Ese mantra que se ha repetido hasta la saciedad tanto desde el gobierno como desde la oposición «pepera», y que decía algo así como… «mediante las vías políticas y rechazando la violencia, se puede defender cualquier cosa», era mentira.
Así lo ha venido a decir la sala 61 del Tribunal Supremo, que ha juzgado el hecho de que Sortu se pueda inscribir o no en el registro de partidos políticos y que a pesar de que los estatutos presentados son, a juicio de absolutamente todo el mundo impecables, han dictaminado su ilegalización por nueve votos frente a siete.
Supongo que el clima de prejuicios y presiones que ha rodeado este asunto habrá tenido alguna importancia:
– Es la misma «izquierda abertzale» que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, etc. Claro, ¿y?. ¿No pedíamos que estos cafres volvieran al redíl abandonando la violencia?
– ¿Sortu va a incumplir los estatutos presentados?. ¿Quien lo puede asegurar?.
– ¿Sortu se desmarca de la violencia por exigencia coyuntural?. Quizá. Y si así fuera, ¿no es válido igualmente, el desmarque?
– ¿ETA no se ha disuelto aún?. Eso no lo exige (ni puede) la «Ley de Partidos», bajo la cual se ha enjuiciado este caso.
En definitiva, ¿se puede ilegalizar a un partido por sospechas o presión social?
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