BILDU, atrapado en la reedición de “la conjura de los necios”

O cómo ilegalizar preventivamente y bajo prejuicios a una opción política

Lo habíamos visto ya con SORTU y lo vemos ahora con BILDU, este otro nuevo intento de configurar un nuevo bloque electoral de izquierda abertzale.

A pesar de que se les había repetido mil veces el mantra de que fuera de la violencia y por vias políticas cualquier opción política es posible”, ya vimos que era mentira. Hagan lo que hagan, renuncien a lo que renuncien, este automutilado estado democrático parece no estár dispuesto a permitir espacio legal a una opción política independentista como ésta, aunque renuncie expresamente a la violencia y obligue a sus candidatos electorales a firmar algo que no hace ningún otro partido político, en un decálogo como éste:

1.- Toda la actividad que desarrolle en su cargo será pública, y la gestión totalmente transparente. Se realizará declaración jurada de patrimonio.

2.- Se dará voz y poder a los ciudadanos, fortaleciendo el papel de la sociedad civil.

3.- Se establecerán mecanismos de control interno del trabajo realizado, que deberán ser eficaces para el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de las personas.

4.- Se garantizará la convivencia en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

5.- Desarrollarán una ética global para, recuperando valores perdidos, que tengan en cuenta los efectos de cuanto hacemos, y nos hagan ser más responsables.

6.- El cargo para el que cada persona es elegida no es propio. En el caso de que el elegido desee por propia voluntad, o por otro motivo, abandonar el ámbito en el que se ha presentado, no podrá mantenerlo integrándose en otro grupo.

7.- Trabajar para la consecución de derechos plenos para las mujeres.

8.- Se actuará en base al acuerdo y el consenso desde lo que nos une, pactando las diferencias.

9.- Es firme el compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías/métodos políticos, pacíficos y democráticos, lo que lleva aparejado la oposición por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos.

10.- El diálogo, la negociación y el acuerdo es el método de trabajo.

Por otro lado, hasta en comunidades de vecinos o asociaciones deportivas de poco fuste se exigen mayorías reforzadas para decisiones de importancia. Sin embargo en este caso y por segunda vez, un asunto de tanta importancia se despacha por una exigua mayoría simple (9-7), ante afirmaciones tan contundentes  en el voto de los jueces  de la minoría del estilo de “Las candidaturas de Bildu son impolutas”.

Pero, tambien están estos:

Apariencia de legalidad en el Tribunal Supremo

Durante décadas, todo el mundo en Euskadi pidió a la izquierda abertzale que abandonara el apoyo a la violencia como forma de lucha política. El problema –se repetía insistentemente– no era que fuera un movimiento independentista, sino que estaba dispuesto a jalear el asesinato si eso era útil a sus objetivos políticos. En una democracia, por imperfecta que sea y todas lo son, eso es intolerable. Si la izquierda abertzale no estaba dispuesta a renunciar a ese militarismo amoral, no podía formar parte del juego político.

Podía haber iniciado todo el proceso que ha desembocado en la formación de Sortu mucho antes, por ejemplo en la época de Lizarra. La falta de valor político y de principios democráticos y esa mentalidad militarista lo hicieron imposible. Años después, pagaron el precio con la ilegalización.

Tras años perdidos, ahora sí han iniciado ese proceso, no exactamente con el mismo lenguaje que los demás partidos, pero sí con la idea de que no pueden volver atrás. Los estatutos de Sortu no hablan de una evolución desde posiciones anteriores con la intención de tranquilizar a sus partidarios que no lo vean claro. Utilizan la palabra ruptura, un concepto de significado muy singular en organizaciones de extrema izquierda, para establecer un punto final con respecto al pasado: “El nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado”.

El rechazo de la violencia en los estatutos de Sortu no es una consecuencia de decisiones políticas que puedan despertar incredulidad. Es una decisión estratégica, no táctica.

“Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Este rechazo no es genérico, sino concreto y referido a ETA. No utilizan la palabra “condena”, pero sólo desvirtuando el idioma se puede afirmar que las palabras “rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores” no significan lo mismo.

La ilegalización de un partido político es siempre una decisión dramática en cualquier democracia. Digamos que ahora existe una ley que hay que cumplir. La clave sólo puede ser respetar la letra de esa ley, y no referirse a su espíritu y a otros aspectos sobrenaturales. Sortu ha redactado esos estatutos en función de lo que le exige la ley (que obviamente se redactó pensando única y exclusivamente en la izquierda abertzale).

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido rechazar los estatutos de Sortu e impedir su legalización. Sostiene que todo se ha hecho con “un ropaje formal y de apariencia de legalidad” siguiendo las órdenes de ETA. Por seguir la lógica o falta de ella de los magistrados, ETA ha creado una nueva marca política con la intención de deslegitimarse a ojos de la izquierda abertzale para vender la idea de que la violencia es incompatible con cualquier tipo de estrategia política. La misma organización terrorista que ha hecho oídos sordos a la voluntad democrática expresada en las urnas y que no sólo ha asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad sino también a representantes políticos ahora estaría promoviendo un partido político que declara que ETA ha llevado a cabo “conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.


El Tribunal Supremo está vulnerando la Ley de Partidos, el diccionario de la RAE y el sentido común.

Las sospechas sobre la conducta futura de los miembros de Sortu son legítimas. Todos sabemos que los partidos prometen cosas que no siempre cumplen. Pero los magistrados no tienen la libertad de la que goza cualquier analista político. Deben atenerse a la letra de la ley y no pueden retorcer su interpretación para complacer los intereses políticos del Gobierno o de la oposición.

Al igual que en el caso de Egunkaria, nos encontramos ante una violación de los principios constitucionales. Una vez más, los acusados tienen que demostrar su inocencia. Y en este caso, cuando lo hacen (presentando sólo unos estatutos pero a fin de cuentas de eso se trata si lo que se solicita es la inscripción en el registro de partidos), no es suficiente. Un sector de la sociedad ha decidido que no se puede legalizar a la izquierda abertzale mientras siga existiendo ETA, y el Tribunal Supremo está dispuesto a reescribir la ley tantas veces como sea necesario para que no le desmientan las encuestas.

Alguien podría preguntarse si la desaparición de ETA no será más fácil si la izquierda abertzale culmina el camino político que ha hecho posible promover, redactar y aprobar los estatutos de Sortu.

La sentencia hace pensar que eso no entra dentro de las prioridades del Tribunal Supremo

Era mentira

Ese mantra que se ha repetido hasta la saciedad tanto desde el gobierno como desde la oposición “pepera”, y que decía algo así como… “mediante las vías políticas y rechazando la violencia, se puede defender cualquier cosa”, era mentira.

Así lo ha venido a decir la sala 61 del Tribunal Supremo, que ha juzgado el hecho de que Sortu se pueda inscribir o no en el registro de partidos políticos y que a pesar de que los estatutos presentados son, a juicio de absolutamente todo el mundo impecables, han dictaminado su ilegalización por nueve votos frente a siete.

Supongo que el clima de prejuicios y presiones que ha rodeado este asunto habrá tenido alguna importancia:

Es la misma “izquierda abertzale” que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, etc. Claro, ¿y?.  ¿No pedíamos que estos cafres volvieran al redíl abandonando la violencia?

¿Sortu va a incumplir los estatutos presentados?.  ¿Quien lo puede asegurar?.

¿Sortu se desmarca de la violencia por exigencia coyuntural?.  Quizá. Y si así fuera, ¿no es válido igualmente, el desmarque?

¿ETA no se ha disuelto aún?.  Eso no lo exige (ni puede) la “Ley de Partidos”, bajo la cual se ha enjuiciado este caso.

En definitiva, ¿se puede ilegalizar a un partido por sospechas o presión social?