Islandia. Placas tectónicas

Blog de Alberto Arce

Nunca pensé que llegaría a verme con una libreta frente al Parlamento islandés.

Durante siglos, el Parlamento Islandés se reunió al abrigo de una inmensa grieta natural, producto de un terremoto.

En el lugar exacto en el que confluyen, con toda su fuerza la falla tectónica norteamericana y la euroasiática, los representantes de los clanes discutían sobre su autogobierno. La “Ley de la roca”, nombrada a partir del promontorio desde el que cualquier ciudadano podía dirigirse a la asamblea de islandeses, contribuyó a crear la imagen de sociedad abierta que se tiene del país. El lugar se llama Pingvalllir y se considera el parlamento más antiguo del mundo. Pero fue disuelto en 1271.

Ocho siglos más tarde, en octubre de 2010, en los suburbios de Reykjavik y apenas a 45 kilómetros del lugar en el que mediante asamblea abierta se fundó el país, Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente islandés, sirve una copa de cava catalán a los invitados extranjeros que pasean por las modestas dependencias de su residencia con motivo de un homenaje al cineasta independiente norteamericano Jim Jarmusch.

Grímsson, formalista, incide en la tradición “Islandia es una sociedad abierta y quiero que se lleven en el recuerdo que Islandia sobrevive gracias al principio de la confianza. Ni siquiera hay una valla que proteja la casa del Jefe del Estado”

Muchos de los presentes, invitados al Festival de Cine de Reykjavik, cruzan miradas. Saben que desde que los tres bancos más importantes de Islandia declarasen una quiebra conjunta en otoño de 2008 el país se encuentra atravesado por la fractura social. Por un “que se vayan todos” de reminiscencias argentina. Una nueva fractura tectónica amenaza al país.

Apenas dos horas antes del intento de convencer a los directores de cine invitados al Festival del concepto de confianza que rige la vida social del país, el Presidente ha tenido que correr, protegido por la policía, de la lluvia de huevos, lechugas y tomates que varios miles de ciudadanos lanzaban contra la ceremonia de apertura del período de sesiones del Parlamento para manifestar su descontento con el sistema político que les gobierna. En Islandia, la ciudadanía se ha rebelado contra las medidas de austeridad propuestas por su gobierno en coordinación con el Fondo Monetario Internacional.

Así lo explicaban la noche anterior una docena de personas que pasan las noches en vela frente a la sede del pequeño edificio que acoge la asamblea legislativa en Reykjavik y mantienen animadas tertulias con quienes se retiran tras la hora de cierre de los bares, ofreciendo incluso,  café caliente con el que despejarse y prestar más atención a complejas explicaciones respecto al estallido de la burbuja inmobiliaria en el país. Son casi cero grados que no parecen importarles ante la posibilidad, real para miles de islandeses, de quedarse, literalmente en la calle.

Casi el 20% de los hogares islandeses se encuentran en quiebra debido a la imposibilidad de pagar sus hipotecas.

Islandia es un laboratorio. Todo lo que el “milagro islandés” tuvo de paradigmático durante la época de las vacas gordas, del consumo exacerbado –el “deme dos” de los islandeses que viajaban de compras por Europa- de su consideración de refugio para los capitales extranjeros que buscaban un lugar seguro en el que reproducirse sin límite aparente, lo tiene ahora de escenario en el que plantear alternativas de salida de la crisis.

Su reducido tamaño permite estudiar posibilidades. Las propiedades inmobiliarias financiadas con créditos denominados en moneda extranjera debido a la sobrevaloración de la corona, se han convertido en símbolo del problema que atraviesa Islandia. El país que en 2006 tenía una renta per cápita más alta que cualquier país de la Unión Europea. Y fue declarado “mejor lugar para vivir del mundo” por las Naciones Unidas se enfrenta hoy a un 9% de desempleo, impensable para el país hace pocos años y a unos indicadores de bienestar en caída libre. Casi el 1% de la población podría verse, literalmente en la calle si el gobierno no interviene para impedirlo.

La diferencia con la Europa continental radica en que, según el propio Fondo Monetario Internacional, el 63% de la deuda de las familias islandesas, mayoritariamente la que tiene que ver con propiedades inmobiliarias, no puede pagarse. Y el Parlamento islandés se vio obligado a aprobar, en consecuencia -y ante la presión ciudadana- una moratoria en el pago de la hipotecas que terminaba precisamente el mismo día 1 de octubre que se inauguraba el período de sesiones.

La movilización social ha conseguido que el parlamento debata una ley a partir de cuya aprobación, se calcularía la diferencia entre el precio real de la propiedad y el valor del crédito concedido para comprarla, rebajándose la diferencia. La lógica que subyace tras la iniciativa es “si la moneda se encontraba sobrevalorada y los créditos, por tanto, se inflaron artificialmente, los ciudadanos no tienen porque pagar por ella”. Mientras se debate la propuesta y, sobre todo, mientras el gobierno trata de convencer al Fondo Monetario Internacional de que es la única salida posible, se ha aprobado una nueva moratoria al pago de créditos de cinco meses.

A fin de cuentas, los 200 millones de coronas que se “perdonarían” a las familias no son más que un 8% de la cantidad de dinero inyectada en el sistema bancario del país tras la crisis que lo llevó a la bancarrota en el invierno de 2008.

El sistema de sociedad abierta y asamblearia que ha caracterizado Islandia desde sus comienzos -junto a su reducido tamaño- ha permitido que la movilización ciudadana ejerza una presión consistente sobre la clase política a lo largo de los últimos dos años. En un país donde prácticamente toda la población está lejanamente emparentada o se conoce personalmente en mayor o menor medida ha anulado la capacidad del gobierno de separarse de la voluntad de los islandeses.

Sin ir más lejos, Islandia es el único país donde la crisis ha puesto bajo control público a la banca privada que quebró durante el estallido de la burbuja financiera. Si el gobierno intervenía, el gobierno debía controlar. Es también el único país donde un Primer Ministro será juzgado por la responsabilidad del poder político en los desmanes y la ausencia de control sobre los mercados que provocó que el país llegase a la bancarrota. Imposible olvidar que en marzo de 2010, la población rechazó con un abrumador 93,1% del voto, devolver la deuda acumulada ante bancos extranjeros.

De regreso en Pingvallir, el lugar donde las fallas tectónicas nortemericana y euroasiática chocan provocando una inmensa grieta, origen de la democracia islandesa, adquiere sentido el grito unánime de los ciudadanos que protestan frente al parlamento: “o están con el Fondo Monetario Internacional y sus medidas de ajuste o están con nosotros”.