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INSISTIR EN GAZA. Rumbo a Gaza

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Santiago Alba Rico

Se puede describir como injusto, sin duda, un mundo en el que, en contra del derecho internacional, se ocupan y bombardean países, se somete a poblaciones enteras a castigos colectivos o se encarcela, se tortura y se mata para consolidar dictaduras políticas o económicas. Pero se puede decir que un orden es radicalmente injusto cuando es la denuncia de la injusticia, y no la injusticia misma, la que despierta sospechas, es la indignación la que está obligada a justificarse y es la solidaridad la que debe dar explicaciones. ¿Por qué experimentar como propio el dolor del otro? ¿Por qué reaccionar frente a la injusticia? ¿Por qué solidarizarse con sus víctimas? ¿Por qué reclamar el cumplimiento de las leyes internacionales? ¿Por qué Palestina? ¿Por qué Gaza?

¿Por qué -es decir- el ser humano? ¿Por qué la ética? ¿Por qué la normalidad civilizada? ¿Por qué la nieve es blanca? Hay algo viciado y destructivo en invertir las preguntas para obligar a responder, en tono acusatorio, a quienes deben -todos nosotros- demandar sin falta una respuesta: ¿por qué Palestina no? ¿Por qué sigue el bloqueo de Gaza? ¿Por qué se desprecia el derecho y la justicia? ¿Por qué la nieve se vuelve repentinamente negra?

Lo natural es que las piedras caigan y los pájaros vuelen; lo natural es que las mareas suban y bajen; lo natural es que, cumpliendo las leyes del movimiento y de la solidaridad humana, los barcos intenten llegar a Gaza. En el verano de 2010 Israel se apropió el mar Mediterráneo para asaltar el Mavi Marmara y matar a una parte de su pasaje.

En el verano de 2011 Israel extendió el bloqueo hasta las costas de Europa para impedir zarpar a la Flotilla de la Libertad II. Ahora, desde el pasado mes de julio, una tercera Flotilla intenta de nuevo este restablecimiento de la naturaleza; partiendo de Suecia, recorre ya y recorrerá el Báltico, el Atlántico y el Mediterráneo para reivindicar el derecho del sol a salir por el este, el del color verde a verdear las hojas y el de los niños a patear una piedra y jugar al balón.

¿Una flotilla? El hermoso velero Estelle constituye -como diría Thoureau frente a la esclavitud- “una mayoría de uno”. Mayoría porque, con independencia de su número, tiene razón. Pero mayoría también porque tiene de su parte el viento: el aliento de las miles y miles de personas en todo el planeta que han hecho materialmente posible el viaje y el de los millones y millones que lo apoyan. Si hay algo que la mayor parte de la población mundial sabe que está mal en el mundo, es sin duda la ocupación de Palestina; si hay una injusticia que la mayor parte de la población mundial sabe que los gobiernos occidentales no van a reparar, es la ocupación de Palestina. Un puñado de intereses y mucho dinero pueden producir un misil asesino; un gran racimo de voluntades y un enorme esfuerzo colectivo pueden parir un velero. El Estelle es la Madre-Humanidad surcando las aguas, es la Niña-Solidaridad surfeando en las olas.

¿Por qué insistir? La respuesta más obvia es la insistencia de Israel en mantener el bloqueo. Seis años después, el lento deterioro de la situación ha abocado a la franja de Gaza, el territorio más densamente poblado del planeta, a una “catástrofe humanitaria” de la que los niños (el 44% de los gazatíes tiene menos de 14 años) son las principales víctimas. El paro, la pobreza, la falta de combustible y la deficiencia creciente del suministro eléctrico conducen a Gaza -según un informe de Oxfam de febrero- “a un colapso total de los servicios esenciales”. La organización Save The Children cifra en un 58% el número de niños en edad escolar que padece anemia y advierte contra el aumento de las fiebres tifoideas y las diarreas, sin vacilar a la hora de atribuir responsabilidades ni de proponer soluciones: “como una cuestión de urgente prioridad para la salud y bienestar de los niños de Gaza, Israel debe levantar el bloqueo por completo para permitir el libre movimiento de personas y de bienes dentro y fuera de Gaza, incluyendo Cisjordania y Jerusalén Oriental”. Amnistía Internacional, por su parte, tampoco tiene dudas: “el factor fundamental causante de esta crisis humana es el bloqueo de Israel, el cual constituye un castigo colectivo (lo que es una violación del derecho internacional) y afecta particularmente a los niños y niñas, y a las personas enfermas”. Los recientes a ataques de Israel y de EE. UU. a la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas responsable del suministro de alimentos y de la gestión de la educación, amenaza con agravar a corto plazo los problemas endémicos de desnutrición y dejar a miles de niños sin acceso a escuelas y centros de estudio. El bloqueo es una bomba silenciosa que estalla todos los días hiriendo de muerte a 1.700.000 personas.

Pero, ¿por qué insistir? Obviamente el Estelle, si llegara a su destino, no va a resolver los problemas de la población gazatí con los sacos de cemento y las pelotas de fútbol que alberga en sus bodegas. No es ese el propósito. La potencia de la iniciativa que en el Estado español coordina Rumbo a Gaza se mide más bien por sus efectos simbólicos y políticos y puede resumirse, a mi juicio, en tres iluminaciones.

La primera es al mismo tiempo simbólica y material. La idea de salir de Suecia y detenerse en diferentes puertos de tres mares distintos opera, en efecto, una especie de liberación territorial subrogada. El año pasado -lo recordábamos más arriba- Israel “bloqueó” las costas de Europa. Gaza está en cada puerto donde atraque el Estelle; cada puerto es Gaza. Por lo tanto, aún antes de llegar a su destino en Palestina, el velero parido por la Humanidad habrá levantado muchas veces el bloqueo, devolviendo a las naciones europeas la soberanía que sus gobiernos no supieron defender el año pasado en Grecia. El Estelle, en algún sentido, está restableciendo la legalidad de la UE y liberando nuestras costas de la ilegal ocupación israelí.

La segunda iluminación tiene que ver con su evidente carácter de denuncia. Las revueltas árabes han obligado a EE. UU. y a las potencias europeas, complacientes con las dictaduras derrocadas, a intervenir en nombre de la democracia y los derechos humanos. Pero este discurso hipócrita no hace sino subrayar la excepcionalidad de Palestina o, mejor dicho, la excepcionalidad de la dictadura israelí, contra la que ningún gobierno occidental está dispuesto a intervenir, ni siquiera en forma de condenas o sanciones. La travesía del Estelle denuncia la complicidad criminal de esa Europa que utiliza los discursos humanitarios -y hasta las bombas humanitarias- para defender mejor sus intereses y los de Israel en la región. Insistir en Gaza, mientras el mundo árabe sigue sacudido por las réplicas sísmicas de los movimientos populares y de la contrarrevolución imperialista, ayuda precisamente a distinguir a las distintas fuerzas en litigio y garantiza el horizonte anticolonial de las transformaciones en la zona. Palestina -con Gaza como rescoldo vivo en su centro- irradia luz en todas direcciones. Recordar Gaza es recordar que la lucha de los pueblos empieza y acaba necesariamente en Palestina.

La tercera iluminación, vinculada a la anterior, tiene que ver con la desnuda afirmación del carácter universal de los derechos humanos. Que las potencias occidentales manoseen y malversen leyes e instituciones internacionales, poniéndolas al servicio de intereses espurios, no debe llevarnos a cuestionar las fuentes. Fuera de las leyes, al margen del derecho, la fuerza es suya; y si no tenemos la fuerza para imponer las leyes y el derecho, las leyes y el derecho tienen la fuerza para recordar a los pueblos de qué lado está la justicia y por qué estamos legitimados a resistir y a luchar por la liberación. La fuerza es suya, el derecho nuestro. En la Edad Media la cultura encontró refugio en los monasterios; y hoy hay bancos de semillas donde se conservan ejemplares de todas las plantas en previsión de una catástrofe. Pues bien, el Estelle, vástago de la Madre-Humanidad, es el cofre donde se guardan la carta fundacional de la ONU, las convenciones de Ginebra y los tratados internacionales; es en el velero unánime, y no en los aviones de la OTAN o en las reuniones del G-20, donde la humanidad protege la Declaración de los Derechos Humanos y las leyes internacionales que tantos sacrificios y tantos muertos costó conquistar.

¿Por qué insistir en Gaza? Hay una cuarta razón tan elemental como el derecho del sol a salir por el este, el derecho del color verde a verdear la hierba y el derecho de los niños a patear una piedra y saltar un muro. El Estelle declara sencillamente nuestro derecho genético a sentir el dolor del otro, a protestar contra la injusticia y a abrazar, pueblo a pueblo, por encima o por debajo de los intereses nacionales, a todos los que amamos en cualquier lugar de la tierra.

Insistamos. Insistiremos. El Estelle es de momento uno; el viento somos todos.

MONSANTO GOLPEA EN PARAGUAY: LOS MUERTOS DE CURUGUATY Y EL JUICIO POLÍTICO A LUGO.

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Basado en el artículo de Idilio Mendez Grimaldi*
 ¿Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
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El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscal para proteger a un latifundista. Como resultado hubo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado y finalmente llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.

Campaña mediática
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: «Los 12 argumentos para destituir a Lovera» (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado «tractorazo» es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez – quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos – entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente era un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza iba a ser el próximo objetivo a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo

Finalmente el Senado paraguayo consideró «culpable» de mal desempeño en sus funciones al presidente, Fernando Lugo, en una sentencia tras el desarrollo de un «juicio político» que supone su inmediata destitución.

En la sesión, sólo cuatro senadores votaron a favor del mandatario y 39, en contra.

En un proceso de dos días, los legisladores hallaron al mandatario culpable de incumplir sus funciones al dejar que creciera la conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado, cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos, informó Reuters.

El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logró unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.

Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.
2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3- Censo Agropecuario Nacional 2008.
(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.

El negocio millonario de reprimir protestas

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Periódico "Diagonal"
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“Nosotros somos policías y tenemos una serie de herramientas, como un carpintero tiene un martillo o como un pintor tiene un pincel”, explicaba un antidisturbios en un programa emitido recientemente en televisión. En la pasada jornada de huelga se pudo ver cómo las fuerzas del orden sacaron a la calle muchas de estas herramientas en Barcelona. Gas lacrimógeno y pelotas de goma fueron utilizados contra miles de manifestantes en plaza Catalunya, una dinámica que tiene pinta de volverse habitual a la vista de la criminalización que el Gobierno está haciendo de los movimientos sociales. A pesar de que ya hay una víctima mortal causada por balas de goma y sobrepasa la veintena las personas que han perdido un ojo por su uso en el Estado, y de que otras armas también denominadas “menos letales”, como las pistolas Taser o el gas pimienta, son calificadas por Amnistía Internacional como herramientas de tortura, las fuerzas de seguridad las tienen entre su equipo, en muchas ocasiones como dotación básica.

SPRAY. Una de estas armas “menos letales” es el spray de autodefensa, un aerosol formado a partir de la capsaicina, compuesto que produce espasmos, irritación de la piel y dificultad para respirar durante un tiempo promedio de media hora, y que en España contiene también un 5% de gas lacrimógeno CS. Este aerosol, que se ha relacionado con la muerte de al menos 61 personas en EE UU, es parte del equipo básico de las policías locales de Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. También es dotación complementaria en varios municipios de Extremadura, Cantabria y Galicia, como Ferrol, donde a finales de enero fue utilizado en una protesta de astilleros. En junio de 2011, el Ministerio de Interior sacó a licitación una compra de sprays de defensa personal por un importe de 97.000 euros para reponer los 105.000 euros en spray que compró en 2005. Aunque en la mayoría de los países europeos su uso está limitado a la policía, en España cualquier ciudadano mayor de edad puede comprar este tóxico por un módico precio que va de los diez a los 20 euros.

PISTOLAS ELÉCTRICAS. El Taser, una pistola que dispara cargas eléctricas paralizantes, despertó la alarma social hace varios años, después de que Amnistía Internacional cifrara en medio millar los muertos por su causa sólo en Estados Unidos. Esta pistola eléctrica, que parece un artículo de juguete, sigue siendo utilizada por la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y policías locales. Aunque no hay información en el BOE sobre las compras de estas pistolas eléctricas, ya que Soler i Associats, distribuidora oficial del Taser, tiene un contrato de confidencialidad con el Gobierno, en su página web se puede ver que cada una de estas ‘pistolitas’ cuesta de 550 a 3.200 euros. Su uso está especialmente extendido en Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.

PORRAS EXTENSIBLES. El Departamento de Interior vasco restringió en 2005 a la Ertzaintza el uso de las defensas o porras extensibles “dada su potencial peligrosidad”. De hecho, pocos meses después, en julio de 2005, un hombre murió en una comisaría de Roquetas de Mar (Almería) tras ser golpeado con este tipo de porras por agentes de la Policía Local. Aún así, su uso sigue siendo habitual por parte de la Guardia Civil de Tráfico, que ese mismo mes adquirió 3.000 de estas armas, y por los Mossos d’Esquadra, a los que la Generalitat dotó en 2010 con 11.000 porras extensibles metálicas por las que pagó más de 370.000 euros a Usis Guirao, una empresa catalana que igual vende productos de electrónica que armas y uniformes. Canarias y Levante son los que más han apostado por este tipo de armas tachadas de “menos letales”, pero otras policías locales también las cuentan entre su equipo. En Madrid, la policía local recibe como dotación la defensa extensible, y en la normativa de la Comunidad Valenciana se especifica el uso de la extensible metálica, prohibida en Canarias y otras comunidades. La ASP, que es la porra extensible más común en manos de los cuerpos de seguridad, la distribuye en España Soler i Associats, misma empresa que comercializa el Taser, y su precio ronda los cien euros.

GASES LACRIMÓGENOS. Como en Grecia, Egipto y Bahrein, donde se cuentan varias decenas de muertes por su uso, los cuerpos de seguridad españoles han vuelto a utilizar, por primera vez en 16 años, el gas lacrimógeno para reprimir manifestaciones. Para ello ya se prepararon en diciembre de 2011 con una compra de este gas por cerca de un millón de euros a la empresa Falken, una de las niñas bonitas del gobierno para la compra de esta “herramienta”. El gas lacrimógeno utilizado en España es el CS, clasificado como “no letal” a pesar de causar un severo daño en pulmones, corazón e hígado. Eso sí, en espacios cerrados sí se ha señalado su carácter letal. Falken, empresa de la familia de Ismael Bardisa Jordá, diputado del PP por Madrid desde 1996 hasta 2008 y actualmente miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, ha sido adjudicataria de hasta 46 contratos públicos para proveer al Gobierno español de gas lacrimógeno y fumígenos especialmente, pero también de grilletes, máscaras anti-gas o balas de goma. Muchos de estos contratos fueron por procedimiento negociado y sin publicidad. En estos 17 años, Falken ha recibido más de 15 millones de euros del erario público.

BALAS DE GOMA. Las balas de goma se utilizan en España desde los ‘70 y, a pesar de que desde entonces han provocado que una veintena de personas perdieran un ojo y la muerte de Iñigo Cabacas el 29 de marzo, el Gobierno español sigue optando por su uso. Desde 2008 está abierto a licitación un contrato público para proveer de bolas de caucho a la Guardia Civil por un importe inicial de 86.000 euros,menos de los 114.000 que se gastó en 2005 en este tipo de munición, pero mucho más del importe que se destinó en los 90’, década en la que se adjudicaron dos contratos por 53.900 y 27.000 euros. Mientras, las policías autonómicas afirman que van a empezar a relevar su uso por el de los lanzadores BT y las balas de foam, que comenzaron a adquirir el año pasado, cómo no, a Soler i Associats. La alternativa tampoco está libre de polémica, ya que entre sus efectos está la inhibición muscular temporal y hasta 45 días con dolores en la zona, y ya se ha alertado de su peligrosidad a distancias menores de 25 metros.

“MENOS LETALES”

Alto gasto en munición

600 Taser en manos de las fuerzas de seguridad

Hasta junio del año pasado, la empresa catalana Soler i Associats, distribuidora oficial del Taser en España, había vendido 600 de estas pistolas al Ministerio de Interior y Defensa. Cada una de ellas tiene un precio que va de los 550 a los 3.200 euros.

Pelotazos de goma a 90 céntimos la unidad

Desde 1998, el Gobierno se ha gastado más de 195.000 euros en balas de goma, y hay anunciado un concurso público con un presupuesto inicial de 86.000 para adquirir 100.000 balas más. Cada una de las balas de goma que el Gobierno va a adquirir costará cerca de 90 céntimos, casi el doble que en los ‘90.

VITORIA-GASTEIZ 3-3-1976, CINCO TRABAJADORES ASESINADOS

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Un año más, éste sin Manuel Fraga uno de sus ejecutores, conmemoramos el vil asesinato de cinco trabajadores en Vitoria-Gasteiz:


CAMPANADAS A MUERTOS I parte
Campanadas a muerto
lanzan un grito para la guerra
de los tres hijos que han perdido
las tres campanas negras.

Y el pueblo se recoge
cuando el lamento se acerca;
son ya tres penas más
que hemos de llevar a la memoria.

Campanadas a muerto
por las tres bocas cerradas;
¡ay de aquel trovador
que olvidara las tres notas!

¿Quién cortó el aliento
de aquellos cuerpos tan jóvenes
sin otro tesoro
que la razón de los que lloran?

Campanadas a muerto
lanzan un grito para la guerra
de los tres hijos que han perdido
las tres campanas negras.

Asesinos de razones y de vidas
que nunca tengáis reposo
a lo largo de vuestros días
y que en la muerte os persigan
nuestras memorias.

Asesinos, asesinos de razones,
asesinos de vidas
que nunca, nunca tengáis reposo
a lo largo de vuestros días
y que en la muerte os persigan
nuestras memorias,
memorias.

Cuando Lluis escribió esta obra sólo se conocía la muerte de tres trabajadores. En días posteriores fallecieron otros dos. Por ello el poema hace referencia sólo a tres asesinados.

CAMPANADAS A MUERTOS IV parte
La miseria se hizo poeta
y escribió en los campos
en  forma de trincheras
y los hombres marcharon hacia ellas.
Cada uno fue una palabra
del victorioso poema.

El resto de los hechos en :

https://misaspiracionesenlavida.com/2011/03/03/assassins-de-raons-i-de-vides-vitoria-3-3-1976/

50 años de una indecencia

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Se cumple ahora medio siglo del bloqueo que Estados Unidos ejerce contra Cuba

Un coche pasa en La Habana junto a un cartel que recuerda que el 70% de cubanos ha nacido bajo el bloqueo. -

Las denuncias de La Habana no logran acabar con un castigo colectivo que lastra la lucha por la prosperidad y el futuro de los habitantes de Cuba.

El largo y sostenido bloqueo estadounidense es, de hecho, el principal obstáculo para el desarrollo de la isla. En realidad, esta medida, impuesta el 7 de febrero de 1962 a Cuba por el presidente norteamericano John F. Kennedy, no sólo persiste sino que, ha intensificado su «persecución y su cerco».

Desmintiendo las promesas de Barack Obama, los hechos demuestran que las supuestas medidas para suavizar el bloqueo son superficiales y no cambian el aislamiento al que se somete a la isla. Es más, La Habana considera que el embargo se ha recrudecido sobre todo en su carácter extraterritorial, debido a la «persecución» de las transacciones financieras de Cuba en cualquier lugar del mundo. Las medidas decretadas por Obama para flexibilizar las restricciones sobre las remesas y los viajes a la isla se consideran pasos positivos, pero muy insuficientes tras 50 años de embargo.

Cuba continúa sin poder importar y exportar a Estados Unidos, sin poder utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones, y sin poder acceder a los principales mecanismos internacionales para créditos y fondos, en tanto se mantiene la prohibición para que los norteamericanos viajen a la isla. De hecho, una portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria Nuland, confirmó el pasado lunes en Washington, que la política de su país hacia Cuba «permanece igual».

El medio siglo de este embargo se cumple en un momento marcado por las reformas que impulsa el presidente Raúl Castro. Medidas dirigidas a reactivar la economía sin renunciar al socialismo y que suponen una apertura a la iniciativa económica popular y privada.

Además de promover reformas, Raúl Castro se ha mostrado proclive a dialogar con EEUU, pero en términos de igualdad y sin condiciones.

«Anclado en el pasado»

«Al mismo tiempo que actualizamos nuestro socialismo cambiando todo lo que debe ser cambiado, el Gobierno de los Estados Unidos sigue anclado en el pasado», precisó el presidente cubano el pasado diciembre ante la Asamblea Nacional.

Dentro y fuera de la isla, el bloqueo estadounidense acumula críticas y muchos observadores lo consideran una política fallida, que ha perjudicado principalmente a los cubanos. Sectores vitales como la sanidad y la alimentación son los más perjudicados por el embargo norteamericano.

Es el Congreso estadounidense el que tiene la facultad de derogar el bloqueo, reforzado en 1996 con la Ley Helms-Burton, pero el Gobierno de Obama condiciona su apoyo a la eliminación de esa medida a que el Gobierno del presidente Castro acometa «cambios» que, a su juicio, todavía no se han dado.

Sin embargo, para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de derechos humanos, Cuba «sí está cambiando» y experimentando «profundas transformaciones económicas y políticas» a las que EEUU no puede permanecer ajeno.

«El embargo es una reliquia, un remanente de la Guerra Fría», sostuvo en un comunicado el director de programas de WOLA, Geoff Thale, quien añadió que se trata de una medida «sin actualizar que sólo perjudica al pueblo cubano, a sus familias en Estados Unidos y a los intereses estadounidenses».

Thale recordó las reformas impulsadas por Raúl Castro y criticó luego que «los defensores del embargo se empeñen en defender una política obsoleta».

El director de programas de WOLA recalcó que EEUU «no va a retirar el bloqueo de la noche a la mañana», pero también subrayó que los políticos «sensatos» deben trabajar en favor del diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Una vía que considera ineludible para poner punto final a 50 años de embargo.

20 Resoluciones de la ONU contra esta delictiva acción

Las países participantes en la 66 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), rechazaron a finales de esta pasado año, de manera contundente y por vigésima vez, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EEUU) a Cuba.

La comunidad internacional condenó casi de manera unánime al asedio de Washington contra el Gobierno de La Habana y registró una votación de 186 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones.

El informe sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba presentado en el pleno de la ONU el pasado 14 de septiembre, revela que el daño económico causado a la isla asciende a 975 mil millones de dólares hasta 2010, lo que constituye el obstáculo principal para el desarrollo de la isla caribeña.


Fuentes: "Público", "América Economía"

¿Practica EE. UU. terrorismo de estado?

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«Diez razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad»

Interesante artículo, publicado recientemente en The Washington Post y escrito por el jurista estadounidense Jonathan Turley. El texto incide en una idea ya expresada por «Quilombo» desde sus inicios, a saber, que constituye una estafa intelectual proponer a los gobiernos «occidentales» -o asimilados- como modelo de referencia indiscutible en materia de derechos humanos. Una percepción distorsionada que incide en el tratamiento dado por las propias organizaciones no gubernamentales en sus informes. Aquí Turley realiza un ejercicio de derecho comparado con respecto a países que habitualmente son objeto de críticas. Puede que sea discutible que elija como punto de partida el 11 de septiembre de 2001, pero las conclusiones son igualmente demoledoras.
 
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«Cada año, el Departamento de Estado publica informes sobre los derechos individuales en otros países, controlando la adopción de leyes y regulaciones restrictivas por todo el mundo. A Irán, por ejemplo, se le ha criticado por negar juicios justos y públicos y por limitar la privacidad, mientras que a Rusia se le llama la atención por minar el derecho al debido proceso. Otros países han sido condenados por el uso de pruebas secretas y la tortura.

Incluso cuando emitimos juicios sobre países que consideramos que no son libres, los estadounidenses confían en que cualquier definición de lo que es una nación libre debe incluir a la suya: la tierra de la libertad. Sin embargo, las leyes y prácticas de esta tierra deberían sacudir esa confianza. En la década que siguió al 11 de septiembre de 2011, este país ha reducido de manera exhaustiva las libertades civiles en nombre de un expansivo estado de seguridad. El ejemplo más reciente de esto fue la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada el pasado 31 de diciembre, que permite la detención indefinida de ciudadanos. ¿Hasta qué punto la reducción de derechos individuales en nuestro país cambia cómo nos definimos a nosotros mismos?

Mientras cada nueva competencia nacional que Washington promulga en materia de seguridad provoca controversia en el momento de su aprobación, con frecuencia se discuten de manera aislada. Conforman un mosaico de poderes bajo los cuales nuestro país podría ser considerado, al menos en parte, como autoritario. Los estadounidenses proclaman a menudo que nuestra nación es un símbolo de libertad para el mundo, mientras desprecian a naciones como Cuba y China como categóricamente no libres. Sin embargo, objetivamente, puede que tengamos solo parte de razón. Esos países carecen de derechos individuales básicos como el debido proceso, situándoles fuera de cualquier definición razonable de «libre», pero los Estados Unidos ahora tienen mucho más en común con tales regímenes que lo que a cualquiera le gustaría poder admitir.

Estos países también tienen constituciones que pretenden garantizar libertades y derechos. Pero sus gobiernos tienen una amplia discreción a la hora de denegar esos derechos y los ciudadanos tienen pocas vías reales para desafiarla; precisamente el problema con las nuevas leyes en este país.

La lista de poderes que ha adquirido el gobierno estadounidense desde el 11S nos sitúa en una compañía bastante incómoda.

Asesinato de ciudadanos estadounidenses

Como antes hiciera el Presidente George W. Bush, el Presidente Obama ha proclamado el derecho de ordenar el asesinato de cualquier ciudadano considerado como terrorista o cómplice de terrorismo. El año pasado aprobó el asesinato del ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaqi y de otro ciudadano bajo las supuestas atribuciones inherentes a su autoridad. El mes pasado, funcionarios de la administración reafirmaron este poder, declarando que el presidente puede ordenar el asesinato de cualquier ciudadano que considere aliado con los terroristas (naciones como Nigeria, Irán y Siria suelen ser criticados por los asesinatos extrajudiciales de los enemigos del Estado).

Detención indefinida

De acuerdo con las leyes que se firmaron en diciembre, los sospechosos de terrorismo deberán pasar a custodia militar; el presidente tiene también la autoridad de detener indefinidamente ciudadanos acusados de terrorismo. Mientras que el senador Carl Levin insistió en que la propuesta seguía la legislación vigente “cualquiera que sea ésta”, el Senado rechazó específicamente una enmienda que hubiera eximido de aquélla a los ciudadanos [estadounidenses] y la administración se ha opuesto a los esfuerzos por desafiar tal autoridad ante los tribunales federales. La administración continúa reclamando el derecho de eliminar las protecciones legales de los ciudadanos sobre la base exclusiva de su discrecionalidad (China codificó recientemente una ley de detención más limitada para sus propios ciudadanos, mientras países como Camboya han sido señalados por los EE UU por su “detención prolongada”).

Justicia arbitraria

El presidente ahora decide si una persona puede ser procesada en tribunales federales o en un tribunal militar, un sistema que ha sido ridiculizado en todo el mundo por faltar a las protecciones más básicas de un proceso justo. Bush reclamó esta autoridad en 2001, y Obama ha continuado con esta práctica (Egipto y China han sido denunciados por mantener sistemas judiciales militares separados para determinados acusados, incluyendo civiles).

Investigaciones sin orden judicial

Hoy el presidente puede ordenar una vigilancia sin órdenes judiciales, incluyendo una nueva capacidad para obligar a las compañías y organizaciones a pasar información sobre las finanzas, comunicaciones y asociaciones de los ciudadanos. Bush adquirió este amplio poder con la Patriot Act en 2001, y en 2011 Obama lo extendió aún más, incluyendo la investigación de cualquier cosa, desde documentos empresariales a los archivos de las bibliotecas. El gobierno puede usar “cartas de seguridad nacional” para pedir, sin basarse en pruebas suficientes, que las organizaciones pasen información sobre los ciudadanos y ordenarles que no lo revelen a la parte afectada (Arabia Saudí y Paquistán operan bajo leyes que permiten al gobierno comprometerse en una vigilancia generalizada y discrecional).

Pruebas secretas

Actualmente el gobierno hace uso, de manera rutinaria, de pruebas secretas para detener individuos y emplea pruebas secretas en los tribunales federales y militares. También obliga que se desestimen demandas contra el gobierno de los Estados Unidos, simplemente rellenando declaraciones en las que se afirman que los casos harían que el gobierno revele información clasificada que podría dañar la seguridad nacional; un reclamo que se expresa en diversas demandas judiciales sobre privacidad y que ha sido ampliamente aceptado por los jueces federales sin que se cuestionen nada. Incluso las opiniones legales que se citan como base para las acciones del gobierno durante las administraciones Bush y Obama han sido clasificadas como secretas. Esto permite al gobierno invocar argumentos legales secretos para apoyar procesos secretos usando pruebas secretas. Además, algunos casos nunca llegan a los tribunales. Los tribunales federales suelen denegar demandas constitucionales a políticas y programas a partir de una definición estrecha de la capacidad para entablar acciones judiciales.

Crímenes de guerra

El mundo clamó para que se procesara a los responsables de torturas (waterboarding) de sospechosos de terrorismo durante la administración Bush, pero la administración Obama dijo en 2009 que no permitiría que los empleados de la CIA fueran investigados o perseguidos por tales acciones. Lo cual no solo vació de contenido las obligaciones previstas en los tratados internacionales sino los principios de Nuremberg de derecho internacional. Cuando los tribunales de países como España decidieron investigar a funcionarios de la administración Bush por crímenes de guerra, la administración Obama pidió a las autoridades de otros países que no permitieran que tales casos avancen, a pesar del hecho de que Estados Unidos hacía tiempo que había solicitado la misma autoridad con respecto a supuestos criminales de guerra de otros países (varios países han resistido investigaciones sobre funcionarios acusados de crímenes de guerra y tortura. Algunos, como Serbia y Chile, finalmente aceptaron cumplir con el derecho internacional; los países que han rechazado investigaciones independientes incluyen a Irán, Siria y China).

Tribunales secretos

El gobierno incrementó el uso de la secreta Corte de Vigilancia del Espionaje Exterior, que ha expandido sus órdenes judiciales secretas para incluir a individuos que se considera que están instigando o asistiendo a organizaciones o gobiernos extranjeros hostiles. En 2011, Obama renovó estos poderes, e incluso permitió las investigaciones secretas de individuos que no son parte de un grupo terrorista identificable. La administración reivindicó el derecho de ignorar los límites parlamentarios de dicha vigilancia (Pakistán sitúa el espionaje por la seguridad nacional bajo los poderes sin freno del ejército o de los servicios de inteligencia).

Inmunidad para la revisión judicial

Al igual que la administración Bush, la administración Obama ha presionado a favor de la inmunidad de las compañías que participan en la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial, bloqueando la capacidad de los ciudadanos para oponerse a la violación de su privacidad (del mismo modo, China ha mantenido los reclamos de una amplia inmunidad tanto dentro como fuera del país y bloquea de manera rutinaria demandas contra las compañías privadas).

Vigilancia continua de los ciudadanos

La administración Obama ha defendido con éxito su reclamo de que puede usar dispositivos GPS para vigilar cada movimiento de ciudadanos específicos sin garantía de ninguna orden o supervisión judicial. Ahora está defendiendo este poder ante el Tribunal Supremo *, un poder descrito por el magistrado Anthony Kennedy como “orwelliano” (Arabia Saudí ha instalado sistemas públicos masivos de vigilancia, mientras Cuba es conocida por el control activo de determinados ciudadanos).

Entregas extraordinarias

El gobierno dispone ahora de la capacidad para transferir tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos a otro país mediante un sistema conocido como «entregas extraordinarias» [extraordinary renditions], denunciado por usar otros países como Siria, Arabia Saudí, Egipto y Pakistán para torturar sospechosos. La administración Obama dice que no continúan los abusos de esta práctica de la era Bush, pero insiste en que se le conceda un derecho ilimitado para ordenar dichas transferencias, incluyendo la posible transferencia de ciudadanos estadounidenses.

Estas nuevas leyes llegan con una infusión de dinero en un sistema expandido de seguridad a nivel estatal y federal, incluyendo más cámaras de vigilancia pública, decenas de miles de empleados de seguridad y una expansión masiva de la burocracia dedicada a la lucha antiterrorista.

Algunos políticos se desentienden y dicen que estos mayores poderes solo son una respuesta a los tiempos en que vivimos. Así, el senador republicano Lindsey Graham pudo declarar la pasada primavera en una entrevista, sin objeción alguna, que «la libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra.» Por supuesto, el terrorismo nunca se «rendirá» y terminará esta peculiar «guerra».

Otros políticos racionalizan que, mientras tales poderes pueden existir, lo realmente importante es cómo se usan en la realidad. Esta es una respuesta común de los progresistas [liberals] que no pueden criticar a Obama como lo hicieron con Bush. El senador demócrata Carl Levin, por ejemplo, ha insistido que el Congreso no está tomando ninguna decisión sobre la detención indefinida: “Que es una decisión que dejamos donde pertenece, al ejecutivo”.

Y en la declaración que adjuntó a la firma de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, Obama dijo que no pretende usar los últimos poderes para encarcelar ciudadanos indefinidamente. Sin embargo, aceptaba tales poderes como si fuera un autócrata muy a su pesar.

Una nación autoritaria se define no solo por el uso de poderes autoritarios, sino por la capacidad de usarlos. Si un presidente puede arrebatarte tu libertad o tu vida con su exclusiva autoridad, todos los derechos acaban siendo poco más que una concesión discrecional sujetas a la voluntad del ejecutivo.

Los padres de la Constitución vivieron bajo un régimen autocrático y entendieron este peligro mejor que nosotros. James Madison es conocido por advertir que necesitábamos un sistema que no dependiera en las buenas intenciones o motivaciones de nuestros gobernantes: “si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario.”

Benjamin Franklin fue más directo. En 1787, una tal señorita Powel se enfrentó a Franklin tras la firma de la Constitución y le preguntó: “bueno, doctor, qué tenemos, ¿una república o una monarquía?”. Su respuesta fue un poco escalofriante: “una república, señora, si puede mantenerla.”

Desde el 11 de septiembre de 2011, hemos creado justamente el tipo de gobierno que los padres fundadores temían: un gobierno con amplios poderes, en gran parte sin control, con la esperanza de que sean usados de manera sabia.

La disposición que prevé la detención indefinida en la ley de autorización de defensa pareció, a ojos de muchos progresistas, una traición de Obama. Mientras el presidente había prometido vetar la ley por este motivo, Levin, promotor del proyecto de ley, desveló en el pleno del Senado que en realidad había sido la Casa Blanca la que aprobó la supresión de cualquier excepción para la detención indefinida de ciudadanos.

Para los estadounidenses, la deshonestidad de los políticos no supone una novedad. La cuestión real es si nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando llamamos a este país la tierra de la libertad.»

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* N. del T.: El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que la policía debe solicitar una orden judicial para aplicar estos dispositivos.

Traducido por Samuel

Fuente:http://www.javierortiz.net/voz/samuel/10-razones-por-las-que-estados-unidos-ya-no-es-la-tierra-de-la-libertad

¿UNA POLICIA EXTRANJERA ANTIMOTINES ESTÁ OPERANDO EN GRECIA?

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   David Malone*  (Traducciòn Susana Merino) en Boletín Informativo de ATTAC

¿Sabían ustedes que la UE tiene su propia policía antimotines en condiciones de operar en cualquier país europeo, sin que responda a ninguno de ellos? No, ni siquiera yo lo sabía.

Se llama Gendarmería Europea (Eurogendfor). Tiene su sede en Italia pero financiada y administrada por seis países signatarios Francia, Italia Holanda, España, Portugal y Rumanía. Por ahora según el Tratado.

Esta policía se ha formado con el objeto de enfrentar motines y desórdenes civiles y como lo anuncia el Tratado debe hallarse integrada por miembros policiales con estatuto militar.

En la foto que la muestra:  ¿Cuándo han visto ustedes que  fuerzas policiales, aún las anti-motines ataquen con bayonetas?

La fuerza, cuya sede es Italia, se compone de 3.ooo hombres, repartidos en dos brigadas de acción rápida. Dado que por el momento Grecia no es miembro de la Eurogendfor, ninguno de sus agentes/soldados (¿?) hablará griego. Y sin embargo pueden operar en Grecia. He consultado a mis amigos atenienses y me lo han confirmado. He contactado también – o intentado contactar – dos veces directamente a   Eurogendfor, con el objeto de verificar los hechos. Aún no funciona el correo electrónico de su web. Se puede intentar pero en las últimas cuatro horas cuando oprimo enviar, obtengo esta respuesta:

“El servidor no puede enviar su solicitud. Por favor vuelva a intentarlo más tarde”

Si uno llama telefónicamente a la sede central, responde un contestador automático. Hay una opción Oficina de Prensa pero remite al menú principal de “Bienvenida” como sucede con todas las demás opciones. Y así me ha sucedido durante todo el día.

En otras palabras existe un contacto fachada, pero la realidad operativa es otra: “Dejen de hinchar, plebeyos”

¿Qué pasará si se descubre que es verdad que el gobierno griego ha “invitado” a una policía casi militar antimotines integrada por personas de otras naciones para operar en Grecia contra sus propios ciudadanos? ¿No es suficiente la policía griega? ¿No están dispuestos los militares griegos a cortar cabezas? ¿Hace falta que sean extranjeros los que lo hagan por ellos?

¿Qué diferencia hay entre Eurogendfor y cualquier otra fuerza mercenaria?

El gobierno griego podría invitar a cualquier otro ejército privado. No importa como encuadrar a Eurogendfor, la verdad  es que el pueblo griego no ha votado a favor de este tratado y tampoco se le ha preguntado si está de acuerdo con que fuerzas extranjeras casi militares puedan operar en Grecia. Si esta historia resulta cierta, significa que el gobierno griego como todos los gobiernos que en el curso de la historia han perdido toda legitimidad con su propia gente, busca el apoyo militar de fuerzas extranjeras con las cuales reprimir a su propio pueblo. Visto así, aquí entra finalmente en juego la palabra tiranía. Y es una palabra que tiene consecuencias extremadamente graves.

Retrocedamos un paso. Los recortes en Grecia se hallan íntimamente vinculados con el salvataje de los bancos franceses y alemanes, ni siquiera con los propietarios griegos de la banca griega. El pueblo griego vine manifestándose hace meses contra el “salvataje”. El gobierno griego ha ignorado a su pueblo y ha escogido seguir las órdenes de las élites de la UE, del FMI, del BCE y de la mayor parte de los bancos a nivel global.

Ahora bien, se presume que una fuerza antimotines militarizada no griega podría llegar para imponer  austeridad. ¿Cuáles son las órdenes que en verdad están siguiendo? ¿A qué intereses estarían sirviendo? ¿los de los bancos? La clase financiera ¿tiene además su propio personal policial antimotines para enviarlo a donde la gente pretenda desafiarlos y en donde la policía local pueda no ser suficientemente “confiable” al servicio de los intereses supranacionales de los bancos?

Naturalmente, sé que este no es el papel que se le ha asignado a la Eurogendfor. Sin embargo ¿es esta la forma en que funciona en realidad?.

Continuaré buscando hablar con alguien de Eurogendfor, y se los contaré si alguna vez se dignan responder un mail o contestar el teléfono. No contengan la respiración. ¿Quién soy yo después de todo? Soy un ciudadano y ¿Cuánto cuenta en esos tiempos? ¿Ciudadano? En el nuevo orden o eres titular de un “bond” o no eres nadie.

*David Malone es autor de un blog, documentalista de la BBC y autor del libro “Debt Generation”

Fuente: www.golemxiv.co.uk

Enlace: http://www.golemxiv.co.uk/2011/10/foreign-riot-police-now-operating-in-greec

El Nobel de la Paz sigue asesinando

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Estados Unidos ha asesinado al líder de Al Qaeda  Anuar al Awlaki en Yemen

En un nuevo acto de terrorismo de estado y mediante un ataque de la CIA con aviones teledirigidos dotados de misiles, y por supuesto sin ningún juicio previo al igual que en el asesinato de Ben Laden, ha sido abatido este clérigo fundamentalista por ser considerado por Washington como uno de sus enemigos más peligrosos.

Barack Obama, inmerecido Nobel de la Paz, en un discurso en una base militar -qué sarcasmo- afirmó que la muerte del líder fundamentalista representa un «hito significativo» en la lucha contra Al Qaeda.

Tal como manifestó Ben Wizer, director del Proyecto de Litigaciones de Seguridad Nacional del Sindicato Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), al enterarse del asesinato de Anwar al-Aulaki «Cualquier estadounidense debe sentirse muy perturbado al saber que su Gobierno se siente con autoridad inverificable y sin supervisión para matarle en cualquier parte del mundo si le percibe como una amenaza» dada la condición de Al-Aulaki de ciudadano nacido en EE. UU.

NUEVA INDECENCIA DE ISRAEL

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Ante el rechazo internacional, el gobierno de Benjamín Netanyahu se prepara para construir 1.100 viviendas nuevamente en territorio palestino ocupado.

Parece ser que esta es la respuesta del gobierno a las masivas protestas que se están produciendo por parte de la sociedad israelí.

Sería deseable, aunque hasta el momento no ha sido así, que el «movimiento indignado» de Israel reaccione rechazando este proyecto ilegal e indecente que contraviene numerosas resoluciones de la ONU y que supone un absoluto desprecio ante la solicitud de reconocimiento como estado presentada el pasado viernes 23 en la Asamblea General de este organismo y que EE. UU., va  a vetar por su miserable dependencia económica con Israel, por cierto, demasiado tolerado y acostumbrado a ejercer el terrorismo de estado.

ESTADO PALESTINO y LA HIPOCRESÍA DE OBAMA

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Estados Unidos está ejerciendo una enorme presión para que Palestina no presente su solicitud de adhesión como estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Obama, decidido a vetar el Estado Palestino, trata de no «quedar mal» presionando a Mahmud Abás para que no presente su petición este próximo viernes 23.

Ampliación del 2-10-2011:

El hecho de que Palestina haya «desobedecido» a EE. UU. y haya llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU su petición de reconocimiento como estado, les ha sentado tan mal que como pataleta el Congreso de los EE. UU. ha decidido suspender la ayuda económica que venía concediendo a Palestina.

En concreto la ayuda suspendida estaba destinada a alimentación, sanidad y consolidación de las instituciones palestinas.