¿Renta básica o “Trabajo básico”?

Algunos argumentos desde la teoría social

José Antonio Noguera, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Un slogan exigiendo «el derecho al trabajo», si ello implica trabajo asalariado regido por un horario, está exigiendo al mismo tiempo, al menos hasta cierto punto, el derecho a ser dominado.
R. E. Pahl (1984: 65) 

.

Introducción
En el presente trabajo pretendo discutir con cierto detalle una de las cuestiones que creo decisivas para la aceptación de las propuestas de Renta Básica (RB en lo sucesivo) por parte de las izquierdas políticas y sociales, a saber: hasta qué punto y en base a qué razones sería preferible un programa de RB incondicional a una política pública de garantía de trabajo o empleo para toda la población en edad laboral (lo que se ha defendido en ocasiones como un “derecho al trabajo” legalmente estatuido). Ésta ha sido, en efecto, una de las discusiones que ha generado más incomprensión y enemistad hacia la RB en determinados sectores de izquierda (pero no sólo en ellos). ¿Qué es lo que está realmente en juego en esta discusión? Si las líneas sucesivas contribuyen en alguna medida a acercar posturas y a disolver algunas confusiones o malentendidos conceptuales al respecto, habrán logrado entonces su propósito.

La posición que aquí se defenderá, sin embargo, no es neutral ni equidistante: soy del parecer de que un programa de RB es superior según varios criterios de valoración a un hipotético “derecho al trabajo” legalmente establecido. Argumentaré esta postura en lo sucesivo, pero mi estrategia será también la de intentar explorar posibilidades no vislumbradas y desentrañar conceptualmente el núcleo de la discrepancia al respecto.

Parto intuitivamente de que, en el fondo, no se trata de alternativas tan alejadas como algunos parecen pensar.
Sin embargo, las acusaciones contra la RB por parte de los defensores del derecho al trabajo (o del deber de trabajar) son de grueso calibre: la RB daría carta blanca para el parasitismo, la explotación de los trabajadores a costa de una minoría de bohemios y “surfistas”, la proliferación de la vagancia y la desestructuración social y moral, la dualización social o la eternización de la exclusión respecto del mercado de trabajo de determinados colectivos, etc. No es extraño que la discusión haya sido en ocasiones enconada en nuestro país (Riechmann, 1996; Gisbert y Raventós, 1997; Sempere, 2000). En el fondo, esta polémica lleva ya bastante tiempo desarrollándose entre la izquierda académica y política occidental, no sólo en los debates sobre la RB, sino también en los que versan sobre la posibilidad y la misma deseabilidad del pleno empleo y el derecho al trabajo.

La cuestión planteada es, ni más ni menos, si la ciudadanía y la participación social deben construirse sobre la base de la participación en el mercado de trabajo -o, en algunas versiones, de la realización de algún tipo de trabajo “socialmente útil”-, o si por el contrario la mera pertenencia a una sociedad debe dar derecho a una porción de su riqueza, independientemente de las contrapartidas laborales que puedan existir.

Algunas advertencias introductorias son de rigor antes de iniciar nuestro análisis. Por Renta Básica se entenderá aquí un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos o residentes legales en su territorio, de forma individual e incondicional, e independientemente, por tanto, de su forma de convivencia, de sus demás fuentes de renta, y de su participación pasada o presente en el mercado de trabajo, esto es, tanto si quiere trabajar como si no. En segundo lugar, únicamente trataré aquí la cuestión de la alternativa entre la RB y un supuesto derecho al trabajo, sin entrar por tanto (más que puntualmente cuando sea necesario) en otros temas e implicaciones de la relación entre RB y trabajo que nos alargarían ya en exceso (como los efectos de la RB sobre el mercado de trabajo, la ética del trabajo, la reducción de jornada, el trabajo doméstico, etc.).
No se entrará tampoco a debatir otros extremos teóricos sobre la centralidad del trabajo en la sociedad contemporánea. Baste decir -aunque pueda parecer obvio- que lo que aquí se discute no es la necesidad material del trabajo (algo que, como recordaba Marx en una famosa carta a Kugelmann, es de perogrullo) sino, en todo caso, su mayor o menor centralidad en las vidas de los individuos. El trabajo siempre será “central” en el sentido obvio de que es necesario para la supervivencia material de la especie; en este sentido, hablar de “centralidad” del trabajo no es más que una perogrullada. Ahora bien, el trabajo puede ocupar, social, política y culturalmente, un lugar más o menos “central” en la vida de los individuos; sólo en la época moderna ha llegado el trabajo a ocupar tanto tiempo y a tener tanta importancia en las vidas de los seres humanos, y no es descabellado pensar que tal situación no tiene por qué ser eterna. De todas maneras, conviene insistir en que la propuesta de la RB no tiene nada que ver con las fantasías sobre el “fin del trabajo” que algunos gurús pseudoacadémicos han difundido en los últimos años.
En lo que sigue, procederé del siguiente modo: en primer lugar, examinaré las bases filosóficas sobre las que se asienta la defensa de un derecho (o un deber) al trabajo como alternativa a la RB, así como los argumentos en defensa de ésta última; en segundo lugar, haré algunas consideraciones de orden conceptual sobre qué puede querer decir “derecho al trabajo” desde una perspectiva emancipatoria o de izquierdas; y, por último, argumentaré por qué pienso que la RB es una alternativa más viable y deseable que un derecho al trabajo planteado en tales términos.

Renta Básica, parasitismo y reciprocidad: los fundamentos teóricos del debate
Quienes defienden el establecimiento de un derecho legal al trabajo (y de un deber de trabajar) como alternativa a la RB parten de argumentos filosóficos y éticos aparentemente sólidos: una RB incondicional que instituya el “derecho a no trabajar”, sostienen, es injusta porque fomenta el parasitismo y la explotación, y viola principios de reciprocidad que son básicos para la infraestructura moral de cualquier sociedad. ¿Cómo se han ido planteando estas acusaciones, y qué argumentos se han aducido para defender a la RB de las mismas?.
Podríamos decir que la discusión al respecto se ha desarrollado en tres etapas.

1. “Surfistas” y otros “parásitos”

Ya durante los años 80 algunos autores plantearon de forma más o menos intuitiva tales objeciones a la RB, e incluso el teórico político liberal John Rawls (1988) aportó un argumento en ese sentido: añadiendo el tiempo libre a su lista de “bienes primarios” (que deben tender a distribuirse de forma igualitaria), resultaba que una RB no sería consistente con su famoso “principio de diferencia”, que especifica que una sociedad justa debe maximizar la situación de los más desfavorecidos en cuanto al disfrute de los bienes primarios: una RB que permita a los individuos tener todo el tiempo libre del mundo para hacer surf en Malibú entra en contradicción con tal principio, dado que no maximiza la situación de los más desfavorecidos en cuanto a disposición de tiempo libre (esto es, de los más trabajadores).
La respuesta de Van Parijs -y de otros defensores de la RB- a estas objeciones no se hicieron esperar: el tiempo libre no podía ser considerado un “bien primario”, dado que en una situación con RB como la descrita, no cumple el requisito de la escasez que esos bienes deben satisfacer; en efecto, si cualquiera puede tener todo el tiempo libre que le plazca merced a una RB, tal como supone Rawls, entonces no hay razón para maximizar nada, sino que se trata de una opción a tomar por cada individuo (Van Parijs, 1990). Este razonamiento apuntaba a una cuestión más profunda: la imposibilidad de defender, desde una teoría de la justicia liberal como la de Rawls, un tratamiento favorable para aquellos que prefieran trabajar (y acumular riqueza o consumirla) a tener tiempo libre y llevar una vida “bohemia”: el liberalismo auténtico, tal y como se entiende en la moderna filosofía política, exige un igual respeto por todas las concepciones individuales de lo que constituye una “vida buena”, y por lo tanto no autoriza a favorecer o discriminar públicamente ninguna de tales concepciones o estilos de vida. Si todos tienen exactamente la misma oportunidad de no trabajar o de hacer surf, la base ética para quejarse del “parasitismo” cae por su propio peso. Como nota Groot (1999), sólo los involuntariamente empleados podrían tener base para quejarse de que haya gente voluntariamente desempleada y cobrando RB; pero con una RB suficiente, en principio, la situación de “empleado involuntario” tendería a difuminarse bastante.
En 1995, con la publicación de su obra magna Libertad real para todos, Van Parijs refinó aún más los argumentos a favor de la incondicionalidad de la RB y en contra de la objeción del parasitismo. En la distribución de recursos que tiene lugar en una sociedad como la nuestra, sostenía, una importante porción de lo que cada cual obtiene se debe a mecanismos azarosos y arbitrarios que nada tienen que ver ni con el merecimiento ni con la contribución individual a la producción social. La herencia material y tecnológica, el carácter social de la producción, la enorme desigualdad de oportunidades de partida, etc., justifican que una parte importante del producto social se redistribuya de modo igualitario en forma de una RB. Uno de los principales recursos de los cuales los individuos pueden disfrutar actualmente es el empleo, y especialmente el empleo de calidad (trabajos atractivos con buenas condiciones salariales y laborales, derechos sociales correlativos y status y autoestima asociadas); ¿por qué no considerar los empleos, dice Van Parijs, como un “bien primario” cuya parte inmerecida y debida a la “suerte” puede ser redistribuida en forma de renta a todos los individuos que han quedado en peor posición o excluidos del reparto?. Pues, en efecto, son precisamente quienes se apropian de un empleo de calidad en virtud de su suerte inmerecida quienes están disfrutando hoy día de beneficios que sólo la exclusión de otros les permite tener. Obsérvese a este respecto que no sólo no existe una igualdad de oportunidades para acceder al empleo como tal, sino también para acceder a empleos que permitan un mínimo aprovechamiento digno en términos de salarios, promoción, condiciones laborales y recompensas subjetivas como la autorrealización, el reconocimiento o la autoestima.
En el fondo, como afirma Levine (1995), el “gorroneo” o free-riding (y, correlativamente, el ser “gorroneados”) es un hecho fundamental de nuestra existencia como seres sociales. El parasitismo, si se define como tomar ventaja de un recurso sin haber contribuido a producirlo, sería inevitable y en la mayoría de los casos involuntario (pensemos en la producción de bienes públicos, o de externalidades a partir de transacciones de mercado, por ejemplo).

2. La cuestión de la reciprocidad

La segunda fase del debate sobre la incondicionalidad de la RB se plantea ya en la segunda mitad de los años 90, a raíz de un artículo del teórico político Stuart White (1997) en el que argumentaba que una RB en tales términos viola principios de reciprocidad esenciales en cualquier cultura: la posibilidad de obtener recursos a cambio de nada, sin haber contribuido en absoluto a la producción y reproducción social, resulta para White injusta. Los argumentos de la herencia material y tecnológica recibida o de la “suerte inmerecida” no se pueden aplicar en este caso, puesto que White admite ambos: está de acuerdo con una RB reducida que refleje la igual porción de recursos naturales y heredados a que todos tienen derecho, y acepta también que deberían existir iguales oportunidades para contribuir al producto social (lo cual nos podría conducir al “derecho al trabajo” que discutiremos más abajo). Lo que no le parece de recibo es cobrar una RB en la medida en que su cuantía incluya una parte de recursos que no se ha contribuido a producir pudiendo haberlo hecho (situación ésta que no cabe de ningún modo descartar en una sociedad con RB). Para White, que parte de ideales políticos republicanos, la ciudadanía o la cualidad de miembro de una comunidad política implica derechos y deberes, y si alguien, pudiendo hacerlo, no acepta “poner su granito de arena” en la producción de los recursos que disfruta, está obteniendo una ventaja injusta del trabajo de los demás.
Esto nos lleva a otro de los matices que han hecho de la postura de White un auténtico desafío teórico para los defensores de la RB incondicional: este autor defiende un concepto de reciprocidad “débil”, y no “fuerte” o estricta (cfr. White, 2000b). La reciprocidad “débil” no exige una correspondencia o proporcionalidad estricta entre la contribución de cada cual y los recursos que recibe, sino simplemente la necesidad de contribuir “en alguna medida” (aportando cada cual su “granito de arena” según sus posibilidades) para tener derecho a recibir una parte del pastel (según criterios que pueden variar en virtud de todo tipo de regulaciones sociales). Este concepto de reciprocidad “débil” inhabilita por tanto el conocido argumento de que en una economía avanzada es imposible determinar el monto de la contribución individual de cada cual a la producción social: no importa, dirá el teórico de la reciprocidad, lo único exigible es que cada cual haga una contribución “mínimamente decente” a cambio de una cantidad de recursos también “mínimamente decente” para subsistir dignamente.

¿Cómo han respondido los impulsores de la RB a este potente ataque a la incondicionalidad de la misma? Podemos enumerar a continuación algunas de las principales objeciones que se han hecho a la postura de White:
a) Van Parijs (1997) respondió inmediatamente con un argumento algo capcioso, apuntando a una contradicción en el planteamiento de White: si éste no acepta una RB que se base en la apropiación de cierta cantidad de trabajo ajeno, tampoco debería poder aceptar una RB basada en la herencia material o tecnológica o en los recursos naturales, dado que para el aprovechamiento de ambos es siempre necesario también el trabajo humano. ¡Tanto peor para la RB!, podría reponer White. Pero la observación de Van Parijs va dirigida a poner de manifiesto que la justificación de una RB incondicional no puede basarse en tales criterios, sino más bien en garantizar un punto de partida igual para todos a partir del cual opere -entonces sí una reciprocidad real (Van der Veen, 1998).
b) White admite que la reciprocidad “fuerte” impediría cualquier redistribución que alterase la proporcionalidad estricta entre lo aportado y lo recibido, lo cual la hace indeseable en términos igualitarios y en una situación de desigualdad de capacidades, talentos, oportunidades y recursos. Sin embargo, notemos que la reciprocidad “débil” introduce numerosos elementos de arbitrariedad: ¿cuánto y cómo debe contribuir cada cual?, ¿dónde está el límite entre una contribución legítima y una que incurra en una cierta dosis de parasitismo?; los teóricos de la reciprocidad se limitan muchas veces a decir que estos son criterios que cada sociedad debe discutir teniendo en cuenta sus especificidades culturales, y que ellos únicamente sostienen el principio de reciprocidad como tal. Pero el problema es que la interpretación y aplicación diferencial de tal principio nos podría llevar a prácticamente cualquier situación imaginable, incluyendo una que se acerque muchísimo a la RB incondicional (imaginemos, por ejemplo, que el hacer surf en Malibú pudiese ser considerado por una cultura como una “contribución legítima” a la sociedad, debido al espectáculo que proporciona a los turistas o a otros motivos cualesquiera). En el fondo, los teóricos de la reciprocidad parecen suponer que cualquier “contribución valiosa” que se realice a la sociedad debe ser económica, lo cual es
tanto como negar valor propio a la ciudadanía (Widerquist, 2000).
c) La reciprocidad (incluso “débil”) exige que todos aquellos que puedan contribuir lo hagan en alguna medida. Pero la determinación de quién puede o no contribuir a la producción social introduce también cierta dosis de arbitrariedad cultural (Castel, 1995): la definición de a quién se considera o no “apto para el trabajo” varía sobremanera dependiendo del país y la cultura; ya sólo en el ámbito occidental encontramos decisiones puramente convencionales en el establecimiento de las edades máxima o mínima para trabajar, o en el tipo de situaciones que eximen del trabajo (estudios, grados de minusvalía, ser sacerdote, etc.). Aunque llegásemos a un acuerdo sobre qué significa “poder” trabajar, resultaría imposible, como advierte De Wispelaere (2000), obtener información mínimamente fiable para distinguir entre “oportunidad de contribuir” y “voluntad de contribuir”: ¿cómo sabríamos quién está ocioso porque quiere y quién porque no tiene oportunidades reales de hacer una contribución “legítima”? (de aquí los argumentos a favor del derecho al trabajo que discutiré después). Deberíamos añadir, para más complicación, que la reciprocidad incluso en este sentido débil no es un principio que rija universalmente en nuestra sociedad actual: por ejemplo, muchas prestaciones no contributivas como la sanidad deberían ser suprimidas (o hechas contributivas) si aplicásemos ese principio, pues hoy se prestan incluso a aquellos que podrían trabajar y no lo hacen: la reciprocidad, digámoslo claro, supondría algún grado de sustitución del actual welfare por el llamado workfare, lo cual, curiosamente, resultaría inadmisible para la misma izquierda que rechaza la RB por no exigir un compromiso laboral.
d) Pero la defensa de la RB no debe basarse sólo en resaltar las contradicciones de las teorías de la reciprocidad: un argumento algo más potente que los anteriores es que la RB garantiza precisamente un mayor grado de reciprocidad que la situación actual, dado el enorme volumen existente de trabajo no remunerado hoy existente, así como el esperado incremento de las oportunidades de empleo para quienes ahora no las tienen (véase la conclusión de este texto). La RB es más justa incluso en términos de reciprocidad “fuerte” y de meritocracia estricta, pues se acerca más a una recompensa equitativa del trabajo y el esfuerzo reales que la situación actual (Raventós, 2000). Nadie discute que en una hipotética situación de igualdad de oportunidades lo que uno recibe debería estar relacionado de algún modo con su contribución (reciprocidad “débil”): el problema es que la RB, más que una violación de ese principio, parece precisamente un requisito para poder conseguir tal situación de igualdad de partida, o, como mínimo, para acercarnos más a ella.
e) Supongamos que aceptamos el principio de reciprocidad débil y que admitimos, como White, una RB que se financie con impuestos sobre los recursos naturales o la riqueza heredada. Aún así, Widerquist (1998) ha mostrado hábilmente que para que el principio de reciprocidad fuese violado por la RB, deberían cumplirse cuatro supuestos: a) que los impuestos sobre los recursos naturales y la riqueza heredada no bastasen para financiar una RB generosa; b) que los trabajadores tengan derecho a apropiarse de todo su producto; c) que los salarios reflejen adecuadamente el valor del esfuerzo de los trabajadores (algo patentemente falso en una sociedad de mercado); y d) que los salarios después de impuestos en una sociedad con RB fuesen menores que sin RB (cosa como mínimo impredecible, dado que muchos salarios de trabajos desagradables podrían subir, y se produciría una notable redistribución).
f) Por último, Fitzpatrick (1999) plantea un interesante argumento: el respeto de las preferencias individuales sobre la “buena vida” que exige una sociedad liberal implica que no estoy “explotando” a nadie ni tengo obligación alguna de contribuir a una empresa si no tengo control ni poder de decisión alguno sobre qué beneficios crear y cómo, o, alternativamente, si no recibo esos beneficios de forma voluntaria. Un ejemplo puede aclarar lo primero:
supongamos que soy un pacifista en la España invadida por los franceses a principios del siglo XIX, y prefiero soportar la invasión a iniciar una guerra de independencia; ¿qué derecho tienen los guerrilleros, una vez triunfantes, a acusarme de ser un free-rider por haberme beneficiado de la independencia sin haber contribuído a ella? Para ilustrar lo segundo -no exploto a nadie si no recibo los beneficios de forma voluntaria- podemos poner un ejemplo real: recientemente la empresa agroquímica norteamericana Monsanto denunció a varios agricultores porque su cosecha se estaba beneficiando de semillas transgénicas de esa empresa que habían caído y germinado accidentalmente en sus terrenos merced a la acción del viento: ¿hay una falta de reciprocidad injusta en los agricultores que se niegan a pagar esas semillas? En el fondo, lo que subyace en muchas teorías de la reciprocidad es el mito holista que concibe la sociedad como una empresa cooperativa; a pesar de la enorme influencia que este mito ha tenido y tiene en ciertas tradiciones de pensamiento social y político, parece difícilmente sostenible: la sociedad se cimenta también sobre un cúmulo de desacuerdos y concepciones diversas de la buena vida, de forma que no se puede exigir una reciprocidad universal si no existen posibilidades razonables de que los ciudadanos puedan entenderse a sí mismos como co-autores de una empresa en común.

3. La sociedad del trabajo y la imposibilidad de compensar la exclusión

Recientemente, podríamos decir que se ha abierto una tercera fase en este debate a raíz de la aportación de la filósofa alemana Angelika Krebs (2000): para esta autora, todos los individuos tienen derechos absolutos a ser tratados humanitariamente, de forma que no hay compensación posible en caso de incumplimiento de esos derechos. La RB, dice Krebs, no es justificable aquí y ahora porque vivimos en una “sociedad del trabajo” donde trabajar es esencial para los sentimientos de pertenencia social y autoestima; además una tal sociedad es legítima aquí y ahora porque se dan -todavía- dos condiciones: 1) existe escasez; 2) hay suficiente trabajo por hacer para todos. Así que lo que se debe garantizar no es una RB sino el derecho al trabajo -esto es, a la participación social-, así como el derecho al reconocimiento en el mismo: en suma, la exclusión de la esfera del trabajo social no puede ni debe ser compensada con dinero.
Hay algunas objeciones que pueden hacerse al planteamiento de Krebs: 1) ¿Hasta qué punto la escasez en el mundo actual no es en gran medida artificial?; (Levine, 1995; Van Parijs, 1993) ¿no estamos ante un problema de distribución más que de producción?; 2) ¿Por qué no se puede compensar por una exclusión o un daño si solucionar el problema de raíz resulta imposible o extremadamente complicado?; en la legislación civil hay multitud de casos de indemnización y compensación de daños que no son reversibles: ¿está tan claro que la exclusión del empleo deba ser diferente?. 3) Por último, ya vimos que para Van Parijs la RB no constituye compensación alguna, sino que es una estrategia valiosa en sí misma. No voy a entrar aquí en detalle en estas -y otras- objeciones, porque lo más interesante me parece discutir la propuesta de Krebs -y de otros muchos autores- de garantizar un “derecho al trabajo”. Creo que examinando más de cerca lo que puede significar esta expresión se podrán apreciar en toda su extensión las virtudes comparativas de la RB.

Qué puede significar el “derecho al trabajo”: algunas precisiones conceptuales. 

La reivindicación del “derecho al trabajo” es una proclama obrera que surgió ya en el siglo XIX en países como Francia o Gran Bretaña, y que en el siglo XX se ha instalado en muchas Constituciones, así como en cierta conciencia común de la izquierda, pero sin que nadie sepa explicar a ciencia cierta en qué consistiría su institucionalización. Desde hace algunos años, y en parte como resultado de la discusión sobre la RB, se ha propuesto con cierta insistencia la alternativa de un derecho al trabajo legalmente estatuido. Partiendo de esta polémica, me propongo a continuación aclarar el sentido de algunos conceptos que a mi juicio no siempre han sido adecuadamente distinguidos.

1. Derecho al trabajo y derecho a una renta
Es evidente que en esta discusión ambas partes están de acuerdo en garantizar una renta a toda la población como un derecho. El problema es cómo: la RB la garantiza directamente, mientras que los partidarios del derecho al trabajo opinan que ha de ser éste el medio por el cual se garantice esa renta. Parece, entonces, obvio que si se defiende el derecho al trabajo es porque se pretende que el trabajo garantice algo más que una renta: reconocimiento, reciprocidad, participación social, autoestima, etc. Dicho de otro modo, si se pretendiera defender el derecho al trabajo únicamente porque garantiza una renta, entonces no habría ninguna razón para no defender directamente el derecho a una RB (Elster, 1988). Mi primera tesis es, por tanto, que para que el derecho al trabajo sea una propuesta coherente debe plantearse como un derecho que garantice algo más que una renta.

2. Derecho al trabajo y derecho al empleo
Cualquier reivindicación de un “derecho al trabajo” debería partir de alguna definición previa de a qué tipo de actividades podemos denominar “trabajo”, cosa nada fácil, y aún menos si aceptamos la idea de que “trabajo” no se puede reducir a “empleo remunerado”. ¿Qué se está reivindicando, entonces, cuando se apela al “derecho al trabajo”, el “derecho al empleo” o por el contrario el “derecho a un trabajo socialmente útil”? Si examinamos un poco esta pregunta, veremos que en cierto modo se trata de una pseudo-cuestión: el derecho al trabajo sólo puede ser algo diferente del derecho a un empleo remunerado si implica un “derecho a trabajar” sin remuneración alguna, algo patentemente absurdo y que nadie defiende (porque además no hace falta: a nadie se le prohíbe trabajar gratis). Si el “derecho al trabajo” fuese en algo diferente del “derecho a un empleo”, entonces debería implicar un derecho a participar en las tareas socialmente útiles, más que el derecho a cobrar por esa participación. De modo que mi segunda tesis reza que cuando apelamos al “derecho al trabajo” hablamos de proporcionar un empleo remunerado a toda la población “apta” para trabajar (otra cosa es qué tipo de empleo; pero no adelantemos el razonamiento). Si vinculamos la obtención de una renta al trabajo, aunque sea a un número determinado de horas de trabajo a lo largo de la vida, y aunque adoptemos un criterio amplio sobre lo que es “trabajar”, eso implica en parte convertir trabajos hoy no remunerados en trabajos remunerados, esto es, en empleos. De lo contrario, no tiene ningún sentido hablar del “derecho al trabajo”, puesto que se trataría de un “derecho” ya existente y cuyo ejercicio nadie puede -ni presumiblemente quiere- impedir: el “derecho” a trabajar gratis.

¿Qué debería significar el “derecho al trabajo” para la izquierda?

Pasemos ahora a otra cuestión: ¿a qué se refiere -o debiera referirse- la izquierda cuando habla de “derecho al trabajo”? O, dicho de otro modo, ¿a qué tipo de trabajo se tendría un derecho garantizado legalmente por el Estado? Parece innegable que, para que la propuesta tenga algún sentido mínimamente emancipatorio, el empleo remunerado garantizado por el Estado debería cumplir ciertas condiciones:
1) En primer lugar, debería tratarse de un empleo digno, esto es, que reúna unas ciertas condiciones materiales como la estabilidad, un salario suficiente, un horario no inhumano, un ambiente laboral y unas actividades no humillantes ni degradantes, y unos cuantos derechos laborales asociados (reunión, sindicación, vacaciones pagadas, etc.). De otro modo, el “derecho al trabajo” ya existiría, aunque sólo fuese en el sentido insultante de que en cualquier sociedad podemos encontrar siempre algún empleo (legal o no) si aceptamos unas determinadas condiciones laborales y salariales, o llevar a cabo actividades penosas o degradantes (como la prostitución).
2) En segundo lugar, debería ser un empleo “socialmente útil” y “ético” desde una cierta perspectiva emancipatoria: se puede conseguir el pleno empleo fabricando armas (como hicieron Hitler o Reagan), luego el pleno empleo no puede ser algo valioso en sí mismo para la izquierda si no se logra en base a unos mínimos principios de ética social. El empleo que garantizase el Estado debería satisfacer estos principios; ¿cómo justificar si no, desde una postura de izquierda, que trabajar en una fábrica de armamento -o en una fábrica altamente contaminante- otorgue derechos sociales y económicos, y en cambio pintar grafittis o cuidar bonsais -actividades mucho más inofensivas y valiosas donde las haya- no los proporcione?
Algunos autores hablan incluso de que el derecho al trabajo debería basarse en el reparto del “trabajo socialmente necesario”, pero no seamos tan exigentes: dejémoslo en “trabajo socialmente útil”, pues “necesario” es un adjetivo mucho más etéreo y con muchos más problemas prácticos y conceptuales (Noguera, 2001 a).
3) Por último, cabría añadir el requisito adicional de que el empleo garantizado por el Estado consistiese (al menos en parte) en actividades con sentido, esto es, que no se tratase de “empleo falso” o “artificial” como el que podía existir en las economías del “socialismo real”, o de una actividad como la de ensobrar cartas o hacer muescas en cabezas de tornillo en una cadena de montaje taylorista durante ocho horas al día. Es obvio que este requisito impone exigencias mucho mayores para que el derecho al trabajo pueda llevarse a la práctica, y es por esta razón que no hay consenso respecto del mismo entre quienes defienden ese derecho.
En cualquier caso, parece obvio que un derecho al trabajo no puede consistir en absoluto en un derecho a cualquier tipo de trabajo, al menos desde un punto de vista emancipatorio.

Derecho al trabajo, deber de trabajar, y derecho al no trabajo
Una vez establecido lo anterior, podemos distinguir tres posibles principios de relación con el trabajo que podrían ser legalmente institucionalizados:

A) Derecho al trabajo (esto es, a un empleo remunerado).
B) Derecho a no trabajar (y disponer de una renta).
C) Deber de trabajar (para quien sea definido como “apto para  el trabajo”).
A su vez, C) podría tener dos variantes distintas:

C1) Deber de trabajar coercitivo.
C2) Deber de trabajar para tener derecho a una renta.

Obsérvese que la única incompatibilidad entre estas tres alternativas es la que existe entre B y C. Las otras dos combinaciones son teóricamente posibles: desde luego, A y C no son incompatibles, y de hecho suelen ir unidas en muchas propuestas políticas tanto de derecha como de izquierda. Pero lo que se advierte con menos frecuencia es que no existe necesariamente incompatibilidad alguna entre A y B: podemos pensar en una sociedad con una RB incondicional (que garantice, por tanto, B) en la que al mismo tiempo el Estado proporcione un empleo remunerado a todo aquél que lo solicite y no lo encuentre en el mercado (esto es, A). Un corolario de esto es que A puede existir perfectamente sin C (aunque en la mayoría de las propuestas ambas cosas vayan unidas): se podría garantizar un derecho al trabajo que no implicase necesariamente un deber de trabajar; la justificación de esta posibilidad vendría dada por el hecho ya comentado de que el objetivo específico de un derecho al trabajo debería ser garantizar la participación social y un cierto reconocimiento en la esfera pública, lo que para nada implica una sanción para quienes decidan libremente no participar o no aspiren a esa clase de reconocimiento. Dicho de otro modo (y sería mi tercera tesis), una RB incondicional no es incompatible con el derecho al trabajo, sino únicamente con el deber de trabajar.
Hagamos ahora algunas observaciones sobre la opción C2 (deber de trabajar para toda persona definida como “apta” para ello como condición para obtener una renta), que es en el fondo la que defienden los teóricos de la reciprocidad (aunque no Krebs, quien podría asumir perfectamente la opción “A sin C”, puesto que su preocupación era el derecho al reconocimiento y la participación social, no el parasitismo). Si A no implica necesariamente C2, la inversa también es cierta: el deber de trabajar para tener derecho a una renta no conlleva por fuerza un derecho al trabajo garantizado legalmente; esta situación no debería sernos extraña en absoluto: es la que existe hoy día en nuestra sociedad, al menos “oficialmente”, y con la excepción de algunos grupos privilegiados de rentistas.
Un “deber de trabajar” como este tiene evidentes problemas teóricos y prácticos: en primer lugar, parte del supuesto antropológico de que el trabajo es necesariamente sacrificio y des-utilidad, y por tanto los seres humanos tienen que ser “forzados” de algún modo a trabajar.
En segundo lugar, esta opción (máxime si no va acompañada de A) crea indefectiblemente una categoría de ciudadanos que quedan excluidos y estigmatizados: los famosos undeserving poors, o pobres que no se merecen ayuda porque “no quieren trabajar”. Notemos, sin embargo, que la opción C2, si bien no es compatible con una RB incondicional, sí lo es con una “renta de participación” (condicionada a la realización de actividades socialmente útiles) como la que propone Atkinson (1996), siempre que se defina “trabajo” de forma aceptablemente amplia. En cualquier caso, quede constancia de que el abanico de posibilidades teóricas es mucho más variado de lo que la discusión al respecto ha acostumbrado a traslucir hasta ahora.

Dos formas del derecho (o del deber) al trabajo: trabajo garantizado y trabajo básico
Estamos ya en situación de advertir que lo que en el fondo están planteando autores como Krebs (2000), White (2000a) o Riechmann (1996) es la posibilidad (y deseabilidad) de una sociedad en la que el trabajo “socialmente útil” fuese realizado igualitariamente por toda la población apta para el mismo: esto es, un reparto comunitario del “trabajo que hay que hacer” en una determinada sociedad. Reparemos sin embargo en que esta es únicamente una de las formas que teóricamente podría tomar un derecho (o un deber) al trabajo legalmente establecido. Una alternativa (probablemente mucho más plausible) sería que el Estado actuase como “empleador en última instancia” para todos aquellos que no hubiesen podido acceder a un empleo en el mercado. Si llamamos a esto último, como hace Jackson (1999), “trabajo garantizado”, y reservamos el nombre de “trabajo básico” para la primera posibilidad, podemos obtener la siguiente clasificación de formas de garantía de rentas:

Cuadro 1. Formas de mantenimiento de rentas
Forma de la provisión
Renta Trabajo
Método de la provisión Condicional a estar desempleado
Subsidios de desempleo Trabajo garantizado (TG)
Incondicional Renta Bàsica (RB) Trabajo básico (TB)
Fuente: Jackson (1999).

Con un programa de TG, el Estado se mantiene como empleador en última instancia, mientras que con un hipotético TB el Estado divide una cantidad de trabajo socialmente útil (o “necesario”) entre todos los ciudadanos como si de un “servicio civil” se tratase. El TB suele ser defendido por diversos grupos y autores de la izquierda radical y ecologista: su ideal es la igual asunción de las cargas colectivas o comunitarias por parte de todos. Un programa de TB podría, por ejemplo, reducir desigualdades entre grupos sociales en cuanto a las cargas que asumen y la cualidad de sus actividades, pero para ello debería constituirse como un deber, al menos en la variante C2. Nótese, sin embargo, que ni el TG ni el TB implican necesariamente un deber de trabajar (ni en la variante C1 ni en la C2); esto ya lo vimos con respecto al TG, pero puede ser cierto también con respecto al TB: podría existir algún tipo de “servicio civil” garantizado en el que voluntariamente pudiera entrar cualquier ciudadano (incluso quienes tienen empleos en el mercado) a cambio de una renta (alistarse al ejército podría ser una variante actualmente existente, si no fuera porque es muy dudosa su “utilidad social”, y porque no toda la población podría hacerlo a la vez). La diferencia consistiría en que, mientras el TG se garantizaría únicamente a quienes no puedan obtener un empleo por sus propios medios, el TB se debería garantizar a cualquier ciudadano que lo demandase. En el cuadro 2 se muestran estas posibilidades, con la única intención de advertir, una vez más, que la gama de posibilidades teóricas es en principio más amplia de la que aparece en las discusiones habituales (obviamente, algunas de estas alternativas pueden ser inviables o indeseables: a ello dedicaremos la siguiente sección).

Cuadro 2. Formas de trabajo garantizado y de trabajo básico
Trabajo garantizado (sólo para desempleados) Trabajo básico (para cualquier ciudadano)
Derecho (A) Trabajo garantizado optativo (garantía de participación y reconocimiento) Trabajo básico optativo (obtener una renta adicional)
Deber (C1) Trabajo garantizado compulsivo “Servicio civil” compulsivo
Deber (C2) Workfare o rentas activas para todos los desempleados como condición de una renta “Servicio civil” como condición para recibir ayudas o rentas del Estado, o para tener derechos de ciudadanía (votar, etc.)

¿Es posible y deseable el derecho al trabajo?: algunos argumentos escépticos

Abordemos ahora la cuestión de qué problemas operativos y normativos podría plantear la puesta en práctica del “derecho al trabajo” en alguna de sus variantes. Nótese, para empezar, que quienes apelan a tal derecho desde una postura crítica con la RB lo hacen desde una situación contrafáctica alternativa que se defiende como más viable y deseable. Por tanto, en muchos casos ni siquiera se afirma que la RB vaya a empeorar la situación actual (lo cual sería muy discutible), sino que hay una situación posible que es mejor que la actual y que la que tendríamos con una RB. Estaríamos comparando, por tanto, tres situaciones distintas, dos de ellas contrafácticas:

Situación A: actual
Situación B: RB incondicional
Situación C: derecho al trabajo (en los términos definidos)

Creo que ningún argumento lo suficientemente informado podría negar que la situación en términos de justicia social sería mejor en la situación B que en A (tanto en términos de género como de clase u otros ejes de desigualdad). Lo que debería mostrar un defensor del derecho al trabajo como alternativa a la RB es por tanto una de estas dos cosas:
a) O bien que hay una situación C que es como mínimo igual de viable económica y políticamente que la B, y en la que la justicia social es mayor aún que en B,
b) o bien, alternativamente, que siendo la justicia social igual en B que en C, C es más viable económica y políticamente que B.
Soy del parecer de que, hasta la fecha, ninguna de estas dos tesis ha sido demostrada:
así como hay numerosos estudios, cada vez más sofisticados, sobre cómo la RB favorece la justicia social y sobre cómo se podría llevar a la práctica, no ocurre lo mismo sin embargo con las propuestas de “derecho al trabajo”. Creo que hay una razón de fondo para que ello sea así, y es la enorme dificultad con que tropiezan estas propuestas a la hora de pensar en un diseño institucional plausible para las mismas que no arroje resultados contraproducentes o éticamente indeseables. En esta sección intentaré aportar algunos argumentos que refrenden la anterior afirmación.
Partimos ya de entrada de excluir el deber de trabajar en el sentido coercitivo (C1) como algo indeseable éticamente e impracticable en un Estado no totalitario (volver a los horrores de las leyes de pobres y las workhouses isabelinas o de las leyes anti-parásitos de la URSS no puede estar en el programa de ninguna izquierda digna de tal nombre). Adviértase además que, incluso si los defensores del derecho al trabajo lograran fundamentar alguna de las dos tesis citadas, eso no significaría necesariamente que la RB dejase de ser un objetivo viable y deseable (pues, como se vio, no se trata de alternativas necesariamente excluyentes), sino simplemente que deberían dedicarse más esfuerzos estratégicos a la primera opción. Pero, dado que los defensores del derecho al trabajo suelen asumir también las teorías de la reciprocidad, la mayoría de ellos unen tal derecho a un deber de trabajar como condición para obtener rentas (esto es, unen la opción A a la C2). En este caso sí estaríamos ante una alternativa excluyente de la RB. Este es, por tanto, el supuesto que examinaremos, limitándolo además a un programa de “trabajo garantizado” (TG), que es lo más plausible a medio plazo. Algunos de los problemas con que se enfrentaría esta propuesta se enumeran a continuación.

1. Problemas de financiación y de administración
En primer lugar, una garantía estatal de empleo remunerado para todo el que actualmente carece de él implicaría un coste económico y de organización muchísimo mayor que el de una RB (incluso generosa). Dejemos ahora aparte las dificultades de planificar toda esa operación de forma que no dañe la eficiencia económica o ciertas libertades de los individuos a emplear. Sólo pensar en la cifra de empleos “socialmente útiles” que habría que crear produce vértigo, incluso aunque fuese con jornada reducida o parcial: en 1999 había en España, sin ir más lejos, 12’8 millones de personas en edad laboral sin cobrar salario alguno (entre desempleados e inactivos) (Lapuente y Ortiz de Villacian, 2000); si somos benevolentes y descontamos a los menores de 24 años porque suponemos que están estudiando (lo que es mucho suponer), aún nos quedan 8’6 millones de personas. Pero si además contamos a todos aquellos que hoy tienen empleos temporales o precarios, añadimos unos 4’5 millones de personas. De manera que la cantidad de empleos “dignos” y “socialmente útiles” que habría que crear para conseguir un pleno empleo real sin “parasitismo” sería de entre 8’6 millones y 17’3 millones. Algo sencillamente impensable sin una auténtica revolución social o la implantación de un régimen autoritario.
Pero, aunque de algún modo milagroso ello fuese posible, sin duda toda esa operación resultaría mucho más cara que un programa de RB. No se trata únicamente de sufragar los salarios de esos millones de personas (muchos de los cuales deberían ser superiores a la cuantía de una hipotética RB), sino de financiar todo lo que envuelve una relación laboral: formación, instalaciones, infraestructuras, organización y supervisión del trabajo, etc. El enorme volumen de recursos necesario para todo ello se vería incrementado además por unos gastos administrativos y de gestión muy superiores a los de una RB (y a los de los actuales sistemas de prestaciones sociales). El control administrativo de la vida privada aumentaría también al requerirse la realización de trabajo para poder cobrar una renta.
En este sentido, los diversos experimentos de “trabajo garantizado” con parados de larga duración que se han llevado a cabo en algunos países europeos han arrojado resultados bastante decepcionantes (Van Parijs, 1998). Hacer que la gente trabaje por cobrar su renta acaba incrementando, incluso a largo plazo, el coste neto del programa (con el agravante de que cuando se acaba el mismo, los beneficiarios suelen volver a la situación de partida). Parece que todos estos extremos hacen, por tanto, del “derecho al trabajo” una propuesta mucho más improbable política y económicamente que la RB.

2. Las condiciones del derecho al trabajo
Ya se comentó más arriba que la definición de quién sea o no “apto para trabajar” puede acarrear algunos problemas: ¿quiénes podrían reclamar el derecho al trabajo?, ¿podrían los estudiantes o los minusválidos?, ¿y los jubilados?. En cualquier caso, esto parece una cuestión menor en la que se podría llegar a algún tipo de consenso convencional. Sin embargo, hay otras dificultades que no tienen una solución tan fácil: ¿podría suponer el derecho al trabajo una exigencia de viajar o cambiar de residencia para algunos individuos?; ¿sería posible, en este sentido, dar trabajo remunerado “socialmente útil” a todo el que carece de él en su propia área geográfica? Más aún: ¿con qué grado de competencia o eficiencia debería ser llevado a cabo el “trabajo garantizado”, y cuánto habría que hacer, para que se considerase una contribución legítima y generadora de los derechos correspondientes? Además, aún si admitiéramos -como parece de recibo- que muchas actividades hoy realizadas en la esfera doméstica y comunitaria son socialmente útiles y deberían ser remuneradas, ¿cómo las controlaría y supervisaría el Estado para evitar el fraude? (este problema, por ejemplo, se le plantea también a las propuestas de “renta de participación”).

3. La definición de la “utilidad social”
Sería necesario que las autoridades políticas estableciesen algún criterio normativo para decidir qué actividades se consideran o no “socialmente útiles” para ser incluidas en un programa de trabajo garantizado. ¿Cómo decidir lo que constituye una “contribución legítima” al producto social?. Sin duda debería discutirse políticamente, y a ser posible de forma democrática y participativa; pero ello acabaría conduciendo a contradicciones de difícil solución: ¿en base a qué criterios se exigiría una “utilidad social” a los “trabajos garantizados” que no se exige para los empleos en el mercado (como fabricar armas)? Una de dos, o difuminamos totalmente lo que quiere decir “utilidad social”, o llevamos a cabo milagrosamente una revolución mental y social (mucho más amplia e implausible que la que supondría una RB) en virtud de la cual muchas actividades que hoy son empleos “legítimos” deberían dejar de ser consideradas “trabajo” e incluso de ser remuneradas; esto es, debería dejar de considerarse automáticamente como “socialmente útil” todo lo que hoy entra en la categoría de empleo remunerado. Insistamos: ¿por qué permitir que fabricar armas otorgue más derechos que cuidar bonsais, organizar un equipo de baloncesto, o emprender una campaña a favor del pueblo kurdo?.

4. La “calidad” del trabajo y el problema de los trabajos desagradables
Una cuestión importante es la de qué tipo de trabajo podría y debería ser garantizado por un derecho al trabajo asociado a un deber de trabajar. ¿Debería ser un trabajo “adecuado” según las cualificaciones, intereses e historial laboral de cada cual? (como ocurre ahora con las ofertas de empleo cuyo rechazo justifica la retirada del subsidio de desempleo); ¿o, por el contrario, habría que aceptar cualquier empleo “garantizado” que el Estado nos ofreciese? Para decirlo con las palabras de Nickel (1979), ¿supondría el derecho al trabajo la abolición del derecho a la libre elección de un trabajo?; ¿cuáles serían las condiciones de aceptabilidad de un trabajo? Ya hemos hablado de que el trabajo debería ser “digno” y “socialmente útil” (y quizá también con sentido), pero aquí se plantean las propias características intrínsecas del trabajo en relación con la adecuación y la disposición de las personas para desempeñarlo (en términos de cualificaciones, habilidades, e incluso gustos y preferencias personales).
Parece obvio que no siempre -puede que casi nunca- se podría ofrecer un “trabajo adecuado” a las expectativas y cualificaciones de los individuos, con lo que la situación equivaldría a la posibilidad de retirar hoy el subsidio de desempleo o la renta mínima de inserción a sus beneficiarios por no aceptar cualquier tipo de empleo disponible: me temo que los mismos que critican la RB desde la izquierda por fomentar el “parasitismo” se opondrían, sin embargo, a algo semejante (y probablemente con razón).
Este problema nos pone en la pista de otro más peliagudo aún si cabe: el de la diferente “calidad” de los trabajos y la distribución “equitativa” de los trabajos penosos y/o
desagradables. Se ha hablado mucho del “reparto del trabajo”, pero muy poco del justo reparto de las satisfacciones y las penas que los diferentes tipos de trabajo producen; y, sin embargo, esta debería ser una cuestión crucial para cualquier propuesta de izquierda basada en un derecho al trabajo más un deber de trabajar. Si ignoramos este problema, entonces nunca se podrá garantizar trabajo “digno” y “con sentido” para todos, porque, aunque es cierto que la “degradación” es un fenómeno cultural, y que por tanto no hay trabajos “intrínsecamente desagradables”, sin embargo todos podemos convenir en que, al menos en nuestra cultura (y probablemente en muchas otras), hay trabajos inherentemente penosos e insatisfactorios que sin embargo deben ser llevados a cabo, y que, se organicen como se organicen, difícilmente podrán tener atractivo alguno: la recogida de basuras, la limpieza de urinarios públicos, el embalsamamiento de cadáveres, el asfaltar una carretera bajo el sol, etc., no son actividades que puedan producir una satisfacción intrínseca en casi ningún tipo de sociedad. Siempre ha habido -y cabe pensar que seguirá habiendo durante bastante tiempo- trabajos crueles, difíciles de soportar, duros, peligrosos o “sucios”, pero que se consideran “socialmente necesarios”.
¿Qué soluciones se han intentado dar a este problema desde posturas igualitaristas? Sin duda la más radical es la que sostenía sin inmutarse William Morris: si un trabajo continúa resultando repulsivo incluso aunque se realice poco tiempo y ningún cambio en su organización puede remediar ese carácter, entonces “esperemos a ver si los cielos se han de desplomar sobre nuestras cabezas por el hecho de dejar de hacerlo”, porque “el producto de un trabajo tal no puede valer el precio que hay que pagar por él” (Morris, 1885: 197). Otra posibilidad también un tanto extravagante pero probablemente más viable sería la que ha propuesto recientemente, no sin cierto humor, Heredero (1993): establecer un impuesto sobre los trabajos agradables que permita subir los salarios de quienes realizan los desagradables (para saber si un trabajo debe ser considerado “agradable” y, por tanto, gravado, Heredero propone el siguiente test: si alguien no está dispuesto a realizar un trabajo comúnmente considerado penoso -por ejemplo, recoger basuras- aunque se le duplique o triplique el sueldo, entonces es que su trabajo es lo suficientemente agradable como para tener que pagar el impuesto). Existiría aún una tercera estrategia, estudiada por Michael Walzer (1993): el reparto de los trabajos desagradables entre la población según algún criterio de justicia o equidad, con lo que nos moveríamos hacia la idea del “trabajo básico” (TB) como un deber compulsivo de ciudadanía (en la tradición republicana de la corvée de Rousseau). Un sistema de turnos entre todos los ciudadanos para realizar tales trabajos, dice Walzer, sería una posibilidad, como lo sería la obligación de realizar una cierta porción de los mismos a lo largo de la vida. Cabe pensar que si esos trabajos tuviesen que ser compartidos, su penosidad o su “suciedad” descendería, rompiéndose parcialmente la conexión entre trabajo “sucio” y desprecio social. Una alternativa sería estimular su realización con altas recompensas en dinero o en ocio para quienes los lleven a cabo, de forma que resulte más costoso para los demás no compartirlos. Pero todo esto no se podría conseguir sin unas dosis de coerción estatal y de control de la economía y la vida privada que hoy por hoy pertenecen a la política-ficción (o a algunas pesadillas futuristas). Adicionalmente, las capas dominantes siempre podrían encontrar sistemas -a través de diversos fraudes y corruptelas- para evitar realizar su porción de “trabajo duro”. Hay además algunos trabajos duros y peligrosos que sería muy difícil compartir, porque requieren entrenamiento y preparación específica y por sus propias caracterísiticas internas -pensemos, por ejemplo, en el caso de los mineros-. En definitiva, el problema de la “calidad” del trabajo es probablemente uno de los más serios con que se enfrentaría cualquier propuesta de “derecho al trabajo”.

5. Los “undeserving poors”
¿Qué hacer con quienes, a pesar de todo, se nieguen a aceptar los “trabajos garantizados” que les ofrezca el Estado? Un primera opción, la de obligarles coercitivamente a trabajar (C1) ya la descartamos por éticamente indeseable. Una segunda opción sería darles un subsidio de todas formas (con lo que, en la práctica, nos moveríamos hacia una RB incondicional). De modo que, para ser coherentes, sólo nos quedaría una tercera posibilidad: dejarlos a su aire, dado que habrían escogido voluntariamente no trabajar.
Aquí podemos distinguir claramente dos grupos de individuos (ambos presentes en nuestra sociedad): aquellos que deciden no trabajar porque ya disponen de rentas o riquezas suficientes para vivir (vamos a llamarles rentistas), y aquellos que, sin disponer de renta alguna, se siguen negando a trabajar como requisito para obtenerla, esto es, los “pobres no merecederores” de ayuda (undeserving poors). El problema es que 1) la existencia del primer grupo supone una falta de equidad evidente respecto del tratamiento que se da al segundo (si la crítica al parasitismo es realmente coherente, ¿por qué permitir que estos individuos obtengan
renta sin trabajar, o incluso tengan derecho a desgravaciones fiscales, por ejemplo?), y 2) la
existencia del segundo grupo supone la reproducción de la pobreza y la marginación, con lo que no se habría conseguido, después de tanto esfuerzo, el garantizar un mínimo nivel de vida a toda la población.
Las consecuencias de todo eso serían nefastas, pues se volvería en cierto modo a la filosofía de las “leyes de pobres”, que es lo que ya se adivina en muchas de las medidas de tipo workfarista que se están aplicando en casi todos los países occidentales (y a las que se suele oponer con uñas y dientes la misma izquierda que defiende con pasión el “derecho al trabajo” y el deber de trabajar). Si a ello añadimos los problemas ya comentados sobre la “calidad” del trabajo que se podría garantizar, ¿hasta qué punto podríamos distinguir quién es un desempleado “involuntario” y quién no?; ¿está “involuntariamente” desempleado quien rechaza un trabajo de vigilante nocturno o servicio doméstico, pero no rechazaría sin embargo uno de animador turístico o de redactor en un diario local? Me temo que ante todas estas contradicciones una izquierda coherente tendría que acabar defendiendo, a la postre, algún tipo de subsidio o transferencia pública para estos individuos, con lo que ¿cuán lejos -o cuán cercaestaríamos entonces de la filosofía de una RB incondicional?

6. El problema del reconocimiento social
Hemos dicho más arriba que si el derecho al trabajo tiene algún sentido independiente del derecho a una renta, debe ser porque otorgue un cierto derecho al “reconocimiento social” o a la “participación” en la esfera económica pública, que permitan al ciudadano mantener alguna autoestima como miembro de pleno derecho de la comunidad. Ya hemos dejado entrever, sin embargo, cuán problemático puede resultar garantizar algo semejante.
Muchos analistas han coincidido en señalar que un modelo de “trabajo garantizado” por el Estado tendería a crear una notable dualización entre los empleados en el mercado y los que se deben acoger al programa de empleo público, debido a la baja calidad y los bajos salarios que este programa podría ofrecer. Ello redundaría en una escasa motivación por parte de los así empleados, que no sería precisamente una fuente de autoestima duradera. La creación de muchos “empleos falsos” o “artificiales” para los que no existiese una demanda real no promovería el reconocimiento sino más bien la frustración. Varios experimentos en este sentido parecen probar la anterior afirmación: en Bélgica, por ejemplo, se habla popularmente de un “tercer circuito” de trabajadores para referirse a los acogidos a este tipo de empleo (y recuérdense las contradicciones de la famosa “Prestación Social Sustitoria” que ha existido hasta hace bien poco en el Estado español). Como afirma Van Parijs (1998), “un trabajo de caridad no es mejor para la autoestima y la estima de los demás que una renta de caridad”; también Hepple (1981) nota que cualquier intento de implantar un modelo de “trabajo garantizado” probablemente acabaría consistiendo, en el fondo, en un derecho a la asistencia social (bajo el eufemismo del “derecho al trabajo”).
Parece, por tanto, que hay que tomar en serio el famoso argumento de Elster (1988) al respecto: intentar crear reconocimiento o autoestima administrativamente sería una política necesariamente contraproducente, puesto que el reconocimiento o la autoestima son esencialmente subproductos, no pueden ser producidos como consecuencia de una estrategia deliberada. Si el valor más importante del trabajo es que proporciona autoestima y reconocimiento social, entonces no se puede justificar un derecho al trabajo garantizado que precisamente socavaría la posibilidad de proporcionarlos. El reconocimiento, mal que nos pese, no se puede garantizar como un derecho, y mucho menos como un derecho legalmente establecido, de la misma forma que no podemos establecer un “derecho a ser amado” (Van Parijs, 2000). Lo que se debe garantizar es el igual respeto por las diversas concepciones de la buena vida y una distribución justa de los medios para perseguirlas, de forma que los ciudadanos sean capaces de construir los equilibrios que prefieran entre el reconocimiento, el tiempo libre, el trabajo o el consumo; dicho en términos de Van Parijs, que sean capaces de decidir en qué medida les preocupa el reconocimiento (o el reconocimiento ligado al trabajo, que sin duda no es el único reconocimiento social posible).
Recapitulemos: el derecho al trabajo, combinado con un deber de trabajar como requisito para obtener una renta, si significa lo que debiera significar para la izquierda, parece una estrategia mucho menos viable económica y políticamente que la RB, además de que previsiblemente produciría efectos contraproducentes y contradicciones éticas bastante insolubles. Quizá debamos hacer caso a Elster (1988), por tanto, cuando dice que cualquier derecho al trabajo que podamos crear de forma viable no sería un derecho al trabajo que valiese la pena tener.

Conclusión: ¿Es la Renta Básica una “vía indirecta” hacia el derecho al trabajo?
Volvamos ahora la mirada, para terminar, hacia la RB incondicional. ¿Realmente se trata de una propuesta tan alejada de las preocupaciones de quienes defienden el “derecho al trabajo”? Intuyo que no es así: en el fondo, y como ya se ha sugerido, la RB podría ser una manera mucho más eficiente y viable de incrementar el acceso al empleo para gran parte de la población, al tiempo que se fomente un mejor reparto del mismo y un mayor grado de equidad y reciprocidad social. Los partidarios de la RB de ningún modo creen que el acceso de la población a un trabajo remunerado y reconocido socialmente no sea un objetivo valioso, sino que, al contrario, se preguntan por la mejor manera de posibilitarlo. No puedo extenderme aquí en fundamentar en detalle esta afirmación, así que baste con enumerar, a título indicativo, algunas ventajas que la RB podría suponer en el sentido apuntado (y partiendo de que seguirían existiendo fuertes incentivos para trabajar: cfr. supra, nota 6):
a) La RB no discriminaría entre quienes realicen empleo remunerado y quienes lleven a cabo trabajo doméstico o voluntario: todos recibirían una renta, con lo cual aumentaría el grado de equidad y reciprocidad real.
b) La RB podría estimular un cierto “reparto espontáneo” del empleo remunerado, al hacer posible y deseable para muchos individuos el trabajar menos horas, de tal modo que otros puedan cubrir el “espacio” que ellos dejan libre (en este sentido, hay que evitar una vez más las falacias de composición: el hecho de que la RB pueda incentivar una menor dedicación al empleo por parte de algunos individuos no implica en absoluto que el volumen total de horas de trabajo remunerado de una economía descienda, sino que bien puede ocurrir lo contrario).
De rebote, ello podría inducir también un mejor reparto del trabajo doméstico.
c) La RB permitiría un mayor acceso al empleo remunerado para muchos individuos, de varios modos: 1) suprimiría la famosa “trampa del desempleo”, dado que, al ser acumulativa respecto de cualquier ingreso adicional, la tasa impositiva marginal sobre el mismo se reduciría del 100% que es hoy habitual al 0%; 2) permitiría una mayor flexibilización del mercado de trabajo (por ejemplo en términos de tiempos) que no se tradujese en desprotección e inseguridad social, como ocurre en la actualidad; 3) haría más factible para muchas personas el aceptar determinados tipos de trabajos que pueden ser demandados e incluso atractivos, pero que por su baja productividad son mal pagados.
d) Observemos el siguiente argumento de Van Parijs (1998): un derecho al trabajo no podría sostenerse hoy sin subsidios masivos a las empresas por parte del Estado; bien, pues “la Renta Básica es precisamente una estrategia que intenta proveer del derecho a una renta para todos, pero sin comprarlo a costa del derecho al trabajo, sino que consiste en distribuir subsidios al empleo directamente en las manos de los empleados potenciales para que ellos (y no los empresarios) puedan decidir qué empleos merecen el subsidio”.
e) En una sociedad con RB, por tanto, habría más posibilidades de que los individuos obtuvieran reconocimiento social y autoestima a través de los distintos tipos de trabajo que realizasen, dado que estos no serían trabajos “artificiales” garantizados por el Estado como “asistencia” a los desempleados. Añádase a esto el hecho más que probable de que, al aumentar la fuerza negociadora del empleado potencial merced a la RB, los salarios de los trabajos desagradables deberían subir -o sus condiciones hacerse más aceptables- para generar una oferta de trabajo suficiente. La RB implicaría aumentar la posibilidad de elección de un trabajo (en vez de estancar a la gente en la “trampa del desempleo” o en trabajos absurdos garantizados de forma workfarista).
En definitiva, parece que la RB es en realidad una garantía más viable de acceso al empleo y de mayor reconocimiento del empleo hoy precario y del trabajo que se realiza fuera del mercado, sin necesidad de control administrativo, ni de vincular la supervivencia material al trabajo remunerado. Si la sociedad no garantiza la posibilidad de trabajar en igualdad de
condiciones, no puede exigir la obligación de hacerlo; pero en una sociedad industrial compleja como la nuestra, hay motivos para suponer que algo semejante no se puede garantizar por ley sin que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. En ausencia de un mundo ideal, las propuestas de RB constituyen una vía más que razonable entre el pragmatismo resignado y la aspiración utópica a una “sociedad perfectamente ordenada”. Espero haber mostrado, simplemente, que las posibilidades abiertas son variadas, que los defensores y los críticos de izquierda de la RB no están tan alejados como a primera vista (les) puede parecer, y que la RB puede ser un modo de alcanzar objetivos comunes de un modo más equilibrado que mediante un hipotético “derecho al trabajo”.

.
Referencias bibliográficas
Atkinson, Anthony B. (1996): “The Case for a Participation Income”, The Political Quarterly, vol. 67, nº 1 (enero-marzo).
Arneson, Richard J. (1987): “Meaningful Work and Market Socialism”, Ethics, nº 97 (abril).
Arneson, Richard J. (1990): “Is Work Special? Justice and the Distribution of Employment”, American Political Science Review, vol. 84, nº 4 (diciembre).
Becker, Lawrence C. (1980): “The Obligation to Work”, Ethics, nº 91 (octubre).
Castel, Robert. (1995): Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris, Fayard.
Coenen, Harry & Leisink, Peter (eds.) (1993): Work and Citizenship in the New Europe.
Aldershot (Hauts), Edward Elgar.
De Francisco, Andrés (1991): “Subsidio universal garantizado: ¿«Una vía capitalista al comunismo»?”, en VV.AA., Una vía capitalista al comunismo. El salario social garantizado. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
De Wispelaere, Jürgen. (2000): Universal Basic Income: Reciprocity and the Right to Non-
Exclusion. CISC Occasional Paper (Londres, Citizens Income Study Centre).
Elster, Jon. (1988): “¿Is There (or Should There Be) a Right to Work?”, en Amy Gutmann (ed.), Democracy and the Welfare State. Princeton (N.J.), Princeton University Press.
Fitzpatrick, Tony (1999): Freedom and Security. An Introduction to the Basic Income Debate. Londres, MacMillan.
Gibson, Tony (1983): “Who will do the dirty work?”, en Vernon Richards (ed.), Why Work?
Arguments for Leisure Society. London, Freedom Press.
Gisbert, Rafael y Raventós, Daniel (1997): “El subsidio universal garantizado: notas para
continuar con razones”, Mientras tanto nº 67 (invierno).
Gorz, André. (1989): Metamorfosis del trabajo. Madrid, Sistema, 1995.
Gorz, André. (1991): Capitalismo, socialismo, ecología. Madrid, HOAC, 1995.
Gorz, André. (1992): “On the Difference between Society and Community, and Why Basic
Income Cannot by Itself Confer Full Membership of Either”, en Philippe Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform. London, Verso.
Groot, L.F.M. (1999): Basic Income and Unemployment. La Haya, Netherlands School for Social and Economic Policy Research.
Hanagan, Michael (1997): “Citizenship, claim-making, and the right to work: Britain, 1884-1911″, Theory and Society, vol.26, nº 4 (agosto).
Hepple, Bob. (1981): “A Right to Work?”, Industrial Law Journal nº 10.
Heredero, José Luis. (1993): “Repartir el trabajo”, Claves de Razón Práctica, nº 35
(septiembre).
Jackson, William A. (1999): “Basic income and the right to work: a Keynesian approach”, Journal of Post Keynesian Economics, vol.21, nº 4 (verano).
Keane, John & Owens, John. (1986): After Full Employment. London, Hutchinson.
Keane, John & Owens, John. (1986/87): “The full employment illusion”, Critical Social
Policy, 18 (6/3).
Keane, John & Owens, John. (1988): “The political dangers of a statutory right to work”,
Critical Social Policy, 21 (7/3).
Krebs, Angelika (2000): “The Humanitarian Justification of Basic Income”. Ponencia
presentada en el 8º Congreso del BIEN (Berlín, 6-8 de octubre).
Lapuente, Jordi y Ortiz de Villacian, Daniel (2000): “Las políticas laborales”, en Adelantado, José (ed.), Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España. Barcelona, Icaria-UAB.
Levine, Andrew (1995): “Fairness to Idleness: Is There a Right Not to Work?”, Economics & Philosophy, vol.11, nº 2.
Martínez, Francisco José (1991): “Deseabilidad y viabilidad de un ingreso universal incondicional”, en VV.AA., Una vía capitalista al comunismo. El salario social garantizado. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.
Meda, Dominique (1995): Le travail. Une valeur en voie de disparition. Paris, Aubier.
Morris, William (1885): “Trabajo útil vs. trabajo inútil”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 66 (1994).
Nickel, James W. (1979): “Is There a Human Right to Employment?”, The Philosophical
Forum, vol.10, nº 2-4 (invierno-verano).
Noguera, José Antonio (1997): “La fi de la societat del treball?”, Nous Horitzons, nº 148
(invierno).
Noguera, José Antonio (1998): La transformación del concepto de trabajo en la teoría social: la aportación de las tradiciones marxistas. Tesis doctoral. Bellaterra,
Universitat Autònoma de Barcelona.
Noguera, José Antonio (2001a): “El problema de la definición del trabajo”, en V. Farías, J. Ibáñez y J. A. Noguera (eds.), La edad del trabajo. Ideas y estrategias para repensar un concepto central de la Modernidad (en preparación).
Noguera, José Antonio (2001b): “La Renta Básica y el principio contributivo: qué puede justificar el mantenimiento de rentas (si hay algo que pueda hacerlo)”, en Daniel Raventós (ed.), La Renta Básica. Barcelona, Ariel (en prensa).
Offe, Claus (1997): “Precariedad y mercado laboral. Un análisis a medio plazo de las respuestas políticas disponibles”, en VV.AA., ¿Qué crisis? Retos y transformaciones de la sociedad del trabajo. Donostia, Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa.
Pahl, R. E. (1984), Divisiones del trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
Pixley, Jocelyn. (1993): Citizenship and Employment. Cambridge, Cambridge University Press.
Raventós, Daniel (1999): El derecho a la existencia. La propuesta del Subsidio Universal Garantizado. Barcelona, Ariel.
Raventós, Daniel (2000): “Concepte de treball, mercat de treball i Subsidi Universal Garantit”, Perspectiva social, nº 44.
Rawls, John (1988): “The Priority of Right and Ideas of the Good”, Philosophy & Public Affairs, vol. 17, nº 4.
Riechmann, Jorge. (1996): “Sobre trabajar, comer, holgar y liberarse: el debate acerca del subsidio universal incondicional”, Mientras tanto, nº 64.
Rustin, Michael. (1983): “A Statutory Right to Work”, New Left Review nº137 (January/February).
Rustin, Michael. (1986/87): “The non-obsolescence of the right to work”, Critical SocialPolicy, 18 (6/3).
Rustin, Michael. (1988): “Full employment or post-employment?”, Critical Social Policy, 18 (6/3).
Sanzo, Luis (2001): “Líneas de actuación para el impulso de una Política de Garantía de Ingresos”, en Daniel Raventós (ed.): La Renta Básica. Barcelona, Ariel (en prensa).
Schaller, François-X. (1946): Le droit au travail. Porrentruy, Editions des Portes de France.
Schwartz, Adina (1982): “Meaningful Work”, Ethics, nº 92 (julio).
Sempere, Joaquim (2000): “Más sobre el subsidio universal”, Mientras tanto, nº 77.
Tanghe, Fernand (1989): Le droit au travail entre histoire et utopie. Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis.
Van der Veen, Robert J. (1998): “Real Freedom versus Reciprocity: Competing Views on the
Justice of Unconditional Basic Income”, Political Studies, vol. XLVI.
Van der Veen, Robert J. y Van Parijs, Philippe (1987): “Una vía capitalista al comunismo”,
Zona Abierta, nº 46-47, 1988.
Van Parijs, Philippe (1990): “Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income”, Philosophy & Public Affairs, vol. 20, nº 2.
Van Parijs, Philippe (1993): Marxism Recycled. Cambridge, Cambridge University Press.
Van Parijs, Philippe (1995): Libertad real para todos. Qué puede justificar al capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo). Paidós, Barcelona, 1996.
Van Parijs, Philippe (1997): “The Need for Basic Income: An Interview with Philippe Van
Parijs”, Imprints. A Journal of Analytical Socialism, vol.1, nº 3 (marzo).
Van Parijs, Philippe (& The Futurework Network) (1998): Basic Income and the Future of Work. An Internet Dialogue. Working Paper de la Cátedra Hoover (DOCH), Universidad Católica de Lovaina, septiembre.
Van Parijs, Philippe (2000): “Real Freedom, the Market and the Family. A Reply”, Analyse und Kritik, vol. 22, nº 2.
Walzer, Michael (1983): Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality. Oxford,
Martin Robertson.
White, Stuart (1997): “Liberal Equality, Exploitation, and the Case for an Unconditional Basic Income”, Political Studies, vol. XLV.
White, Stuart (2000a): “Rediscovering Republican Political Economy”, Imprints. A Journal of Analytical Socialism, vol. 4, nº 3 (primavera).
White, Stuart (2000b): “Social Rights and the Social Contract -Political Theory and the New Welfare Politics”, British Journal of Political Science, vol.30, nº 3 (julio).
Widerquist, Karl (1998): “Reciprocity and the Guaranteed Income”. Ponencia presentada en el 7º Congreso del BIEN (Amsterdam, 10-12).
Widerquist, Karl (2000): “Citizenship or obligation: Discussing the eligibility requirement for basic income”. Ponencia presentada en el 8º Congreso del BIEN (Berlín, 6-8 octubre).
Young, Iris (2000): “New Disciplines of Work and Welfare”, Dissent (verano).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s