SORTU

Tres obviedades sobre Batasuna

Ignacio Escolar

La primera:

Los partidos son ilegales si incumplen la ley, no si nos disgustan sus ideas.

La segunda:

Esa “cuarentena” que pide la derecha no existe ni en la ley de Partidos ni en el Código Penal ni en ninguna otra ley conocida. ¿Acaso hubo cuarentena para los herederos políticos de la dictadura?

La tercera:

Son los jueces quienes pueden ilegalizar un partido, no el Gobierno o la oposición. Subrayo esta última evidencia porque en negarla coinciden tanto Batasuna como el mismísimo PP, que tolera y hace suyas las tesis paranoides de Mayor Oreja. Para evitar que los abertzales se presenten, el Gobierno no puede hacer mucho más de lo que ya hace: enviar los estatutos a la Fiscalía y después pedir su ilegalización. Pero será el Supremo y el Constitucional quienes decidan, no Rajoy o Zapatero.

Dentro de unos años, si es que todo sale bien y ETA se acaba, costará poner fecha precisa a la noticia. Más que una foto final, será una sucesión de pequeños grandes momentos históricos. El de estos días pasados es uno de ellos, uno importante: por primera vez, Batasuna rompe con la violencia de ETA, se desmarca claramente de la tutela de la banda terrorista e incluso tiene palabras para el “reconocimiento y la reparación de las víctimas”. Los estatutos que han presentado para constituir un nuevo partido han ido mucho más allá de lo que se esperaba, por mucho que haya quien minimice este paso.

Se puede discutir sobre Batasuna y los intangibles: la sinceridad, la buena voluntad, el arrepentimiento, la credibilidad… Es difícil tener fe después de la T-4. Pero con estos estatutos y estas declaraciones, los tribunales tienen muy pocos argumentos para mantener esta situación de excepcionalidad democrática: la ilegalización de un partido político.

ETA O EL PARTO DE LOS MONTES

Tras larga espera y grandes espectativas (se esperaba algo más que la cansina letanía habitual), hoy con la coreografía habitual de la Santísima Trinidad y con capuchas mas fashion, nuestros liberadores nos han dicho que de forma “permanente y con carácter general” (calíficativos ambiguos que ellos administrarán) no nos van a matar.

Foto: EP

Bueno, que no nos van a matar…

– Por ahora (no dicen cuanto tiempo dura la permanente o cuanta vida nos regalan).

– Si todos hacemos lo que nos dicen que hay que hacer (estados, ciudadanos, “agentes políticos y sociales”).

– Si reconocemos que el problema es el “secular conflicto político” y no que ellos matan a gente.

– Si no les tocamos los cojones (eso no lo dicen exactamente así, pero se desprende del mandato que nos entregan y de su praxis habitual).

Así que, realmente yo no sé si no saben cómo cerrar la puerta y estan haciendo tentativas, o si realmente todavía creen que tienen mucha tarea por hacer, y entonces démonos por jodidos.

AQUÍ TAMBIÉN SE TORTURA

Tal como confirma la reciente sentencia que condena a cuatro guardias civiles:

Según la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, los cuatro guardias civiles amenazaron a los miembros de ETA y los trasladaron por separado a un río, del municipio de Aramaio, para buscar un lugar que, “facilitando su impunidad, les permitiera humillar, castigar y vengarse de los detenidos, física y moralmente, por su pertenencia a ETA. A Sarasola le colocaron una pistola en la sien con la que hicieron el ademán o gesto de dispararle, y le tiraron explanada abajo, momento en que aprovecharon para golpearle”. Según el tribunal, los agentes le subieron después hasta donde estaban los patrol, cuyas puertas utilizaron para golpearle en el hemitórax: “El castigo físico gratuito a quien ya estaba detenido”.
Según la sentencia, Portu también fue conducido “a empujones, fuera del vehículo, hasta llegar a la altura del río, donde, en dos ocasiones al menos, le sumergieron la cabeza en el agua (…) Este episodio tuvo una duración prolongada de media hora más o menos, sólo destinada a agredirle, física y psicológicamente, en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA”.

LO VENÍA DICIENDO AMNISTÍA INTERNACIONAL EN SUCESIVOS INFORMES ANUALES:

“En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

Bin Laden tiene piso en Caracas

Isaac Rosa,  en Público

“El gobierno de Hugo Chávez no sólo da amparo y cobijo a los etarras, sino que también les asesora, adiestra y les prepara para cometer atentados.” -Carmelo Barrio, Diputado del PP en el Parlamento Vasco-

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No sé qué hacen buscando a Bin Laden en desiertos remotos y montañas lejanas, cuando es de sobra conocido que el líder de Al Qaeda vive en Venezuela, protegido por el gobierno venezolano (perdón, el régimen venezolano, o sea, el régimen de Chávez, es decir, la dictadura chavista). ¿Qué no me creen? Vale, pero no me negarán que al menos es verosímil. Hagan la prueba con sus amistades, díganles que en el telediario han contado que Bin Laden está en Venezuela, y ya verán como no ponen mucha cara de sorpresa.

La verosimilitud se construye a base de años lanzando mensajes que apuntan a la Venezuela de Hugo Chávez como la capital del mal universal, donde caben todos los villanos que en el mundo son. Hoy toca ETA, ayer las FARC, pero también se le ha querido vincular con los planes atómicos de Irán, con Hezbolá, y sí, con Al Qaeda, que recuerdo unas informaciones hace años sobre campos de entrenamiento de Bin Laden en el país.

Ayer un diario español comenzaba su información así: “Una vez más, las siglas de ETA se unen al Gobierno de Hugo Chávez.” En efecto, de eso se trata, de conseguir a toda costa que aparezcan Chávez y ETA en la misma frase. Para eso basta la declaración de un terrorista durante el período de incomunicación, porque por lo visto los terroristas nunca mienten al ser interrogados. ¿Nunca mienten? No sé, yo prefiero no creerme lo que dicen, porque hay muchos precedentes de acusaciones en el aire (ahí está Egunkaria, donde había incluso supuestos documentos); pero sobre todo porque, por coherencia, si creo a un etarra cuando apunta a Venezuela, también debería creerle cuando horas después denuncia torturas. ¿En qué quedamos, les creemos o no?

Que unos cuantos etarras se entrenasen en Venezuela tampoco sería tan extraño, pues allí cuentan con una buena colonia que les dé cobertura, y en Francia ya está muy complicado. Pero incluso si así fuera, hay un salto enorme entre decir “entrenados en Venezuela” y “entrenados por Venezuela”; salto que ayer daban muchos sin vértigo alguno. Pero con Chávez, contra Chávez, vale todo. Y además es verosímil.

CHÁVEZ NO AMPARA A ETA

Juan Carlos Escudier en Público

Dos presuntos etarras han declarado haber recibido adiestramiento en Venezuela en un curso organizado por un viejo activista de la banda, Arturo Cubillas, que trabaja en la Administración de aquel país. Quienes crean haber encontrado la prueba de la connivencia entre Chávez y ETA deberían conocer antes otras cosas. La primera es que buena parte de los etarras que viven en Venezuela se instalaron hace casi 30 años, entre ellos el ya citado Cubillas, deportado desde Francia en 1989. Allí se casó, montó un restaurante con el nombre de su comando –Oker- y ya desde 1995, cuatro años antes de que Chávez llegara al poder, era citado por el ABC como “el gallito de la comunidad etarra”.

Cubillas, es cierto, tiene un puesto menor en el Ministerio de Agricultura, empleo que probablemente deba a su mujer, la periodista de origen vasco Goiceder Odriozola, quien ha ocupado diversos cargos en Venezuela, entre ellos el de directora de relaciones institucionales del Ministerio para el Deporte. Odriozola gozaba de alguna influencia política años antes del ascenso de Chávez. ¿La prueba? El diario antes aludido relataba que en 1995 la Policía detuvo a Cubillas por incumplir el trámite de presentarse mensualmente ante las autoridades y no pudo hacer lo mismo con su señora porque tres congresistas acudieron a su domicilio y lo impidieron.

¿Colabora Venezuela con la Justicia española? Hasta el punto de haber deportado ilegalmente a España a dos etarras en 2002. A raíz de aquella acción, Chávez trató de evitar la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indemnizando a los deportados y nacionalizando a otros cuatro etarras, pero desistió de su propósito por indicación del Gobierno español.  ¿Extraditará Venezuela a Cubillas? Pues no, porque el etarra tiene la nacionalidad venezolana y su Constitución lo prohíbe. Sólo podría ser entregado si los delitos que se le atribuyen fueran anteriores a su naturalización, aunque eso no excluye su enjuiciamiento a solicitud de España.

A Venezuela se le pidió el favor de acoger etarras hace tres décadas y lo hizo. En ese tiempo, unos rehicieron sus vidas, otros continuaron vinculados a la banda y un tercer grupo buscó allí refugio por su cuenta. A Chávez se le puede pedir colaboración, pero  sería injusto acusarle de connivencia.

ETA vuelve a sus sermones

ETA (o lo que quede de esta cuadrilla de trastornados libertapatrias) ha hecho público hoy un mensaje, en el que al modo tradicional de sus “homilías a los fieles”, entre mucha palabrería autojustificativa y disfrazados de eusko-nazarenos, nos viene a decir lo siguiente:

1 – Que son mu buenos, mu buenos. Que lo que hacen, sólo lo hacen por nuestro bien, para “liberarnos” a los vascos a pesar de los grandes sufrimientos y gastos que les genera esta ingente tarea. (¡¡Les cuesta un pico!!)

2 – Que están construyendo Euskal Herria, que es una labor muy importante en la que llevan medio siglo. (Esto, la verdad es que no lo entiendo. Al de “mecagüen”, le costó sólo siete días construir el mundo entero y para esto que es una cosita de nada en una esquina del mundo llevan 50 años. Creo que o lo hacen mal o se tocan las pelotas en su trabajo)

3 – Que siguen manteniendo esta responsabilidad liberadora. (Que al menos yo, no se quién se la ha dado o quién fué a decirles que se encargaran de ésto).

4 -Que hay un conflicto que se encuentra en una encrucijada y que es el momento de cambiar el marco autonómico para obtener su resolución. (En esto, es verdad que les gusta el arte y llevan tiempo trabajando en lo que viene siendo el tema de las enmarcaciones, marquetería y taracea, al parecer queriendo cambiar algunos “marcos” que según ellos deben estar feos o se han quedado anticuados).

5 – Que el Estado español es mu malo, mu malo y que ejerce una ofensiva fascista y ellos no porque son mu buenos, mu buenos y buscan la resolución democrática de ese conflicto, que ellos saben resolverlo mejor que nadie. (Esto debe ser verdad, ya que siendo los autores del conflicto o eso, seguro que saben como resolverlo).

6 – Que el cambio político es posible. (Estos zumbados igual quieren ponernos a Rajoy)

7 – Que sin confrontación no se puede superar ésto. (En esto también tienen razón, porque ya dijo el clásico “Pá qué discutir, si lo podemos resolver a hostias”).

8 – Y finalmente, que como son mu buenos, mu buenos, por ahora no nos van a matar. Pero que no les cabreemos, porque si les hinchamos los cojones…

(Claro, como tienen que liberarnos).

Cómo trataron los medios en su día, el cierre de Egunkaria

Egunkaria, ¿y la reparación?

Javier Vizcaino en Público

No sólo lo recuerdo. También lo guardo en mi archivo de los horrores. Al poner la radio aquel 20 de febrero de 2003, Luis del Olmo, entonces señor de las mañanas de Onda Cero, me atizó este directo al hígado: “En Euskadi están desmantelando a estas horas el aparato de captación de la banda criminal ETA, el diario Egunkaria”. Con su proverbial facundia, el cacareador hoy venido a menos inquirió a uno de sus palmeros opinativos: “No sé si conocías este panfleto”. Ni puñetera idea tenía el fulano.

Aturdido e indignado, pero dueño de mis actos, quise meterme en la boca del lobo episcopal. El futuro eurodiputado del PP, Luis Herrero, auriga de aquel programa moderado en comparación con lo que vendría después, tenía el tafanario hecho pepsicola: “Me da igual dónde trabajen. Esta operación, en todo caso, es una buena noticia y como tal hay que saludarla”. Y entró la cuña correspondiente: “Auna patrocina la buena noticia del día”.

¿Denuncias de tortura? ¡Qué risa!

Cuatro días después, algunos de los detenidos denunciaron haber sido víctimas de torturas. Manuel Antonio Rico, voceador nocturno de la Radio Nacional aznaril, se lo tomaba a guasa: “Yo lo de la bolsa, por un lado, no sé en qué consiste. ¿Qué es eso de la bolsa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha sido torturado alguna vez?” Y claro, ahí estaba la divertida Curri Valenzuela: “Cuando has dicho eso de que dice este etarra o lo que sea, o director de periódico, que le habían torturado obligándole a decir quinientas veces que España empezaba en Irun y terminaba en Algeciras, yo iba en el coche y he dicho en alto: ‘mira, quinientas veces, no, pero una o dos que lo tuviera que decir, tampoco le pasaba nada’, ja, ja, ja”.

El jolgorio duró meses. En otoño de aquel negro año, sin media prueba más, Román Cendoya, garganta de alquiler de la radio pública con bigotillo, aullaba: “Hay que sentir vergüenza de que se utilice un periódico como instrumento terrorista. Esto era un zulo. Esto era un instrumento de la ETA, un arma tan arma como las pistolas”.

En las mismas ondas, Isabel Durán se engorilaba: “La realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA, se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno. Hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba a ETA”. Este lunes la aún llamada Justicia concluyó que de eso, nada de nada. Absolución, sí. Pero, ¿y la reparación?

CASO EGUNKARIA, O COMO UN JUEZ -UNA VEZ MÁS- PUEDE HACER UN DAÑO IRREPARABLE

Ahí tenemos la sentencia.

Siete años se han tomado para decir que no hay NADA DE NADA en este asunto. Tras cerrar un medio de comunicación, dejar 180 trabajadores en la calle, someter a cárcel a sus directivos, y todo ello por el desaforado celo de la guardia civil y un inepto juez instructor alentados por aquella nefasta política del PP de la última época en la que gobernó y en la que se dedicó axfisiantemente a judicializar todo lo que se le antojaba pudiera estar en “el entorno del entorno de ETA”, u otro entorno cercano o inventado.

Como es costumbre, detrás de todo ello se habían personado al juicio como acusación popular las organizaciones ultraderechistas  Dignidad y Justicia (DyJ) y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La sentencia valora abiertamente el nivel de ineptitud del juez instructor con perlas como éstas:

– La orden de cierre del diario Egunkaria “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara”

– El diario no era una herramienta de ETA, y el simple análisis de la línea informativa “permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos”

– Las acusaciones fueron incapaces de acreditar “ni directa ni indirectamente” que Egunkaria defendiera los postulados de la banda terrorista, “haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas, ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado”. ” Esto último, además, no sería delictivo”.

– Los editoriales de Egunkaria ni  defendían “los postulados de ETA” ni mucho menos se escribían por “órdenes de ésta”. En conclusión:  no cabe interpretar que los procesados “fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas” de la banda armada.
Es preciso recordar que, a pesar de que la fiscalía en el 2006 ya pedía el archivo de la causa por no apreciar ningún indicio delictivo, el gran Marianorajoy pedía en enero del 2007 “la mayor pena posible para los encausados”.

El pasado de Mayor Oreja (I)

 RAFAEL GONZALEZ MORERA en su bog "Mojo con Morea" 

Las acusaciones de Jaime Mayor Oreja, eurodiputado y dirigente del Partido Popular, a José Luis Rodríguez Zapatero acusándole que está “compinchado” con ETA, entra dentro de las pautas de la más pura paranoia política, y en este caso también humana. Según el político ultra conservador vasco, la hipotética alianza de Zapatero con ETA tendría dos fases, la primera las elecciones locales de 2011, en las cuales el Gobierno socialista hará lo posible para que ETA esté presente en los ayuntamientos vascos, y luego en las elecciones generales de 2012 la banda terrorista le devolvería el favor a Zapatero ayudándole a ganar las elecciones. No aclaró si los etarras ayudarán al Partido Socialista pegando tiros y poniendo bombas por toda la geografía española.

Los delirios políticos de Mayor Oreja sólo ha tenido de momento unas suaves criticas de Antonio Basagoiti, líder del Partido Popular en Euskadi, y socio de Patxi López en el pacto entre PSOE y PP en aquella comunidad autónoma, y también el desmarque de Manuel Fraga Iribarne, que calificó de contraproducentes las afirmaciones de Mayor Oreja. De momento, Mariano Rajoy no ha dicho esta boca es mía, y no sabe/no contesta sobre el asunto/trasunto, que tiene una gravedad inaudita. No hay que olvidar la catadura de este personaje, que declaró hace poco tiempo que “con Franco se vivía plácidamente”, poniendo sobre el tapete su talante fascista, como es conocido en el País Vasco . La arremetida de Jaime Mayor Oreja viene a confirmar cual será la política del Partido Popular si llegase de nuevo a gobernar en España, sembrar de pánico y discordia, arremeter contra jueces, fiscales y policías, para conseguir su objetivo fundamental de controlar el Poder, distraer de la atención pública la trama mafiosa de la operación Gürtel, que de seguir adelante en las investigaciones podría poner al Partido Popular contra las cuerdas.

Pero resulta cuando menos saludable recordar cual ha sido la senda tenebrosa de Mayor Oreja incluso en relación a la lucha antiterrorista. Está claro que si siguen las armas hablando en Euskadi es porque ETA no quiere dejarlas en silencio. Pero es curioso, incluso sospechoso, que los hermanos de Jaime Mayor Oreja, Carlos y José Maria, sean los máximos accionistas de una importante empresa de seguridad privada que entre otras cuestiones de seguridad se dedica a contratar escoltas para políticos y cargos públicos en el País Vasco.
En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz. El peneuvista había denunciado que la familia del popular tenía intereses en el sector de las empresas de seguridad privada y relacionaba esta circunstancia con la negativa de Interior a negociar con el Gobierno vasco la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza para proteger a los amenazados por terrorismo. Jaime Mayor Oreja perdió una querella en el Juzgado de Primera Instancia de Álava y después la Audiencia provincial desestimó la demanda al considerar que no se había quebrado el derecho al honor de Mayor Oreja, entre otras cosas “porque las imputaciones son veraces, por haber sido indagadas con suficiente diligencia”. Los jueces dieron por probada la participación del ministro de Interior en Eulen, compañía que gestiona empresas de seguridad privada, y detallaron las vinculaciones societarias de sus hermanos José María y Carlos en otras empresas de seguridad a través de la intermediaria Estudios y Experiencias S.L, concretamente Prosegur, Prosesa y Protexa. El hermano de Jaime Mayor Oreja, José María, ha sido presidente de dos compañías de seguridad, Falcón Contratas y Seguridad S.A., y Falcón Servicios de Seguridad Integral S.A., y miembro del Consejo de Administración de una empresa de seguridad intermediaria, Cobra Sistemas de Seguridad S.A. También José María fue apoderado de Protección y Custodia S.A. Asimismo el otro hermano Carlos, aparece como miembro ejecutivo en la mayoría de estas empresas. Pero para que la cosa quede todo en familia, la hermana del exministro del Interior (¡qué miedo!), Purificación Mayor Oreja, fue socia de la empresa Estudios y Experiencias S.L., y el tío Marcelino Oreja es apoderado de Falcón y Contratas de Seguridad. Como ven, familia que hace negocios unida, permanece unida. En relación a la demanda en el Juzgado de Vitoria, Jaime Mayor Oreja y también Mariano Rajoy, que como su sucesor en Interior le había secundado en aquella demanda, tuvieron que pagar las costas procesales. Mayor Oreja insistió e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que fue desestimado por la máxima instancia judicial.“En el curso del procedimiento se consideró probado que los demandantes, miembros de la familia Mayor Oreja, habían pertenecido como apoderados, administradores o accionistas, a diversas compañías de seguridad privada y que en el momento de presentarse la demanda aún seguían ostentando cargos en las mismas u otras empresas”, confirmó el Tribunal Supremo.El Grupo Eulen, empresa de seguridad privada, se dedica entre otras actividades en el campo de vigilantes de seguridad, a la contratación de escoltas privados, guardas particulares del campo, vigilantes de explosivos, obtención de licencia de armas largas rayadas, entre otras actividades relacionadas con la seguridad privada.

El Gobierno del PP fue el mejor cliente de las empresas de seguridad privada durante los mandatos de José María Aznar. Ésta es la principal conclusión del análisis de las cifras de facturación de los 15 ministerios, que superan los 700 millones de euros durante el mandato aznarista. Este gasto no se justifica por el pago a escoltas que protegen a los amenazados por ETA, ya que este capítulo sólo equivale al 2,5 por ciento del total gastado entre 1996 y 2001. El ministro preferido por las compañías de seguridad fue el de Fomento de Álvarez Cascos, cuyo departamento asumió más del 40 por ciento de las adjudicaciones de la Administración central.
El Gobierno de Aznar era su mejor cliente, ya que desde 1996 había gastado más de 700 millones de euros (116.500 millones de pesetas) en adjudicaciones a empresas de seguridad privada. En contra de lo que pudiera pensarse, no es el Ministerio del Interior el que realizó un mayor desembolso, sino el de Fomento. De hecho, el coste de los escoltas dedicados a proteger a las personas amenazadas por ETA no llega a 18 millones de euros durante dicho periodo, lo que supone un 2,5 por ciento del total gastado en seguridad privada.
Los datos han sido facilitados por el propio Gobierno en respuestas parlamentarias a los diputados socialistas Ángel Martínez Sanjuán y Victorino Mayoral, quienes denunciaron en numerosas ocasiones el proceso de privatización de la seguridad que se produjo durante el mandato de Aznar

Las estadísticas oficiales muestran importantes variaciones anuales, que en gran parte se explican por el hecho de que muchos contratos se adjudican por periodos de tiempo superiores a un año, pero hay un dato incontestable: el Gobierno del PP gastó como media cerca de 120 millones de euros anuales entre 1996 y 2001.

Esta cifra ya resulta llamativa pero en realidad es todavía mas elevada. La explicación es que algunos ministerios no han incluido en sus respuestas parlamentarias las adjudicaciones realizadas por las delegaciones provinciales y organismos dependientes, es el caso de Justicia, que simplemente aportó los datos de sus servicios centrales. Por esta razón aparece como uno de los departamentos con menor gasto en seguridad privada, cuando debería figurar entre los que más dinero dedican a este capitulo. Otros organismos, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ( AEAT ), omitieron la información sobre 2001. El análisis de los datos facilitados permite concluir que hay diez empresas que, desde 1996, han recibido adjudicaciones por importe superior a 20 millones de euros (más de 3.325 millones de pesetas). El grupo está encabezado por Segur Ibérica, con 126 millones de euros, seguida por Prosegur, con 67,4 millones

Pero existe una importante diferencia entre ambas: mientras que Segur Ibérica ha recibido adjudicaciones de 14 de los 15 ministerios (la excepción es Interior), en el caso de Prosegur el 80 por ciento de sus ingresos proceden de Fomento.
Las dos empresas de seguridad en las que en su día desempeñó cargos de alta dirección José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro del Interior, también aparecen en el selecto grupo. Prosesa, que en la actualidad opera bajo el nombre comercial de Eulen Seguridad, recibió adjudicaciones por importe de 43,9 millones de euros. De ellos, algo más de cinco millones proceden de contratos firmados con Interior durante el año 2001, fecha en que Jaime Mayor Oreja dejó el puesto para presentarse como candidato en las elecciones autonómicas vascas.
En muchas tertulias de Euskadi se comenta presuntamente que a la familia de Mayor Oreja no le interesa presuntamente la desaparición de ETA, porque eso significaría la desaparición de la necesidad de contratar escoltas. Y el negocio es el negocio.

Cuando leo cosas como estas me echo a temblar. En manos de quienes hemos estado durante dos legislaturas. Sin ninguna presunción.