Categoría: Política

Tunez, las revoluciones aún son posibles

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El estallido de un país modélico (para Occidente)

El gobierno destituido, el presidente huyendo por patas, y absoluta improvisación ante la presión popular.

Miles de tunecinos piden la salida de Ben Ali

¿Cuál es la situación en estos momentos?

El presidente de Túnez, Zine al Abidine Ben Ali, ha abandonado el país. Su avión ha aterrizado en Cerdeña para repostar tras ser rechazado por Francia.

El primer ministro, Mohamed Ghannouchi, ha anunciado en la televisión estatal que asume el cargo de presidente interino y el Ejército ha tomado el control del país. Mientras tanto se ha decretado el estado de emergencia y se ha impuesto el toque de queda. La oposición expresa desde el extranjero su temor a que se esté produciendo un golpe de estado.

¿Quién es Ben Ali?

Presidente de Túnez desde 1987, Zine al Abidine Ben Ali llegó al poder con un golpe de Estado enmascarado después de que el primer presidente del país, Habib Bourguiba, fuera declarado incapaz por su supuesto estado senil.

La independencia de Francia había llegado en 1956 y Bourguiba aplicó una serie de normas liberales que afectaron sobre todo a la mujer: emancipación, abolición de la poligamia y educación gratuita y obligatoria. En todos estos años, Túnez ha sido visto por Occidente como un país modelo en el mundo del magreb. Ben Ali debería haberse retirado en 2004, pero cambió la Constitución para poder permanecer en el poder todavía durante dos legislaturas más, es decir, hasta 2014.

¿Cuántos partidos hay en la oposición?

Tres, pero en Túnez la fuerza de la familia de Ben Ali no ha dejado de aumentar.

Por una parte esto ha provocado que en el poco probable caso de un cambio de poder, el siguiente Gobierno sea continuísta. Por otra, el Ejecutivo ha creado un estado policial y de confidentes totalmente silenciado, propiciando la persecución oculta de los opositores.

¿Cuál ha sido el detonante de las revueltas?

El pasado 17 de diciembre Mohamed Bouazizi, un joven universitario en el paro, se inmoló en Sidi Bouzid muriendo unas semanas después como medida de protesta. Se dedicaba a la venta ambulante de fruta y verdura, pero un policía le abofeteó públicamente y las autoridades locales le prohibieron seguir con su actividad.

La muerte trágica de Bouazizi fue el detonante de unas protestas que comenzaron en esa misma ciudad y se extendieron por todo el país después, con los estudiantes a la cabeza levantados por la alta tasa de paro (en torno al 15%) y por el ascenso en los precios de los alimentos.

La economía de Túnez se basa en dos pilares: el turismo y la agricultura a pequeña escala y la población es increíblemente joven, con el 55% de la población menor de 25 años.

El problema viene desde la raíz, ya que precisamente la obligatoriedad de la educación ha creado un alto número de licendiados universitarios con un número de puestos de trabajo disponibles excesivamente bajo.

Al verse privados de una oportunidad laboral, los jóvenes tunecinos han tenido que tomar varias alternativas. O la emigración a Europa, con las consecuentes trabas por una legislación cada vez más restrictiva, o la formación práctica orientada a la agricultura.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno frente a las protestas?

Desacostumbrado a este tipo de protesta, el Gobierno reaccionó de manera violenta contra los manifestantes, desplegando desde el primer día un dispositivo policial sin precedentes y autorizando a los agentes a disparar contra los manifestantes.

Para desautorizar las protestas, el Ejecutivo de Ben Ali ha llegado a decir que había infiltrados grupos de agentes extranjeros que quieren desestabilizar el país e incluso ha alertado sobre una supuesta acción de grupos islamistas para derrocar al Gobierno.

La policía se sobrepasó dejando a su paso un reguero de muertos pero las protestas se multiplicaron alcanzando en los últimos días a la capital. Ben Ali dio marcha atrás y en un discurso público prometió la creación de 300.000 puestos de trabajo. Una promesa que ha sido tomada como una cortina de humo para apaciguar los ánimos.

Con las primeras críticas de la comunidad internacional por la represión contra los manifestantes, Ben Ali decidió ayer destituir al ministro de Interior que había autorizado a la policía usar armas de fuego y desplegó al Ejército por la capital para proteger los edificios oficiales. También decretó un toque de queda que no fue respetado.

El Gobierno de Ben Ali es acusado de corrupción, por lo que el presidente prometió también dar inicio a una serie de investigaciones.

¿Cuántos muertos ha habido?

La censura del Gobierno de Ben Ali ha provocado que sea muy complicado dar un número fiable de víctimas. Las cifras oficiales apuntan a 21 fallecidos, pero la oposición y los estudiantes aseguran que esa cifra podría ser el doble.

Desde la página web Nawaat se ha hablado de más de 50 personas muertas por los disparos de la policía. Esta misma noche hubo otros cinco muertos en diversos enfrentamientos. Al Yazira habla de 16 fallecidos en los dos últimos días.

Fuentes:  Público, El Periódico y El País

BÉLGICA SIGUE SIN GOBIERNO (Qué envidia me dan mis amigos)

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Bélgica sigue sin gobierno, el rey no sabe qué hacer, el país sigue funcionando, y mis amigos dicen… «En realidad no hace mucha falta»

Este jueves se han cumplido siete meses desde las últimas elecciones generales y Bélgica se acerca al record de Irak en días sin Gobierno.

En estos meses, el rey Alberto II ha emergido como el clavo ardiendo al que unos y otros terminan por aferrarse cuando el Gobierno federal hace aguas. Desde junio ha designado ya a cinco mediadores para tratar de acercar posturas entre los siete partidos (tres francófonos, cuatro flamencos), dispuestos a negociar un nuevo adelgazamiento del Estado y la composición del Ejecutivo federal. Uno tras otro han dimitido.

Pero ni el reforzado papel de Alberto II, que se ha atrevido incluso a pedir la redacción de un presupuesto del Estado para 2011, algo inédito y que sobrepasa sus funciones constitucionales, ha terminado por bastar para una sociedad acostumbrada a que el país funcione por inercia.


«¿Qué hace usted si ha pagado por algo que no funciona? Exigir que le devuelvan el dinero. Totalmente lógico, totalmente legítimo», señala la Campaña 16, en referencia al conocido número de la Rue de la Loi que ocupa la sede del Gobierno. La campaña propone una simbólica acampada virtual a la que ya se han aderido 73.000 personas.

Otra iniciativa llama a los jóvenes belgas, independientemente de si hablan francés o neerlandés, a manifestarse en Bruselas el próximo 23 de enero vestidos de blanco. La «iniciativa pacífica» ha sido bautizada como «Sin Gobierno, pero un gran país» y presenta los colores de la bandera belga formando la palabra Shame (vergüenza). «Queremos sensibilizar al mundo político, decirle que hay una entente a los dos lados de la frontera lingüística» que reclama un Gobierno, según sus organizadores, que ya han recibido en Facebook el apoyo de 15.000 personas.

Por el momento, los siete partidos en torno a la mesa de negociación no se dan por aludidos. La descentralización propuesta por el último emisario real no es suficiente para los partidos flamencos. Ir más allá, sería inaceptable para los francófonos, del sur, que se benefician de la redistribución de los impuestos pagados en el norte. «Es mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo», sentenció la semana pasada Bart de Wever, líder de los separatistas flamencos, cuya formación logró 27 diputados dentro de una cámara de 150, convirtiéndose en el primer partido del país.

Fuente: Público

Cómo lo político y social determina lo económico

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Vicenç Navarro

Este artículo analiza las causas políticas del subdesarrollo social de España y de la crisis económica y financiera actual. El enorme poder de las fuerzas conservadoras en España ha sido responsable de una de las desigualdades sociales más acentuadas en la UE, que ha determinado un enorme endeudamiento de las clases populares así como un acentuado crecimiento de las rentas del capital financiero, invertido principalmente en actividades especulativas. La solución de la crisis requiere unas medidas redistributivas de improbable realización resultado del enorme desequilibrio de fuerzas en la relación capital-trabajo en España excesivamente sesgado a favor del primero.

Los determinantes políticos y sociales de la economía
En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país. Esto adquiere incluso mayor importancia cuando queremos entender la relación entre lo social y lo económico, pues ambas dimensiones están determinadas por el mismo contexto político. De ahí que en esta presentación, haré un análisis de la situación social de España (caracterizada por unas enormes desigualdades sociales), analizando las causas de estas desigualdades, que son las mismas que explican el subdesarrollo social y económico de España.

Las desigualdades como causa de nuestros problemas, incluidos los económicos
Según los últimos datos disponibles sobre la distribución de las rentas y de la riqueza en los países desarrollados, España es uno de los países con mayores desigualdades. Mírese como se mire, las desigualdades de renta son de las mayores existentes en la UE-15. Por ejemplo, la renta disponible de la decila superior en España es 10.3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En Finlandia es 5.6 veces, en Suecia 6.2, en Alemania 6.9, y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Más desiguales son EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña, 13.8.

Si en lugar de este indicador consideramos el indicador más utilizado en la literatura económica (el Gini Coefficient), entonces España tiene un coeficiente de Gini de 0.347, uno de los más altos de los países de la OCDE (cuanto más cercana sea la cifra a 1, mayor desigualdad). La gran mayoría de países están por debajo del de España. Algunos, de nuevo EEUU, con 0.408,y Gran Bretaña con 0.360, están por encima, es decir, son más desiguales.

Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias (households) posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad (como máximo: casa y coche). Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad. Estados Unidos es incluso más desigual. El 1% de la población más rica posee el 33% y el 10% más rico posee el 71% de la propiedad.

Una consecuencia de estas desigualdades es que a mayor desigualdad mayor nivel de pobreza. Y de ahí que España sea uno de los países con mayor pobreza en la OCDE. El 15% de los niños viven en familias pobres (cuyo nivel de renta está por debajo de la mitad de la mediana de renta del país). De nuevo, la mayoría de países de la UE-15 tienen unos niveles de pobreza infantil mucho más bajos. Dinamarca (el más bajo) 2.4%, Finlandia 3.4%, Noruega 3.6%, Suecia 3.6%, Francia 7.3%, Holanda 9%, Alemania 10.9%,y así un largo etcétera. Gran Bretaña 16.2% y EEUU 21.7% tienen mayor pobreza.

Pero es un error ver las desigualdades como un fenómeno que afecta sólo a los extremos, es decir a los ricos y a los pobres. Nos afecta a todos.

¿A qué se deben estas desigualdades?
Existe el peligro en estos análisis económicos de ver estas desigualdades como consecuencia, primordialmente, de factores económicos y demográficos (tales como la globalización económica, la estructura demográfica, los distintos niveles de formación y educación, entre otros) que, aún cuando útiles para entender la evolución de la estructura económica y social, son insuficientes, porque las causas reales de estas desigualdades son causas políticas, entendiendo como tales las relaciones de poder, entre las cuales, el poder y conflicto de clases sociales son los determinantes. La relación capital-trabajo continúa siendo central en el análisis de nuestras sociedades. Y su expresión a través del estado es clave para entender cómo estas relaciones de poder se reproducen. Fue el gran pensador de la socialdemocracia sueca, y uno de los intelectuales más influyentes en políticas públicas y sociales en el mundo anglosajón, el profesor Walter Korpi, del Instituto Karolinska de Suecia, que en su excelente libro The Democratic Class Struggle (desgraciadamente nunca traducido al castellano) estableció la lucha de clases como la variable más importante para entender nuestras sociedades, incluyendo nuestras economías. Fíjense que los países que están siendo más afectados por la crisis actual en la Eurozona son países con enormes desigualdades, tales como los países PIGS, cerdos en inglés (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain). Estos países son los países que tienen mayores desigualdades sociales en la Eurozona, como consecuencia de haber estado gobernados durante más tiempo desde la II Guerra Mundial por regimenes fascistas o fascistoides (España y Portugal) y regimenes autoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia e Irlanda), causa de sus enormes desigualdades y de sus dificultades actuales.

Las causas políticas del subdesarrollo social de españa y sus grandes desigualdades
En España la causa del subdesarrollo social y del enorme crecimiento de las desigualdades se basa predominantemente en tres hechos. Uno, es la dictadura fascista, enormemente represiva (según el profesor Malekafis, Catedrático de Historia Europea, y uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), y que careció de sensibilidad social. Era una dictadura de clase en frente de la clase trabajadora, y cuando el dictador murió, España se gastaba en su estado del bienestar sólo un 14% de su PIB. El promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (UE-15) era ya el 22% del PIB. Este enorme retraso social era la causa del enorme retraso económico de España.

La transición de la dictadura a la democracia no fue una rotura, sino una continuación del estado anterior, indudablemente enriquecido con el principio de soberanía popular (reconocida en la Constitución Democrática), pero con un claro dominio de aquel estado por la nomenclatura del estado anterior, que mantuvo un estado muy poco redistribuidor, con claras insuficiencias en la progresividad de su política fiscal, que determinó un estado del bienestar muy insuficiente, y ello a pesar de los indudables avances que se hicieron en la época del gobierno socialista (1982-1996).

La otra causa de las elevadas desigualdades es la manera como se realizó la integración de España a la UE y a la Eurozona, lo cual se hizo a base de aumentar el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15. He escrito extensamente sobre este punto (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006), mostrando que la reducción del déficit público del estado (necesario para alcanzar el criterio de Maastricht, que era que tal déficit no podía ser superior al 3% del PIB) se hizo a costa de reducir el gasto público social, primero en términos absolutos, en la etapa 1993-1995, y más tarde en términos relativos (del 1995, último año del gobierno PSOE, al 2004, último año del gobierno PP) permitiendo un crecimiento del gasto público social mucho más reducido que el promedio de la UE-15. Ello explica que en el 2004 el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y la UE-15) fuera mayor que en 1993. Como consecuencia, las desigualdades eran también mayores en 2004 que en 1993, puesto que el gasto público social es una de las intervenciones más reductoras de desigualdades en España.

Una tercera causa de las desigualdades era la política fiscal (que aumentó su regresividad en el periodo 1993-2004) resultado del descenso de los impuestos directos (durante la alianza PSOE-CiU en el periodo 1993-1996, PP-CiU en 1996-2000 y gobierno PP en 2000-2004), y de la desregulación del mercado laboral (con notable descenso del porcentaje que las rentas del trabajo supusieron sobre las rentas totales). El proceso de acumulación de capital se basó en unos salarios bajos, en una política fiscal regresiva, y en un escaso desarrollo del estado del bienestar español. Los datos que he publicado en otros estudios, así como las investigaciones del Observatorio Social de España (ver los volúmenes I, II y III de la Situación Social en España) avalan claramente esta interpretación de lo acaecido.

Las causas sociales de las crisis actuales
El descenso de las rentas del trabajo llevó a un enorme endeudamiento de las familias españolas, que pudo sostenerse debido al elevado precio de la vivienda, que era el aval para conseguir el crédito. Pero cuando el mercado inmobiliario explotó, las familias, profundamente endeudadas, tuvieron que enfrentarse con un problema grave. En términos económicos, ello supuso un bajón enorme de la demanda, y como resultado de ello, una enorme reducción del crecimiento económico. Y el estado español también vio aumentar su déficit, como consecuencia del descenso de la actividad económica (el 50% de tal déficit se debió a esta causa), de la disminución de impuestos (el 40%) y del aumento del gasto público (sobre todo en seguro de desempleo) para estimular la economía (sólo un 10%).

Por otro lado, la enorme concentración de las rentas del capital (que se consiguió a costa de las rentas del trabajo), fue responsable del comportamiento especulativo de la banca, estableciendo el complejo bancas-inmobiliarias-construcción, que fue el motor del mal llamado milagro español de creación de empleo. La banca española estaba, a su vez, profundamente endeudada con la banca alemana y francesa que poseían el 62% de la deuda bancaria exterior.

Periodo 2004-2010
El gobierno socialista hizo reformas sociales novedosas e importantes. Y el gasto social aumentó significativamente. Pero –y es un gran pero- el crecimiento del gasto público social no fue resultado de una mayor carga impositiva, dentro de una política fiscal más progresiva (en realidad, la regresividad aumentó en el periodo 2004-2010), sino de un notable crecimiento económico. Es más, las enormes desigualdades de rentas y el peso excesivo de las rentas de trabajo en la contribución fiscal al estado, explica que el descenso de la actividad económica inmediatamente creara, además de un enorme crecimiento del desempleo y una reducción de la ocupación, un notable descenso de los ingresos al estado. El elevado déficit estructural público del estado se debe, en gran parte, a la excesiva dependencia de los ingresos al estado de las rentas del trabajo y escasa aportación de las rentas del capital, aportación que fue incluso más baja, resultado de la disminución de los impuestos llevada a cabo por todos los gobiernos (tanto del PP como del PSOE). Es de una enorme malicia considerar que el elevado déficit se debe al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social). En realidad, España es el país que tiene el gasto público social más bajo de la UE-15, y es el que tiene un porcentaje de la población adulta empleada en los servicios del estado del bienestar más bajo (9%, comparado con 15% en la UE-15, y 25% en Suecia). Y es este bajo empleo en los servicios del estado del bienestar que es, en gran parte, responsable de la baja tasa de población empleada en España. El retraso del estado del bienestar es un obstáculo para el desarrollo económico de España.

¿Qué hay que hacer?
En realidad, las medidas son fáciles de ver. Y se basan en la corrección de lo que se ha hecho mal durante estos años. Y principalmente, corregir las enormes desigualdades, tanto de renta como de propiedad, recuperando la progresividad en las políticas fiscales. Otra intervención es incrementar los ingresos al estado corrigiendo el enorme déficit del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, utilizando el gasto público en la infraestructura social del país, como medida de estímulo de la economía. Una de las causas del subdesarrollo económico es el subdesarrollo social que se refleja en un deficiente e incompleto sector público.

Debiera también facilitarse la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo del 4ª Pilar del Estado del Bienestar que, como se planteó en su inicio, debiera incluir el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios. Los déficits de recursos humanos debieran cubrirse predominantemente a través de la incorporación laboral de la mujer. Si todos los países de la UE tuvieran el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría más mano de obra disponible en la UE que la que se conseguiría con la integración de Turquía en la UE.

Una medida también necesaria para aumentar la productividad debería ser prohibir salarios bajos (bien a través de los convenios colectivos, bien a través de incrementar el salario mínimo), tal como hizo Suecia en las reformas Meidner. La enorme disponibilidad de mano de obra barata (inmigrantes incluidos), ha sido una de las causas de la baja productividad. Y ni que decir tiene, acentuar la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo español.

Otra medida sería la de garantizar el crédito, primero mediante el establecimiento de bancas públicas (transformando las cajas en bancos públicos) y en segundo lugar, regulando y gravando a los bancos privados, y muy en especial a los fondos especulativos.

Todas estas medidas y otras dependerán a su vez de la correlación de fuerzas en los próximos años. Hoy en España el capital, y muy en particular, el financiero, tiene excesivo poder a costa del capital productivo y del mundo del trabajo. Como decía Walter Korpi en su libro Democratic Class Struggle existen momentos históricos en que tal poder interviene obstaculizando el pleno desarrollo del enorme potencial que tiene la raza humana. Creo que este es uno de estos momentos. Tal futuro podrá desarrollarse si las fuerzas del trabajo pueden recuperar el poder político y social perdido y con ello recuperar el espacio económico. Termino pues estas notas subrayando que me he centrado única y exclusivamente en España, a fin de equilibrar la gran atención que se da, con razón, al contexto europeo y mundial, en donde España existe.

El Tea Party en Ciutat Vella (BARCELONA)

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Publicado en «ENFOCANT» por Hibai Arbide Aza

Las pasadas elecciones autonómicas supusieron una enorme derrota para los derechos de las personas migrantes. No tanto y no sólo por sus resultados; el reparto de escaños es casi lo de menos, en la medida en que las comunidades autónomas ni siquiera tienen competencias para legislar los aspectos relevantes de las políticas migratorias. Lo realmente grave es la demostración de que el discurso xenófobo de la extrema derecha se ha extendido tanto que impregna la práctica totalidad de las propuestas electorales.

Los datos más espectaculares son los siguientes: Plataforma Per Catalunya recibió en Ciutat Vella el 2,3% de los votos, lo que le sitúa muy cerca de obtener representación. El PP consiguió que la inmigración fuera uno de los temas centrales de las elecciones. El número dos de la coalición ganadora y político mejor valorado en las encuestas alertó en campaña del “peligro” de que en Catalunya nazcan demasiados “hijos de madre inmigrante”. Hay muchos más ejemplos, pero quedarnos ahí sería coger el rábano por la hojas.

Más allá de las siglas, el problema es que los grupos de presión «de derechas«, al estilo del Tea Party americano, son capaces de imponer, o como mínimo influir, en el discurso dominante. El PXC y el PP se llevan la fama, pero sus premisas son compartidas por la mayoría de partidos, que consideran que la migración es «el problema de la inmigración», que está relacionada con «la inseguridad ciudadana», que los migrantes son sólo o sobre todo mano de obra por lo que su permiso de residencia debe estar supeditado a que tengan un contrato de trabajo formal, que la presencia de otras religiones es un problema (recordemos que la prohibición del velo es idea del PSC), que relacionan inmigración con “incivismo”, etc.

Como señala Raimundo Viejo, la extrema derecha lleva décadas produciendo discurso de manera radical. Su capacidad para permear el discurso del centro-derecha, cuando no del centro-izquierda, radica precisamente en su habilidad para contraponer un discurso articulado, generador de sentido para sus audiencias.

En el libro No pienses en un elefante, su autor, Georges Lakoff, explicaba la importancia del discurso en la política. Su hipótesis sugiere que cuando la izquierda pierde la capacidad de definir la agenda pública con su prisma particular, la ciudadanía la acaba identificando como oportunista e incoherente.

KENTUCKY PER VIURE

Me interesa centrarme en nuestro Tea Party local, ese conglomerado de comerciantes y vecinos que, desde la Plataforma Raval Per Viure y sus exitosas pancartas “Volem un barri digne” extiende su influencia o propuestas por el Gòtic, La Barceloneta (una manifestación de casi 150 personas el pasado 18 de Diciembre convocada por La Veu del Barri) e incluso más allá de Ciutat Vella (Trinitat Vella, Poble Sec…).

Hace más de cinco años, cuando La Plataforma Raval Per Viure no existía, la revista Archipiélago publicó el artículo en el que podemos encontrar algunas de las claves del éxito de movimientos como este, titulado “¿Nueva Derecha? O la reivención del populismo frente al vacío de la izquierda”, escrito principalmente por Emmanuel Rodríguez.

El poder de este tipo de movimientos se debe sobre todo a su capacidad para generar adhesiones y producir medios de subjetivación que hacen de la Nueva Derecha (ND) algo “más popular” que la izquierda. Por eso es mucho más conveniente hablar del ascenso de una nueva hegemonía, en términos de Gramsci (constelación de poderes y de ideas capaz de presentarse como interés general), e intentar comprender este nuevo bloque de alianzas, que utilizar los viejos clichés izquierdistas sobre la estupidez del pueblo, la alienación generalizada o el fascismo de masas.

El diagnóstico de la Nueva Derecha en general -y de Raval Per Viure en concreto-, receta una permanente contrarrevolución que trata de restaurar un orden dañado y corrompido (“este barrio ya no es lo que era”), que naturalmente exige medidas drásticas como la guerra contra la delincuencia, la droga o cualquier elemento susceptible de convertirse en “enemigo interno” (los inmigrantes, las prostitutas, los okupas…) y la autodefensa preventiva (que supone la ruptura de los viejos órdenes jurídicos garantistas y el advenimiento de la policía y las medidas de excepción como norma de gobierno). Contra el pensamiento postmoderno, Raval Per Viure escenifica una puesta en escena de valores sustantivos, fuertemente morales, en una sociedad erosionada en parte (y ésta es la paradoja) por la propia política desarrollada bajo los criterios del neoliberalismo que reivindica. Nos encontramos así con comerciantes que “quieren un barrio digno” en el que puedan pagar salarios bajos y sacar provecho de la precariedad sin asumir que cuanta más gente viva en la pobreza mayor será la sensación de inseguridad en los barrios.

Gracias al extremado corporativismo de las burocracias sindicales, la esclerotización del viejo sistema de partidos y la escasa permeabilidad de los medios de comunicación y de sus élites culturales, la Nueva Derecha se puede presentar, como antes lo hiciera la izquierda, como adalid del hombre común, de sus expectativas y sobre todo de sus miedos, en un espacio (el viejo espacio de las clases medias y el Estado asistencial) que efectivamente se está desmoronando. Esto es lo que le otorga su carácter populista. Raval Per Viure pretende representar “a la gente normal”, a “los vecinos que se enfrentan a los políticos que no hacen nada”.

Basta un repaso por su blog para comprobar su habilidad comunicativa: el ataque al lenguaje “políticamente correcto” defendido por la izquierda se convierte, para ellos, en una tarea de desenmascaramiento del cinismo que esconde. Por el contrario, el uso directo de argumentos clasistas o racistas “deja de ocultar la realidad”, “llama a las cosas por su nombre” y expresa lisa y llanamente “lo que muchos piensan y no se atreven a decir”. La superioridad mediática de la Nueva Derecha frente a la cultura “progre” se basa en la sustancia de sus enunciados, por perversos que sean, frente a la retórica vacía y la carcasa liberal de las “clases medias progresistas”, que no alcanzan ni de lejos a hablar al corazón de los efectos sociales de la gran transformación capitalista de las últimas décadas (precarización generalizada de la vida, etc.).

No es casualidad que, en el caso de Barcelona, este fenómeno nazca en el Raval, en donde las formas caciquiles y corruptas de la Asociació de Veins del Raval y sus chanchullos con el Ajuntament son de sobra conocidos. Donde no hay un tejido social fuerte sino una red clientelar que vive de Plans Integrals, favores especiales y amiguismos, hay campo abonado para populistas de este u otro cuño.

Mientras tanto, el desconcierto hace que los movimientos sociales y el movimiento vecinal combativo no se vean capaces de contrarrestar fenómenos populistas como este porque no saben qué hacer, porque creen no tener «alternativas» en temas como inmigración, inseguridad… El movimiento vecinal de Ciutat Vella seguirá creyendo que no es capaz mientras siga aceptando como inevitables el análisis y las tesis de la nueva derecha. Si cree que, en el fondo, tienen razón quienes dicen que los inmigrantes son el problema, quienes dicen que deberíamos renunciar a parte de nuestra libertad a cambio de mayor “seguridad”, quienes nos quieren hacer creer que la prostitución en el Raval es un fenómeno nuevo y molesto, quienes creen que la droga la traen los pequeños camellos.

Pero hablar de pequeños robos no es más importante que denunciar la corrupción sistemática y el saqueo de los bienes públicos que se practica desde hace demasiado en Ciutat Vella. Más cámaras de vigilancia y más patrullas no nos van a proteger, sino que van a reprimir a nuestros vecinos negros, por ser negros. No quiero un barrio en el que la seguridad de los turistas la tengamos que pagar entre todos, cuando los beneficios del turismo sólo se reparten entre unos pocos.

Denunciar esto sí lo hace el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones, de la Xarxa Veinal de Ciutat Vella o de la Asamblea de barri del Raval, por ejemplo, y lo hace muy bien. Ese mismo movimiento vecinal tiene que dejar de “pensar en elefantes”. Tiene que afirmar sin ambigüedades que tan vecino es el pakistaní que llegó hace seis meses como la andaluza que llegó hace 60 años, el que lleva 3 generaciones aquí o el que se acaba de mudar. Tenemos que darnos cuenta de que pedir más policía en los barrios no traerá “más seguridad para los vecinos” sino más protección a comerciantes y turistas, y un barrio más caro del que tendrá que marchar quien no pueda pagarlo. Tenemos que recordar que son los narcotraficantes como José Mestre y sus amigos del puerto los que se enriquecen a costa de la salud de los yonkis que vemos en nuestras calles, y es en ellos en quien deberían centrar la vigilancia.

Gracias a los vecinos y vecinas que viven y que luchan, aunque no sean barrios de clase alta, los nuestros son barrios muy dignos.

INADMISIBLE INGERENCIA DE EE.UU. A ISLANDIA

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Washington pide a Twitter información sobre Wikileaks incluida en la cuenta de una parlamentaria islandesa

El Departamento de Justicia de EE UU quiere acceder al perfil de Birgitta Jonsdottir

Fuente: El País

«¿No se dan cuenta de que soy miembro del Parlamento islandés?». La diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir ha reaccionado con incredulidad a la solicitud hecha por el Departamento de Justicia estadounidense a la red social Twitter. Según la información ofrecida por Jónsdóttir en su perfil de Facebook, Washington ha requerido información sobre el contenido de su perfil de Twitter relacionado con Wikileaks; esto es, sus tweets o mensajes cortos (140 caracteres), especialmente a partir del 1 de noviembre de 2009. Jónsdóttir, miembro del Parlamento islandés por el grupo El Movimiento, nacido al calor de la crisis económica que sufrió el país entre septiembre y octubre de 2008, simpatiza con el portal de filtraciones editado por el australiano Julian Assange y le ha prestado su colaboración en varias ocasiones.

EE UU intenta acceder al perfil de Twitter de una parlamentaria islandesa

Una de ellas fue la difusión del vídeo Collateral murder, en abril del pasado año. El metraje de la cinta mostraba cómo un helicóptero Apache estadounidense acababa con la vida de una docena de personas en un suburbio de Bagdad. Entre los muertos yacían dos empleados de la agencia de noticias Reuters. El vídeo catapultó a Wikileaks a la primera plana de los medios y llevó al analista militar estadounidense Bradley Manning a una prisión de Virginia. Según la delación del otrora hacker Adrian Lamo, Manning le confesó en una conversación privada que estaba tras la filtración de varios documentos a Wikileaks, entre ellos, el vídeo de la masacre en Bagdad. Siempre según Lamo, Manning contactó por primera vez con la web que dirige Assange precisamente en noviembre de 2009, fecha que ahora interesaría especialmente a Washington en el rastreo del Twitter de Jónsdóttir.

Promotora de la legislación islandesa

Prueba de la sintonía con el proyecto Wikileaks -al menos con el primer equipo que puso en marcha la web-, la parlamentaria consiguió que la Cámara de su país aprobara la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), un proyecto de ley que pretende, al hilo de la filosofía de Wikileaks, blindar la ley de prensa más fuerte del mundo. Tras lograr el respaldo de los diputados, la IMMI se encuentra en el Parlamento para su adaptación a la legislación nacional.

Jónsdóttir ha informado a través de su cuenta de Facebook de que el Departamento de Justicia ha requerido de igual modo información personal a Twitter. De acuerdo a la versión de Jónsdottir, quien ya se ha puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, Twitter no accederá a la solicitud de Washington hasta dentro de 10 días, periodo con el que contará para frenarla por la vía judicial.

Twitter aclara en su apartado dedicado a la privacidad de los contenidos que podría revelar la información de un usuario si «es razonablemente necesario para cumplir la ley, un reglamento o requerimiento legal; para proteger a una persona; para combatir el fraude, por motivos técnicos o de seguridad; o proteger los derechos o propiedades» de la red social.

¿Qué medidas se tomarían para “rescatar” a España?

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Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España 

Analicé en un artículo anterior (¿A quién interesa y cómo sería el “rescate” de España?) las circunstancias que a mi entender podrían dar lugar a un “rescate” de la economía española, qué naturaleza han tenido otros anteriores y a quién podría interesar que se llevara a cabo en España en un futuro inmediato. También señalé que si bien la situación de la economía española es delicada, como triple consecuencia de la crisis internacional, del agotamiento de nuestro modelo productivo y de la escasa capacidad de maniobra que tenemos como miembros de una unión monetaria mal diseñada, no es cierto, sin embargo, que no vaya a poder hacer frente a los compromisos de pago generados por el incremento de la deuda. Indiqué que una cosa es tener una deuda elevada (y España ni siquiera la tiene en comparación con la media europea, aunque sí padece un grave problema de déficit exterior) y otra no poder hacerle frente, porque esto no depende solo de su magnitud.
En ese artículo anterior decía que los problemas que nos afectan se derivan más bien de una presión artificial de “los mercados”, es decir, de los inversores institucionales que están especulando con nuestros títulos, y de los mayores acreedores de la banca privada española que buscan mejorar sus posiciones para garantizarse el cobro más rápido y seguro posible de la deuda. Comenté también que esta presión es en cierta medida “alentada” en tanto que es la vía por la que se está obligando al gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y de recorte de derechos que solo favorecen a los grandes capitales.
Concluía el artículo señalando que la combinación de todas esas circunstancias me llevaba a pensar que el “rescate” de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española.

Pues bien, en este nuevo artículo voy a tratar de indicar cuáles serían las medidas que a mi juicio se obligaría a tomar al gobierno español si el “rescate” se produjese.

Como es sabido, un “rescate” se lleva a cabo cuando un Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. En esa situación, la institución que “rescata” proporciona un préstamo para que los liquide cuanto antes y al mismo tiempo impone la adopción de un abanico de medidas en principio dirigidas a garantizar la devolución del préstamo al nuevo acreedor y a incrementar los ingresos con los que se supone que puede saldar mejor la nueva deuda.

En los rescates que se han venido haciendo desde hace décadas por parte del Fondo Monetario Internacional (que en el caso español seguramente tendría que intervenir apoyando a la Unión Europea, dada la magnitud que tendría nuestro eventual “rescate”) esas medidas han conformado los llamados “planes de ajuste estructural” que básicamente respondían al llamado “consenso de Washington” que fue la manera elegante de denominar a la política económica neoliberal que era la bien vista por Estados Unidos. Entre otras, las siguientes:

– Recorte de gasto público y sobre todo de los gastos sociales “superfluos” según los principios neoliberales al uso, en sanidad, educación o prestaciones sociales.

– Liberalización de las actividades económicas mediante reformas de los mercados orientadas a potenciar la iniciativa privada y a limitar los contrapoderes públicos, sindicales o institucionales de todo tipo.

– Privatización de empresas y servicios públicos.

– Máxima apertura al exterior para garantizar la entrada de capitales extranjeros y eliminación de todo tipo de trabas jurídicas o institucionales a la inversión extranjera.

– Medidas para mejorar la “gobernanza” que igualmente llevaban consigo liberalización en sectores culturales, reformas electorales y promoción de nuevos valores y formas de socialización.

– Devaluación de la moneda nacional con el fin de favorecer las exportaciones y así adquirir divisas con las que pagar la deuda.

No es este el momento de comentar los efectos negativos de estos programas, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer. En casi todos los países en donde se aplicaron produjeron caídas en la actividad económica, menor ingreso, altas cifras de pobreza y exclusión social, empeoramiento de la situación de partida de las economías y, en suma, peores resultados que los alcanzados por países que aplicaron programas de reactivación basados en principios diferentes. Para el propósito de este artículo simplemente me basta con señalar que, desde el punto de vista de la generación del ingreso, lo que se buscaba con estos planes era, expresado de forma muy resumida, sustituir demanda interna (que se consideraba insuficiente y además incapaz de generar ingresos para hacer frente a la deuda puesto que no se traducían en divisas) por demanda externa, fomentando las exportaciones y disminuyendo importaciones gracias a la devaluación. Y, al mismo tiempo, vincular la generación de esta última a la iniciativa privada, en su mayor parte ligada a capitales procedentes del exterior.

En el caso de los “rescates” que se acaban de producir en Europa se han seguido los mismos principios de actuación, si bien ahora se dan dos diferencias fundamentales:

En primer lugar, que la mayoría de esas medidas de ajuste ya se habían venido aplicando antes del rescate. En segundo lugar, que ahora, al tratarse de países que forman parte de una unión monetaria, no puede producirse la devaluación de su moneda.

La primera circunstancia implica que los efectos ya de por sí depresores de la actividad y del empleo de esas medidas liberalizadoras y de recorte de gasto se amplifican para mal porque vienen a endurecer las ya tomadas anteriormente.

El reciente caso de Irlanda es bien expresivo de esto último. Se trata de un país “ejemplar” a la hora de aplicar las medidas de liberalización, privatización y recorte de gastos sociales antes de la crisis, durante su desarrollo y como respuesta a ella (ver mi artículo Irlanda como ejemplo). Y una prueba paradójica de que la pretendida “medicina” que comporta el “rescate” no sirve para curar su problema de solvencia sino para empeorar la situación de su economía es que, después de aplicarse el ajuste, las agencias afirman que bajarán la calificación de Irlanda porque “el anunciado recorte del gasto de 15.000 millones en los cuatro próximos años para reducir el déficit al 3% del PIB supone un considerable lastre añadido sobre las perspectivas de recuperación del país” (En Eleconomista.es).

Por otro lado, el hecho de que en los países europeos rescatados o amenazados por el rescate no se pueda devaluar también tiene implicaciones importantes.

La devaluación es una forma muy drástica de devolver competitividad a una economía porque al depreciarse su moneda se facilita la exportación que proporciona ingresos y se encarece la importación, que los disminuye.

Es verdad que la devaluación es la competitividad “de los pobres”, es decir, de los países que no pueden mejorar su saldo exterior por otras vías, y que es una forma un tanto falsa de competir, porque no equivale a hacer mejor las cosas sino a ofrecerlas a menor precio. Pero lo cierto es que cuando ese tipo de países se encuentran en una situación apurada, precisamente porque han de competir con países más fuertes y con industrias de mejor calidad o más innovadoras y eso les ha producido un fuerte déficit exterior y presupuestario, no les suele quedar más remedio que recurrir a esta vía. Porque si no lo hacen tienen que asumir recortes salariales mucho más drásticos y perjudiciales para su demanda interna. Y la experiencia histórica demuestra (como en el caso español) que estas devaluaciones competitivas (que también las llevan a cabo los propios países más ricos, como desde hace meses Estados Unidos) o bien son la única fórmula de no caer en una situación de insolvencia o incluso que a partir de ellas se puede volver a respirar y a ganar posiciones en los mercados que faciliten incrementos en el ingreso.

Sin embargo, cuando no es posible recurrir a la devaluación, como ahora en el caso de estos países de la periferia europea, y cuando además no se modifican las condiciones de entorno a las que me referiré en un artículo posterior, no es posible esperar que se mejoren los ingresos por exportaciones.

Eso significa que el “rescate” da lugar a una pérdida neta de actividad e ingreso. De ingreso interno porque el recorte de gasto deprime la demanda, y externo porque sin devaluación es imposible recuperar el ingreso exterior.

Aunque, eso sí, se trata de una pérdida de ingreso que está muy asimétricamente repartida.

Por un lado, eleva el de los que verdaderamente son “rescatados”: los bancos y, en general, los grandes deudores. Y, por otro, disminuye el de los demás sectores sociales que tras el “rescate” han de pagar el nuevo préstamo y con él la nueva deuda, mayor y generalmente más cara.

Además, las grandes empresas y entidades financieras que disfrutan de mercados internos cautivos (cuya demanda apenas cae aunque se reduzca el ingreso) o que han instalado una buena parte de su actividad fuera del país precisamente para esquivar la baja competitividad de la economía, se ven menos o casi nada afectadas por el deterioro de la demanda interna como consecuencia de las políticas previas y posteriores del ajuste. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas y las de base exportadora soportan la gran carga del ajuste, y como estas son las que soportan la mayor parte del empleo, es por lo que los ajustes vinculados al “rescate” suelen tener unos efectos tan negativos también sobre él.

En el caso español, es fácil comprobar que este ajuste se viene ya desarrollando “por anticipado”, justamente como resultado de la extorsión que “los mercados”, las grandes patronales y las autoridades europeas vienen realizando sobre el gobierno. Los mercados se han ido adelantando para imponer sus condiciones a medida que van “rescatando” al Estado financiando su deuda.

Pero eso no quiere decir que si finalmente se dieran las circunstancias que en mi anterior artículo señalé que podrían inducir o provocar el “rescate” ya no fuese necesario llevar a cabo nuevas medidas de ajuste de este tipo o que fuesen suficientes las llevadas a cabo.

Todo lo contrario. Se puede aventurar que las condiciones que se impondrían para efectuarlo serían mucho más severas y cualitativamente diferentes teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con toda probabilidad se darían en ese momento. Primero, la situación aún más crítica e indefensa a la que se habría llegado; segundo, que la tensión que podría hacer posible el rescate habría supuesto un deterioro excepcional de nuestra posición financiera en los mercados (por muy provocado o artificial que pudiera ser); y tercero, que el “rescate” sería muy costoso porque generaría una deuda añadida más cara que la actual y porque seguramente estaría asociada al “descubrimiento” de un agujero multimillonario en el sistema financiero, más o menos equivalente a la deuda con los acreedores más potentes de la banca española. Y además de ello, porque es lógico que si se llegase a esa situación se entraría en una fase de gran debilidad política e institucional que provocaría una especie de río revuelto que los grandes poderes económicos aprovecharían con toda seguridad para poner en marcha el proyecto, hasta ahora semioculto, fundamentalmente encaminado a “reconstituir el tejido institucional”, en palabras de un reciente estudio de la Fundación FAES (“Un Estado Autonómico racional y viable”, p.112, en fundacionfaes.org).

De llevarse a cabo el “rescate” inducido de España lo que sucedería sería más o menos lo siguiente.

Después de un tiempo de convulsión financiera y política se acordaría un préstamo de gran magnitud y con un tipo elevado, como ha ocurrido en Irlanda que lo ha recibido al 5,8%.

En el contexto de perturbación que esa situación lógicamente produciría se podría justificar la puesta en marcha un amplio y durísimo plan de medidas que tendría posiblemente los siguientes contenidos:

a) Profundización en la reforma laboral que definitivamente eliminase las “trabas” a la “libre” negociación entre las partes, modificando el sistema de negociación colectiva, disminuyendo el poder y la presencia de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales y simplificando la contratación.

b) Reforma del sistema de pensiones en la línea que vienen demandando las entidades financieras y los economistas neoliberales a su servicio para avanzar mucho más directamente hacia su privatización y para permitir que el fondo de la Seguridad Social, como ha ocurrido también en Irlanda, pueda dedicarse a financiar la deuda.

c) Reforma fiscal que elevase los impuestos indirectos como el IVA y disminuyera la imposición sobre el beneficio de sociedades.

d) Privatización de las empresas públicas aún existentes y de servicios públicos y establecimiento de condiciones “de igualdad” entre la iniciativa privada y la pública en sectores como la educación, la sanidad o los servicios a las personas.

e) Recortes drásticos en el gasto público aún mayores de los que se han producido ya y que, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro de lo innecesario llevarían consigo principalmente :
– Reducción en los gatos de personal, tanto mediante la disminución de efectivos como de los sueldos en todas las administraciones.
– Disminución de gasto social, en educación, sanidad y servicios sociales públicos.
– Disminución de gasto público corriente y en inversiones (I+D, infraestructuras…).

f) Reconsideración del marco institucional en la línea que están apuntando el informe citado de FAES o el que los 50 grandes empresarios presentaron al Rey:
– Fusionando o haciendo desaparecer ayuntamientos menores y diputaciones.
– Modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, redefiniendo el marco y la política de desarrollo competencial y quizá llegando aún más lejos. El informe de FAES (p.167) afirma, por ejemplo: “Alemania redimensionó hace años el tamaño de sus länder, forzando su agrupación. Sea éste el camino, o el del estímulo de la cooperación interregional, es necesario explorar esta vía de mejora de la eficiencia”.
– Fusionando o haciendo desaparecer universidades, fundaciones y otras entidades públicas y administrativas cuya escala actual se considerará ineficiente, tal y como explícita o implícitamente se indica en esos informes.

En gran parte, todo esto se ha puesto ya en marcha pero, si se llevara a cabo el “rescate”, habría una diferencia sustancial. No solo se trataría, como hasta ahora, de abundar en el establecimiento de condiciones cada vez más favorables a la banca y a la gran empresa a costa de retrasar por muchos años la recuperación económica y el avance hacia un modelo económico más eficiente, justo y sostenible. El “rescate” iría necesariamente acompañado de un auténtico “golpe de timón” institucional que pondría en jaque a nuestra ya de por sí imperfecta democracia.

Artículo publicado en Sistema Digital

¿A QUIEN INTERESA Y CÓMO SERÍA EL «RESCATE» DE ESPAÑA?

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Juan Torres,  Consejo Científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un «rescate» de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,»rescatan» a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los «agujeros» que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada.

Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de «ayuda» se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido «rescatada» recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el «rescate» del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el «rescate» se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los «rescates» consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El «rescate» no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país «rescatado» cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien «rescata».
Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el «rescate» es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un «rescate».
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda «rescatando» a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.
Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economías. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el «rescate».
Pero un «rescate» de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de «rescate» tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el «rescate» iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el «rescate» de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el «rescate» justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren «transformar» España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.
En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su «rescate» solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el «rescate». Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.

¿Es la única solución plegarse a la UE y a los mercados?

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Rosa Mª Artal – Comité de Apoyo de ATTAC

Ni en la peor de nuestras pesadillas pudimos muchos soñar lo que nos está ocurriendo.

La implacable merma de derechos sociales decretada por los mercados en ausencia o connivencia de los políticos. La desfachatez de esas declaraciones que imponen desde sus Olimpos. Crecen las desigualdades sociales, ahondando en miserias y en obscenos enriquecimientos. Danza el mundo feliz en las pantallas de los televisores, entretanto, y una ciudadanía desinformada y asustada se constituye en pesada losa para el conjunto. Ningún autor de ciencia ficción del pasado previó tanto.

El histórico ex presidente socialista portugués, Mario Soares, lanza un grito, llamando a los dirigentes de su país y de España a plantar cara a la UE. Una Europa que ha traicionado el espíritu que la constituyó y hasta ahora la caracterizó, que pierde poder en hemorragia imparable, según sus propios eximios dirigentes reconocen, y que ni bailando en la cuerda con un pie, “tranquilizan” a sus amos los mercados.

La UE y todos sus componentes trabajan en el camino equivocado. Para nosotros, no para sus bien pagados políticos, ni para sus poderosos amigos. Lo aseguran incluso premios Nóbel como Paul Krugman, llamando a aumentar el gasto público como forma de salir de la crisis. En la desinformación que nos rodea, donde todo es opinable, los hechos demuestran que esa política funciona y no los ajustes que el neoliberalismo manda. El neoliberalismo que ha hundido, por ejemplo, a Irlanda en la miseria (y lo que le queda por sufrir), por más que cínicos conservadores, con Esperanza Aguirre a la cabeza, manipulen los datos, desdiciéndose con desparpajo de sus antiguas declaraciones públicas, en las que el tigre neoliberal irlandés era el modelo.

En este esclarecedor artículo –que recomiendo vivamente- el catedrático de economía y miembro de ATTAC, Juan Torres, nos explica la verdad de nuestras cuentas y a quién interesa nuestro rescate. La deuda pública española es de “600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea”. Y a ella contribuyen con entusiasmo comunidades y ayuntamientos neoliberales del PP y socioliberales del PSOE.

“La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012”, dice Torres.

Los bancos “del resto del mundo” son fundamentalmente alemanes, qué gran casualidad eh…

No entiendo qué pretende Zapatero en su huida hacia delante política, pisoteando su ideología, su programa, y a la sociedad que se comprometió a defender. Es un cadáver público, junto con el resto de su partido que traga todas las medidas antisociales, sin mover una pestaña. El registrador de la propiedad ya anuncia que también adoptará medidas impopulares, eso sí “con criterio” ¿con el de quién? El PP es una cateta marioneta de los mercados. Sin contar su manga ancha para la corrupción que hurta una considerable parcela de nuestro dinero público.

¿No tenemos pues más soluciones? Sí, decir ¡basta ya! Nada puede haber peor que el destino al que nos abocan “Bruselas” y los “mercados”. Vuelvo a Mario Soares, a su llamada vibrante y preocupada. De su excelente llamamiento a Zapatero y a Sócrates, destaco estas ideas:

“Lo que ocurre es que la política del Banco Central Europeo y de la Comisión se muestra decididamente economicista, en el sentido de que sigue los intereses especulativos de los mercados, sin rótulo identificador, y nos impone ajustes brutales en el ámbito social, ambiental, cultural y hasta educativo. ¿Para qué? Con el único objetivo de reducir el déficit y el endeudamiento exterior (de los que los especuladores han sido, en parte, responsables), nos arrastran hacia una peligrosísima recesión económica. Además de sumirnos en la parálisis política.

España y Portugal se cuentan entre las víctimas de esta estrategia obsoleta delineada por la señora Merkel y por el BCE, con el concurso de la Comisión Europea. Han sido ellos quienes nos han impuesto medidas durísimas para nuestros respectivos pueblos. No hemos podido evitarlas, de momento, para no vernos asfixiados financieramente.

Pero no debemos ni podemos quedarnos callados. Es hora de que suene nuestra voz, de decir basta y de exigir un debate europeo serio y transparente, para que el pueblo europeo comprenda hacia dónde lo están llevando los actuales líderes europeos.

La península Ibérica tiene autoridad y peso para hacerlo. Zapatero y Sócrates, en mi modesta opinión, deben entenderse en tal sentido, de modo que sean los primeros en denunciar la peligrosísima senda por la que está transitando la Unión Europea, antes de que acabe el año y sea tarde”.

De perdidos al río, presidente. Zapatero debe reaccionar y no arrastrar a España en su propia caída. Muchos agradeceríamos un digno gesto en este sentido. Coherente, sobre todo.

Islandia. Placas tectónicas

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Blog de Alberto Arce

Nunca pensé que llegaría a verme con una libreta frente al Parlamento islandés.

Durante siglos, el Parlamento Islandés se reunió al abrigo de una inmensa grieta natural, producto de un terremoto.

En el lugar exacto en el que confluyen, con toda su fuerza la falla tectónica norteamericana y la euroasiática, los representantes de los clanes discutían sobre su autogobierno. La “Ley de la roca”, nombrada a partir del promontorio desde el que cualquier ciudadano podía dirigirse a la asamblea de islandeses, contribuyó a crear la imagen de sociedad abierta que se tiene del país. El lugar se llama Pingvalllir y se considera el parlamento más antiguo del mundo. Pero fue disuelto en 1271.

Ocho siglos más tarde, en octubre de 2010, en los suburbios de Reykjavik y apenas a 45 kilómetros del lugar en el que mediante asamblea abierta se fundó el país, Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente islandés, sirve una copa de cava catalán a los invitados extranjeros que pasean por las modestas dependencias de su residencia con motivo de un homenaje al cineasta independiente norteamericano Jim Jarmusch.

Grímsson, formalista, incide en la tradición “Islandia es una sociedad abierta y quiero que se lleven en el recuerdo que Islandia sobrevive gracias al principio de la confianza. Ni siquiera hay una valla que proteja la casa del Jefe del Estado”

Muchos de los presentes, invitados al Festival de Cine de Reykjavik, cruzan miradas. Saben que desde que los tres bancos más importantes de Islandia declarasen una quiebra conjunta en otoño de 2008 el país se encuentra atravesado por la fractura social. Por un “que se vayan todos” de reminiscencias argentina. Una nueva fractura tectónica amenaza al país.

Apenas dos horas antes del intento de convencer a los directores de cine invitados al Festival del concepto de confianza que rige la vida social del país, el Presidente ha tenido que correr, protegido por la policía, de la lluvia de huevos, lechugas y tomates que varios miles de ciudadanos lanzaban contra la ceremonia de apertura del período de sesiones del Parlamento para manifestar su descontento con el sistema político que les gobierna. En Islandia, la ciudadanía se ha rebelado contra las medidas de austeridad propuestas por su gobierno en coordinación con el Fondo Monetario Internacional.

Así lo explicaban la noche anterior una docena de personas que pasan las noches en vela frente a la sede del pequeño edificio que acoge la asamblea legislativa en Reykjavik y mantienen animadas tertulias con quienes se retiran tras la hora de cierre de los bares, ofreciendo incluso,  café caliente con el que despejarse y prestar más atención a complejas explicaciones respecto al estallido de la burbuja inmobiliaria en el país. Son casi cero grados que no parecen importarles ante la posibilidad, real para miles de islandeses, de quedarse, literalmente en la calle.

Casi el 20% de los hogares islandeses se encuentran en quiebra debido a la imposibilidad de pagar sus hipotecas.

Islandia es un laboratorio. Todo lo que el “milagro islandés” tuvo de paradigmático durante la época de las vacas gordas, del consumo exacerbado –el “deme dos” de los islandeses que viajaban de compras por Europa- de su consideración de refugio para los capitales extranjeros que buscaban un lugar seguro en el que reproducirse sin límite aparente, lo tiene ahora de escenario en el que plantear alternativas de salida de la crisis.

Su reducido tamaño permite estudiar posibilidades. Las propiedades inmobiliarias financiadas con créditos denominados en moneda extranjera debido a la sobrevaloración de la corona, se han convertido en símbolo del problema que atraviesa Islandia. El país que en 2006 tenía una renta per cápita más alta que cualquier país de la Unión Europea. Y fue declarado “mejor lugar para vivir del mundo” por las Naciones Unidas se enfrenta hoy a un 9% de desempleo, impensable para el país hace pocos años y a unos indicadores de bienestar en caída libre. Casi el 1% de la población podría verse, literalmente en la calle si el gobierno no interviene para impedirlo.

La diferencia con la Europa continental radica en que, según el propio Fondo Monetario Internacional, el 63% de la deuda de las familias islandesas, mayoritariamente la que tiene que ver con propiedades inmobiliarias, no puede pagarse. Y el Parlamento islandés se vio obligado a aprobar, en consecuencia -y ante la presión ciudadana- una moratoria en el pago de la hipotecas que terminaba precisamente el mismo día 1 de octubre que se inauguraba el período de sesiones.

La movilización social ha conseguido que el parlamento debata una ley a partir de cuya aprobación, se calcularía la diferencia entre el precio real de la propiedad y el valor del crédito concedido para comprarla, rebajándose la diferencia. La lógica que subyace tras la iniciativa es “si la moneda se encontraba sobrevalorada y los créditos, por tanto, se inflaron artificialmente, los ciudadanos no tienen porque pagar por ella”. Mientras se debate la propuesta y, sobre todo, mientras el gobierno trata de convencer al Fondo Monetario Internacional de que es la única salida posible, se ha aprobado una nueva moratoria al pago de créditos de cinco meses.

A fin de cuentas, los 200 millones de coronas que se “perdonarían” a las familias no son más que un 8% de la cantidad de dinero inyectada en el sistema bancario del país tras la crisis que lo llevó a la bancarrota en el invierno de 2008.

El sistema de sociedad abierta y asamblearia que ha caracterizado Islandia desde sus comienzos -junto a su reducido tamaño- ha permitido que la movilización ciudadana ejerza una presión consistente sobre la clase política a lo largo de los últimos dos años. En un país donde prácticamente toda la población está lejanamente emparentada o se conoce personalmente en mayor o menor medida ha anulado la capacidad del gobierno de separarse de la voluntad de los islandeses.

Sin ir más lejos, Islandia es el único país donde la crisis ha puesto bajo control público a la banca privada que quebró durante el estallido de la burbuja financiera. Si el gobierno intervenía, el gobierno debía controlar. Es también el único país donde un Primer Ministro será juzgado por la responsabilidad del poder político en los desmanes y la ausencia de control sobre los mercados que provocó que el país llegase a la bancarrota. Imposible olvidar que en marzo de 2010, la población rechazó con un abrumador 93,1% del voto, devolver la deuda acumulada ante bancos extranjeros.

De regreso en Pingvallir, el lugar donde las fallas tectónicas nortemericana y euroasiática chocan provocando una inmensa grieta, origen de la democracia islandesa, adquiere sentido el grito unánime de los ciudadanos que protestan frente al parlamento: “o están con el Fondo Monetario Internacional y sus medidas de ajuste o están con nosotros”.

El otoño islandés de 2010

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La crisis ha sacado este pasado otoño a los islandeses a la calle para practicar el cacerolazo contra los bancos.
Lanzaron lechugas a los políticos y depositaron las llaves de los coches ya embargados en las puertas del Parlamento.

Alberto Arce / Reykjavik (Islandia)

La cacerolada también ha llegado a Islandia.
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Cocinada a golpes de un descontento popular, con pocas especias, sin banderas de partidos, la protesta que quita el hambre pero no alimenta. Se sostiene sobre el fuego lento del desempleo y la ejecución hipotecaria. Si el cacerolazo argentino se gestaba cantando, los islandeses han elegido aullar desde las cocinas de las casas que pierden. Los huevos, lechugas y barras de pan que los políticos esquivan, protegidos tras carreras y paraguas, en su ceremonial camino desde el Parlamento a la catedral de Reykjavik aceleran el vaciado de las despensas. Como si los ciudadanos tuvieran prisa por llegar al límite de sus posibilidades para forzar un cambio en la situación.

El pasado 1 de octubre, día en el que se abría el periodo de sesiones del año político en el Parlamento Islandés,  se imponía un “que se vayan todos” rudo y tormentoso. En el Atlántico norte. Sin tambores ni cantos. Aquí, quedarse en la calle significa mucho frío. Varias personas dejan las llaves de sus coches a las puertas del Parlamento, un lugar cada vez más sucio y pegajoso. Entre restos de vegetales, las llaves de decenas de coches que ya nadie puede pagar. “Que se las queden. ¿Sabes que cada día alguien quema su casa para que el banco no se la quede?”.

Un hombre insulta, solo, blandiendo su cartel en una esquina de la plaza, agotando su catálogo de expresiones respecto a la evacuación de excrementos. Su discurso colabora a comprender el enfado que transmite: “Un 9% de desempleo es inasumible para el que fuera uno de los países con mayor nivel de vida del mundo hace cuatro años”, resume.

Miles de casas embargadas

Hay 46.000 familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y 13.000 casas embargadas por los bancos. Le gustan las cifras. “Islandia tiene sólo 305.000 habitantes”. Completa su lección de economía en crisis con la cifra de la emigración. 6.090 islandeses han emigrado por motivos económicos desde el estallido de la crisis en enero de 2009. “Por primera vez en décadas, la gente que se va supera a la que llega”.

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La policía no puede contener a los manifestantes. Porra al hombro, sprays de mostaza en la mano, se ven claramente superados. Las vallas no han servido para nada. No obstante, nadie tiene intención de provocar disturbios. Tan sólo quieren estar lo más cerca posible de los diputados y ministros para acertar con sus proyectiles vegetales. Un albañil de dos metros y más de cien kilos, casco y herramientas al cinto, se pasea entre la gente con un gorro de lana en las manos. Recoge monedas. ¿Es para financiar la protesta? “No, no, es para pagar la hipoteca de mi casa”. Un pescador se manifiesta con un desatascador de cañerías en cada mano. “Nuestros políticos son como los desperdicios que circulan por los desagües. No nos los merecemos.

Les preocupan mucho más sus reuniones con el Fondo Monetario Internacional que los trabajadores locales. Han abandonado al país. No nos representan. Tienen que dimitir todos”. Está más triste que enfadado. “Lo he perdido todo. Una vida de trabajo para conseguir una casa y una familia y con 54 años lo he perdido todo. No tengo casa ni familia. Por su culpa. Lo único que he hecho en toda mi vida ha sido trabajar”.

A su lado, un joven disfrazado de caballero inglés de principios del siglo pasado se manifiesta en silencio mientras muestra una copia de V de Vendetta orientada hacia el Parlamento. No tiene más que decir. Cambia de opinión. Se da media vuelta, se baja los pantalones y muestra el trasero. Varias personas más le imitan. Islandia es el único lugar del mundo donde se va a procesar al Primer Ministro por su responsabilidad en la crisis. ¿No les parece suficiente? “No. Las familias políticas comenzaron a tejer su tela de araña en 1944 cuando se proclamó la República y de tanto repartirse el poder y los cargos, la han endurecido tanto que ahora es imposible de romper. Tratan de utilizar como cabeza de turco a una persona para que cargue el sólo con las culpas de todos”.

Dos de los jóvenes que se han acercado a la protesta bien pertrechados con docenas de huevos tienen ganas de hablar. “Nosotros también somos culpables por endeudarnos en moneda extranjera sin ser conscientes de que nuestros bancos no tenían capacidad suficiente para soportar la situación”. Y siguen: “Ni el Gobierno ni los bancos realizaron ninguna previsión, no les importaba nada más que la cuenta de resultados a corto plazo y nos dejamos engañar. ¿Tú sabes lo que pasó en Argentina hace muchos años? Pues aquí ha sucedido algo parecido. Se infla el crédito artificialmente, unos pocos hacen mucho dinero y muchos se joden la vida para siempre”.

¿Cuántos años tienes? “23”. ¿Vas a irte del país? “No. De ninguna manera. Este es mi país”. ¿Por qué estás aquí? “Porque miro a mi alrededor y mis amigos, mi familia, lo han perdido todo. Todo. Yo estoy aquí para demostrar que si nos lo quitan todo, podemos empezar de cero otra vez. Miro a mi alrededor y no soporto lo que veo. Es injusto. Salvan a los bancos y dejan que la gente se hunda”. La mujer que recoge las llaves de los coches se esfuerza para conseguir que el montón permanezca ordenado. Llama a los fotógrafos para que capturen la escena. Una y otra vez. Dejan de hacerle caso. Está bebida. Excesivamente maquillada, con una lata de cerveza en la mano a estas horas, apenas rebasado el mediodía, grita en medio de la multitud y nadie hace caso.

Desde dentro del edificio, un par de diputadas, inmunes a los insultos y los aullidos, protegidas tras los cristales, sacan fotos de la mujer que recoge llaves de coches embargados para entregárselas a la clase política. Nadie las aceptará, nadie se sentará a escucharla. A fin de cuentas, es sólo una borracha que grita.

Crisis sin solución a la vista

En 2006, Islandia disponía de mayor renta per cápita que Estados Unidos o Reino Unido. En 2007, Naciones Unidas la declaraba “mejor país del mundo para vivir”. Un jueves de octubre de 2008, Reykjavik vivía escenas como las que se vivieron en Argentina en el año 2001, con los ciudadanos haciendo colas ante los bancos para retirar sus ahorros ante el riesgo de que su dinero se volatilizase.

Un tipo de cambio inflado ante el que casi nadie se preocupó porque permitía disfrutar del apasionante mundo de las compras a crédito y el “deme dos” unido a un Banco Central sin capacidad de emitir moneda fiable, llevó a la devaluación de la corona y el desplome de la economía, endeudada en moneda extranjera. A finales de 2010 el país se encuentra sumido en una crisis sin solución a corto plazo.

Fotos: Helgi Hall

Fuente: Periódico DIAGONAL