De la mano de la Fundación Hitz&Hitz, Éric Toussaint estuvo la pasada semana por Euskal Herria con su última obra bajo el brazo –“Bancocracia” (publicado en castellano por Icaria Editorial)– y cargado de reposadas reflexiones sobre un ámbito en el que lleva décadas trabajando. Portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), su trayectoria comenzó con la vista puesta en Europa –auditando, en los años 80, la explosión de la deuda de países del Norte, como Bélgica o Italia, coincidiendo con el inicio de las políticas neoliberales– y ahora está en el ojo del huracán de lo que unos denominan «crisis de la deuda en la zona euro» y otros «crisis humanitaria en Grecia». GARA compartió con otros medios una entrevista tras una rueda de prensa el pasado martes en Bilbo. Este artículo recoge extractos de ambas comparecencias.
¿Cuál es el mandato que les ha dado el Parlamento griego?
La decisión tomada por Grecia de constituir un comité de auditoría de la deuda, que han denominado «comité de la verdad sobre la deuda», es inédita a nivel europeo. Ningún parlamento, ninguna institución de un Estado de la Unión Europea o del conjunto de Europa, había tomado este tipo de iniciativas. Y lo ha hecho con un mandato tan claro como el de identificar la parte ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible de la deuda reclamada a Grecia hoy en día.
Ese mandato es muy importante porque hay una amplia conciencia entre la población griega sobre la ilegitimidad y la ilegalidad de una parte de la deuda pero faltan argumentos sólidos, basados en el derecho internacional, con una visión de auditoría de las cuentas públicas, y con el criterio global de las finanzas públicas y de sus relaciones con las finanzas privadas. Hasta la fecha hay una falta de argumentación en la que basar las decisiones soberanas pertinentes en relación a la identificación de este tipo de ilegitimidad e ilegalidad.
Nosotros no vamos a hacer recomendaciones al Gobierno sobre la estrategia a seguir con la Unión Europea; no es parte de nuestra misión. Pero sobre la base de nuestras conclusiones, las autoridades podrán tomar de forma soberana decisiones fundadas en argumentos de derecho interno e internacional para lograr hacer frente a sus acreedores.
Ese día, la presidenta del Parlamento, Zoe Konstanstopoulou, 
