HAY ALTERNATIVAS (Cap. II)

 LAS SINGULARIDADES DE LA CRISIS ESPAÑOLA

Como ya hemos dicho, para afrontar con éxito un problema económico, como cualquier otro social o personal, es fundamental conocer bien sus causas, los factores que lo han provocado. Por eso también es fundamental conocer los factores singulares que han hecho que la crisis tenga en España un perfil algo distinto y que se haya manifestado aquí con más gravedad que en otros países  de nuestro entorno.
Evidentemente, la crisis que está viviendo la economía española es fruto directo de la crisis financiera internacional. Si ésta no se hubiera producido, nuestra economía no habría llegado a estar en la situación tan delicada en la que se encuentra. Pero, aunque es verdad que nuestra crisis viene de la mano de la internacional, también es cierto que en España había unas condiciones económicas previas muy singulares que han hecho que su efecto haya sido especialmente grave y dañino.

LAS COINCIDENCIAS Y NUESTRAS PARTICULARIDADES
En España se ha dado en los últimos treinta años el mismo proceso de transformación estructural y se han aplicado las mismas recetas neoliberales que en el resto del mundo tal y como hemos explicado en el capítulo anterior. Pero nuestra singularidad es que éstas se han producido, como todos sabemos, en el contexto de un proceso de transición de la dictadura a la democracia que ha matizado, tanto en términos positivos como negativos, los efectos de ese proceso.
El también crecimiento excesivo de la actividad financiera que ha terminado provocando la crisis bancaria se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos, pero se ha manifestado con alguna particularidad porque ha coincidido con tres circunstancias particulares:
− Una impresionante burbuja inmobiliaria.
− Un endeudamiento previo y una insuficiencia de ahorro nacional especialmente grandes.
− Una supervisión de las instituciones financieras en cierto modo diferente a las del resto de los países como consecuencia de que ya habían sufrido una crisis muy devastadora años antes.
A continuación analizaremos los efectos que ha provocado el hecho de que España, también en materia de crisis económica, haya sido diferente.

La herencia del franquismo en nuestra economía

El proceso de transformación estructural del neoliberalismo que hemos explicado en el capítulo anterior ha coincidido en España con la salida de la dictadura franquista y con la consolidación de un régimen democrático que no siempre ha podido liberarse por completo de su herencia y eso ha dado a ese proceso un carácter singular debido a los siguientes factores principales.

Debilidad de las clases trabajadoras

La transición, que no fue modélica, se hizo realmente en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del Estado dictatorial y gran parte de los medios de información y persuasión. La presión popular y muy en especial la agitación social de las clases trabajadoras (el número de huelgas políticas en el periodo 1974-1978 fue el más alto en términos proporcionales de las que hubo en Europa durante los mismos años) fueron responsables del fin de la dictadura; aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Pero aquella agitación social no fue suficiente para forzar una ruptura con el estado anterior, lo que permitió que las derechas de escasa tradición democrática mantuvieran su enorme poder y provocó la debilidad, dentro del Estado, de las fuerzas democráticas y muy en especial de la izquierda (las cuales acababan de salir de la clandestinidad y muchos de sus dirigentes, de las cárceles).
El sindicalismo fue un factor importantísimo en la recuperación de la democracia, pero el dominio conservador en el Estado ha limitado en gran medida su influencia. Una situación que ha sido también acentuada por su división en distintos sindicatos que se han estado basando históricamente en varias tradiciones políticas, división que les ha debilitado frente a unas fuerzas conservadoras, que tanto en el centro como en la periferia han sido siempre muy conscientes de sus intereses de clases actuando de manera unitaria.

Desmesurada influencia política de los grandes grupos empresariales y financieros

Los grandes representantes de los intereses empresariales más poderosos han mantenido gran parte de los mecanismos de protección nacidos en el franquismo, que en realidad fue un régimen orientado a proteger de forma constante al gran empresariado y a la banca mediante su permanente presencia en el poder político 1.
Así, todavía a finales de 2006 sólo una veintena de grandes familias eran propietarias del 20,14 por ciento del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña élite de 1.400 personas, que representan el 0,0035 por ciento de la población española, controlaba recursos que equivalen al 80,5 por ciento del PIB.
Esta estructura muy oligarquizada 2 de la sociedad y la economía españolas ha sido determinante, como se comentará enseguida, para provocar la burbuja inmobiliaria y el extraordinario endeudamiento que se encuentra en el origen de la crisis que afecta a la economía española.

Instituciones y mercados muy imperfectos
La dictadura nos dejó instituciones tan decisivas como el mercado de trabajo, el sector financiero o el sistema fiscal muy débiles y mal conformadas y no ha sido fácil acomodarlas a la democracia y a la modernidad.
En el mercado laboral ha habido una dureza en las iniciativas empresariales, resultado de una gran patronal acostumbrada a tener una prepotencia que heredó del régimen anterior con escasa adaptabilidad a las exigencias de una economía basada en la cooperación y la colaboración de los agentes sociales. Temas hoy aceptados en los mercados laborales europeos como, por ejemplo, cogestión empresarial, han sido desechados como impracticables. Y la solución del elevado desempleo ha sido siempre, por parte de la gran patronal, facilitar el despido, lo cual ha creado resistencias comprensibles del movimiento sindical.
En el sector financiero ha prevalecido una articulación excesivamente protegida y privilegiada que ha permitido que la banca mantenga un poder y una influencia sobre el conjunto de la economía y las instituciones muy desproporcionado en comparación con el de los países de nuestro entorno.
Finalmente, y a pesar de las reformas de los inicios de la democracia, el sistema fiscal no ha podido quitarse de encima el histórico rechazo de las clases pudientes españolas hacia los impuestos, lo que ha dado lugar a que el sistema haya evolucionado hacia la regresividad y la insuficiencia justo cuando más necesario hubiera sido alcanzar dosis elevadas de equidad, eficiencia y suficiencia.

Déficit social 3
Otra herencia del franquismo fue la escasa dotación de recursos para la protección social y la gran debilidad de las estructuras del bienestar colectivo. Aunque los pactos de la transición y el relativamente rápido acceso al gobierno del partido socialista permitieron ampliar estructuras de bienestar de gran alcance, en ningún momento han dispuesto de la financiación que hubiera sido necesaria para garantizarles su consolidación. Y esta insuficiencia es la que provoca la idea tan generalizada de que nuestro sistema de servicios públicos funciona mal y que hay que revisarlo.
Hay que tener en cuenta que la dictadura no sólo fue un régimen políticamente represor de las libertades sino también profundamente regresivo en materia de derechos sociales y protección social, de modo que al morir el dictador España se encontraba muy por debajo de los estándares europeos de bienestar social, arrastrando déficits muy considerables en materia educativa, de innovación, en protección social o en infraestructuras y capital colectivos, como analizaremos con más detalle en otro capítulo.
De hecho puede decirse que el Estado del Bienestar (educación y salud universal, protección a las familias, al desempleo…) era muy pobre en España en 1975, cuando murió Franco, así que los primeros gobiernos de la democracia tuvieron que articular esas estructuras de bienestar justo en una coyuntura marcada por las restricciones presupuestarias, por la imposición de una lectura ultraliberal de la política económica en todos los espacios internacionales y con una fuerte presión ideológica en este sentido dentro y fuera del país.

Débil y traumática vinculación de la economía española con el exterior
La economía española se fue abriendo al exterior a partir de 1959, en plena dictadura, pero lo hizo de modo muy dependiente y condicionado por el predominio de un modelo productivo atrasado y que sólo resultaba competitivo mediante los bajos salarios y los favores administrativos que la dictadura ofrecía con generosidad a grandes empresas y multinacionales. En esas condiciones nuestro equilibrio exterior dependía de la entrada de divisas que proporcionaba la creciente especialización en la oferta de servicios turísticos. Y puesto que esta vía resultaba a la postre insuficiente había que recurrir periódicamente a la devaluación de la moneda 4.
La llegada de la democracia coincidió también con una nueva fase de apertura al exterior que hubo que afrontar sin haber podido consolidar con anterioridad un modelo productivo sustancialmente distinto al de la dictadura. Por ello, la incorporación primero a la Comunidad Europea y más tarde a la unión monetaria supusieron también un impacto muy grande en nuestra economía. Podríamos decir que tuvimos que ponernos un traje de otra talla sin haber cambiado antes nuestro tamaño y eso tuvo efectos desiguales. Por un lado, hizo posible que la economía y la sociedad españolas disfrutaran de una entrada de fondos muy importantes que han permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de recursos (disfrutamos de un traje nuevo). Pero, por otro, ha puesto en manos del capital extranjero los mejores activos de nuestra economía, hasta el punto de que el capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran importancia estratégica (el traje nuevo no nos sentaba bien porque no era de nuestra talla). Y además ha limitado casi totalmente la capacidad de maniobra interna al someter la política económica nacional a los dictados de las decisiones dominantes en Europa que lógicamente responden más bien a los intereses empresariales de los países más poderosos, Alemania y Francia. Todo ello ha consolidado el modelo productivo tradicional dependiente y muy poco competitivo.
En particular, la entrada de España en la Zona Euro impide que el ajuste exterior al que obliga nuestra escasa competitividad se pueda llevar a cabo a través de la devaluación como se había hecho tradicionalmente.
Podríamos haber resuelto ese problema especializándonos en otro tipo de actividades y mejorando nuestra calidad y nuestra productividad. Pero eso hubiera requerido políticas públicas más potentes e impuestos más altos. Algo que nunca desearon las grandes empresas que han querido competir en los mercados internacionales y que optaron, por el contrario, por competir bajando los salarios. Pero, a pesar de que éstos han sufrido un proceso constante de contención (España es el único país de la OCDE en donde no se produjo crecimiento real de los salarios entre 1995 y 2005), esta vía de ajuste ha sido insuficiente para proporcionarnos bastantes ingresos (porque como veremos en otro capítulo es una vía empobrecedora) y eso dio lugar a que el déficit exterior de España se haya disparado en los
últimos años hasta llegar a ser el más alto del mundo en términos relativos.

Gran desigualdad
Finalmente hay que subrayar que de la dictadura que rigió en España de 1938 a 1978 se heredó igualmente una gran desigualdad, tanto entre territorios como entre personas, como consecuencia no sólo de la carencia de políticas y estructuras redistributivas, sino sobre todo de la carencia de capital social dedicado a la formación y la innovación, del predominio de un modelo productivo dependiente y desvertebrado y de la propia ausencia de democracia.
En definitiva, podríamos decir que la dictadura nos dejó de herencia una economía y una sociedad muy sometidas a grupos de interés económico y financiero muy reducidos pero muy poderosos, y un tejido productivo demasiado débil también dominado por grandes empresas y bancos con una influencia política conquistada en la dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad. Basta ver, por ejemplo, que los grandes apellidos de la vida económica, banqueros y empresarios, los que ahora cita el presidente Zapatero para pedirle ayuda frente a la crisis o los que van a ver al Rey para proponerle sus soluciones, son prácticamente los mismos del franquismo, o que los mayores perceptores de ayudas agrarias de la Unión Europea en España siguen siendo la familia Mora-Figueroa Domecq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la Compañía de Jesús…

EL MODELO PRODUCTIVO QUE DA LUGAR A LA CRISIS
Las circunstancias y los factores que acabamos de mencionar constituyen residuos de la atrasada y corporativizada economía del franquismo que todavía no han desaparecido del todo de la economía española actual y que incluso, en algunos casos se han agudizado en la democracia como consecuencia de la aplicación sin contrapesos de las políticas neoliberales.
Esto es lo que ha ocurrido desde 1993, fecha que inició el proceso de integración de España en la Unión Europea, con la reducción del gasto público social por habitante, primero (1993-1995) en términos absolutos y después (1996-2004) en términos proporcionales, creciendo el gasto público social en niveles más bajos que en el promedio de la UE-15, con lo cual el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente durante el periodo 1993-2004.
El euro se estableció en España a costa de su Estado del Bienestar, pues la reducción del déficit del estado se realizó primordialmente a base de transferir los fondos que hubieran ido a cubrir el déficit social, a reducir el déficit del Estado.
Finalmente las privatizaciones de empresas públicas han fortalecido el carácter oligárquico de nuestra estructura empresarial (pues en su mayor parte fueron a parar a los grupos privados de por sí ya más poderosos) o con la especialización de la actividad económica en torno a los sectores de las finanzas y la construcción gracias a la estrecha vinculación, que viene de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, entre el poder político, los banqueros y los constructores y promotores inmobiliarios.
Y, para colmo, sin que esas privatizaciones hayan producido ninguna «mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo» en las empresas que se privatizaron 5.
España se ha modernizado y se ha democratizado en estos últimos treinta años pero lo ha hecho manteniendo estructuras de poder muy asimétrico que a la postre no han permitido, por ejemplo, que se dediquen a financiar el bienestar los recursos necesarios. La economía española se ha debido incorporar a las condiciones generales que impone la globalización neoliberal y para ello se ha puesto a disposición de los capitales extranjeros que mediante la adquisición de numerosas empresas y el control de los canales de distribución han llegado a tener una posición de gran predominio en los sectores más decisivos de nuestra economía.
Pero, al mismo tiempo, no ha llegado a los estándares de bienestar y de protección que alcanzaron en su momento los países a cuyos niveles ha tenido que homologarse en poco tiempo.
Esa es la situación que uno de nosotros, Vicenç Navarro, ha caracterizado como de «bienestar insuficiente, democracia incompleta», que es causa y a su vez consecuencia de la combinación de todos esos factores y que en su vértice se traducen en un equilibrio de poder muy asimétrico entre las clases sociales 6.
Todos esos factores han consolidado un modelo productivo y de desarrollo socioeconómico que es el que está estallando ante nosotros coincidiendo con la crisis financiera mundial, cuyas principales características se podrían resumir en las siguientes.

Economía poco productiva y de poco valor añadido

La utilización más intensiva de la mano de obra se utiliza en actividades con muy poca innovación y de escaso valor añadido como principalmente la construcción, las vinculadas al turismo y los servicios.
Esta especialización está unida, a su vez, a otros factores que resultan también claramente determinantes de la situación en la que la economía española ha hecho frente a la crisis actual.
En primer lugar, un déficit histórico en recursos humanos cualificados y en formación que aún no se ha resuelto, como pone de relieve, por ejemplo, que en España sólo tengan educación secundaria completada, equivalente a bachiller o formación profesional, el 62 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 34 años frente a un 80 por ciento de media en los países europeos. Un factor que, unido al atraso que igualmente se sufre en inversión en I+D+i, provoca que la productividad del trabajo en España se haya mantenido prácticamente estancada en los últimos quince años.
En segundo lugar, un incremento muy importante de las mujeres en el mercado laboral que ha hecho que su tasa de actividad aumenta desde el 45,1 por ciento de 1996 al 60,2 por ciento en 2006 pero que, al no ir acompañado de suficientes políticas de igualdad y mecanismos legales efectivos contra la discriminación, ha provocado un descenso en el nivel salarial medio. Un fenómeno que, al añadirse a la entrada masiva de población inmigrante en los últimos años, ha permitido mantener los salarios en niveles excepcionalmente bajos, lo que ha incentivado el uso más intensivo y poco productivo de la mano de obra.
En tercer lugar, un mercado de trabajo en donde la asimetría a la que antes hicimos referencia ha propiciado unas condiciones de contratación muy favorables al gran empresariado y que se traduce sobre todo en una alta temporalidad (superior al 30 por ciento durante largos periodos) que explica los grandes vaivenes que el volumen de empleo y la tasa de desocupación sufren a lo largo del ciclo.
Así, España ha pasado casi sin solución de continuidad de crear 2,3 millones de empleos en 2004-2006 y estar a la cabeza de la creación de puestos de trabajo en Europa, a perder cientos de miles en unos pocos meses, algo que no es sólo característico de esta última crisis puesto que ya sucedió igualmente en la de 1992-1993 cuando en sólo dieciocho meses (desde julio de 1992 hasta diciembre de 1993) se destruyeron 734.000 puestos de trabajo.
En cuarto lugar, una gran dependencia del capital público y en concreto de decisiones políticas vinculadas a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y urbanística, así como de las facilidades fiscales y a la financiación externa al sector.
Los auges de la construcción en España han estado vinculados siempre a una fuerte complicidad y participación del sector público. En la primera etapa de gran expansión (1987-1992) fue el endeudamiento público y la potenciación desde el Estado de la obra pública en infraestructuras los que permitieron su expansión vertiginosa y en la última fase de crecimiento desorbitado hasta 2006-2007 gracias al endeudamiento privado y la construcción residencial. Y, en ambos casos, gracias a una legislación favorable cuidadosa y estratégicamente prediseñada y a privilegios fiscales de los que no se ha podido gozar casi en ningún otro tipo de actividad.

Pérdida de poder adquisitivo de los salarios y debilidad del mercado interno

En los últimos años se han ido aplicando políticas de contención salarial con la excusa de ser más competitivos y de luchar contra la subida de precios y de crear empleo.
Así, mientras que en 1960 la participación de los salarios en el PIB (al coste de los factores) era del 68 por ciento y en 1976 alcanzaba su máximo en los últimos 35 años con un 73,63 por ciento, en 2008 la participación descendió hasta un 60,21 por ciento. España es el único país de la OCDE en donde los salarios reales no han crecido en los últimos quince años.
Esta pérdida de peso de los salarios ha provocado que España sea uno de los países con mayor desigualdad de Europa y ha tenido además dos grandes efectos que hay que corregir para salir bien de la crisis.
Por un lado, ha debilitado mucho el mercado interior porque éste depende del gasto que se realice. Y con salarios a la baja el gasto lógicamente se resiente, lo que afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, puesto que las grandes siempre pueden acudir al gasto de otros países. Y como estas pequeñas y medianas empresas son las que crean casi el 80 por ciento del empleo, resulta que salarios más bajos han ido acompañados al final de menos empleo.
Por otro lado, cuando los ingresos salariales son bajos y las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades porque no hay gasto suficiente, lo que ocurre es que aumenta el endeudamiento.
Eso les viene muy bien a los bancos, porque su negocio es precisamente ofrecer créditos, y por eso piden siempre políticas de contención salarial, pero le viene muy mal a la economía en su conjunto.
Y no es casualidad ni mucho menos que España sea, al mismo tiempo, el país en donde no han subido los salarios reales y el que ha registrado un incremento más vertiginoso del endeudamiento privado, que ha llegado a representar el 150,4 por ciento de la renta disponible neta, y una reducción correlativa del ahorro que ha llegado a situarse en tan sólo un 11 por ciento de dicha renta. En los diez años anteriores al estallido de la crisis el endeudamiento de las familias en relación a su renta disponible y el de las empresas en relación a su excedente bruto de explotación casi se ha triplicado.
Y hay que dejar claro que este endeudamiento no se debe, como a veces se dice, a que los españoles hayamos vivido «por encima de nuestras posibilidades» sino a que los salarios han estado por debajo de nuestras necesidades.

Crecimiento de la deuda privada y demonización de la pública

Un fenómeno curioso que se ha producido en los últimos años en España es que mientras que se impulsaba y facilitaba el endeudamiento privado y nadie ponía objeciones a ellos se ponían todo tipo de pegas y frenos al del Estado.
Esto es algo que debería resultar sorprendente porque el endeudamiento público aporta mucha más riqueza y menos riesgos que el privado. En España el endeudamiento público se ha destinado normalmente a crear capital social y estructuras de bienestar colectivas mientras que el privado se ha concentrado en la adquisición o rehabilitación de viviendas (75 por ciento), muy poco en el consumo (12 por ciento) y casi nada en la actividad productiva (6 por ciento).
Las consecuencias de haber actuado «al revés» en este campo son muy importantes y de muy diversa naturaleza: al limitar la financiación pública se ha mantenido e incluso acrecentado el déficit social español y el relativo a la investigación y la ciencia, y al apoyar al privado vinculado a la construcción se ha propiciado que los mayores ingresos de la actividad económica hayan sido los recibidos por la banca y por los promotores y constructores inmobiliarios. Es decir, no sólo ha hecho que la economía española sea más injusta sino también más ineficiente. Y además una deuda tan extraordinaria ha creado una auténtica esclavitud para millones de familias que sin duda explica en gran medida la desmovilización social, la sumisión y la falta de respuestas a la pérdida relativa de bienestar que padecen las clases trabajadoras.

Deterioro ambiental

Por otro lado, el modelo productivo español, debido a su especialización productiva en torno a la construcción y al turismo y a la gran influencia política que tienen los promotores y grandes empresarios, es un gran productor de daños medioambientales, despilfarrador de recursos naturales y generador de residuos que suponen un coste social y económico extraordinario pero que no se tiene en cuenta a la hora de valorar su verdadero alcance. 7

Dependencia del ciclo
Finalmente nuestro modelo resulta también muy indefenso ante los avatares del ciclo económico. Eso quiere decir que, cuando las cosas van bien, aquí van mejor que en ningún sitio, pero que, cuando mal, aquí van mucho peor. Y el balance total suele ser negativo.
Esto es debido a otra serie de factores que también hacen que nuestro modelo económico sea muy frágil y que podemos resumir en los siguientes:

1. En contra de lo que dicen los economistas neoliberales, en España existe una gran precariedad laboral y gran facilidad para aumentar y reducir plantillas, como prueba que en la actual etapa de pérdida de empleo más del 80 por ciento de los puestos de trabajo destruidos lo hayan sido al margen de los expedientes administrativos de regulación de empleo. Y eso hace que los empresarios prefieran actuar contratando mucho en épocas buenas pero también despidiendo abundantemente en las malas. Si el trabajo fuera un factor más valioso y costoso, los empresarios estarían mucho más motivados para invertir en mejoras de productividad y calidad que les evitaran incurrir en los costes de despedir o de cerrar su actividad.
2. La dependencia del capital extranjero que, como hemos señalado antes, se ha hecho con la inmensa totalidad de los activos principales de la economía española ha provocado que las empresas dominadas por él se dirijan desde el exterior y que respondan a intereses y estrategias de rentabilización ajenas a la dinámica propia de la economía española. Así, en cuanto empeora la situación fuera, esos capitales responden enseguida en España, incluso aunque aquí la situación no se haya deteriorado.
3. El escaso peso de la actividad industrial y, por el contrario, el excesivo de las actividades que son más vulnerables ante los cambios coyunturales en la demanda.
4. La gran influencia del sector bancario que es conservador por excelencia y siempre se adelanta a las fases del ciclo, lo que agrava este efecto al trasladarlo al conjunto de la economía, pues la renta familiar y la actividad de los hogares y de las empresas dependen de su estrategia.
5. La disminución en la autonomía para poner en marcha y ejecutar políticas de estabilización macroeconómica como consecuencia de la globalización y de la pertenencia a la unión monetaria impide que el gobierno pueda hacer frente con eficacia a los efectos perturbadores del ciclo, a pesar de que su economía esté expuesta más cruda y directamente a todos ellos.

LA ETAPA DE EXAGERACIÓN, EL ESTALLIDO DE LA CRISIS Y LA RECESIÓN
Las debilidades del modelo de crecimiento que acabamos de señalar son las que nos permiten afirmar que los problemas que viene padeciendo la economía española desde 2007 no son sólo
el resultado del impacto externo provocado por la difusión de las hipotecas basura desde Estados Unidos, ni sólo de sus secuelas sobre el conjunto de la economía mundial.
Por supuesto ese impacto ha existido y ha tenido una influencia notable por razones muy diversas:
1. Porque la banca española tiene una gran integración con la internacional y hubiera sido siempre inevitable que le afectara la situación de insolvencia generalizada que se ha producido.
2. Porque la economía española es muy sensible, como hemos señalado, a la demanda externa que se ha visto afectada gravemente como consecuencia de la situación financiera.
3. Porque la confianza es un elemento fundamental en las relaciones económicas y en los últimos tiempos se ha visto limitada como consecuencia de nuestro altísimo nivel de endeudamiento.
4. Porque tratándose de una crisis sistémica y global es realmente imposible que algún país pueda presenciarla de lejos y sin verse más o menos afectado por sus consecuencias de todo tipo. Pero, siendo así, lo cierto es que la economía española venía dando señales de peligro desde antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura, como demuestra el hecho de que la oferta de crédito ya hubiera comenzado a caer en 2006.
Lo que ha sucedido en España es que en los últimos cuatro o cinco años anteriores al estallido de la crisis internacional se exageraron de tal modo los rasgos de inestabilidad e insostenibilidad del modelo productivo que éste no pudo sino saltar por los aires y lo ha hecho, lógicamente, coincidiendo con la etapa de mayor debilidad estructural, cuando arreciaba la crisis internacional.
Ese estallido se produjo al hacerse insostenibles varias de las circunstancias que ya hemos mencionado:
1. El exceso de liquidez provocado por el crecimiento desorbitado de la deuda.
2. El imposible mantenimiento de la dinámica al alza de los precios de la vivienda y el subsiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria.
3. La imposibilidad de controlar el desequilibrio exterior cuando se ha generalizado una gran pérdida de confianza de los mercados externos.
4. La presencia pertinaz y en incremento de la desigualdad que deteriora de forma progresiva los mercados internos.
5. La actitud permisiva de las autoridades monetarias con todo lo anterior.
6. La despreocupación de los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero frente a los factores de insostenibilidad del modelo basado en el ladrillo a pesar de que se estaban haciendo evidentes desde hacía tiempo.
7. La lamentable gestión gubernamental de los inicios de la crisis cuando Zapatero se empeñaba en negarla, seguramente guiado por sus asesores liberales que confiaban ciegamente en la capacidad autorreguladora de los mercados, lo que hizo perder un tiempo precioso para actuar contra ella.

El gran negocio de la banca española nos salió demasiado caro

El periodo de generosa liquidez del que habían disfrutado todas las economías tuvo en España una expresión mucho más exagerada precisamente porque su modelo productivo estaba centrado en torno a actividades que se desarrollaban al amparo de la deuda. Y porque el gran poder del que disponen los bancos en España les ha permitido multiplicar el negocio sin que en la práctica hayan tenido limitaciones efectivas por parte del Banco de España, que, a pesar de la fama de buen supervisor, lo cierto es que ha dejado crecer una deuda a todas luces desproporcionada e indigerible por la economía española 8.
Así, el crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008, un incremento gigantesco de la deuda (o, lo que es igual, del negocio de la banca) que en un 70 por ciento fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes; es decir, a alimentar la burbuja inmobiliaria que se formaba en el proceso de constante revalorización de inmuebles.
La exageración de este proceso se pone de relieve considerando que el endeudamiento neto de la economía española, de las administraciones públicas y del sector privado había aumentado un 82 por ciento entre 1999 y 2003 y que desde entonces hasta 2007 lo hizo un 243 por ciento 9. El crédito total destinado a la actividad productiva se multiplicó entre 2000 y 2007 por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y el dirigido a la actividad inmobiliaria por 9. Y en 2008 el crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias representaba el 47 por ciento del total cuando en 2000 sólo era el 25 por ciento.
Para mantener en pie este impresionante negocio (que en paralelo ha situado a la banca española a la cabeza de la rentabilidad bancaria de todo el mundo) los bancos españoles han tenido que recurrir al mismo tiempo a un alto nivel de endeudamiento. Sobre todo porque en la última etapa de exageración el volumen de depósitos no ha crecido a la vez que la oferta de crédito: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito mientras que en 2007 sólo recibía 0,76 euros.
Para financiar todo eso la banca española ha tenido que recurrir cada vez más a la financiación interbancaria internacional y especialmente europea por un total que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ha pasado de 78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja. Y eso es lo que hace que ahora esos bancos acreedores de los españoles, principalmente franceses y sobre todo alemanes, tengan tanto interés en provocar el «rescate» de España; es decir, de ellos mismos, como ya han hecho en Grecia, Irlanda o Portugal.

Los mismos de siempre se llevaron el gato al agua

El sobreendeudamiento y el gigantesco incremento de la liquidez en esta última fase también han estado necesariamente vinculados al incremento de la desigualdad que de igual manera podría calificarse de exagerada en esta última etapa. En un periodo de alto crecimiento, es decir, cuando el modelo se ha mostrado funcionando más intensivamente, la desigualdad ha aumentado de forma notable. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España 10 sólo entre 2002 y 2005 la renta media correspondiente al 20 por ciento más pobre de los hogares de España se redujo en un 23,6 por ciento mientras que la renta media del 10 por ciento más rico se incrementó más de un 15 por ciento.
Y del efecto intensivamente demoledor de la deuda inmobiliaria sobre la demanda y el mercado (aunque también sobre la rentabilidad bancaria) da idea el hecho de que, según esta misma encuesta del Banco de España, en 2002 un 42,5 por ciento de las familias tenían que dedicar más del 40 por ciento de su renta a pagar las deudas contraídas para pagar su vivienda mientras que en 2005 ese porcentaje se había disparado hasta el 70,9 por ciento de los hogares.
En relación con esta última etapa un informe de Comisiones Obreras revela que desde 2002 hasta 2007 los dividendos empresariales han aumentado una media del 30 por ciento anual y que, al mismo tiempo, sólo entre 2005 y 2007, el porcentaje de trabajadores que ganan menos de 18.500 euros ha aumentado del 57,8 al 60 por ciento, el de los que ganan entre 18.500 euros y 24.000 ha bajado del 38,5 al 36,35 por ciento, y el resto se ha mantenido prácticamente igual 11. Dicho sindicato también resaltó que «si hace veinte años la diferencia salarial entre máximos directivos y puestos con menores salarios era de 10 o 20 veces superior, hoy aumenta hasta 100 o 200 veces, sin incluir salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones, etcétera».
Por su parte, el Consejo Económico y Social mostraba en su Memoria de 2007 que mientras que en 2006 la retribución del trabajo creció un 3,4 por ciento, los beneficios de las sociedades que cotizan en Bolsa lo hicieron por encima del 26,6 por ciento.

El papel de las autoridades

Tal y como ha ocurrido en el resto del mundo, también en España las autoridades han tenido una gran corresponsabilidad en el estallido de la crisis.
El Banco de España ha mantenido condiciones de mayor precaución en cuanto a los procedimientos en que se ha llevado a cabo la titulización. Pero vigilando ese peligro ha desatendido el que ha resultado ser el más auténtico y lo que constituía la amenaza más grave y finalmente materializada sobre la economía española: el volumen de deuda tan peligroso que han generado los bancos.
Al dejar hacer, el Banco de España, como los demás bancos centrales, han cerrado los ojos ante el crecimiento de una burbuja inmobiliaria a todas luces causante de buena parte de los problemas que ahora tenemos. Y, por supuesto, la máxima autoridad monetaria y supervisora bancaria ha dejado que el comportamiento de la banca española haya sido claramente irresponsable al sobrefinanciar la actividad económica, concediendo habitualmente préstamos hipotecarios a más del cien por cien del valor de las viviendas que se hipotecaban o, actuando al margen de toda lógica financiera y económica, financiando al cien por cien, como se ha demostrado en las suspensiones de pagos, la inversión de las empresas.
Y, en todo caso, no se puede olvidar que si la situación de las entidades financieras españolas ha podido ser calificada como ejemplar y libre de problemas ha sido en buena parte porque los bancos centrales han permitido que se apliquen normas contables y de valoración encaminadas a disimular su verdadero estado patrimonial, concretamente permitiendo que las entidades valoren a precio de adquisición y no de mercado sus instrumentos financieros para ocultar así una buena parte de las pérdidas que hayan podido sufrir.
Ya en plena crisis, el Banco de España se ha mostrado impotente o inactivo a la hora de conseguir que los recursos públicos que recibían los bancos se derivaran, como se supone que hubiera debido ocurrir, a los mercados o de evitar el mayor racionamiento de crédito que la banca española ha impuesto a empresas y consumidores.
En cualquier caso, el Banco de España no ha sido la única autoridad que al dejar hacer ha coadyuvado decisivamente a que la crisis tenga en España esta dimensión y este carácter singularizados.
Los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han aplicado las medidas legales y fiscales que han dado alas a la burbuja inmobiliaria (como la aprobación de la Ley del Suelo del PP, auténtico banderazo de salida para la apoteosis de la especulación inmobiliaria) y han mantenido una actitud completamente ajena y desprevenida sobre los riesgos que se estaban acumulando.
El informe económico de la Presidencia del Gobierno de 2007 (p. 44) quizá sea una manifestación clara de la imprevisión y del despiste con que se ha actuado frente a una crisis que se estaba ya anunciando por multitud de analistas: «El riesgo de una desaceleración brusca como consecuencia de comportamiento del mercado hipotecario norteamericano o del déficit por cuenta corriente de Estados Unidos es bastante reducido».
Y dirigentes de ambos gobiernos, como el gobernador del Banco de España a propuesta del Partido Popular, Jaime Caruana, o el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hicieron oídos sordos a la denuncia de los inspectores del Banco de España que en una carta a ambos les advirtieron del riesgo que suponía dejar que aumentara el endeudamiento que estaba generando en beneficio propio la banca española.

Y, por si faltaba algo, el estallido de la deuda soberana

Como otros países, España hizo un gran esfuerzo presupuestario para hacer frente a la crisis, para ayudar a los bancos y para financiar un ambicioso plan de apoyo. Pero, como la crisis mermaba los ingresos públicos, resultó que en muy poco tiempo se multiplicó el déficit público y aumentó la deuda del Estado.
A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, el Banco Central Europeo decidió que no financiaría a los gobiernos (al final tuvo que hacerlo para evitar que se hundiera toda la economía europea y el propio euro, pero lo hizo tarde, de forma improvisada, casi clandestina e insuficiente, de modo que no se eliminó el problema de fondo) y eso los obligó a ponerse en manos de los «mercados» (en realidad, de los bancos y de los grandes grupos inversores que compran su deuda). Éstos aprovecharon la ocasión para extorsionarlos e imponerles reformas que las patronales venían reclamando desde hacía años: en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones y poco a poco privatizando servicios públicos.
Ninguna de estas reformas tiene relación con el origen de la crisis, forma parte de las mentiras con que se le ha dado respuesta pero lo que han producido, en lugar de mejorar la situación económica, es su empeoramiento, lo que dificulta aún más la creación de empleo y provoca un nuevo problema a la economía española que puede terminar siendo intervenida, como la griega, la irlandesa o la portuguesa para «rescatarla», aunque eso en realidad significa rescatar a los bancos para que puedan pagar a sus acreedores alemanes o franceses.

Muchas crisis en una y una gran crisis con muchas caras

En resumen, la debilidad del mercado interno, la carencia de resortes endógenos potentes que no fueran la construcción y el endeudamiento que hubieran podido servir como motores de la actividad económica, la dependencia de la financiación externa, el problema estructural de precios que padece la economía española y el déficit exterior desmesurado habían ido dejando a la economía española sin apenas capacidad de respuesta cuando se comenzaron a producir, casi al mismo tiempo, amenazas externas e internas.
Es difícil considerar si el detonante inicial de los problemas en España fue la crisis financiera importada del exterior, el estallido de la burbuja inmobiliaria que ya se había producido un poco antes o la combinación de ambas circunstancias. Pero lo que sí parece fuera de toda duda es que el modo en que venía funcionando la economía española habría terminado por provocar la crisis que se ha producido con independencia de que hubiera estallado o no la de las hipotecas basura con todas sus secuelas.
Y eso significa que es una ilusión tratar de salir de la crisis sin abordar estos males estructurales de nuestra economía.

1. Véanse las obras de Mariano Sánchez, Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia, Plaza & Janés, Madrid, 2001; Ricos por la guerra de España, Raíces, Madrid, 2007.

2. Iago Santos Castroviejo, Una aproximación a la red social de la élite del poder económico en España, ponencia presentada a las XI Jornadas de Economía Crítica, 28 de marzo de 2008.

3. Véase la obra de Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España, Anagrama, 2006.

4. La devaluación es la decisión tomada por el gobierno de bajar el precio de una moneda en relación con alguna otra. Se suele tomar cuando hay un déficit exterior muy grande e insoportable, es decir, cuando hay que hacer pagos al exterior muy por encima de los ingresos que se reciben. Al devaluar, los productos nacionales se abaratan y de esa manera se supone que se pueden vender con mayor facilidad y, por tanto, aumentan los ingresos. Y como, al mismo tiempo, la devaluación hace que los productos del exterior sean más caros, disminuyen también los pagos internacionales. El efecto de
ambos procesos es que, gracias a la devaluación, mejora la balanza del país con el exterior.

5. Así lo han demostrado, entre otros, Laura Cabeza y Silvia Gómez Ansón en su trabajo «Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial», Estudios de economía aplicada, vol. 27-2, 2009, p. 20.

6. Véase Vicenç Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, Barcelona, 2002.

7. Véase José María Naredo, «La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias», en Revista de Economía Crítica, núm. 7, 2009, pp. 118-133.

8. El poder de la banca y también del lobby inmobiliario y su maridaje con el poder político en los últimos años se ha manifestado de modos muy evidentes: la poderosa Oficina Económica del Gobierno ha estado nutrida de economistas procedentes en su gran mayoría de servicios de estudios de bancos privados, uno de sus directores salió directamente a trabajar como presidente de la patronal de grandes constructoras, un antiguo gobernador del Banco de España terminó en el Consejo de Administración de uno de los grandes bancos, otro en el Fondo Monetario Internacional y un subgobernador
presidiendo la patronal bancaria.
Otra prueba singular del gran poder político de los grandes empresarios y financieros y de su connivencia con las autoridades fue la mostrada por la entonces secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, con el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Según informó el diario El País, impidió que se lo juzgara en un caso en el que el fiscal le pedía nada menos que 170 años de cárcel ordenando en una carta «que se cursaran al abogado del Estado «instrucciones» sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito», concretamente pidiendo que no se dirigiera «acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes» («Rato atribuye la decisión de no perseguir a Vega», El País, 27 de mayo de 2008).
Gracias a su intervención Botín no fue juzgado, según informó la web de El Confidencial el 21 de septiembre de 2006, a pesar de que «durante los años 1988 y 1989 el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables […] El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. […] A tal efecto no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera».

9. Los datos que se mencionan a continuación sobre la oferta bancaria de créditos proceden, salvo que se indique lo contrario, de los boletines estadísticos del Banco de España.

10. En su Boletín Económico núm. 37 de diciembre de 2007 o en su web.
11. Sobre la evolución de salarios y excedente véase Costas 2006; Gil, Orti y Santiago 2008, y Martín 2007.