HAY ALTERNATIVAS (Cap. V)

LA HIPOTECA DEL DÉFICIT SOCIAL

La actual crisis está siendo utilizada por los economistas neoliberales como excusa para atacar al Estado y al gasto público y por eso afirman que lo que hay que hacer para salir de ella es recortar el gasto público y en particular el destinado a mantener servicios sociales e infraestructuras de bienestar social. E insisten en esta idea de una forma mucho más reiterada desde que estalló el problema de la deuda de la manera y por las causas que hemos comentado.
En contra de esas ideas es muy importante tener claro que esas políticas no van a conseguir lo que dicen pretender (facilitar la recuperación y fomentar el empleo o incluso reducir la deuda) sino que van a provocar todo lo contrario: el mayor empobrecimiento de las clases trabajadoras que son las que, con su consumo, sostienen la demanda, y una pérdida de dinamismo económico y de capacidad para generar empleo.
La reducción del gasto público que se está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la crisis sino justamente lo contrario, es una de las causas de la crisis porque genera desigualdad y limita las posibilidades de creación de actividad económica. Además, lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y personal.

EL BIENESTAR COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
El discurso neoliberal orientado a realizar recortes de gasto social y a debilitar las estructuras de bienestar suele basarse en la idea de que ambos son factores retardatarios de la actividad económica y enemigos de la competitividad, pero los datos empíricos nos indican lo contrario 1.
En contra de esa opinión que se empeñan en extender los neoliberales, incluso una institución dominada por esa ideología, como es el Foro de Davos, tiene que reconocer que los países que tienen mayor eficiencia económica son los países del norte de Europa, que han sido gobernados durante la mayoría del periodo que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990 por partidos que se han caracterizado por su gran sensibilidad social, que se ha traducido en Estados del Bienestar bien financiados y con elevado gasto público social por habitante.
El contraste entre los países del norte de Europa, gobernado por partidos con mayor compromiso social, y los del sur, gobernados por partidos conservadores de escasa sensibilidad social, no puede ser más acentuado. El enorme retraso social de España debido a la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo se debe a haber estado gobernada por una dictadura fascista durante cuarenta años. Y aunque mucho se ha hecho desde entonces, el hecho es que treinta y tres años después de haber terminado la dictadura España todavía está a la cola de la Europa social. Algo que sólo se puede explicar por la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras y neoliberales continúan teniendo sobre el Estado.
El Estado del Bienestar contribuye a la eficiencia económica del país, educando a la ciudadanía, asegurando trabajo estimulante, que permita el desarrollo del potencial de creatividad que tiene todo ser humano, y ofreciendo seguridad y protección social que garantizan una cohesión social, en el que la cooperación y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía requieren para ir adaptándose en su proceso de modernización. El miedo, la inseguridad y la represión (y el desempleo es una forma de represión) nunca motivan a la población. La seguridad, la cooperación y la solidaridad sí que la motivan.
Por eso el bienestar insuficiente sólo puede conllevar una economía menos dinámica, más ineficaz y, por supuesto, más injusta y menos satisfactoria.

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA CRISIS
Un ejemplo de que el subdesarrollo social afecta de forma negativa a la eficiencia económica es que los países que han sufrido más la crisis han sido los países periféricos de la Zona Euro Zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda), es decir, los que precisamente se caracterizan por ser Estados del Bienestar muy poco desarrollados y muy poco financiados, como resultado de tener unas políticas fiscales muy regresivas con unos ingresos al Estado muy bajos, tal como se documenta en los próximos párrafos.
La crisis financiera se ha producido con su enorme magnitud justamente, como hemos analizado, por el gran incremento de la desigualdad que se ha generado en los últimos decenios y al que ha contribuido en gran medida el debilitamiento del Estado del Bienestar. Por tanto, mantener y fortalecer el gasto social y la provisión de bienes y servicios de bienestar no es sólo una cuestión de preferencia ética, que lo es y esto es de por sí muy importante. Además es la mejor manera de apostar por el mayor dinamismo económico y por la mayor capacidad de generación de empleo.

De hecho, una de las causas principales por las que España es incapaz de generar suficientes volúmenes de empleo y por las que su tasa de paro es tan elevada, incluso en épocas de bonanza, es que no ha desarrollado suficientemente su Estado del Bienestar, debido sobre todo a haber vivido más de cuarenta años del sigo pasado bajo una dictadura y a tener un Estado excesivamente influido por fuerzas conservadoras y grupos fácticos.

LA DEBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA
El Estado del Bienestar en España está muy poco financiado y desarrollado y, se mire como se mire, estamos a la cola de la Europa social.
Si contemplamos el gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones), o en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros), vemos que está (21 por ciento del PIB) muy por debajo del promedio de la UE-15 (27 por ciento) y muy por debajo de los países más avanzados, como Suecia (29,3 por ciento). Lo mismo ocurre, por cierto, con los países periféricos de la Zona Euro, como Irlanda (21 por ciento), Portugal (23 por ciento) y Grecia (25 por ciento).
Otro indicador del subdesarrollo social de España es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por ciento, mucho más bajo que en Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez trabaja en su Estado del Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.
El déficit de empleo público, incluyendo el social, es enorme, negando el mensaje neoliberal que se reproduce constantemente en los medios de información de mayor difusión de que hay demasiados empleados públicos en España y muy pocos emprendedores. Los datos muestran, como ya señalamos antes, que España es el país con menos empleados que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar y en el sector público y en cambio es el que registra mayor número de emprendedores.
Estos enormes déficits, que raramente tienen visibilidad mediática, aparecen también en Grecia, Portugal e Irlanda y se debe a que han estado gobernados por dictaduras enormemente conservadoras fascistas o fascistoides (como es el caso de España, Grecia y Portugal) o por regímenes autoritarios profundamente conservadores (como es el caso de Irlanda) durante la mayoría del periodo que va desde finales de la década de 1930 hasta finales de la década de 1970. Y, aunque ha habido cambios importantes, éstos han sido insuficientes para eliminar el enorme déficit de gasto público social.
En realidad el retraso social de España, como en aquellos otros países citados con anterioridad, se debe al enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en la historia de estos países. Así, cuando el dictador murió en 1975, España se gastaba sólo el 14 por ciento del PIB en su Estado del Bienestar, mucho menos de lo que se gastaban aquel año los países que más tarde pasarían a formar la Unión Europea de los Quince (UE-15), cuyo promedio era de un 22 por ciento del PIB.
El gasto subió durante el periodo que abarca desde 1978 (cuando se inició la democracia) hasta 1993 debido en parte al gobierno socialdemócrata de Felipe González, pero, sobre todo, a la presión e incluso agitación social liderada por los sindicatos a finales de la década de 1980, cuando se convocaron varias huelgas generales.
En 1993 el porcentaje de gasto público social había alcanzado el 24 por ciento del PIB. Ni que decir tiene que los países de la UE-15 también vieron subir su gasto social, pues pasó a ser un 28 por ciento, pero el hecho de que subiera con mayor  rapidez en España que en el promedio de la UE-15 explica que el déficit de España con la UE-15 se redujera a la mitad al  pasar de 8 (22-14) a 4 puntos (28-24).
Pero en el año 1993 el gobierno socialista se alió con las fuerzas conservadoras y liberales catalanas (CiU) y el resultado de esta alianza fue que la preparación de España para integrarse en el euro, que exigía la disminución del déficit del Estado (que entonces era del 6 por ciento del PIB) para no rebasar el 3 por ciento exigido por el criterio de Maastricht, se hizo a base de recortar de una manera muy marcada el gasto público social.
Esta operación podría haberse hecho a base de incrementar los impuestos pero no se hizo. En España la reducción del déficit siempre se ha hecho a base de reducir el gasto público social (tal como estamos viendo ahora).
El mantenimiento de esa opción explica que cuando el Estado español consiguió reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado en 2003 fuera a costa de haber aumentado de manera considerable el déficit social de España con el promedio de la UE-15, es decir, la diferencia en euros estandarizados entre lo que España se gastaba por habitante en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15. Un déficit que en 2005 era mayor que en 1994.

LAS CAUSAS DEL SUBDESARROLLO SOCIAL DE ESPAÑA
Ya se ha indicado que las causas de este subdesarrollo han sido el enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el Estado español, que ha determinado unas políticas fiscales sumamente regresivas. Así, mientras que las personas que están en nómina pagan impuestos comparables a los que pagan sus homólogos en la UE-15, las personas de elevadas rentas, así como el capital, pagan muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15.
Como consecuencia los ingresos del Estado en España representan sólo el 32 por ciento del PIB, un nivel mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44 por ciento, y de los países más avanzados como Suecia, 54 por ciento.
Ésta es la mayor causa del subdesarrollo social de España. Es lo que solía llamarse «poder de clase», es decir, poder de la clase dominante que tiene enorme influencia en los establishment políticos y mediáticos del país.
Este poder de clase aparece también en el escasísimo impacto redistributivo del Estado. Así, la pobreza en España baja sólo 4 puntos (del 24 por ciento de la población al 20 por ciento) como consecuencia de las transferencias públicas sociales, mientras que baja 9 puntos en el promedio de la UE-15 (del 25 al 16 por ciento) y 14 puntos en Suecia (del 27 al 13 por ciento).
Puesto que la pobreza se define como el sector de la población que tiene una renta que alcanza el 60 por ciento de la renta mediana (aquella que tiene el 50 por ciento de la renta por encima y el 50 por ciento por debajo), entonces vemos que el impacto redistributivo es muy bajo.
Resultado de ello es que España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15, con coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, de 31,3, mucho mayor al promedio de la UE-15, que es de 29. En ningún otro país las rentas superiores (los muy ricos y los ricos) son mejor tratadas y las rentas medias e inferiores (las clases medias y trabajadoras) peor tratadas por el Fisco. Esto es el poder de clase.

¿ES CIERTO QUE EL ESTADO NO PUEDE SOSTENER UN ESTADO DEL BIENESTAR MÁS FINANCIADO QUE EL ACTUAL?
Un argumento que se cita constantemente es que España se está gastando demasiado en su Estado del Bienestar y que hay que reducirlo.
Los datos, sin embargo, muestran la falsedad de tal argumento. España no es pobre. En realidad es casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15 (que son los países más ricos de la UE), pues su nivel de PIB por habitante es el 94 por ciento de ese promedio. Sin embargo, su gasto público social es sólo el 72 por ciento del promedio de la UE-15. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta en su Estado del Bienestar.
No es cierto, por tanto, que España no tenga recursos para corregir su déficit social. Lo que ocurre es que no los recauda.
La gente con más dinero no paga lo que sus homólogos pagan en la UE-15. Según las cifras provistas por la Agencia Tributaria del Estado español, basadas en las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador, las grandes empresas españolas sólo pagan un 10 por ciento de sus beneficios y los multimillonarios que mantienen que gestionan sus ingresos y sus patrimonios mediante SICAV apenas pagan el 1 por ciento.

La insuficiente financiación de los derechos sociales

Como es lógico, el subdesarrollo social de España se manifiesta en todas las dimensiones del Estado del Bienestar o, lo que es lo mismo, en el imposible disfrute de derechos sociales básicos reconocidos sobre el papel por la Constitución.
Sistema sanitario El sector sanitario en España está poco financiado y, por tanto, poco desarrollado. Sólo el 4,1 por ciento de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, un porcentaje que es uno de los más bajos de la UE-15 (6,6 por ciento).
España tiene el PIB per cápita equivalente al 94 por ciento del PIB del promedio de los países de la UE-15 y, en cambio, el
gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5 por ciento del promedio. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. No es creíble, por tanto, indicar que la sanidad pública es insostenible.
En realidad España se está gastando mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico. El crecimiento del gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7 por ciento por año, comparado con un 4,1 por ciento en el promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el sector privado, que es lo que se está tratando de fortalecer. Y hay que tener presente que el sector sanitario privado encuentra su principal obstáculo de desarrollo en el sector sanitario público, y por eso sus representantes recomiendan una y otra vez el desmantelamiento progresivo del sector público. En caso de privatización parcial o completa los pacientes del sistema público pasarían a ser clientes del sistema privado, y eso significa negocio y beneficios. No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una desgravación del aseguramiento privado.
Además la simple existencia de un sistema sanitario privado refleja una situación de desigualdad en el acceso a un servicio esencial como la salud. No en vano el 30 por ciento de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada y el 70 por ciento restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Cualquier privatización, sea del grado que sea, empujará a las clases medias y trabajadoras a tener que pagar mucho más por acceder a los mismos servicios.
Actualmente estamos viendo un resurgimiento de este debate público-privado, y poco a poco los gobiernos avanzan en el deterioro del sistema público con el objetivo de crear nuevos espacios de negocio para el sistema privado.
Para justificar tales prácticas los gobiernos y los economistas liberales consideran que el sistema público es insostenible.
Por ejemplo, se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis visitas). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países las atiende o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España en cambio las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo.
Además los que generan la demanda que ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son los usuarios sino los médicos.
Es decir, el sistema no es insostenible pero sí necesita reformas, aunque deben ser reformas que avancen en el fortalecimiento del sistema público y no en su deterioro o su desaparición.
La realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada y quedan todavía áreas de servicios por cubrir, tales como los servicios de dentista.
Por otra parte este bajo gasto sanitario se traduce en un sistema ineficiente. En general la sanidad privada puede ser mejor que la pública en la comodidad y la atención al paciente (una cama por habitación en las clínicas privadas, más tiempo de visita y menos tiempo en espera). En cambio la sanidad pública es mejor que la privada en la calidad del personal y de la tecnología e infraestructura médica.
De hecho, en países de extenso desarrollo de la privada, como Estados Unidos, la evidencia muestra que la mortalidad es mayor en las instituciones sanitarias con afán de lucro que en las sin afán de lucro, lo que muestra el peligro que puede significar la mercantilización de la medicina. El afán de optimizar los beneficios puede entrar en conflicto con la calidad del servicio (lo cual ocurre por lo general, ahorrando en personal de enfermería y otro tipo de personal).
Lo que se requiere, pues, es una sanidad pública multiclasista, que mantenga la calidad del personal y de la infraestructura y a la vez mejore de forma sustancial la atención y la comodidad del usuario. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual.

Educación

Lo mismo que ocurre en el caso de la sanidad pública sucede en la educación pública. Todos los alumnos que van a colegios o institutos públicos son potenciales clientes de los colegios o institutos privados, pero dejar de financiar la educación pública a los niveles recomendados por los organismos internacionales es profundamente antisocial, ya que las escuelas privadas atienden prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden a las clases populares.
Los recortes de gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por clase social, dificultando la movilidad social, que es una de las más bajas de la UE-15, y debilitando así las bases de nuestra estructura productiva. En efecto, además de ser una estrategia que perjudica a los sectores de rentas más bajas y, por tanto, netamente injusta y desigual, el recorte del gasto en educación pública es muy perjudicial desde el punto de vista económico porque este limitado desarrollo implica una insuficiente inversión en el capital humano, que es un factor fundamental del crecimiento y de la competitividad.
Porque, en contra de lo que indican los economistas neoliberales, las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.
Vemos también que como ocurría en Sanidad la dicotomía privada/pública reproduce una polarización por clase social que no es ni justa ni eficiente. La mejor escuela en la UE-15, por ejemplo, es la finlandesa, tal como señalan los informes PISA sobre calidad de la educación. Ésta es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca asisten al mismo colegio, una situación impensable en España.
Pero consecuencia de ello es que el hijo del banquero en España está por detrás del empleado de la banca en Finlandia. En contra de lo que indican los economistas neoliberales las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.

Vivienda

Otro bien de primera necesidad y derecho social que se ha venido considerando en nuestro país como un bien de lujo es la vivienda. Pero precisamente por permitir que la vivienda se considerara una mercancía más se ha podido gestar la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a la economía española.
El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106 por ciento desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007, mientras que los salarios nominales crecieron sólo un 8 por ciento, lo que refleja cómo sólo las rentas más adineradas se han permitido el lujo de adquirir viviendas en condiciones que no requerían la firma de un contrato abusivo con el banco.
La solución pasa por considerar la vivienda como un bien de primera necesidad gestionado por el Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público disponga de un excedente de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a precios progresivos (en función de la renta de las familias), y eso lo puede conseguir utilizando el impresionante excedente de viviendas que tienen los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Una manifestación especialmente vergonzosa del problema social al que lleva la insuficiente o mal orientada financiaciónde la vivienda es el incremento desmesurado de los desahucios que se producen y del número de familias que pierden sus viviendas en manos de bancos que, mientras tanto y con ayudas públicas, obtienen miles de millones de euros de beneficios.
Según el Consejo Superior del Poder Judicial en el primer trimestre de 2011 hubo 15.491 desahucios, lo que supone una nueva cifra récord y un 36,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2010. Pero la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca que está en contacto mucho más directo y real con este problema afirma que en muchos miles de casos más se produce «autodesahucio» porque las familias entregan las viviendas cuando ya no pueden más, o, aunque no haya orden judicial de lanzamiento, se produce el desalojo real que luego no reflejan las cifras oficiales de la Justicia. Lo que le lleva a estimar que en 2010 se registraron 93.000 desalojos de viviendas, cuando las cifras oficiales reflejaron 48.000. Y esa misma fuente estima que a mediados de 2011 podrían estar en curso un millón de expedientes de desahucio que se unirían a los 250.000 que se han realizado desde el inicio de la crisis.
En la mayoría de estos casos se puede producir, además, que las familias deban seguir pagando una parte de sus hipotecas puesto que el gran poder de los bancos se traduce en el establecimiento prácticamente unilateral de la tasación del valor de la vivienda.
Frente a ello no es solución la simple aceptación de la dación de pago, que al fin y al cabo viene a significar la pérdida de la vivienda, sino el reconocimiento efectivo del derecho constitucional a disfrutar de ella. Para ello sería necesario crear, por el contrario, mecanismos de arbitraje que permitan establecer acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda hipotecaria, al estilo de los que existen en otros países europeos, con el fin primordial de que no se pierda el bien fundamental que es la vivienda y el derecho a habitarla.

Condiciones de trabajo

Otra manifestación de nuestro subdesarrollo social es el empeoramiento de las condiciones de trabajo, con un aumento del porcentaje de trabajadores que indican estar estresados en el trabajo (el 52 por ciento de la población total en 2009). Lo que no sólo tiene que ver con el hecho de que los trabajadores españoles trabajan más horas al año (1.654 horas) que las de la media de los países de la OCDE (1.628 horas), sino también con la menor dotación de servicios de bienestar vinculados a la vida laboral y, por supuesto, con nuestro menor nivel de salarios.

Pensiones

Al igual que pasa con la sanidad y con la educación, el sistema público de pensiones está en peligro como consecuencia de los ataques de los bancos y de las entidades financieras que buscan incrementar el negocio de sus planes de pensiones privados.
Con el agravante de que tal ataque está siendo justificado por economistas neoliberales que continuamente recomiendan reformas profundas en el sistema para evitar su colapso a base de argumentaciones falsas. Se asume erróneamente que la evolución demográfica (el envejecimiento de la población) es el único factor que importa a la hora de valorar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando en realidad hay muchas otras variables que influyen en dicha sostenibilidad.
En contra de las medidas que se vienen implantando y que simplemente persiguen reducir el gasto en pensiones públicas para así obligar a suscribir fondos privados de ahorro, y dado que la suficiencia financiera del sistema público depende también de los ingresos y no sólo de los gastos, se mejoraría su situación favoreciendo el aumento de la masa salarial y el de la población femenina ocupada, la distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad mejorando las condiciones laborales o la participación de los trabajadores en la empresa, combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral 2.
Sin olvidar que el aumento de la productividad implica un incremento muy notable de la riqueza del país. De la misma manera que ahora el 3 por ciento de la población adulta trabajando en agricultura produce lo que producía el 30 por ciento de la población agrícola hace cuarenta años, dentro de cuarenta años un porcentaje incluso menor producirá mucho más que el 3 por ciento actual. Pues el mismo símil se aplica al sostenimiento de las pensiones. Si hoy se necesitan tres personas para sostener a un pensionista (se necesitaban seis hace cuarenta años), es más que probable que en el futuro se necesiten menos trabajador activos para sostener a los inactivos.
Pero incluso aunque se aceptara, que no hay por qué, que el sistema no se puede sostener basado sólo en las cotizaciones de la población trabajadora, se podría recurrir a financiarlo mediante impuestos.

Dependencia y sector de cuidados (cuarto pilar del bienestar)

Como hemos señalado, es el poder de clase es el que determina el subdesarrollo social de España al imponer una insuficiente financiación generalizada de la provisión de los bienes y servicios de bienestar colectivo. Pero donde este subdesarrollo es más acentuado es en aquellos sectores del Estado del Bienestar que afectan a las familias, que en España quiere decir a las mujeres.
En España las escuelas de infancia para niños de 0 a 2 años y los servicios domiciliarios a personas con dependencia están muy poco desarrollados. Sólo el 10 por ciento de niños de 0 a 2 años van a escuelas de infancia públicas, en comparación con el 28 por ciento de la UE-15 o el 58 por ciento de Suecia. Y lo mismo ocurre en cuanto a los servicios de dependencia: en 2004 sólo un 2 por ciento de las personas con dependencia en España tenían atención garantizada al margen de la no retribuida que pudieran recibir (en la mayoría de las veces por las mujeres) de sus hogares, frente al 18 por ciento en la UE-15 y al 23 por ciento en Suecia.
Este subdesarrollo tiene costes humanos, sociales y económicos extraordinarios.
La insuficiente financiación de los servicios de cuidados y de los que pueden permitir la adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que sobre todo atiendan a los infantes, a los jóvenes y adolescentes que están en casa hasta que tienen 32 años como promedio, a las personas mayores y, en general, casi todas las tareas del hogar. Y el 52 por ciento de ellas además trabaja en el mercado laboral, todo lo cual tiene efectos muy negativos.
En primer lugar genera sobrecarga de trabajo y mucho estrés. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre.
En segundo lugar tiene también un coste social elevado: España tiene una de las fecundidades más bajas del mundo. Y ello es fácil de entender pues la mujer joven tiene difícil encontrar un puesto de trabajo que le permita tener acceso a una vivienda, condición necesaria para establecer una familia. Es más, no suele disponer de los servicios de ayuda a la familia que tienen otras mujeres europeas, como las francesas o las suecas.
Finalmente también tiene un enorme coste económico. Si las mujeres en España tuvieran el mismo porcentaje de actividad en el mercado de trabajo que las mujeres suecas, en España habría 3 millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. De ahí la enorme importancia y exigencia de que se desarrolle el cuarto pilar del Estado del Bienestar para poder permitir la integración de las mujeres al mercado de trabajo.
Esto es una inversión de una gran importancia para crear riqueza, mucho mayor, por cierto, que invertir en el AVE, pero,  sin embargo, no existe conciencia de ello en los centros de decisión económica del país.
Una buena prueba de esto último es que el mismo gobierno socialista que promulgó las Leyes de Dependencia e Igualdad las dejó casi desde el principio sin financiación suficiente, lo que creó una frustración importante, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en donde se realizaron recortes adicionales que prácticamente han impedido su puesta en marcha. Y también el hecho de que, cuando la crisis económica estalló, han sido precisamente las políticas de igualdad, e incluso el propio Ministerio que se creó como su buque insignia, las primeras que han visto mermar sus presupuestos. Así ocurrió con la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que el Gobierno anuló a pesar de estar ya aprobado por ley.
El Estado del Bienestar debería ser una cantera de creación de empleo. Hemos mostrado que si hubiera el porcentaje de personas adultas en el Estado del Bienestar que tiene Suecia, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el Estado del Bienestar se vea como una inversión fundamental para mejorar la calidad de vida, así como la eficiencia económica del país.

1 Todos los datos utilizados en este capítulo pueden encontrarse en el Observatorio Social (http://www.observatoriosocial.org/ose/).

2 Véase Navarro, V. Torres López, J., Garzón Espinosa, A.: «Están en peligro las pensiones públicas? Las pregunas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan», ATTAC, 2010.