Hibai Arbide Aza en Masala  

La frontera es, en el mejor de los casos, la condición no democrática que ha posibilitado espacios de democracia en Europa durante algunos períodos del siglo XX. La frontera es siempre no-democrática en la medida en que es el dispositivo que establece quién es ciudadana y quién no; quién ha tenido la suerte de nacer en el sitio correcto y quién debe sufrir las consecuencias de haber visto la luz en el lugar equivocado. La frontera no es la raya que separa en un mapa un país de otro sino los dispositivos jurídicos, policiales, de clase, de género y sociales que establecen quién tiene derechos y quién no.

¿Qué pasaría en el caso de que Catalunya fuera un nou Estat d’Europa tal y como reclamaba la histórica manifestación de la diada? Los partidos con representación parlamentaria que reclaman la independencia evitan mencionar qué proponen en este sentido para el nuevo Estado. Ninguno de ellos declara abiertamente que le gustaría blindar el límite territorial de Catalunya, establecer criterios de ciudadanía por el que las no-catalanas queden excluidas y que los Mossos d’Esquadra se integren en organismos policiales supranacionales como Frontex. Pero ninguno niega explícitamente que su proyecto lo incluya. Es más, todos apelan al derecho de Catalunya a convertirse en un Estado «como los demás». El régimen de fronteras europeo no se limita a los miembros de la Unión Europea sino que condiciona la política de fronteras del norte de África, Europa del Este, Balcanes, Báltico y Oriente Próximo. La red de campos y centros se extiende como una tupida malla por todos ellos. ¿Es realista imaginar una Catalunya independiente sin CIE?

Andorra, único Estat propi de los Països Catalans, consagró en su constitución la política de segregación étnica más dura de Europa. La gran mayoría de las ciudadanas que residen permanentemente allí no tienen derecho a la nacionalidad y no cuentan con derechos políticos reconocidos. Además, su legislación prohíbe tener permiso de trabajo y residencia a las personas con alcoholismo u otras toxicomanías, alteraciones mentales graves, enfermedades infecciosas como hepatitis o SIDA, enfermedades crónicas que evolucionen hacia una incapacidad laboral como la sordera o incapacidades físicas o psíquicas para el tipo de trabajo solicitado.

En el caso de CiU no hace falta recurrir a conjeturas. Ha votado a favor de todas las leyes de extranjería desde 1985, aplaudiendo de manera entusiasta las modificaciones más duras. A nadie se le escapa que, si fuera por ellos, la Catalunya amb Estat propi sería un país en el que la única negra sería La Moreneta. CiU ha sido el acompañante que nunca ha dejado a PP y PSOE en la estacada. Esa separación irreconciliable que se da cuando se envuelven en banderas nacionales desaparece a la hora de recortar derechos a migrantes y autóctonas.

En el programa de Solidaritat per la Independència no se nombra ni una sola vez la cuestión de las fronteras. La única mención en su web a los CIE denuncia la imposibilidad del Síndic de Greuges de acceder al CIE de Zona Franca, pero no critica la existencia del mismo. Su web dice «farem de Catalunya l’Holanda del Mediterrani»; debemos entender por lo tanto que su modelo de neoliberalismo con barretina tiene allí su prototipo. Holanda, con casi 17 millones de habitantes, cuenta con 7 CIE. Sería necesaria la construcción de varios más en Catalunya para emular a los Países Bajos.

Si atendemos a su web y programa, para ERC la cuestión de las migraciones tiene un carácter principalmente cultural. Los «retos» que implica son los relacionados con la lengua, multiculturalidad, integración y el resto de tópicos progres. En el coloquio sobre cómo debería ser la futura república catalana «desde el punto de vista de la inmigración» realizado hace unas semanas no se mencionaron las fronteras y las expulsiones. Durante la visita del diputado Joan Tardà al CIE Zona Franca, el partido fijó su posición respecto. En ningún momento declararon estar en contra de que existan, siempre que la expulsión se deba a una infracción penal (en la actualidad puede ser penal o administrativa). Tardà no se posicionó en contra de los CIE sino de su forma actual, especialmente cruel.

ICV no se define como partido independentista sino como partidario del dret a decidir. En sus declaraciones se opone a la existencia de los CIE pero las operaciones conjuntas entre Mossos d’Esquadra y Policía Nacional en materia de extranjería datan precisamente de su paso por la Conselleria d’Interior. Durante los gobiernos de Pujol y el primer tripartit los mossos no participaban en checkpoints aleatorios de control de documentos, dado que la competencia en materia de extranjería es de la Policía Nacional. ICV criticó estas operaciones realizadas por la Policía Nacional en Madrid pero las autorizó en Catalunya cuando Saura era conseller. ¿De qué sirve que el portavoz del partido se posicione en contra de los CIE si la policía que está a su cargo asume competencias a las que no está obligada para detener aleatoriamente a ciudadanos que acaban en el CIE?

Un honrosa excepción sobresale entre las propuestas independentistas que concurren a las elecciones: David Fernàndez, tras ser presentado como cabeza de lista de las CUP por Barcelona, escribía en su twitter (@higiniaroig): «El 1r tuit va, obertament, pels 170.000 invisibles del règim: els “sense papers”. Països Catalans lliures de Guantànamos #CIESNO #hovolemtot». Es el único candidato que durante la campaña se ha referido al régimen de fronteras y los CIE, con una posición radicalmente contraria. Es también el único que ha mencionado como referente a Ecuador, único Estado en el mundo que reconoce y blinda constitucionalmente el principio de ciudadanía universal. Ningún otro Estado reconoce en su constitución el derecho a emigrar e inmigrar.

Si es cierto que en las próximas elecciones nos jugamos el futuro, deberíamos preguntarnos por el presente y el futuro de esa parte de nuestra sociedad que no es oficialmente reconocida como ciudadana. ¿De qué manera afectaría la proclamación de la independencia a las no-personas en las que la legislación convierte a nuestras vecinas migrantes? ¿Seguirá siendo imposible para ellas ser sujeto político en las instituciones del Estat propi como lo es en las instituciones del Estado español?

Y es que, al final, la cuestión es tan sencilla de plantear como difícil de responder: ¿qué significa independencia? ¿Crear más fronteras, un nuevo Estado con su aparato represivo que discrimine en función de criterios etno-raciales y reproduzca lo mismo que tenemos pero con barretina y banda sonora de Els Amics de les Arts? Para mí, la única independencia deseable es aquella que, desde el principio de ciudadanía universal, invente formas de autoorganización que nos permitan independizarnos del 1%, del régimen de fronteras, de la Troika, de la deuda como forma de gobierno autoritario… Es decir, una independencia sin fronteras, contra las fronteras.

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