Apariencia de legalidad en el Tribunal Supremo

Durante décadas, todo el mundo en Euskadi pidió a la izquierda abertzale que abandonara el apoyo a la violencia como forma de lucha política. El problema –se repetía insistentemente– no era que fuera un movimiento independentista, sino que estaba dispuesto a jalear el asesinato si eso era útil a sus objetivos políticos. En una democracia, por imperfecta que sea y todas lo son, eso es intolerable. Si la izquierda abertzale no estaba dispuesta a renunciar a ese militarismo amoral, no podía formar parte del juego político.

Podía haber iniciado todo el proceso que ha desembocado en la formación de Sortu mucho antes, por ejemplo en la época de Lizarra. La falta de valor político y de principios democráticos y esa mentalidad militarista lo hicieron imposible. Años después, pagaron el precio con la ilegalización.

Tras años perdidos, ahora sí han iniciado ese proceso, no exactamente con el mismo lenguaje que los demás partidos, pero sí con la idea de que no pueden volver atrás. Los estatutos de Sortu no hablan de una evolución desde posiciones anteriores con la intención de tranquilizar a sus partidarios que no lo vean claro. Utilizan la palabra ruptura, un concepto de significado muy singular en organizaciones de extrema izquierda, para establecer un punto final con respecto al pasado: “El nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado”.

El rechazo de la violencia en los estatutos de Sortu no es una consecuencia de decisiones políticas que puedan despertar incredulidad. Es una decisión estratégica, no táctica.

“Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Este rechazo no es genérico, sino concreto y referido a ETA. No utilizan la palabra “condena”, pero sólo desvirtuando el idioma se puede afirmar que las palabras “rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores” no significan lo mismo.

La ilegalización de un partido político es siempre una decisión dramática en cualquier democracia. Digamos que ahora existe una ley que hay que cumplir. La clave sólo puede ser respetar la letra de esa ley, y no referirse a su espíritu y a otros aspectos sobrenaturales. Sortu ha redactado esos estatutos en función de lo que le exige la ley (que obviamente se redactó pensando única y exclusivamente en la izquierda abertzale).

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido rechazar los estatutos de Sortu e impedir su legalización. Sostiene que todo se ha hecho con “un ropaje formal y de apariencia de legalidad” siguiendo las órdenes de ETA. Por seguir la lógica o falta de ella de los magistrados, ETA ha creado una nueva marca política con la intención de deslegitimarse a ojos de la izquierda abertzale para vender la idea de que la violencia es incompatible con cualquier tipo de estrategia política. La misma organización terrorista que ha hecho oídos sordos a la voluntad democrática expresada en las urnas y que no sólo ha asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad sino también a representantes políticos ahora estaría promoviendo un partido político que declara que ETA ha llevado a cabo “conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.


El Tribunal Supremo está vulnerando la Ley de Partidos, el diccionario de la RAE y el sentido común.

Las sospechas sobre la conducta futura de los miembros de Sortu son legítimas. Todos sabemos que los partidos prometen cosas que no siempre cumplen. Pero los magistrados no tienen la libertad de la que goza cualquier analista político. Deben atenerse a la letra de la ley y no pueden retorcer su interpretación para complacer los intereses políticos del Gobierno o de la oposición.

Al igual que en el caso de Egunkaria, nos encontramos ante una violación de los principios constitucionales. Una vez más, los acusados tienen que demostrar su inocencia. Y en este caso, cuando lo hacen (presentando sólo unos estatutos pero a fin de cuentas de eso se trata si lo que se solicita es la inscripción en el registro de partidos), no es suficiente. Un sector de la sociedad ha decidido que no se puede legalizar a la izquierda abertzale mientras siga existiendo ETA, y el Tribunal Supremo está dispuesto a reescribir la ley tantas veces como sea necesario para que no le desmientan las encuestas.

Alguien podría preguntarse si la desaparición de ETA no será más fácil si la izquierda abertzale culmina el camino político que ha hecho posible promover, redactar y aprobar los estatutos de Sortu.

La sentencia hace pensar que eso no entra dentro de las prioridades del Tribunal Supremo

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