a la empresa anglofrancesa Gec-Alsthom. No voy a seguir en detalle todo el proceso de las privatizaciones en España, pero sí quiero destacar que en 1985 empezó un descalabro de fondo que se convirtió en tsunami en la década de 1990 con los gobiernos del PP. Según diversas estimaciones, se han privatizado en España unas 120 compañías con unos ingresos aproximados para el erario público de 45.000 millones de euros y sin que hayan estimaciones conocidas, en cambio, de lo que hemos perdido colectivamente en el camino. Los nombres que más suenan son los de los servicios esenciales que mantienen altos los niveles de precios y beneficios (ahora privados, claro), como los de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia (en esta última el Gobierno mantiene una participación de poco más del 5 por ciento). Pero también en España las privatizaciones crearon su casta empresarial. De manera destacada, el PP consiguió cumplir los requisitos de entrada en el Sistema Monetario Europeo y rodear al que era entonces presidente del Gobierno de lo que Fabián Estapé no dudó en llamar «capitalismo de compañeros de pupitre». Un ejemplo de la inversión del poder que han operado las privatizaciones en España nos lo brindó un rincón maravilloso de la Costa Brava en marzo del 2010, cuando más de 220.000 abonados se quedaron sin luz y sin telefonía móvil. Endesa se negó a dar explicaciones. A fin de cuentas las compañías eléctricas privatizadas siguen siendo un oligopolio ¡y mandan!, ¡Vaya si mandan! Al tercer día se permitían no atender ninguna de las veinte llamadas que hizo la televisión pública para poder informar a la ciudadanía. Pero es más: el entonces president Montilla tuvo que personarse en sus instalaciones (que no al revés) para informarse e instarles a proceder a las reparaciones con la máxima urgencia. Y a pesar de ello las privatizaciones siguen: las últimas propuestas con gobierno del PSOE han sido las del 49 por ciento de AENA y el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Las cajas de ahorros se convierten en bancos privados y la privatización de los servicios básicos y del bienestar avanza con mil y un disfraces con la piratería del agua, de los servicios de educación o del sector de sanitario.
LA OFENSIVA INTERNACIONAL DE LA PRIVATIZACIÓN LLEGA AL ESTADO DEL BIENESTAR 
No siempre ha sido lineal ni placentero el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero cumplían su función mínimamente compensadora de desequilibrios sociales… hasta el tsunami privatizador, las desregulaciones aceleradas, la ofensiva neoliberal de la actual crisis económica y la privatización que alcanza la enseñanza y la sanidad. Ya se escatiman los vasos de leche en las escuelas de primaria en tanto que la enseñanza superior es un bien al alcance de los estudiantes más ricos o un crédito de por vida para los más pobres. El sueño socialdemócrata ha muerto y el capitalismo arrogante toma por bandera la falta de equidad, la explotación y las desigualdades: inicia un retorno al futuro que sólo conduce a la barbarie. En 1999 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios dela OMC impuso importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, de servicios municipales, saneamiento y gestión de residuos, y los obligó a menores regulaciones. Si un Estado no cumple, la OMC podría expulsar al Estado rebelde condenándolo al aislamiento económico. Y es lógico desde la perspectiva del capital: el sector del agua genera unos ingresos anuales de más de un billón de dólares aunque sólo esté privatizado entre el 5 y el 10 por ciento a nivel mundial. Por lo que a la sanidad se refiere, la OMS denunciaba en un estudio de 2006 que en el sector privado todo es más caro, desde la construcción hasta el funcionamiento diario. Coincidía en el mismo sentido Frank Dobson, ministro de Sanidad del primer Gobierno Blair, al afirmar que los costos son un 11 porciento superiores en la sanidad privada sobre la pública y nos advertía que peligra el futuro del National Health Service (NHS) por la entrada de las fuerzas del mercado y proveedores que sólo pretenden conseguir beneficios privados. Los políticos conservadores y los lobbies privados de la sanidad dicen que la privatización ha sido un éxito, pero nada más lejos de la verdad. En Gran Bretaña los hospitales privados se quedan con las intervenciones de menor coste y riesgo, con las intervenciones quedan beneficio… y dejan para que sean atendidas en los hospitales del NHS las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones costosas y difíciles. Los procesos de privatización empiezan con todo tipo de justificaciones creadas ex profeso, por ejemplo, para las empresas mineras, energéticas e industriales; siguen con los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y el agua… y acaban con enseñanza, salud y la amenaza sobre las pensiones públicas donde se pueda y las haya. Se pretende acabar no sólo con lo que se convino en llamar «economía mixta» o convivencia de un sector público más o menos subsidiario con un sector privado más o menos dominante, sino con derechos de ciudadanía, con los servicios del Estado del Bienestar (más adecuadamente llamado por Llamazares «Estado del medio estar») y que se dirige a marchas forzadas hasta un malestar perfectamente descriptible.
DE PARAÍSOS FISCALES, CORRUPCIÓN Y CORRUPTORES
No fue demasiado original Carlos Solchaga cuando, inmerso en el proceso de reconversión y privatización, dijo algo así como que «España era el país en el que uno podía hacerse rico más rápidamente». Como comentaba Michael Krätke, seguía la consigna de la gran burguesía francesa de la primera mitad del siglo XIX: «Enrichissez vous!» («¡Enriquézcase!»), un programa imbatible en su genial laconismo que no perdió poder de convocatoria. También los que escucharon con atención a Solchaga podían creer que prestaban un servicio inestimable a la patria moderna y modernizada mientras sus cuentas corrientes engordaban. Sin embargo, esta moral abrió las puertas de la corrupción. Krätke se apoya en la literatura para resaltar que buena parte del atractivo de las novelas de Flaubert y de Balzac va más allá de sus innegables méritos literarios: nos enseñan cómo el capitalismo socavó la sociedad civil. No se trata de una excepción o de una desviación a la norma intachable. Los expedientes por fraude y manipulación recorren Europa de la mano de empresas o instituciones que deberían estar por encima de toda sospecha: Volkswagen, Siemens, BMW, Gescartera y el Palau de la Música. Tampoco se trata del folclorismo aceptado de una Marbella de charanga y pandereta o de las revelaciones que pueda hacer algún sastrecillo más o menos valiente. Los escándalos se acumulan, se repiten, en todas las ramas, en todos los países. Y no se trata de ovejas negras ocasionales, sino del gran rebaño negro cuya transmutación en bandadas de cuervos está a la orden del día. El conocido informe, hecho público en 2011, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa demostraba que directamente o a través de sus dueños más importantes todas las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Y, como Arcadi Oliveres nos recuerda, buena parte de lo que paga ExxonMobil a Teodoro Obiang por la explotación del petróleo no beneficia a la población de Guinea, sino que acaba (supuestamente) en Madrid, en el Banco de Santander del señor Emilio Botín. Desde Marx sabíamos que el capitalismo ha sido desde sus comienzos una economía de la expropiación, pero con el paso del tiempo ha refinado su engaño, su creatividad financiera, ha perfeccionado la capacidad de compra o chantaje de los lobbies, la compra de medios de comunicación, de sindicalistas, ONG y políticos, aumentando la desazón y la sensación de estafa que aleja las personas de la política. Como afirma Krätke, el capitalismo de nuestros días tiene las manos sucias: es la corrupción cotidiana, el fraude sistemático, el crimen internacionalmente organizado.
CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA 
La crisis del Estado español es más intensa, más difícil de superar y provoca mayor desempleo porque la construcción ha sido, durante demasiado tiempo, uno de los refugios preferidos de los capitales especuladores. Recompensó comportamientos mafiosos con beneficios rápidos, hasta que llegaron los desequilibrios bursátiles provocados, en gran medida, por ellos mismos: por haberse transmutado en una inmensa lavadora de dinero negro. Aquella época registró consecuencias negativas nada desdeñables: una alta tasa de accidentes de trabajo y el destrozo del paisaje y del medio. Tras desencadenarse la crisis podemos ver además la desesperación de las personas que pierden su vivienda al no poder hacer frente a la hipoteca. Una injusta ley entrega la propiedad a los bancos manteniendo la deuda de las personas hipotecadas. Todos los riesgos son para los compradores.

La alta carga de corrupción política permitió algo tan sui géneris como que en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre llegara al poder gracias al transfuguismo recompensado (también presuntamente) del señor Tamayo y la señora Sáez. La traición dio tan buenos rendimientos que el PP sigue en el poder en la Comunidad madrileña desde entonces, ensayando incesantemente fórmulas privatizadoras en la sanidad e ideando ahora cómo hacerlo con el Canal de Isabel II, el agua de la ciudadanía madrileña, una empresa pública con ganancias a pesar de la progresiva externalización de sus servicios.

LOS POLÍTICOS «REHENES»DEL MERCADO Y LAS GRANDES EMPRESAS
 Aunque no debe leerse de manera alguna como fórmula exculpatoria, las grandes empresas han conseguido convertir en rehenes a los propios gobiernos del Estado y las Comunidades, y no sólo en España. El argumento para justificar sus grilletes es que sin sus “obsequios” fiscales, sus políticas contra los trabajadores, sus privatizaciones y su manga ancha con los chanchullos del mercado negro y los paraísos fiscales el capital y sus gestores se fugarían en masa al extranjero. Pero ni subvenciones ni prebendas ni desgravaciones han logrado impedir que las grandes fortunas y empresas depositaran dinero a manos llenas en los paraísos fiscales. De hecho la evasión fiscal organizada es un fenómeno cotidiano. Algunos países en Europa, de manera destacada Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Andorra empezaron cobrando bajos impuestos sobre la renta y el patrimonio para atraer las fortunas. Y ya, durante la crisis de la década de 1930, Suiza y Liechtenstein instituyeron su sistema de secreto bancario para facilitar la fuga de capitales.  Pero sólo durante el largo boom de posguerra, después de 1945, y con el ascenso de las corporaciones empresariales transnacionales empezó a ser
un negocio lucrativo y cada vez más naciones aprendieron la manera de crear sus paraísos fiscales interiores.  ¿Qué otra cosa no son, si no, las SICAV? El G8 se atiene a una lista oficial de 42 oasis fiscales (la OCDE habla de 47), pero los especialistas fiscales suponen que al menos existen 70 refugios para los grandes fraudes. Krätke considera que, como media, los ricos y los muy ricos tienen más de un 30 por ciento de su patrimonio colocado en refugios fiscales. Se calcula que un 23 por ciento de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales. Entre 11 y 13 billones de dólares en capital y patrimonios de todo tipo están escondidos en centros offshore:
islas como las Caimán, las Vírgenes, las Cook, pero también la isla de Man, en las costas británicas. Casi el 50 por ciento de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos (las islas Caimán son el quinto centro bancario del mundo). De hecho una estimación cautelosa considera que las fugas de capitales a los paraísos fiscales suponen que los Estados dejen de ingresar entre 250 y 300.000 millones de dólares anuales. Es el gran robo organizado a gran escala. Y consentido. Incluso bendecido por el Vaticano, a su vez también paraíso fiscal. Es difícil pensar que la Unión Europea pueda combatirlos, porque tiene como miembros de pleno derecho países que juegan fuerte a los paraísos, como Luxemburgo, Austria, Holanda, Gran Bretaña y Francia por su protectorado sobre Mónaco.
LOS DESARRAIGOS OCULTOS,  LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS
El neoliberalismo no sólo oculta sus piraterías, también se esfuerza por hacer invisible el mundo imprescindible, fundamental y complejo, de los trabajos de cuidados, afectos, solidaridades y redes sociales. En él las mujeres actúan como imprescindibles estabilizadores sociales al aportar calidad de vida a una convivencia cada vez más imposible. Se agudiza la división del empleo por género a nivel internacional en la que las mujeres de los países más expoliados (Ecuador, Filipinas, Perú…) han abandonado el cuidado de sus hijos y sus mayores para ir a cuidar de los hijos y los mayores de las personas de países más ricos. Y muchas veces en las peores condiciones. Un informe de UNIFEM de 2006 denuncia que una de las actividades más rentables del mundo es el tráfico de personas con todas sus derivaciones: inmigración para mano de obra barata (ya sea con o sin papeles) y trasiego de mujeres. Según datos de las Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo son trabajadoras inmigrantes, un 73 por ciento de los inmigrantes asiáticos son mujeres y en la misma Unión Europea la feminización de la inmigración es un hecho relevante. La inmigración representó, hasta el estallido de la crisis, el 80 porciento del crecimiento global de la población de la Unión Europea y en los tramos de edad más productivos de la pirámide de la población. Y mientras los movimientos de capitales disfrutan de total libertad y se mueven sin cortapisas por el mundo, las migraciones se suceden con peligro de exclusión y xenofobia, mostrando la cara más hipócrita de legisladores y políticos y las consecuencias más turbias de la explotación sobre las personas a las que no se les reconocen sus derechos. Es tarea urgente reconocerlo: el trabajo no remunerado, las redes sociales y los cuidados son una parte fundamental de la economía y aportan calidad de vida a las personas y sustentan a la misma democracia. Cuando los beneficios crecen de forma desmesurada sobre los salarios —como es el caso—, las mujeres deberán dedicar muchas más horas a sus tareas en el hogar para compensar la pérdida de ingresos salariales. Las mujeres son, pues, quienes con su responsabilidad y sus trabajos insuficientemente valorados representan un amortiguador importante de las tensiones sociales. Hasta que el abuso del sistema llega también a su límite y no dudan en llenar también las plazas Tahrirde todas las revoluciones importantes que en el mundo son o han sido (desde la Comuna de París hasta Túnez, Egipto, Marruecos…  y sigue).
A MANERA DE LLAMADA A LA INVERSIÓN Y LA INSURGENCIA 
 Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo sin frenos ni cortapisas, desigual e inestable, muy lejos del equilibrio que pretende y sujeto a dramáticas tensiones que desemboca en desarraigos, violencia, separaciones de familias y de afectos… y un indudable incremento de la explotación. Un pequeño número de instituciones financieras y corporaciones multinacionales manipulan el mercado y determinan el nivel de vida y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. Con el visto bueno de los principales organismos supranacionales que han sido, además, agentes activos a su servicio. Las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis se confunden peligrosamente con la xenofobia y el racismo y significan retrocesos casi centenarios en los derechos sociales, las conquistas obreras y del feminismo, los derechos humanos y el proceso civilizador. La clase obrera industrial —que lideró movimientos de cambio hasta hace unas pocas décadas— se agrieta y transforma con las deslocalizaciones, los cambios del modelo productivo, las nuevas tecnologías, la segmentación de los mercados de trabajo. Mientras, la formación se confunde con un buscado equívoco en «capital humano» (¿por qué «capital»?), introduciendo mayores desigualdades y segmentación. Imponiendo también costosos requisitos que deben asumir las personas jóvenes, con esfuerzo y créditos que les aseguran deudas antes que trabajo.
Toca reaccionar. Y quiero en este libro hacer un llamamiento concreto a las mujeres. Porque ahora, más que nunca, el hilo rojo del movimiento obrero de nuestros tiempos se une al verde y al violeta que trenzan las mujeres, los colectivos altamente feminizados de trabajos y contratos en precario que tienen pleno derecho a pan y rosas mientras cubren las vergüenzas del sistema trabajando por sueldos indignos en los servicios privat-izados. Es preciso que las mujeres que se mueven en el difícil equilibrio entre la marginalidad y la conciencia de clase sigan tejiendo autonomía y solidaridad con las personas jóvenes, con las más explotadas, con los pueblos del mundo. En pie por la dignidad y una vida sin explotación. Ahora tienen más que nunca su lugar, como colectivo, en la vanguardia plural, radical, insurgente, por otro mundo posible.
* Àngels Martínez i Castells ha sido doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelonadesde 1976 hasta 2008. Ha escrito sobre género, deslocalizaciones industriales, salud pública, inmigración y ciudadanía. En la actualidad es presidenta de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
Publicado en "REACCIONA"
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