En defensa del sistema público de pensiones

El documento que se presenta a continuación está elaborado por economistas y juristas. Entre ellos Juan Torres, Alberto Garzón, Vicent Navarro, Mirien Etxezarreta, Paco Álvarez, Adoración Guaman, muchos de los cuales son socios colaboradores y miembros del Consejo Científico de ATTAC y recoge un “argumentario”, que conviene conocer,  y  que ignora  la famosa “Comisión de Expertos” nombrada por el gobierno del PP a la medida de sus intereses privatizadores, para justificar el desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones.

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Documento

Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

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En defensa del sistema público de pensiones

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LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”. Sigue leyendo “En defensa del sistema público de pensiones”

¿SUICIDIOS o CRIMEN DE ESTADO?

JUAN  TORRES en su blog "Ganas de Escribir"

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis.

Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero’ (Espasa, 2012), que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

JUAN TORRES es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. 

El CAPITALISMO es cada día más incompatible con la DEMOCRACIA

Los autores de “Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero” denuncian los excesos de la banca y de los especuladores, a los que acusan de provocar la crisis y de hinchar artificialmente la deuda pública de España

Diario Público
Juan Torres López, el pasado martes en Madrid.

En los últimos 30 años el sistema capitalista se ha degradado hasta el punto de convertir a la economía mundial en un gran casino donde la especulación sin control se ha convertido en la única norma. Nadie ha puesto bridas a esa especulación sin límites: muy al contrario, el poder político ha claudicado ante el gran capital financiero encabezado por la banca internacional. Los bancos y las grandes corporaciones han terminado por adueñarse del mundo y crear una sociedad donde la desigualdad aumenta, el Estado de Bienestar está cada día más debilitado y millones de personas mueren por las decisiones económicas que toman los poderosos.

Ese el panorama que dibujan Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro de ATTAC, y Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, en su libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa Calpe). En esta entrevista (por problemas de agenda Vicenç Navarro sólo pudo responder a una pocas preguntas por escrito) los dos autores señalan a los bancos como los principales culpables de una crisis que creen que se podría haber evitado. 

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El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

  • Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
  • Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

  • El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.

Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.

El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.

Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

  • ¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetico con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.

Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

  • El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.

En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.

Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.

La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.

Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

  • ¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.

Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.

Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

– Quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

– Se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

– Volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.

– Nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.

– No bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.

Rescate: se consuma el engaño

 Juan Torres López

Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.

Solo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.

No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.

Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley… hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.

Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.

El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: “no existe una ‘burbuja inmobiliaria’ (…) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas” (El Mundo 2  de octubre de 2003). Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa “no saben nada de economía” (El País, 11 de febrero de 2008).

Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.

El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.

Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.

Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.

Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era “el más sólido del mundo”, los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.

Los dos grandes partidos, a los que se  suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran  mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.

Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes.

Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consejos de administración, o en los de empresas participadas, a docenas de ex dirigentes o socios.

Luego, cuando el sistema saltaba por los aires porque a los alemanes les consumía el ansia de cobrar los préstamos que con la misma compulsión habían dado a los bancos españoles, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. Diez días hace que lo negaba rotundo el presidente Rajoy: “no va a haber ningún rescate de la banca española” (EFE, 28 de mayo).

Y cuando lo han pedido, niegan lo que efectivamente han pedido: 100.000 millones de euros para entregar a la banca y que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando será el Estado quien tenga que devolverlo (¿cómo lo harían unas entidades que se capitalizan precisamente porque no tienen dinero?) y tratan de hacer creer que es algo positivo y una ayuda generosa: “Las noticias que traemos hoy son positivas”, dijo el Ministro de Guindos cuando empezaba la rueda de prensa que dio ayer para anunciar el rescate.

Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican (¿o acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue “rescatada”?). Nos ha engañado el Fondo Monetario que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo solo para justificar la decisión ya tomada y en el que cifra las necesidades de financiación de la banca española en una horquilla que sitúa, nada más y nada menos, que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euro. ¿En qué quedamos?

Y nos engañarán esta tarde el presidente Rajoy y el Príncipe Felipe si es que definitivamente se han ido a ver el partido de fútbol cuando griten ¡España, España!, porque lo que están demostrando es lo contrario: España, los españoles de abajo, les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrían que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han ganado a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre.

¿QUÉ REVELA Y OCULTA LA CRISIS FINANCIERA?


Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

La crisis que estamos viviendo se ha producido como consecuencia de la quiebra prácticamente generalizada de la banca internacional que en los últimos años había acumulado un riesgo inmenso creando y difundiendo productos financieros muy rentables pero también cada vez más peligrosos.

Para ocultar ese riesgo recurrió a estratagemas fraudulentas con la ayuda de las agencias de rating (que daban la máxima calificación a los productos derivados de las iniciales hipotecas basuras que iban difundiendo por todo el sistema financiero mundial) y con la complicidad de las autoridades públicas que miraron a otro lado para dejarles hacer.

Cuando las hipotecas a partir de las cuales nacían todo esos productos dejaban de pagarse, se producían pérdidas en los bancos, que llegaron a ser tan grandes que fueron provocando su quiebra, a pesar de las artimañas contables aprobadas para disimularlas. Entonces se cerró el grifo de la financiación y la economía se vino abajo, multiplicándose el cierre de empresas y aumentando el desempleo.

Los gobiernos, en lugar de dejar caer a los bancos irresponsables y quebrados, les proporcionaron billones de dólares de liquidez para salvarlos, aduciendo que eran demasiado grandes, pero, a pesar de ello, la magnitud del agujero que ellos mismos se habían provocado era tan grande que su salvamento fue incapaz de devolver el crédito y la normalidad a las economías.

Finalmente, los gobiernos tuvieron que inyectar grandes cantidades de dinero a la economía para evitar su colapso y como sus ingresos caían paralelamente al disminuir la actividad económica, se generó un problema gigantesco de deuda.

Lo que hay detrás de todo esto es fácil de deducir:

– Una gran desigualdad que ha concentrado cada vez más riqueza en manos de los grandes propietarios de capital.

– Una desregulación del sistema financiero concebida para convertir la economía mundial en un casino especulativo en el que las entidades financieras aplican sus recursos en lugar de dedicarlos a crear riqueza productiva.

– El privilegio que tiene la banca de crear dinero (obteniendo así beneficio y poder) generando deuda, lo que hace que ésta tienda a multiplicarse indefinidamente.

– El gran poder económico, político y mediático acumulado por los financieros y grandes propietarios que ha permitido que todo esto se haya podido hacer sin dificultades e incluso con el asentimiento y sumisión de la mayoría de la población.

Publicado en Agenda Viva, nº 27 (2012)

HAY ALTERNATIVAS (Cap. X)

115 propuestas concretas

GOBERNANZA MUNDIAL

1. Constitución de un gobierno mundial que permita compensar y reducir el poder de los grupos privados internacionales, así como facilitar la instauración de un mundo diferente.
2. Asunción de competencia ejecutiva por parte de Naciones Unidas para la adopción de decisiones en materia económica y financiera, y siempre subordinando sus decisiones a la Declaración de Derechos Humanos.
3.Democratización de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas con votos no vinculados a la riqueza y sin derecho a veto.
4. Obligación de los países respeten e implementen los derechos humanos definidos por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para poder ser admitidos en las organizaciones internacionales.

SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL

5. Nuevo estatuto de la banca internacional que permita compartimentar la actividad financiera, separando banca comercial de banca de inversión y avanzar en la supresión del sistema de reservas fraccionarias, comenzando por incrementar el coeficiente de caja.
6. Prohibición de prácticas y productos financieros especulativas tales como las operaciones al descubierto y los Credit Default Swap (CDS), de los mercados Over The Counter (OTC) y de las operaciones de alta frecuencia, del secreto bancario y de los paraísos fiscales 1.
7. Impuestos sobre transacciones financieras en función del grado de utilidad social de la transacción.
8. Reforma del sistema de pagos internacional sustituyendo el dólar como moneda dominante por una cesta de títulos respaldados por varias monedas internacionales.

JUSTICIA GLOBAL

9. Presupuesto mundial para Naciones Unidas y creación de un Fondo de Restitución para compensar a los países empobrecidos por los efectos de las políticas coloniales y neoliberales.
10. Ayuda Oficial al Desarrollo del 0,7 por ciento destinada al presupuesto de Naciones Unidas.
11. Reducción inmediata del gasto militar de todos los países en un 20 por ciento y destino de esos fondos al presupuesto de Naciones Unidas.
12. Impuestos globales a los beneficios extraordinarios del comercio internacional y sobre la emisión de gases contaminantes del medio ambiente, todos los cuales irán destinados a financiar el presupuesto de Naciones Unidas.
13. Ejecución inmediata de los compromisos incumplidos por los países del G-8 en materia de ayudas para acometer tareas urgentes como la hambruna o los desastres naturales.

14. Plan urgente de acción inmediata para garantizar el cumplimiento de los objetivos del milenio.

COMERCIO INTERNACIONAL

15. Conferencia en el marco de las Naciones Unidas de autoridades, expertos y organizaciones y organismos independientes de los gobiernos para definir nuevas reglas del comercio internacional que sean más justas y democráticas, que garanticen la protección efectiva de los derechos de las personas, de los pueblos empobrecidos, de las economías más vulnerables y del medio ambiente.
16. Desaparición inmediata de las barreras impuestas al comercio por parte del Norte, así como de las ayudas y subvenciones a sectores o empresas de los países ricos.
17. Prohibición del dumping de productos no autorizados en los países ricos a los países pobres.
18. Establecimiento de un código de responsabilidad de las empresas multinacionales para garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales, sanitarias y humanas.
19. Control estricto sobre el sector armamentístico.
20. Elaboración de un código internacional de investigación sanitaria y financiación por parte de Naciones Unidas de investigaciones no rentables pero que permiten salvar millones de personas en el mundo.
21. Garantía de la propiedad de la población sobre los recursos naturales básicos, considerando el agua como una propiedad común de la humanidad que no es apropiable por ninguna empresa.

CONSTITUCIÓN DE UN AUTÉNTICO ESTADO CONFEDERAL EUROPEO

22. Reforzar los poderes del Parlamento Europeo.
23. Nombramiento de la Comisión Europea a través del Parlamento a fin de garantizar su legitimidad.
24. Establecimiento de mecanismos de coordinación integral de las políticas europeas.
25. Nuevo estatuto del euro que garantice simetrías, equilibrio e igualdad entre los pueblos.
26. Modificación de los criterios de pertenencia a la Unión Europea y Monetaria para exigir que en todos sus países miembros se garantice el ejercicio de los Derechos Humanos definidos por las Naciones Unidas con indicadores sociales y políticos además de los fiscales y monetarios.
Y para que los países tengan que alcanzar objetivos sociales, como pleno empleo y universalización de los derechos humanos y sociales como condición de pertenencia.
27. Flexibilización del criterio de Maastricht y modificación de sus indicadores fiscales y monetarios para permitir y garantizar los estímulos económicos y la creación de empleo.

INSTITUCIONES ECONÓMICAS

28. Reforma del estatuto del Banco Central Europeo que lo obligue a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y que le imponga como preocupación prioritaria el mantenimiento del pleno empleo, la igualdad y el bienestar humano, dentro de un sistema financiero que proteja a los Estados miembros de la eurozona frente a los ataques de los especuladores financieros.
29. Creación de una agencia pública de calificación y la prohibición de que las agencias privadas puedan calificar los títulos de deuda pública.
30. Creación de la Hacienda Pública Europea con un carácter altamente progresivo y que permita acabar con la competencia fiscal entre países.
31. Reforzamiento del Banco Europeo de Inversiones al Desarrollo, cuya actividad esté orientada a modificar el modelo productivo europeo.

EUROPA Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

32. Definición de la Unión Europea como zona de autosuficiencia financiera que ignore las demandas de la industria financiera.
33. Establecimiento de control de capitales para acabar con los movimientos especulativos.
34. Prohibición de paraísos fiscales con la elaboración de una lista completa de los mismos a partir de criterios estrictos.
35. Estricta regulación financiera que adecue la regulación financiera internacional al entorno europeo de autosuficiencia financiera.
36. Impuesto sobre las transacciones financieras para desincentivar la especulación y promover la actividad productiva y sobre los activos bancarios para crear un fondo que permita compensar posibles rescates bancarios futuros.
37. Reforma de la estrategia comercial europea renunciando a las ayudas y las subvenciones de la Unión Europea a sectores o empresas que compiten con países empobrecidos.
38. Fortalecimiento de los mecanismos de carácter redistributivo como las transferencias de rentas entre países y entre clases sociales, las prestaciones europeas de desempleo, etcétera.
39. Fortalecimiento de la producción local y no contaminante, menos generadora de residuos y con menor gasto energético.
40. Coordinación salarial europea y convenios colectivos europeos con un pacto capital-trabajo basado en la recuperación progresiva del peso de los salarios en la renta.
41. Normas europeas de obligado cumplimiento en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

42. Códigos de responsabilidad empresarial y limitación de las remuneraciones de los directivos y los brókers.
43. Políticas europeas de promoción de la cooperativa social, avanzando en la gestión democrática de las empresas.

RESPUESTAS INMEDIATAS A LA CRISIS

44. Creación de una comisión formada por personas con acreditada experiencia en el mundo de las finanzas y de la economía mundial que depure las responsabilidades de los causantes de la crisis.
45. Puesta en marcha de planes de estímulo bien orientados y que estimulen el crecimiento de nueva actividad económica sostenible generadora de riqueza social, de empleo decente e igualdad y respetuosa con el medioambiente.
46. Auditoría de la deuda pública con un estudio pormenorizado de los contratos de deuda pública de todos los países europeos con objeto de buscar aquellos contratos considerados ilegítimos.
47. Concesión al Banco Central Europeo de poderes para emitir títulos propios de deuda pública con los que financiar su presupuesto y las ayudas a los países.

RESPUESTAS INMEDIATAS A LA CRISIS EN ESPAÑA

48. Referéndum vinculante ante cualquier plan de ajuste estructural.
49. Pacto de rentas entre capital y trabajo para alcanzar el nivel más alto de participación de los salarios en la renta nacional en el periodo democrático.
50. Plan de estímulo económico orientado a avanzar en la puesta en marcha de nuevas actividades y formas de producción y consumo.
51. Auditoría de la deuda pública y privada para denunciar los contratos ilegítimos y liberar la carga financiera asociada.
52. Comisión de responsabilidades a nivel español que evalúe el papel de las autoridades que han permitido la burbuja inmobiliaria y el nivel de endeudamiento extremo.
53. Nacionalización de las grandes empresas privatizadas en su día.
54. Incremento de las partidas de gasto social para lograr que España converja en gasto público social por habitante con el promedio de la UE-15 en cinco años.
55. Puesta en marcha de un plan estratégico nacional encaminado a promover la igualdad de género, con  especial énfasis en la eliminación de todas las manifestaciones económicas y sociales de la discriminación entre mujeres y hombres, en el fomento de la corresponsabilidad entre ambos y con el objetivo concreto de alcanzar la tasa de actividad femenina media de la Unión Europea de los 15.

SISTEMA FINANCIERO

56. Nacionalización de las cajas de ahorro para financiar la actividad productiva y que sirva de contrapeso a la banca comercial privada y a la banca que haya recibido ayudas por parte del Estado o a la devolución de todas estas. Y creación de una banca pública que garantice la financiación de la economía y la disponibilidad de crédito a empresas y ciudadanos que lo requieran.
57. Impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y los activos financieros.
58. Código de comportamiento ético de la banca pública que asegure que todas las inversiones financieras deben ser socialmente responsables.
59. Introducción de coeficientes de caja más altos y de coeficientes de inversión.
60. Promoción de las instituciones financieras de nuevo tipo vinculadas a las finanzas personales, a los mercados locales y a la microfinanciación.

MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

61. Plan estratégico de redefinición del modelo productivo basado en la promoción del mercado interno y la demanda doméstica y que a corto plazo potencie los sectores de las energías renovables y el reciclado del sector de la construcción en la recuperación de viviendas y el Estado social.
62. Modelo de crecimiento orientado al mercado interno basado en altos salarios y elevado gasto público.
63. Fomento de la agricultura ecológica y de la producción de bienes y servicios de proximidad.
64. Nuevo modelo de transporte público que priorice el desplazamiento de la mayoría de la población (cercanías, autobuses, etcétera) sobre el transporte minoritario, caro y poco eficiente (AVE).
65. Promoción del empleo local fomentando la creación de cooperativas de agricultores y de vendedores de materias primas, que permitan distribuir localmente sus productos y eliminando así de forma progresiva el peso de los intermediarios.
66. Acercar los lugares de consumo y producción, acabar con la cultura del “centro comercial” y ayudar financieramente a los pequeños comercios.
67. Democratización de las empresas, introduciendo modelos de cogestión donde sindicatos y trabajadores  estén en los consejos de dirección de las empresas.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO

68. Garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de la banca pública.
69. Nuevo horario laboral que permita mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores, incrementando la productividad en las empresas.
70. Mejorar los trámites burocráticos, facilitando y agilizando los procesos de creación de pequeñas y medianas empresas.

FISCALIDAD

71. Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y los beneficios, con nuevos tramos y tipos más altos y recuperación de nuevos impuestos que graven la riqueza, como el impuesto del patrimonio o el de sucesiones, con tramos exentos para centrarlos en los niveles más elevados de riqueza.
72. Igualar la fiscalidad que soportan las rentas del capital a la del trabajo.
73. Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal que permitan aumentar las inspecciones fiscales y de trabajo a las empresas, en especial a las más grandes.
74. Acabar con los privilegios financieros de la Iglesia y utilizar ese ahorro en la educación pública y laica.
75. Individualización total del IRPF con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la forma actual (declaración conjunta) o en cualquier otra posible.

CREACIÓN DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES

76. Derogación de la reforma laboral y paralización de todos los proyectos de reforma que prosigan la filosofía del neoliberalismo.
77. Aumento del salario mínimo a niveles equiparables a los de los países europeos con un PIB similar.
78. Reducción progresiva del abanico salarial mediante políticas fiscales y de negociación en el seno de las empresas para lograr que la diferencia entre los extremos no supere la relación 4 a 1.
79. Aumento de las prestaciones por desempleo.
80. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios.
81. Reparto del tiempo de trabajo y disminución de la jornada laboral.
82. Fortalecimiento de las normas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y de conciliación entre la vida personal y laboral.
83. Asunción del objetivo de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles con la misma parte obligatoria para el padre que para la madre y el establecimiento de una hoja de ruta hasta su plena consecución.
84. Plan de austeridad pública que respete los derechos laborales y sociales.

DERECHOS SOCIALES

85. Fomento de la vivienda en alquiler social, usando el excedente de viviendas vacías en posesión de las entidades financieras.
86. Derogación del art. 18 del Proyecto de Ley de Dependencia y de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en el proyecto de Ley de Igualdad para que las prestaciones o desgravaciones para el cuidado no estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad laboral en la persona cuidadora.
87. Paralización de los expedientes de desahucios, aceptación de la dación en pago voluntaria y creación de comisiones de arbitraje para evitar la pérdida de las viviendas por razones sobrevenidas.
88. Reducción del gasto militar en un 35% en tres años.
89. Incremento del número de empleados públicos, especialmente en los servicios del Estado de Bienestar, hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
90. Reforma del sistema público de pensiones a través de estímulos a la economía, financiación vía impuestos, reducción de la vida laboral y el fin de los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones. 91. Eliminación del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
92. Desarrollo del cuarto pilar del bienestar (que debería incluir tanto los servicios de atención domiciliaria  a las personas con dependencia como el derecho de acceso a las escuelas de infancia de 0 a 3 años) hasta alcanzar los niveles de cobertura promedios de los países de la UE-15 en 5 años con el objetivo de lograr los indicadores actuales de los países nórdicos en 10 años.

EDUCACIÓN

93. Plan de choque para aumentar el número y la atención de las escuelas infantiles.
94. Fin del régimen de concertación con la enseñanza privada.
95. Aumento del gasto en educación hasta alcanzar la media europea en todas las comunidades autónomas.
96. Plan de choque para el mejoramiento de la condición laboral y social de maestros y profesores.
97. Plan de choque para la mejora de las enseñanzas de bachillerato y formación profesional y para combatir el fracaso y el abandono escolar en esos niveles.
98. Financiación pública de la universidad en los niveles existentes en la Unión Europea de los 15.
99. Reforma de la ley de universidades y de la forma en que se han aplicado las normad del Sistema Europeo de Enseñanza Superior para asegurar que el servicio público de la educación superior se oriente fundamentalmente a la promoción del conocimiento que satisface necesidades sociales.
100. Normas que garanticen que en los planes de estudios de economía se introduce un estudio serio, riguroso y plural de las diferentes corrientes de pensamiento y no solo el pensamiento neoliberal.
101. Planes de choque para el mejoramiento de la condición laboral y social de maestros y profesores.
102. Incremento de la financiación dedicada a la investigación científica hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
103. Plan urgente para dignificar la actividad y el salario de los investigadores jóvenes para recuperar  talentos que actualmente se encuentran fuera de España e insertarlos en el sistema español de ciencia y tecnología.
104. Plan de estímulo de la investigación y la innovación en el seno de las empresas privadas vinculando y condicionando otros tipo de ayudas y subvenciones al desarrollo de actividades de esta naturaleza.

POLÍTICA

105. Nuevas normas para fortalecer los procedimientos de evaluación y control del gasto público sometiéndolo a principios de austeridad y ejemplaridad que impliquen mejoras en la provisión de los bienes y servicios públicos.
106. Permitir y facilitar la participación ciudadana en el conocimiento y control de la gestión del dinero público y de los servicios públicos.
107. Estatuto de la comunicación social que garantice la pluralidad de los medios de comunicación e impida la concentración de poder en ellos y fomente medios de comunicación alternativos a través de difusión pública.
108. Garantizar que los medios públicos de información presenten la pluralidad ideológica existente a la población a la que tales medios sirven, y condicionar las ayudas públicas a los medios privados así como su reconocimiento legal a su compromiso con la diversidad ideológica.
109. Establecer como responsabilidad pública la defensa del consumidor de bienes y servicios privados, así como del usuario de los servicios públicos que garanticen la calidad y seguridad de todos los bienes y servicios.
110. Control exhaustivo de la clase política a través de la introducción de criterios de eficiencia en la administración pública y mejorar su funcionamiento a través de la aplicación de nuevas tecnologías y procesos de transparencia.
Y democratización de los partidos políticos potenciando la responsabilidad de los cargos electos ante sus electores en lugar de ante las élites gobernantes en los partidos.
111. Ley que garantice la absoluta transparencia en la financiación de los partidos políticos y que prohíba las contribuciones privadas en el proceso electoral. Y leyes que prohíban la rotación entre cargos políticos o de funcionarios con responsabilidades reguladoras, por un lado, y los sectores regulados, por otro, impidiendo que los primeros puedan ser contratados antes de cinco años por los segundos.
112. Incentivar las formas directas de participación ciudadana y establecer referendos vinculantes a nivel  local, autonómico y central. Creación de una autoridad pública independiente que al final de las legislaturas muestre el grado de cumplimiento de los programas electorales.
113. Basar el sistema democrático en el principio de que el voto de cada persona es igual independientemente de su residencia en cualquier lugar del país y facilitar que la capacidad de decisión de los ciudadanos sea la misma.
114. Reforma de la Constitución que redefina los niveles de autoridad y responsabilidad en los distintos niveles del Estado para garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas.
115. Reforma constitucional que haga que todos los cargos públicos que tengan función de representatividad sean electos y que impida el carácter heredable de los puestos representativos.

1. Las operaciones Over The Counter son las que se realizan por inversores muy poderosos al margen de los mercados organizados a base de acuerdos interpartes y sin someterse a las normas reguladoras establecidas por las autoridades para otras operaciones financieras. Las operaciones de alta frecuencia son las operaciones de compra y venta de productos financieros que se llevan a cabo a través de programas informáticos, con unos márgenes muy pequeños pero con un volumen muy grande, lo que da una gran ventaja a los inversores que las llevan a cabo. Casi la mitad de las operaciones financieras que se llevan a cabo en el mundo se realizan de esta forma.