PARAÍSOS FISCALES, O COMO ESTAFAR A LOS CIUDADANOS

ESTRATEGIAS FRENTE A LOS PARAÍSOS FISCALES

Juan Hernández Vigueras

¿En qué cuantía los bancos y fortunas españolas escondidos tras hedge funds* o entidades de la City o de Suiza, participan en la especulación sobre la deuda pública española? La famosa estafa del broker de Wall Street, que gestionaba fondos de alto riesgo, reveló que estos instrumentos especulativos son el camino que siguen las “inversiones” de las Sicav‘s** y la llamada banca privada o de gestión de grandes patrimonios particulares. La isla Mauricio es el mayor inversor en la India; y uno de los mayores inversores en China son las Islas Vírgenes Británicas, sede de filiales de importantes grupos españoles. El propio capital hindú, chino o español, utiliza estas islas para aprovecharse de sus ventajas fiscales y de la posibilidad de ocultar quien es el dueño. Son algunos de los datos recogidos por The Economist bajo el título (traducido) de “La rabia pública y la inquietud de los accionistas amenaza la tranquilidad de los paraísos fiscales” (5-10-2011) Y cualquier delito económico millonario, sea fiscal, de corrupción o estafa, tiene su apoyo en cualquiera de los 73 países y territorios autónomos, que en Tax Justice Network hemos identificado por una serie de características que les definen como “secrecy jurisdictions”, jurisdicciones del secretismo; cuya web es una fuente informativa solvente para medios de comunicación internacionales como el referido.

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Alcance tridimensional
El creciente entorno crítico global ha motivado que la cumbre del G-20 en Cannes haya activado el tema de los llamados paraísos fiscales, aunque sin acuerdo alguno para su eliminación. Eso sí: ha “descubierto” que Suiza y Luxemburgo tienen legislaciones fiscales deficientes (es decir, siguen siendo los paraísos fiscales que son para la opinión pública) y se incluyen entre las 11 jurisdicciones identificadas con serias “deficiencias”, casi todas de escasa relevancia financiera como Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu, de las 59 jurisdicciones examinadas por el Foro Global de Tributación, un organismo ligado a la OCDE. Dentro de la retórica al uso, el “comunicado de los líderes” en Cannes “apremia a todas las jurisdicciones para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de fiscalidad, prudenciales (solvencia bancaria) y el antiblanqueo de capitales y combate del terrorismo” (item nº 17). Desde luego, quienes no están familiarizados con este lenguaje tecnocrático internacional podrían tomarse en serio tal compromiso de los importantes gobiernos del G-20; sobre todo, porque en la Declaración final de esta cumbre se ha recuperado la expresión “paraísos fiscales” (tax havens) que prácticamente había desparecido del lenguaje oficial desde la cumbre de Londres en 2009, cuando nuestros gobernantes lograron grandes titulares de prensa afirmando que habían desaparecido los paraísos fiscales y que se había acabado el secreto bancario. Pero, en cualquier caso, digamos que la coyuntura actual es propicia para una estrategia de país defensiva y ofensiva contra los paraísos fiscales, exigiendo el cumplimiento serio de los acuerdos internacionales suscritos al respecto; y en el campo tributario interno para aplicar las medidas que vienen propugnando los inspectores y técnicos de Hacienda.

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La amenaza de la banca en la sombra
Dado que persiste la crisis financiera global, el G-20 ha abordado más en serio la dimensión financiera de los paraísos fiscales, tras el tema de la banca en la sombra. Una expresión generalizada del “shadow banking system” que comprende las actividades bancarias opacas con derivados, los mercados de repo (modalidad de préstamos con activos en garantías) y la titulización con valores respaldados por activos; que crecieron mucho en vísperas de la crisis y que se han reactivado pasado el susto de la caída de Lehman Brothers en 2008. El hecho es que está demostrado que los paraísos fiscales han sido una de las causas de la crisis financiera y del desorden y descontrol actual y que plantean graves riesgos para el sistema financiero mundial, además de reducir sustancialmente los ingresos de los Estados. En mayo de 2010, el gabinete de asesoramiento estratégico del gobierno francés, en un informe sobre Centres financiers offshore et système bancaire “fantôme” (traducción francesa de la expresión referida de “sistema bancario en la sombra”), planteaba medidas para controlar la actividad bancaria fuera de la supervisión de los bancos centrales, que se realiza desde filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales o centros financieros offshore, para no residentes (que es el término técnico del argot financiero)
Y sin romper el consenso subyacente entre los gobiernos miembros para no interferir mínimamente la libertad de los mercados financieros, el G-20 se refiere al informe publicado por el Consejo de Estabilidad sobre la banca en la sombra, que define como “la intermediación del crédito implicando entidades y actividades excluidas de la regulación del sistema bancario”. Dicho de otro modo, señala la práctica bancaria de utilizar operaciones y entidades instrumentales, denominadas con un triplete de letras en el mundo angloparlante, registradas casi siempre en un paraíso fiscal o jurisdicción del secretismo, pero con capacidad para recaudar fondos mediante emisiones de bonos con los que financiar actividades del banco matriz u operaciones opacas sin control de los bancos centrales. Como es habitual, el G-20 se ha limitado ha dejar constancia de su existencia y de sus peligros. Pero destaca que la crisis financiera ha demostrado el riesgo sistémico o de contagio que genera la actividad reavivada de la banca en la sombra que los bancos centrales toleran. A propósito: ¿el Banco de España o alguna otra autoridad financiera se han preocupado de averiguar el papel desempeñado en la burbuja inmobiliaria y en su pinchazo por las filiales en centros offshore de los bancos y las grandes Cajas de Ahorro españolas? He ahí un campo virgen de acción gubernamental efectiva contra los llamados paraísos fiscales.

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La ilegalización de sociedades offshore y desglose contable
Los casos citados de las islas de Mauricio y las Islas Vírgenes Británicas como muchos otros, son ejemplos de como se instrumenta el impago de impuestos contra el urge actuar; y al mismo tiempo, favorecer a la pequeña y mediana empresa que carece de capacidad para disponer de esos instrumentos que reducen costes “legalmente” como hacen los grandes grupos empresariales en competencia desleal. Objetivos políticos posibles son la ilegalización de la actividad en España de esas sociedades ficticias y combatir la falta de transparencia de las memorias e informes anuales de los grupos empresariales que ocultan en cifras globales sus actividades internacionales.
Cualquier lector de periódicos sabe que las entidades mercantiles domiciliadas en “jurisdicciones del secretismo” son el instrumento para esconder el dinero de la corrupción y de los negocios sucios, del impago de impuestos y de la delincuencia económica internacional multimillonaria. Cuando se nos cuentan las grandes adquisiciones de nuestros bancos o corporaciones, se omite reseñar desde que filial se ha efectuado el pago de la compra de tal empresa o de tal banco extranjero adquirido por la firma española o se anticiparon los avales o se pagó la comisión a la firma mediadora. Sobre esos y otros fundamentos razonados ampliamente, en abril de 2005 presentamos sin éxito en nombre de Attac-España al gobierno del momento, una documentación avalada por cuatro mil firmas de ciudadanos, algunas de personalidades de relevancia académica y pública, solicitando que se estudiara el no reconocimiento de capacidad jurídica para actuar en territorio español a todas aquellas sociedades mercantiles radicadas en paraísos fiscales, donde no tienen actividad económica local y que incumplen los requisitos exigidos por la legislación española.
Asimismo, es conocido que los grupos empresariales globales centralizan sus costes e ingresos en aquellas filiales registradas en países y territorios considerados paraísos fiscales o donde les resulta más beneficioso desde el punto de vista legal y económico, como los casos de Google o Inditex (Zara). Las normas internacionales del IASB solo exigen a las corporaciones multinacionales o grupos empresariales la consolidación en una cifra conjunta de los datos de sus cuentas, permitiendo el fraude y la evasión fiscal, entre otros efectos negativos. De ahí que expertos críticos y ONGs intenten que se exija en las legislaciones nacionales que los informes corporativos anuales recojan la información relevante desglosada país por país, de ingresos, beneficios, detalle de impuestos pagados, inversiones realizadas, activo y pasivo y obligaciones medioambientales, etc. He ahí otra línea de acción gubernamental efectiva contra los paraísos fiscales.

* Es un fondo de inversión libre, también denominado “instrumento de inversión alternativa” y “fondo de alto riesgo”.

** Una SICAV (sociedad de inversión de capital variable) es una figura de inversión colectiva. Es bastante común en Europa Occidental, especialmente en Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia.

En España, una Sicav es un instrumento financiero que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos, (del mismo modo que ocurre con los fondos de inversión), pero en este caso a través de la creación de una sociedad anónima cuyo objeto social es invertir en activos financieros. Mediante este instrumento los accionistas de la sicav tributan por las plusvalías una vez materialicen estas, repartiendo dividendos o vendiendo las acciones de la sicav con plusvalías al tipo establecido para las rentas de capital en España. Gozan de las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión con una tributación (en 2011) del 1%. Actualmente este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales. En 2009, las tres sicavs mayores de España son las de Alicia Koplowitz, la familia del Pino, y Rosalía Mera. Durante 2011, las sicavs en general, perdieron dinero a causa de la volatibilidad de los mercados secundarios de deuda soberana. Estas pérdidas han salpicado a Alicia Koplowitz, a Rosalía de Mera (cofundadora de Inditex), a Isaac Andic (dueño de Mango), a los Polanco (primeros accionistas de Prisa), a Manuel Jove (fundador de Fadesa), a Juan Abelló, a la familia del Pino (propietaria de Ferrovial) y al inversor indio Ram Bhravnani.


GUÍA CONTRA LOS QUE NOS DEFRAUDAN

Diario PÚBLICO

En el país del “con IVA o sin IVA”, sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar de esa caja llamada Hacienda que, se supone, somos todos. En plena era de recortes, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria porque, si el fraude cumple las condiciones de delito (supera los 120.000 euros y hay intención), no es posible ejecutar hasta que no hay sentencia en firme. El que defrauda a lo grande, tiene recursos para prolongar esa situación años. Sus abogados argumentan a veces en favor de que se considere delito para retrasar el pago, demostrando que miedo, lo que se dice miedo,


a que la sentencia sea de prisión, no tienen. Pero si a usted Hacienda le coge en un renuncio en el IRPF, pague o tendrá embargada su cuenta en meses. ¿Está todo mal? Hay mucho que cambiar, según los expertos. Lo primero: querer combatir el fraude.

1. Delito prescrito.  De cinco a diez años

Un delito fiscal prescribe a los cinco años. Los expertos insisten en que hay que alargar el plazo y ha habido amagos, incluida la aprobación por un Consejo de Ministros. Pero, al final, nada. La tramitación en el Parlamento de la modificación del Código Penal que incluía un aumento de las penas por delito fiscal y con ello del periodo de prescripción de cinco a diez años, mató el intento. “Una enmienda de CiU aceptada por el PSOE volvió a reducir el plazo con el argumento de que podía afectar a la competitividad de las empresas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo”, explica Francisco De la Torre, secretario general de la asociación de los inspectores de Hacienda. “La prescripción no se ha alargado, alegando la simplificación de las exigencias a los contribuyentes”, lamenta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económico confederal de CCOO. El director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, ha pedido estos días que se amplíe a diez años al menos para “los grandes defraudadores”.

2. Paraísos fiscales.  Gravar la transferencia

Se trata de un concepto que parece llevar una palmera adosada pero que afecta desde a las vecinas Gibraltar y Andorraa Mónaco, pasando por el estado de Delaware en EEUU, aunque también islas lejanas. Uno de los países germen de la construcción europea, Holanda, sirve de puente al dinero desde los países trasparentes y con una estructura fiscal desarrollada hacia los que no cumplen ninguna de esas dos características. ¿Cómo se lucha contra el envío de cantidades desconocidas de dinero desde bancos en el Paseo de la Castellana a estos agujeros negros? Los expertos creen que hay que exigir al banco o que no trabaje con paraísos fiscales o que dé la misma información que la que da sobre su actividad en España.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, propone “un impuesto del 25%, por ejemplo, a toda transferencia que se realice con un paraíso fiscal” y explica que “Francia penaliza fuertemente con un gravamen cualquier dividendo pagado desde un territorio que no colabora”. Añade que hay que hacer campaña a nivel internacional para que cambie la forma de catalogar un territorio como paraíso fiscal. “Lo que ha hecho la OCDE es una pantomima. Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países”, añade. Ejemplo: Mónaco no es paraíso fiscal por los acuerdos, entre otros, con Bahamas, Liechtenstein, Qatar, Samoa o San Marino.

De la Torre está de acuerdo con implantar una tasa similar a la Tobin para envío de dinero a paraísos fiscales y propone, además, “no reconocer la estructura jurídica de sociedades que estén radicadas en estos territorios”. Cualquier arma que sirva “para presionar la entrada y salida del dinero a través del sistema financiero. Que se vean obligadosa hacerlo con maletines, que es mucho más complicado”.

3. Falta personal.  Policía fiscal

La Agencia Tributaria cuenta con 28.000 empleados. Según ha reconocido Meseguer estos días, en 2012, serán 3.000 menos por las jubilaciones que ahora no se cubren. De nuevo el recorte del gasto por encima de la búsqueda de aumento del ingreso. “En Francia cuentan con 150.000 personas. España, según la OCDE, es uno de los países que más recauda por euro de gasto en inspección. Eso significa que somos muy eficaces, pero lo somos para las retenciones en nómina, no para buscar el fraude más sofisticado”, comenta De la Torre. “El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha disminuido un 15% en tres años, sin incluir la reducción del salario de los funcionarios”, añade.

Además de más medios, los inspectores reclaman hace tiempo una Policía fiscal.

Esta semana, el candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescataba esta idea que él mismo vetó en diferentes ocasiones desde el Ministerio del Interior.

Según los inspectores, sería más fácil con ese mecanismo luchar contra las grandes redes de IVA, así como poner en pie planes para detectar testaferros y personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad de los titulares de rentas y bienes; detección de sociedades pantalla investigando de forma sistemática a quienes figuren como administradores de una red de firmas y llevar a cabo el plan de signos externos, que busca la ostentación de riqueza (coches de lujo, etc.) para comprobar los ingresos que declara quien los utiliza.

4. Cumplir la norma.  La burla de las Sicav

Para luchar contra el fraude, “tiene que haber una aplicación efectiva de las normas legales. Un sistema contra el delito fiscal aplicado de forma contundente”, comenta Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El primer ejemplo que surge son las Sicav, vehículos de inversión que tributan al 1%, que son los únicos que no puede controlar la Inspección de Hacienda y que incumplen sistemáticamente sus condiciones. De la Torre considera que se “debe cumplir la ley”, con respecto al número de partícipes, su capacidad de decisión, en qué invierten,”y que esto sea verificado por la Inspección de Hacienda. “La hipocresía del sistema” con este tipo de instrumentos “lo contamina todo. Es un espectáculo bochornoso que no contribuye a formar la conciencia fiscal de España”.

5. Módulos.  Nido de facturas falsas

El sistema de módulos es una de las fórmulas de la fiscalidad española más criticada por los expertos. Consiste básicamente en pagar una cantidad fija tanto por IVA como por IRPF en función del tipo de negocio o actividad y una serie de características que van desde número de camareros contratados por un bar a kilómetros recorridos por la furgoneta de un autónomo.

Este sistema, pensado en principio para facilitar la vida de quienes no están obligados a llevar una contabilidad, es más rentable cuanto más ingresos se tiene. Eso lo convierte, según De la Torre, “en un nido de facturas falsas que genera un daño muy alto al sistema. Hay delegaciones de la Agencia Tributaria en las que más de la mitad de sus efectivos se dedica a perseguir las facturas falsas del régimen de módulos. Es una situación cada vez más preocupante. Según la Fiscalía General del Estado, en 2010 se dieron un 40% más casos que en el ejercicio anterior”.

Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), coincide en que los módulos suponen “un incentivo al fraude”. En su opinión, “deben suprimirse totalmente. La fórmula sólo responde a que la Administración quiere garantizarse un mínimo de recaudación. Al que no le sale bien, se va del régimen de módulos. El que gana más, tiene un incentivo al fraude. Me da igual lo que dicen los autónomos de la sencillez. Todo el mundo sabe sumar y restar”, añade.

6. Otros culpables.  Bancos, abogados…

“Nadie defrauda solo”, comenta Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco. “Bancos, despachos de abogados, asesoran sobre cómo esquivar el pago de impuestos. Todo el que ayude a defraudar debería ser corresponsable. Todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también”, añade.

7. Castigo ejemplar.  Endurecer las penas

Los expertos piden que se incrementen las penas, situadas en un máximo de cuatro años de prisión para los fraudes más graves, así como que los tribunales no sean tan renuentes a imponer penas de cárcel a quien defrauda. “Medidas ejemplarizantes y también penalización social”, comenta Miguel Ángel García. “Hay que multiplicar las sanciones por cuatro”, comenta Zubiri. “No puede ser rentable defraudar”, añade.

6 SENCILLAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT AUMENTANDO LOS INGRESOS PÚBLICOS

El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit, se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos.

Eduardo Garzón EspinosaSaque de esquina.

Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda.  Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, reforma laboral y eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública…

Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).

Gastos públicos

Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.

Por otro lado, ninguna de esas medidas atenta contra los intereses de las personas más acaudaladas y poderosas. Los recortes de gasto van destinados a reducir el tamaño del Estado del Bienestar, pero por ejemplo no van dirigidos a reducir el gasto que supone mantener las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. Ni tampoco a reducir el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales. Ni tampoco a disminuir el gasto destinado a la Corona Española, la cual recibe 8 millones de euros anuales del presupuesto del estado. De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas. Estas instituciones y agentes sociales tienen mucho más poder que las clases populares para poder defenderse de las actuaciones del gobierno e influir para que las medidas no afecten a sus intereses.

Ingresos públicos

Lo mismo ocurre por el lado de los ingresos. Como vimos, aumentar los ingresos públicos sólo es eficaz si se hace aumentando los impuestos a las rentas más altas. Pero estas rentas son precisamente las que mayor poder y mayor capacidad de influir tienen sobre los círculos políticos, y por tanto, estas medidas encuentran mayores dificultades políticas para llevarse a cabo. Sin embargo, técnicamente todas ellas son factibles. Entre estas medidas destacan:

1) Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo recaudaba fondos fundamentalmente de las personas más acaudaladas ya que son las que poseen más propiedades. Las personas menos adineradas apenas se veían afectadas al disfrutar de pocas propiedades. La recuperación de este impuesto supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.

2) Reforzamiento del cuerpo de inspectores de Hacienda y aumento de las investigaciones a grandes fortunas, de las cuales sólo declara el 20% de las existentes en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, por estas vías se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año.

3) Modificación del IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos. Así se hacía hace unos pocos años en nuestro país y así se hace actualmente por ejemplo en los países nórdicos, donde los grandes ricos aportan entre el 50% y el 59% de su renta mientras en España sólo aportan el 43%.

4) Aumento de la tributación de las grandes empresas (SICAV’s por ej.) -como Inditex- que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%.

5) Tributación por parte de la Casa Real Española, la cual recibe de los fondos presupuestarios unos 8 millones de euros, todos libres de impuestos.

6) Eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios adquiridos de los desahucios y embargos.

Viabilidad de las medidas

No es cierto –como se nos dice constantemente- que las actuaciones realizadas por el gobierno sean las únicas que se pueden tomar para reducir el déficit público. Se nos dice que los recortes son indeseables, pero a la vez inevitables porque algo hay que hacer y eso es lo único que se puede hacer. Pero es mentira. Lo que ocurre es que, de entre todas las alternativas existentes para reducir el gasto o aumentar los ingresos, no se llevan a cabo aquellas medidas que perjudican a los agentes sociales que tienen más poder para influir y presionar sobre la agenda política. Por lo tanto, finalmente los costes de las disposiciones políticas son soportados por aquellos que no tienen medios para defenderse: las clases populares.

Los continuos mensajes lanzados desde los grandes medios de comunicación y desde todos los poros de influencia y poder que tiene el sistema social, económico y político; nos hacen creer que las medidas que han sido adoptadas son las únicas que se pueden tomar. Otras actuaciones, nos dicen, son ineficientes, ineficaces, o imposibles de realizar. Y de tanto repetirlo nos lo acabamos creyendo. Pero hemos de tener muy claro que cualquier otra opción es perfectamente viable, y que si no se lleva a cabo es porque aquellos que resultarían afectados influyen y presionan mediante su poder fáctico para imponer sus intereses en la agenda política de los gobernantes.

El techo de gasto o como despistar para acabar recortando servicios públicos

Carlos Martínez García – ATTAC Andalucía

Creo que debemos comenzar a ridiculizar muchas de las afirmaciones que se escuchan de boca de tertulianos, “expertos”, y de políticas y políticos profesionales. Sobre todo por que todas ellas poseen una clara intencionalidad propagandística y un objetivo último, generalmente oculto.

Repite hasta la saciedad el profesor Navarro -entre otros- que una de las causas de la repercusión de la crisis financiera sobre las personas es el adelgazamiento de los estados en Occidente, en las potencias centrales y en Europa en especial, fruto entre otras cosas de las rebajas de impuestos generalizados a las fortunas, especuladores y detentadores de la riqueza en general. Igualmente en el endeudamiento de los estados, dado el esfuerzo hecho por estos para tratar de salvar a los bancos.

Esto anterior es cierto y es una de las más claras consecuencias de la REVOLUCIÓN CONSERVADORA. El origen de esta crisis, que no son solo las hipotecas basura, es de origen político.

Las ideas ultraconservadoras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran, como diríamos ahora, globales, pues contenían aspectos para casi todas las facetas de la vida del planeta, siendo las que han traído estos lodos. Sus principales enemigos a batir fueron el estado del bienestar y los sindicatos, al objeto de lograr la desregulación económica y laboral y de esta forma iniciar una nueva era de crecimiento económico para el capitalismo, llevando al extremo las ideas liberales.

Las derechas conservadoras iniciaron una exitosa ofensiva ideológica, que contaminó a la socialdemocracia y dobló el espinazo a los sindicatos de las potencias centrales, insisto.

Creo por tanto que, si no iniciamos la lucha de las ideas, caeremos en un simple debate económico y de métodos, pero no iremos a la raiz del problema. Mientras que los ideólogos y centros de pensamiento derechistas y conservadores sí que han ido a imponer su visión del mundo. Que estén triunfando es otra cosa, porque los relativos fracasos de sus cruzadas en el mundo árabe o los BRICS -entre otros asuntos- son parte de sus fallos. Ni pueden imponer totalmente por la fuerza sus ideas, ni han podido imponer su total dominio mundial, al menos en la medida por ellos deseada.

Insisto en lo de las ideas, por que el neoliberalismo es una ideología política, de la que su gestión económica es parte. El objetivo final era el pensamiento único y esto se traducía en la supremacía cristiana conservadora y sectaria, exportar la democracia representativa de muy baja calidad vigente y desregular los mercados. En suma, el mundo era lo que era y por tanto propiedad de los imperios centrales y su visión de la vida.

Eliminada la URSS creyeron que el virus del comunismo y del socialismo y de las revueltas sociales finalizaría. Fracasado el mal llamado socialismo real -yo diría capitalismo de estado-, ya nada volvería a ser igual.

Pero los pueblos tienen capacidad de resistencia, de caer y levantarse, reorganizarse y nuevas formulas para volver a defenderse. Desde Seattle a Portoalegre surgió una nueva rebeldía, con nuevos cánones, nuevas propuestas y nuevas formulas organizativas, contando además con un importante aliado (por ahora) en la Red.

La respuesta política está presente por parte de los pueblos y así del Caracazo a los piqueteros argentinos, Génova, de las revueltas del agua de Cochabamba a la defensa de las pensiones francesas, de la revolución tunecina a la egipcia, de las plazas de Catalunya, el Carmen, las setas o Sol a la plaza Sintagma, todo es parte de una lucha global frente a la agresión mundial contra las personas y la madre tierra. Todo nació en la City, la Universidad de Chicago o Wall Street. Todo comenzó a tener respuesta entre los y las oprimidas de los barrios de Caracas, Buenos Aires, o las personas con dignidad de Europa, África, Asia. Todas nos abrazamos en Portoalegre y comenzamos a caminar, respetando los tiempos, las fuerzas y las posibilidades de cada cual, así como su inventiva, su propio origen, tan diverso como plural.

En mi opinión todo se contagia y el virus de la red ha sido decisivo, pero ojo, también sin él se ha reaccionado. Algunas os preguntareis a que viene esto con el título; pues viene a que tenemos armas mentales e ideas para rebatirles, no solo las ideas centrales, sino también lo cotidiano y que el neoliberalismo es un gran fracaso. Es la historia de una gigantesca estafa mundial.

Estos días en el estado español el debate es el gasto público, también la nueva estafa, ADVIERTO. Es la excusa de una nueva batalla entre las distintas fuerzas políticas y económicas que detentan el poder en el estado español y yo me pregunto ¿Por qué la discusión es cuanto gastan los gobiernos locales, autonómicos y el central y no cuanto y de donde ingresan fondos para mantener los servicios y prestaciones públicas? La excusa de los coches oficiales es un engañabobos. Pensad que un camión de bomberos, una ambulancia, un camión de la basura o un autobús de línea pueden ser coches oficiales (de hecho en su inmensa mayoría lo son), el problema es si se gasta bien o no, y si se recauda con justicia y de forma redistributiva o no.

La transparencia en el gasto exige democracia participativa, es su única garantía y aún así… Luego o se cambian las reglas del juego o a estas alturas ya nada es de fiar. Durante años el PP y el PSOE, desde el gobierno, han rebajado impuestos que han beneficiado a las grandes fortunas y transnacionales. Hemos participado y participamos en guerras neocoloniales costosísimas, que no nos podemos permitir y hemos vivido gobernados de facto por los bancos privados y oligarquías tradicionales en el reino de España. Ha sido el imperio del frentismo.

¿Qué es lo que se nos está inculcando?, Pues la disminución de la salud, la educación, las pensiones públicas y despidos masivos en el sector público. Esa es la traducción de todo y cuando uno de los gritos más coreados en las marchas y manifestaciones de las personas indignadas y activistas sociales ha sido “esta crisis no la pagamos” el llamado techo de gasto es la nueva fórmula, para que si la paguemos y encima a gusto. Todo con la excusa de sanear las cuentas públicas, que ciertamente hace falta, pero como y a costa de quienes.

¿Cuándo se van a exigir cuentas a los bancos y banqueros privados? ¿Cuándo se perseguirán a los operadores privados con operaciones en Paraísos Fiscales? ¿Cuándo se suprimirán las SICAV? Y finalmente ¿Quién pide un techo de gasto para tanto delincuente financiero? Los y las tertulianas no se ocupan de ellos. Que no nos engañen más.

CRISIS I: De aquellos polvos…

“Las estafas cotidianas que conmocionan nuestras vidas.

Privatizaciones, corrupción,invisibilidad de los cuidados y economía sumergida”

Àngels Martínez i Castells*
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LA LÓGICA DE LAS PRIVATIZACIONES
Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades y toda la población disponga de los bienes y los servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos. Bueno, ya me perdonarán el mecanicismo, pero eso era más o menos así —por lo menos en Europa— hasta que se derrumbaron todas las murallas de contención de los capitales industriales y financieros y comenzó la gran carrera privatizadora. Por lo que a las empresas públicas se refiere, seguimos oyendo la versión dominante (les ahorro las de otras escuelas económicas) de que lo privado es más eficiente que lo público. A pesar de que Stiglitz y otros denuncian este engaño como una delas grandes falacias de nuestro tiempo se repite machaconamente como argumento indiscutible con el fin de que los capitales privados dispongan de nuevas bandas de expansión a costa de lo que es de la ciudadanía, pagado con los impuestos dela ciudadanía. De hecho, a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal. A la avidez de empresarios privados se une la visión miope y poco democrática de los políticos echando mano de lo público como si les perteneciera en exclusiva para servir intereses departe y conseguir ingresos a corto plazo (ingresos que muchas veces se convierten en subvenciones millonarias, a fondo perdido, para las mismas empresas privadas que difunden el embuste de la poca eficiencia de las empresas públicas). Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de disimular la piratería.
DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL DE BRUSELAS
Las privatizaciones pasaron a ser consigna política de primer orden con el Consenso de Washington (1990). Grandes poderes reunidos en cónclave: Banco Mundial, FMI, políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal y los think tanks. Como primer objetivo, pensar políticas para mantener abiertas las venas de América Latina. Su equivalente para Europa se denominó Consenso de Bruselas. ¿Qué implicó?: recorte del gasto público, reformas tributarias (en la línea de que los ricos paguen menos impuestos) y limitación del déficit. ¿Y en qué se tradujo? Junto con otros factores, con la llegada de la crisis, en las altas tasas de paro en Europa (superiores al 10 por ciento). En España ha sido peor: la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 porciento y del 40 por ciento para la población de menos de 25 años. Un hito destacado en todo el proceso desregulador lo protagonizó Bill Clinton. En 1999 decide abolir definitivamente la Glass-Steagall Act de Roosevelt que desde 1933 separaba la banca comercial de la de inversión e impedía que el capital financiero creciera hasta la hipertrofia. Con su desaparición se abre una distancia cada vez mayor entre la economía financiera y la real. Desde finales de la década de 1970 la distribución de la renta —entre las del trabajo y las del capital— se inclina cada vez más a favor de los beneficios y afecta a lo que Keynes llamó«demanda solvente», es decir, la posibilidad de que se venda (y se cobre) todo lo que se produce. Desde la década de 1990 los salarios han disminuido su participación en la distribución de la renta a costa de los beneficios. Las caídas son vertiginosas en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En concreto en este país han perdido diez puntos, según datos de la Comisión Europea, Anexo Estadístico de la Economía Europea, primavera de 2010.
EL MUNDO EN VENTA. LA RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO:  PRIVATIZACIONES Y PIRATERÍA 
Me parece necesario insistir en los antecedentes más vergonzantes de la oleada privatizadora, comenzando con el Chile pinochetista, la gran probeta experimental de las políticas de la Escuela de Chicago. Según un informe de la Comisión Investi-gadora de la Cámara de Diputados chilena llegó a significar para el país una pérdida de 6.000 millones de dólares. Fueron vendidos a manos privadas 15.888 inmuebles de Bienes Nacionales,se reprivatizó el 80 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria y 725 empresas públicas pasaron a ser controladas, a precios simbólicos, por grupos económicos creados y consolidados durante la dictadura pinochetista, afortunados amigos del régimen. Si dedico estos párrafos al proceso chileno es porque creo que reúne, de manera descarnada, todos los elementos de la teoría del shock que en otras situaciones se han conseguido enmascarar al encontrar justificaciones más amplias y sofisticadas. En primer lugar la privatización surge de una violencia extrema previa, la del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y de tantas y tantas personas que lucharon por la defensa de la democracia constitucional chilena. En segundo lugar implica la tergiversación de la ley en beneficio de unos pocos, la corrupción aceptada, la creación de una clase social que vive dela sumisión de la política a sus intereses particulares. Algo parecido sucede en otros países; por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas públicas soviéticas ha surgido la actual mafia dirigente del Estado ruso con las enormes desigualdades de renta y riqueza que asolan el país. Tampoco fue menor la violencia moral y real que supusieron las progresivas privatizaciones en Portugal que acabaron con el proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974. Una delas más dolorosas fue la que arrasó la Reforma Agraria portuguesa, con la propiedad colectiva de tierras abandonadas por los latifundistas, y que habían empezado a dar trabajo y alimento a hombres y mujeres del Alentejo y el Ribatejo. En Reino Unido fue Margaret Thatcher quien consiguió que las empresas públicas que representaban en 1979 el 8 por ciento del empleo, el 10 por ciento del PIB y el 16 por ciento de la inversión bruta pasaran en 1992, al final de su tercer mandato, a constituir el 3 y el 5 por ciento de los respectivos referentes. British Petroleum, British Telecom, British Airways, British Leyland-Rover, que significaban la principal industria de energía, el teléfono, las líneas aéreas y una importante empresa pública del automóvil, llegaron —en distintas modalidades— a manos privadas. La cuarta administración tory (1992-1997) vendió también el carbón y los ferrocarriles. Joaquim Vergés (2009) calcula los ingresos por privatizaciones en unos 60.000 millones de libras. A principios de 2006 sólo quedaban por privatizar los servicios de correos, el metro londinense y la BNFL, la empresa encargada del tratamiento de uranio y el reprocesamiento de los residuos nucleares. Los laboristas siguieron la senda privatizadora de los conservadores y sólo después de dos graves accidentes ferroviarios atribuidos al mal mantenimiento de la red la empresa gestora, Railtrack, pasó de nuevo a control público. Diferente fue el comportamiento del Partido Socialista en Francia. Las privatizaciones no comenzaron hasta la era post Mitterrand y no incluyeron los monopolios públicos (gas y electricidad, transporte y teléfonos). En Alemania fue la coalición democristiana-liberal de 1983 (bajo el liderazgo de Helmut Kohl) la que comenzó las privatizaciones: sector eléctrico y químico, gas, aluminio, transporte, la compañía aérea Lufthansa y dos bancos públicos (el DBK y el DSL). También canceló la participación federal en Volkswagen y Deutsche Telekom (con reforma constitucional incluida). Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo. Vergés nos explica que se extendieron por Italia, Irlanda, Bélgica, Grecia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; todos ellos, países de la OCDE. Y tampoco es-caparon Turquía, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Zambia,Uganda, Israel. Los monopolios ahora privados se concentran, se alían internacionalmente, imponen sus precios y condenan ala precariedad pueblos y zonas geográficas enteras. Su acción devastadora explica también las revueltas del norte de África y del Medio Oriente.
EL PROCESO PRIVATIZADOR EN ESPAÑA 
El disparo de salida lo dio en su momento, hace más de 25 años,el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, anunciando la posibilidad de sacar a bolsa algunas empresas públicas demostradamente rentables ¿cómo si no las iba a comprar nadie? Sin embargo, fue el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, quien inició en 1985 la oleada privatizadora: un 70 por ciento de Textil Tarazona a En-trecanales, un porcentaje similar de Secoinsa a Fujitsu, el 98,8 por ciento de SKF España de rodamientos a la SKF sueca y  Viajes Marsans (que acabaría más tarde en las funestas manos del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán) a Trapsatur. Al año siguiente se vendió el 100 por ciento de Seat a la alemana Volkswagen y, en 1989, el 80 por ciento de la gran empresa metalúrgica catalana la Maquinista Terrestre y Marítima a la empresa anglofrancesa Gec-Alsthom. No voy a seguir en detalle todo el proceso de las privatizaciones en España, pero sí quiero destacar que en 1985 empezó un descalabro de fondo que se convirtió en tsunami en la década de 1990 con los gobiernos del PP. Según diversas estimaciones, se han privatizado en España unas 120 compañías con unos ingresos aproximados para el erario público de 45.000 millones de euros y sin que hayan estimaciones conocidas, en cambio, de lo que hemos perdido colectivamente en el camino. Los nombres que más suenan son los de los servicios esenciales que mantienen altos los niveles de precios y beneficios (ahora privados, claro), como los de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia (en esta última el Gobierno mantiene una participación de poco más del 5 por ciento). Pero también en España las privatizaciones crearon su casta empresarial. De manera destacada, el PP consiguió cumplir los requisitos de entrada en el Sistema Monetario Europeo y rodear al que era entonces presidente del Gobierno de lo que Fabián Estapé no dudó en llamar «capitalismo de compañeros de pupitre». Un ejemplo de la inversión del poder que han operado las privatizaciones en España nos lo brindó un rincón maravilloso de la Costa Brava en marzo del 2010, cuando más de 220.000 abonados se quedaron sin luz y sin telefonía móvil. Endesa se negó a dar explicaciones. A fin de cuentas las compañías eléctricas privatizadas siguen siendo un oligopolio ¡y mandan!, ¡Vaya si mandan! Al tercer día se permitían no atender ninguna de las veinte llamadas que hizo la televisión pública para poder informar a la ciudadanía. Pero es más: el entonces president Montilla tuvo que personarse en sus instalaciones (que no al revés) para informarse e instarles a proceder a las reparaciones con la máxima urgencia. Y a pesar de ello las privatizaciones siguen: las últimas propuestas con gobierno del PSOE han sido las del 49 por ciento de AENA y el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Las cajas de ahorros se convierten en bancos privados y la privatización de los servicios básicos y del bienestar avanza con mil y un disfraces con la piratería del agua, de los servicios de educación o del sector de sanitario.
LA OFENSIVA INTERNACIONAL DE LA PRIVATIZACIÓN LLEGA AL ESTADO DEL BIENESTAR 
No siempre ha sido lineal ni placentero el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero cumplían su función mínimamente compensadora de desequilibrios sociales… hasta el tsunami privatizador, las desregulaciones aceleradas, la ofensiva neoliberal de la actual crisis económica y la privatización que alcanza la enseñanza y la sanidad. Ya se escatiman los vasos de leche en las escuelas de primaria en tanto que la enseñanza superior es un bien al alcance de los estudiantes más ricos o un crédito de por vida para los más pobres. El sueño socialdemócrata ha muerto y el capitalismo arrogante toma por bandera la falta de equidad, la explotación y las desigualdades: inicia un retorno al futuro que sólo conduce a la barbarie. En 1999 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios dela OMC impuso importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, de servicios municipales, saneamiento y gestión de residuos, y los obligó a menores regulaciones. Si un Estado no cumple, la OMC podría expulsar al Estado rebelde condenándolo al aislamiento económico. Y es lógico desde la perspectiva del capital: el sector del agua genera unos ingresos anuales de más de un billón de dólares aunque sólo esté privatizado entre el 5 y el 10 por ciento a nivel mundial. Por lo que a la sanidad se refiere, la OMS denunciaba en un estudio de 2006 que en el sector privado todo es más caro, desde la construcción hasta el funcionamiento diario. Coincidía en el mismo sentido Frank Dobson, ministro de Sanidad del primer Gobierno Blair, al afirmar que los costos son un 11 porciento superiores en la sanidad privada sobre la pública y nos advertía que peligra el futuro del National Health Service (NHS) por la entrada de las fuerzas del mercado y proveedores que sólo pretenden conseguir beneficios privados. Los políticos conservadores y los lobbies privados de la sanidad dicen que la privatización ha sido un éxito, pero nada más lejos de la verdad. En Gran Bretaña los hospitales privados se quedan con las intervenciones de menor coste y riesgo, con las intervenciones quedan beneficio… y dejan para que sean atendidas en los hospitales del NHS las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones costosas y difíciles. Los procesos de privatización empiezan con todo tipo de justificaciones creadas ex profeso, por ejemplo, para las empresas mineras, energéticas e industriales; siguen con los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y el agua… y acaban con enseñanza, salud y la amenaza sobre las pensiones públicas donde se pueda y las haya. Se pretende acabar no sólo con lo que se convino en llamar «economía mixta» o convivencia de un sector público más o menos subsidiario con un sector privado más o menos dominante, sino con derechos de ciudadanía, con los servicios del Estado del Bienestar (más adecuadamente llamado por Llamazares «Estado del medio estar») y que se dirige a marchas forzadas hasta un malestar perfectamente descriptible.
DE PARAÍSOS FISCALES, CORRUPCIÓN Y CORRUPTORES
No fue demasiado original Carlos Solchaga cuando, inmerso en el proceso de reconversión y privatización, dijo algo así como que «España era el país en el que uno podía hacerse rico más rápidamente». Como comentaba Michael Krätke, seguía la consigna de la gran burguesía francesa de la primera mitad del siglo XIX: «Enrichissez vous!» («¡Enriquézcase!»), un programa imbatible en su genial laconismo que no perdió poder de convocatoria. También los que escucharon con atención a Solchaga podían creer que prestaban un servicio inestimable a la patria moderna y modernizada mientras sus cuentas corrientes engordaban. Sin embargo, esta moral abrió las puertas de la corrupción. Krätke se apoya en la literatura para resaltar que buena parte del atractivo de las novelas de Flaubert y de Balzac va más allá de sus innegables méritos literarios: nos enseñan cómo el capitalismo socavó la sociedad civil. No se trata de una excepción o de una desviación a la norma intachable. Los expedientes por fraude y manipulación recorren Europa de la mano de empresas o instituciones que deberían estar por encima de toda sospecha: Volkswagen, Siemens, BMW, Gescartera y el Palau de la Música. Tampoco se trata del folclorismo aceptado de una Marbella de charanga y pandereta o de las revelaciones que pueda hacer algún sastrecillo más o menos valiente. Los escándalos se acumulan, se repiten, en todas las ramas, en todos los países. Y no se trata de ovejas negras ocasionales, sino del gran rebaño negro cuya transmutación en bandadas de cuervos está a la orden del día. El conocido informe, hecho público en 2011, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa demostraba que directamente o a través de sus dueños más importantes todas las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Y, como Arcadi Oliveres nos recuerda, buena parte de lo que paga ExxonMobil a Teodoro Obiang por la explotación del petróleo no beneficia a la población de Guinea, sino que acaba (supuestamente) en Madrid, en el Banco de Santander del señor Emilio Botín. Desde Marx sabíamos que el capitalismo ha sido desde sus comienzos una economía de la expropiación, pero con el paso del tiempo ha refinado su engaño, su creatividad financiera, ha perfeccionado la capacidad de compra o chantaje de los lobbies, la compra de medios de comunicación, de sindicalistas, ONG y políticos, aumentando la desazón y la sensación de estafa que aleja las personas de la política. Como afirma Krätke, el capitalismo de nuestros días tiene las manos sucias: es la corrupción cotidiana, el fraude sistemático, el crimen internacionalmente organizado.
CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA 
La crisis del Estado español es más intensa, más difícil de superar y provoca mayor desempleo porque la construcción ha sido, durante demasiado tiempo, uno de los refugios preferidos de los capitales especuladores. Recompensó comportamientos mafiosos con beneficios rápidos, hasta que llegaron los desequilibrios bursátiles provocados, en gran medida, por ellos mismos: por haberse transmutado en una inmensa lavadora de dinero negro. Aquella época registró consecuencias negativas nada desdeñables: una alta tasa de accidentes de trabajo y el destrozo del paisaje y del medio. Tras desencadenarse la crisis podemos ver además la desesperación de las personas que pierden su vivienda al no poder hacer frente a la hipoteca. Una injusta ley entrega la propiedad a los bancos manteniendo la deuda de las personas hipotecadas. Todos los riesgos son para los compradores.

La alta carga de corrupción política permitió algo tan sui géneris como que en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre llegara al poder gracias al transfuguismo recompensado (también presuntamente) del señor Tamayo y la señora Sáez. La traición dio tan buenos rendimientos que el PP sigue en el poder en la Comunidad madrileña desde entonces, ensayando incesantemente fórmulas privatizadoras en la sanidad e ideando ahora cómo hacerlo con el Canal de Isabel II, el agua de la ciudadanía madrileña, una empresa pública con ganancias a pesar de la progresiva externalización de sus servicios.

LOS POLÍTICOS «REHENES»DEL MERCADO Y LAS GRANDES EMPRESAS
 Aunque no debe leerse de manera alguna como fórmula exculpatoria, las grandes empresas han conseguido convertir en rehenes a los propios gobiernos del Estado y las Comunidades, y no sólo en España. El argumento para justificar sus grilletes es que sin sus “obsequios” fiscales, sus políticas contra los trabajadores, sus privatizaciones y su manga ancha con los chanchullos del mercado negro y los paraísos fiscales el capital y sus gestores se fugarían en masa al extranjero. Pero ni subvenciones ni prebendas ni desgravaciones han logrado impedir que las grandes fortunas y empresas depositaran dinero a manos llenas en los paraísos fiscales. De hecho la evasión fiscal organizada es un fenómeno cotidiano. Algunos países en Europa, de manera destacada Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Andorra empezaron cobrando bajos impuestos sobre la renta y el patrimonio para atraer las fortunas. Y ya, durante la crisis de la década de 1930, Suiza y Liechtenstein instituyeron su sistema de secreto bancario para facilitar la fuga de capitales.  Pero sólo durante el largo boom de posguerra, después de 1945, y con el ascenso de las corporaciones empresariales transnacionales empezó a ser
un negocio lucrativo y cada vez más naciones aprendieron la manera de crear sus paraísos fiscales interiores.  ¿Qué otra cosa no son, si no, las SICAV? El G8 se atiene a una lista oficial de 42 oasis fiscales (la OCDE habla de 47), pero los especialistas fiscales suponen que al menos existen 70 refugios para los grandes fraudes. Krätke considera que, como media, los ricos y los muy ricos tienen más de un 30 por ciento de su patrimonio colocado en refugios fiscales. Se calcula que un 23 por ciento de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales. Entre 11 y 13 billones de dólares en capital y patrimonios de todo tipo están escondidos en centros offshore:
islas como las Caimán, las Vírgenes, las Cook, pero también la isla de Man, en las costas británicas. Casi el 50 por ciento de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos (las islas Caimán son el quinto centro bancario del mundo). De hecho una estimación cautelosa considera que las fugas de capitales a los paraísos fiscales suponen que los Estados dejen de ingresar entre 250 y 300.000 millones de dólares anuales. Es el gran robo organizado a gran escala. Y consentido. Incluso bendecido por el Vaticano, a su vez también paraíso fiscal. Es difícil pensar que la Unión Europea pueda combatirlos, porque tiene como miembros de pleno derecho países que juegan fuerte a los paraísos, como Luxemburgo, Austria, Holanda, Gran Bretaña y Francia por su protectorado sobre Mónaco.
LOS DESARRAIGOS OCULTOS,  LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS
El neoliberalismo no sólo oculta sus piraterías, también se esfuerza por hacer invisible el mundo imprescindible, fundamental y complejo, de los trabajos de cuidados, afectos, solidaridades y redes sociales. En él las mujeres actúan como imprescindibles estabilizadores sociales al aportar calidad de vida a una convivencia cada vez más imposible. Se agudiza la división del empleo por género a nivel internacional en la que las mujeres de los países más expoliados (Ecuador, Filipinas, Perú…) han abandonado el cuidado de sus hijos y sus mayores para ir a cuidar de los hijos y los mayores de las personas de países más ricos. Y muchas veces en las peores condiciones. Un informe de UNIFEM de 2006 denuncia que una de las actividades más rentables del mundo es el tráfico de personas con todas sus derivaciones: inmigración para mano de obra barata (ya sea con o sin papeles) y trasiego de mujeres. Según datos de las Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo son trabajadoras inmigrantes, un 73 por ciento de los inmigrantes asiáticos son mujeres y en la misma Unión Europea la feminización de la inmigración es un hecho relevante. La inmigración representó, hasta el estallido de la crisis, el 80 porciento del crecimiento global de la población de la Unión Europea y en los tramos de edad más productivos de la pirámide de la población. Y mientras los movimientos de capitales disfrutan de total libertad y se mueven sin cortapisas por el mundo, las migraciones se suceden con peligro de exclusión y xenofobia, mostrando la cara más hipócrita de legisladores y políticos y las consecuencias más turbias de la explotación sobre las personas a las que no se les reconocen sus derechos. Es tarea urgente reconocerlo: el trabajo no remunerado, las redes sociales y los cuidados son una parte fundamental de la economía y aportan calidad de vida a las personas y sustentan a la misma democracia. Cuando los beneficios crecen de forma desmesurada sobre los salarios —como es el caso—, las mujeres deberán dedicar muchas más horas a sus tareas en el hogar para compensar la pérdida de ingresos salariales. Las mujeres son, pues, quienes con su responsabilidad y sus trabajos insuficientemente valorados representan un amortiguador importante de las tensiones sociales. Hasta que el abuso del sistema llega también a su límite y no dudan en llenar también las plazas Tahrirde todas las revoluciones importantes que en el mundo son o han sido (desde la Comuna de París hasta Túnez, Egipto, Marruecos…  y sigue).
A MANERA DE LLAMADA A LA INVERSIÓN Y LA INSURGENCIA 
 Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo sin frenos ni cortapisas, desigual e inestable, muy lejos del equilibrio que pretende y sujeto a dramáticas tensiones que desemboca en desarraigos, violencia, separaciones de familias y de afectos… y un indudable incremento de la explotación. Un pequeño número de instituciones financieras y corporaciones multinacionales manipulan el mercado y determinan el nivel de vida y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. Con el visto bueno de los principales organismos supranacionales que han sido, además, agentes activos a su servicio. Las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis se confunden peligrosamente con la xenofobia y el racismo y significan retrocesos casi centenarios en los derechos sociales, las conquistas obreras y del feminismo, los derechos humanos y el proceso civilizador. La clase obrera industrial —que lideró movimientos de cambio hasta hace unas pocas décadas— se agrieta y transforma con las deslocalizaciones, los cambios del modelo productivo, las nuevas tecnologías, la segmentación de los mercados de trabajo. Mientras, la formación se confunde con un buscado equívoco en «capital humano» (¿por qué «capital»?), introduciendo mayores desigualdades y segmentación. Imponiendo también costosos requisitos que deben asumir las personas jóvenes, con esfuerzo y créditos que les aseguran deudas antes que trabajo.
Toca reaccionar. Y quiero en este libro hacer un llamamiento concreto a las mujeres. Porque ahora, más que nunca, el hilo rojo del movimiento obrero de nuestros tiempos se une al verde y al violeta que trenzan las mujeres, los colectivos altamente feminizados de trabajos y contratos en precario que tienen pleno derecho a pan y rosas mientras cubren las vergüenzas del sistema trabajando por sueldos indignos en los servicios privat-izados. Es preciso que las mujeres que se mueven en el difícil equilibrio entre la marginalidad y la conciencia de clase sigan tejiendo autonomía y solidaridad con las personas jóvenes, con las más explotadas, con los pueblos del mundo. En pie por la dignidad y una vida sin explotación. Ahora tienen más que nunca su lugar, como colectivo, en la vanguardia plural, radical, insurgente, por otro mundo posible.
* Àngels Martínez i Castells ha sido doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelonadesde 1976 hasta 2008. Ha escrito sobre género, deslocalizaciones industriales, salud pública, inmigración y ciudadanía. En la actualidad es presidenta de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
Publicado en "REACCIONA"

Derrota electoral ganada a pulso

A ningún observador avisado puede sorprenderle la debacle electoral sufrida por el PSOE.

Desde muchos ámbitos veníamos denunciando la derechización de este partido y su rápida conversión al neoliberalismo con la adopción, en estos últimos años, de nefastas políticas económicas salidas desde despachos de instituciones financieras mediante las que se está haciendo pagar la crisis a los más humildes, mientras que bancos y grandes empresas se están ya reflotando vigorosamente y volviendo a sus obscenos beneficios.

Recordemos algunas de las nefastas actuaciones (por activa o pasiva) de nuestro actual gobierno:

  • Cancelación del PRODI
  • Aprobación de la Ley Sinde
  • Cancelación del proyecto de Ley de Transparencia
  • Aumento incontrolado y exagerado de tarifas de energía
  • Incremento del IVA
  • Modificación de edad y periodo de cómputo, Jubilación
  • Reforma laboral, inseguridad y precarización del trabajo
  • Privatizaciones (Cajas de ahorro, Loterías, AENA, etc)
  • Rescate de la banca privada (FROB)
  • Incremento impuestos indirectos (no progresivos; carburantes, tabaco, alcohol, etc)
  • Eliminación Cheque-Bebé y modificaciones a la baja en Ley Dependencia
  • Ayudas económicas directas a otras grandes empresas (automovilísticas principalmente)
  • Voto en contra de la “dación en pago” para extinción hipotecas (PP-PSOE)
  • Mantenimiento de la ridícula fiscalidad (1%) para las SICAV’s
  • No recuperación del impuesto de patrimonio
  • Reuniones y pactos privados con bancos y grandes empresas.

Ahora bien, tras esta merecidísima derrota al partido de gobierno, quien ha dado la espalda a la ciudadanía y se ha echado en brazos de los mercados, se acaba la copia y nos llega el original, es decir el Partido Popular, que es algo notablemente peor de lo que tenemos y tratará de hacer más de lo mismo.

Conclusión:  Si la alternativa es mucho peor, hay que derrotarla igualmente, y a no más tardar.

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Elocuente imágen de la noche electoral de ayer:

Qué gozo y qué alborozo muestra  la integrista local ésta con su banderita y su “hiyab cristiano”.