El TTIP y sus mentiras

La filtración por parte de Greenpeace de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa (TTIP) ha desvelado lo que ya se sabía, pero de lo que no se conocía documento alguno dado el secretismo que preside este proceso negociador. Ahora se sabe con certeza que pondría los intereses corporativos por encima de los sociales, sanitarios y medioambientales, tal como se suponía.

originalUna filtración de 248 páginas de documentos sobre las negociaciones entre la UE y EEUU sobre el Acuerdo de libre comercio y de inversiones (TTIP) revela por primera vez la posición de Washington e “intentos deliberados de cambiar el proceso legislativo y democrático de la Unión”, según Greenpeace Holanda.

¿Qué es el TTIP?

El TTIP es el Acuerdo o Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Un tratado de libre comercio, en definitiva, que no se conoce por sus siglas en español (ATCI) sino por el acrónimo inglés TTIP. La prensa francesa a veces también lo llama TAFTA. Pero el término TTIP se ha impuesto con contundencia.

¿Quién lo negocia?

Del lado europeo la Comisión Europea en exclusiva, a través del equipo negociador de la comisaria de Comercio Internacional, la liberal sueca Cecilia Malmström. Del lado estadounidense, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, una especie de Ministerio de Comercio.

¿Desde cuándo se negocia?

En 1990, con la caída del Muro de Berlín todavía reciente, Estados Unidos y la entonces CEE firmaron la Primera Resolución Trasatlántica. El capítulo del comercio internacional entre las dos regiones occidentales se aparcó silenciosamente pero nunca se abandonó (como atestigua la Nueva Agenda Transatlántica, a mediados de los noventa). Desde 2006 el Parlamento Europeo insta a la Comisión a través de diversas resoluciones a negociar un mercado transatlántico. En julio de 2013 empezó en el más absoluto de los silencios la primera ronda negociadora. Hoy ya van nueve. La décima tendrá lugar en julio.

¿Cómo se negocia?

Con mucho secretismo, aunque cada vez menos fruto de la presión política, social y mediática: aún no hay acceso a los documentos ya cerrados (es decir, lo que se habría pactado ya, aunque desde la Comisión se niega a eldiario.es que haya ningún acuerdo específico) y los 751 eurodiputados pueden entrar por turnos, con muchas prohibiciones y bajo estrictas medidas de seguridad.

La simpleza de los textos que aparecen en la web habilitada por la Comisión impiden hacerse una idea de lo que se está discutiendo entre la UE y EEUU. Eso sí, hasta enero pasado a la famosa Reading Room (la sala con documentos confidenciales) solo podían acceder los eurodiputados de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional (conocida por las siglas INTA). Además, se pretende obligar a Malmström a comparecer ante sus señorías antes y después de cada ronda negociadora. La Defensora del Pueblo Europea ha exigido en varias ocasiones abrir todavía más la transparencia del proceso.

¿Qué es lo que iba a votar el Parlamento Europeo?

Una opinión no vinculante plasmada en un informe cuyo ponente iba a ser el socialdemócrata germano Bernd Lange: la Eurocámara no posee ni la iniciativa legislativa ni el mandato negociador, pero desde el Tratado de Lisboa tiene plenas facultades para tumbar directivas y tratados en última instancia. La Comisión ha subrayado que tendrá en cuenta la opinión del Parlamento, aunque la votación del informe se aplazó el 9 de junio porque la división en el partido socialista europeo amenazaba con tumbar el trabajo de Lange. Por otra parte, a Malmström no le queda otra que seguir las líneas rojas marcadas por el hemiciclo de Estrasburgo, ya que éste tendrá en sus manos el voto final.

¿Traerá beneficios el tratado?

Sus defensores hablan de la creación de “varios millones” de puestos de trabajo, y en el caso España lo cifran en 140.000.

Pero las experiencias de otros tratados de libre comercio anteriores no solo desmienten estas cifras sino que evidencian la pérdida de empleo que conllevan, y sobre todo lo que queda claro es que el TTIP pone en peligro la legislación laboral de la Unión Europea

¿Acabar con las barreras comerciales?

Los grandes defensores del TTIP se aferran a la  reducción de escollos comerciales como vía “sanalotodo” para apuntalar el tratado. No hay discurso de Malmström o de cualquier partidario en el que no se enumeren casos típicos sectoriales que en la actualidad se topan con obstáculos al exportar a EEUU: los abrigos para hombres añaden una tasa extra del 16%, las blusas de mujer asumen aranceles del 45% y así podríamos citar centenares de casos hasta acabar en el sector de las latas de conserva de Murcia, que abona un 15% más por vender en EEUU.

Pero la supresión de impedimentos técnicos para comercializar más fácilmente tiene un reverso, al que alude la propia Comisión Europea solo con la boca pequeña: terminar con las barreras significa armonizar toda la legislación concerniente al Estado del bienestar en las dos áreas geográficas: la inspección, los controles de calidad y las normativas sanitarias, la certificación de productos, el etiquetado, las prácticas medioambientales, los derechos socio-laborales, la sanidad… El verdadero TTIP descansa en esta homogeneización y no tanto en las facilidades que se darán a las compañías irlandesas de mantenimiento de software o al sector textil valenciano para colocar sus productos en Connecticut o en Portland.

¿Y cómo se plasmará dicha homogeneización normativa?

Otro punto sobre el que solo se puede divagar debido a la escasa información recibida: la Comisión y EEUU parecen haber acordado la instauración de un sistema de  “Cooperación Regulatoria” reforzada cuyo funcionamiento es un enigma y del que apenas si se sabe que contará con una suerte de consejo troncal que trabajará con bisturí en los distintos sectores. ¿Y quién se sentará en él? No se sabe muy bien, pero las rondas negociadoras apuntan a un magma en el que se congregarán instituciones, lobistas, accionistas o miembros de la “sociedad civil”, con lo que pueda significar lo segundo.  La organización europea de consumidores (BEUC) ya ha alertado de una “institucionalización surreal de los lobbies”.

¿Van a cambiar mis hábitos alimenticios?

Si las negociaciones no van desencaminadas, es una opción nada descartable. En el capítulo  sobre seguridad alimentaria y transgénicos (conocidos por sus siglas en inglés GMO), las conversaciones apuntan a que se dará libre  albedrío a los 28 estados-miembros para legislar sobre organismos genéticamente modificados; en materia de protección alimentaria las espadas siguen alzadas y la UE ha dicho que mantendrá las restricciones a las hormonas, los procesos de engordamiento del ganado y la ractopamina; EEUU su normativa microbiológica.

Bruselas aplica el principio “farm-to-fork” (que quiere decir que la inspección va de la granja al plato) y Washington solo al final del proceso. Por eso causa tanto pavor en Europa el caso del pollo clorado: en la producción industrial de pollos en EEUU es habitual sumergir a los  pollos en cloro (lejía) durante el proceso de producción, algo que sin embargo está prohibido en la muy restrictiva UE. De ahí que los productores cárnicos europeos se hayan alarmado ante la posible invasión de pollos clorados.

Hay quien no piensa igual. “Las importaciones de pollo clorado o carme hormonada no van a tener lugar”, rechaza Marietje Schaake, del grupo liberal Alde en la Eurocámara. “Un acuerdo de comercio no decidirá si los organismos genéticamente modificados pueden entrar en el mercado europeo o cómo pueden entrar en el mercado, al igual que los servicios públicos como la sanidad, la educación o suministro de agua no tienen cabida en este acuerdo y tienen que ser excluidos”.

Las organizaciones de agricultores y ganaderos se mantienen ambiguas en torno al TTIP, pero amenazan con un casus belli de aceptarse el consumo de alimentos hormonados. Los eurodiputados que apoyan el informe Lange sostienen que el texto establece un “magnífico” control sanitario y fitosanitario.

¿Y las denominaciones de origen?

El  temor de las marcas geográficas y especializaciones regionales (denominaciones de origen vinícolas, jamón de parma, champán francés) no es infundado ya que EEUU no reconoce las variedades geográficas. La Comisión ha tranquilizado a los productores asegurando que la protección geográfica será una línea roja y que sus productos se seguirán vendiendo en California con la etiqueta correspondiente, pero ¿quién asegura que no habrá una versión empeorada del Ribera de Duero del vinagre de Jerez made in Arkansas? De momento, nadie.

¿Qué más cuestiones abarca el TTIP?

La cuestión de la armonización de reglas tiene tantas variantes que es imposible desgranar todos los elementos potencialmente negociables (van nueve rondas, y probablemente solo estemos por el principio) del TTIP.  Una noticia de eldiario.es en febrero propició que la Comisión cambiara su posición sobre los productos cosméticos, después de filtrarse que la UE aceptaría más de un millar de sustancias prohibidas por Bruselas siempre que mediara un etiquetado indicando el potencial peligro. La estandarización alcanza la seguridad de los vehículos, los productos farmacéuticos, la maquinaria médica, etcétera.

Hay fervorosos partidarios, como el sector del acero que hace poco celebró el  EU Steel Day entre vivas al TTIP. Lo cuenta un directivo de un think-tank bruselense: “Cuando el presidente del lobby acerero proclamó ante el auditorio que esperaba que el tratado se aprobara lo antes posible la sala estalló en aplausos. De hecho, había un cartel gigantesco en inglés que decía: “No prestes atención a todo el ruido que sale de Bruselas. El TTIP va a aprobarse y da igual lo que piensen algunos”.

¿Y los servicios públicos?

Si la Comisión respeta la opinión del Parlamento Europeo, los servicios públicos (salud, educación, agua, transporte) quedan en el informe Lange bajo decisión de las respectivas autoridades locales, regionales o nacionales. Así ha sucedido con infraestructuras como el ferrocarril (un campo en el que no hay ninguna política europea común mínimamente seria, más allá de la señalización y otros reglamentos de seguridad).

¿Y qué es el ISDS?

El ISDS (el sistema que intercede entre un país y una multinacional en caso de litigio) implica que un tribunal, público o privado, mediará de producirse un conflicto en el que muy probablemente esté envuelta la gestión de la “cosa pública”.

Malmström ya ha dicho que la Comisión apuesta por incluir este mecanismo en la negociación, aunque ha ido dejando caer su inclinación por los tribunales privados. En la actualidad hay aproximadamente 1.600 tribunales de este tipo en todo el mundo, la mayoría firmados entre países ricos y países pobres o en vías de desarrollo para garantizar seguridad jurídica a las empresas.

“Las reformas planteadas sobre los ISDS van en la buena dirección, porque hay un rechazo a los mecanismos hasta ahora conocidos”, explica el holandés Harm Schepel, uno de los mayores expertos en Derecho Económico Internacional. “Mi duda es si la Comisión va ahora a renegociar los 1.200 acuerdos bilaterales que la UE en su conjunto o los estados-miembros tienen firmados con terceros. La realidad es que el ISDS no aporta ningún beneficio económico y siempre supone un trato desigual en función de si se trata de unas compañías u otras”.

Fuentes: Greenpeace, diario Público y eldiario.es
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