El hundimiento de la economía española

Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Manuel Garí y Bibiana Medialdea *

La altanera incompetencia de Rajoy
La batería de medidas anunciadas el día 11 de julio por Rajoy en medio de los indignos aplausos de su bancada constituye un ataque contra la mayoría social y supone una declaración de guerra contra la población asalariada. De entre ellas destaca, por el grado de desprecio que representa hacia las personas más débiles, la referente a los recortes de la prestación de desempleo. Por ello no es extraño que hayan suscitado inmediatamente reacciones contrarias por parte de las organizaciones sindicales y sociales.
Que las medidas adoptadas son duras agresiones antisociales ni el presidente del gobierno se atreve a desmentirlo. Que todo el ajuste presupuestario se ha venido realizando hasta la fecha sobre el recorte del gasto y no se ha abordado la cuestión central del aumento de los ingresos fiscales –en caída libre desde hace años–, hoy es acerbo común. Y, sin embargo, Rajoy ha presentado estas medidas en sede parlamentaria –siguiendo el dictado impuesto por el BCE, la Comisión europea y el FMI- como necesarias e ineludibles, como la “única” solución posible. Es más, les atribuyó, como en su día hizo con la contrarreforma laboral, una carga de eficacia económica que nos asegurará la recuperación. El trilero intenta, una vez más, engañarnos con sus pases de mano y su supuesto sentido común y, encima, lo hace de forma terriblemente contraproducente para el futuro inmediato de la economía. Y en esto radica su talón de Aquiles.
Mientras tanto, el PSOE con Rubalcaba a la cabeza interviene sin capacidad de incidir en el debate político, atrapado por su pasado inmediato (¡mayo 2010!), su concepción social liberal de la economía y la UE (que le impide disponer de una alternativa diferenciable) y su papel (que nadie le otorga ni agradece) de partido que hace política de estado en momentos que hay que hacer política de mayoría social frente a la barbarie.

Creando depresión y otras penas
En 1966 el filósofo, lingüista y sicólogo Maurice Godelier cuestionó la razón capitalista desde el título mismo de una de sus obras Racionalidad e irracionalidad de la economía. Pareciera que actualmente Bruselas, Berlín y Madrid se debaten de nuevo entre ambos términos de la dicotomía, tal y como corresponde a la naturaleza contradictoria del capitalismo. Por un lado, los principales gobiernos europeos y las instituciones de la UE actúan como representantes de los intereses del capital financiero, garantizando que las deudas contraídas sean cobradas por los acreedores.

Para ello, el Memorando que impone al estado español el “rescate” de la UE obliga –con el objetivo de recapitalizar la banca española y que ésta pague a sus acreedores extranjeros– a liberar los recursos necesarios mediante recortes en los gastos sociales, ajustes salariales, aumentos impositivos, etc.

Por otro lado, no obstante, las medidas que vienen aprobando Montoro, De Guindos y Rajoy, incluidos los nuevos ajustes, son una buena muestra de la irracionalidad e incompetencia de estos servidores de los mercados, dado que las efectúan en nombre de un supuesto saneamiento económico necesario para salir de la crisis y, sin embargo, no hacen sino reforzar la situación actual de depresión. El trío no parece saber muy bien ni qué hacer ni qué consecuencias tienen sus decisiones, aunque éstas han situado a la economía española en el centro de un cenagal de arenas movedizas. La chulesca imposición de Montoro –aprisa y corriendo– a las Comunidades Autónomas de un objetivo de déficit aún más severo que el “aprobado” hace dos meses, producirá nuevos recortes sociales en servicios públicos básicos como sanidad, enseñanza y dependencia, pero también supone un duro golpe económico para diversos sectores que conocerán más recesión y más paro. La eliminación de la paga extra de Navidad para decenas de miles de empleados de la función pública supone la enésima agresión salarial al colectivo y tendrá, también, efectos sobre los gastos y la demanda de los mismos con consecuencias similares a lo expuesto. Las privatizaciones de los restos de las joyas de la corona como RENFE, sólo traerán reducciones de plantilla, peores servicios públicos y mayores ganancias privadas. En todos estos casos el “ahorro” o el “ingreso” van a ser menores que las pérdidas económicas que van a generar para el conjunto de la sociedad. En medio del marasmo aprovechan además para anunciar la disminución del importe de las cuotas a la seguridad social (un nuevo regalo para los patronos a costa de nuestro salario y nuestras coberturas), así como un impuesto sobre la energía con finalidad recaudadora. Este nuevo impuesto, lejos de resolver la estafa del déficit tarifario, se traducirá en aumentos de precios finales para los pequeños consumidores, sin que logre tampoco reducir la demanda global energética efectiva ni redunde en cambios hacia las energías renovables que verán peligrar su futuro.


La novedad en esta situación no son las anunciadas e imprescindibles movilizaciones populares. Lo novedoso es que, por primera vez desde la constitución del gobierno del PP, la orientación de éste ha provocado críticas muy severas desde diversos sectores empresariales en torno al efecto pernicioso de la disminución de la masa salarial de los empleados de la función pública y muy especialmente ante la subida del IVA que regirá a partir del 1 de septiembre. Buena parte de los empresarios y de sus analistas temen que el incremento impositivo deprima aún más la demanda. Tal es el caso del sector turístico, para el que Exceltur estima que cada punto de incremento del IVA que se traslade directamente al precio provocará una reducción de ingresos de 1.005 millones de € al año, lo que puede implicar una merma de millares de empleos. Rosell, el patrón de patronos de la CEOE, sigue mostrando su comprensión y apoyo hacia las medidas del PP, pero la unidad monolítica que mantuvieron ante la reforma laboral se ha resquebrajado.
Ante todo ello, tenemos que convenir con Ernest Mandel lo que en 1983 planteó en una de sus conferencias universitarias en la hoy torturada y combativa Atenas: “La sociedad burguesa en su conjunto se caracteriza por una combinación sui géneris de racionalidad parcial y de irracionalidad global”.

El aumento del IVA como paradigma
Por fin el PP ha decidido aumentar los ingresos fiscales subiendo fuertemente los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras. La pieza clave del aumento de ingresos radica en el incremento del IVA. El resto de medidas impositivas van a tener menos incidencia inmediata.

Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una fuerte carga regresiva, pues tiene escasas modulaciones para corregir los efectos perversos que provoca. Es un impuesto “fácil” que pesa sobre la población –con escasos recursos para oponerse– y no sobre los detentadores de las fuentes de riqueza –ricos también en instrumentos de presión–.

La subida del tipo general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% supone que el 60% de los bienes y servicios reflejados por el PIB se verán afectados. Además diversos bienes y servicios dejan de tributar con el tipo reducido y pasan al general. Ello significa que no solo se incrementa para bienes de lujo o bienes prescindibles, sino también para bienes de primera necesidad como el vestido, el transporte de viajeros, la vivienda, la electricidad o el agua, y afectará a bienes y servicios como telefonía, gafas graduadas y lentillas, pañales, peluquerías o alimentos elaborados, así como a bares, restaurantes y hoteles.
El tipo más bajo quedará en el 4% y afectará a alimentos frescos –como leche, huevos, frutas, verduras y legumbres–, libros y periódicos, material escolar, medicamentos y viviendas de protección oficial. Pero ello no significa que los precios de, por ejemplo, los alimentos no vayan a subir pues los productores repercutirán en sus precios los 400 millones de € que deberán pagar por el incremento de dicho impuesto en sus consumos y adquisición de maquinaria.
Ningún bien, por tanto, se verá exento del encarecimiento. Los precios subirán de forma generalizada, contribuyendo con ello a la erosión de la capacidad adquisitiva y a un mayor deterioro de la demanda agregada. La OCU cuantifica el incremento medio del gasto al año en 415 € por familia, y otras estimaciones en casi 800 €.
Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA –tan regresivo en términos sociales– aumentó en dos años un 23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800 € más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA. En 2010 la recaudación se incrementó en 5.000 millones de euros anuales. Ahora el gobierno estima que aumentará en 7.500 millones en los doce meses posteriores a la entrada en vigor del impuesto. Craso error, la situación de estancamiento hoy es más grave que hace dos años. Es por tanto más que probable es que la recaudación no aumente, porque el aumento del tipo se verá contrarrestado por la bajada de actividad. Desde medios gubernamentales se argumenta que Alemania estableció una subida de tres puntos en el IVA en 2007, del 16% al 19%. Lo que no aclaran es que lo hizo en un momento en que su economía crecía por encima del 3%. En el caso español, la previsión del gobierno para 2012 es que el PIB caerá un 1,7% y la demanda interna un 4,4%.
En nuestro país, debido al fin de la metástasis inmobiliaria, la permisividad con el fraude fiscal y la bajada incesante de impuestos sobre las rentas del capital desde 1996, la presión fiscal sobre el PIB se ha situado en niveles muy por debajo del área comunitaria, particularmente del área euro. Ello ha sido una de las principales causas del rápido incremento del déficit público, cuando en 2007 se partía de un superávit. Y, por tanto, es uno de los factores que presionan sobre el incremento de la deuda pública.
A partir de este momento se va dar la paradoja de que España sea a la vez uno de los países de la UE con menor presión fiscal y sin embargo tenga uno de los IVA más altos. O, sea, incrementa la regresividad fiscal. Desde el inicio de la crisis actual, de los 27 estados miembros de la UE, 17 han subido el IVA. Solo Hungría y Rumanía aprobaron un incremento superior al anunciado por el gobierno, pero partían a su vez de tipos menores. En la zona euro, solo Grecia, Irlanda, Portugal y Finlandia mantendrán un tipo impositivo, el 23%, superior al español.

Sí, se puede
¿No hay más soluciones que las propuestas por el trío español y la troika comunitaria? Las hay y en todos los órdenes. Basten unas pistas hacia otro horizonte. Si hablamos de deudas: ¿Ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si hablamos de paro y producción: ¿Por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit: ¿Por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es decir, un monto de 70.000 millones €, equivalente a lo que el gobierno quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda pre-rescate situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además un impuesto a las grandes fortunas?
Estas y otras muchas preguntas apuntan hacia medidas posibles y razonables, que harían posible que la crisis no la pagasen las clases trabajadoras y populares. Para ponerlas en pie se necesita acumular energías sociales y políticas que acaben con la orientación antisocial que ofrecen quienes gobiernan en la UE y en Madrid.

* Este artículo es una versión ampliada del aparecido en Público.es

EL POR QUÉ DE LOS RECORTES

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 12 de julio de 2012

Este artículo señala que una de las causas reales de los continuos y constantes recortes de gasto público incluyendo el gasto público social que están debilitando enormemente el Estado del Bienestar español es la exigencia de que España pague la deuda a los bancos europeos, y muy en especial, a la banca alemana.

Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).

Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años 2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46% al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario Internacional.

En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual, medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder ver que están profundamente equivocados?

Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas, entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.

Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia, Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia. Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno, presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda financiera”a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el dinero prestado.

El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana

Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times, el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les debe. Así de claro.

Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España. Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados, sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes. Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán, Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).

En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos 100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores problemas que existe hoy en la España endeudada.

Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto, alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la deuda en sí).

Y así estamos.

Gobierno de cretinos

CADA SEMANA MÁS DOLOR

Así viene sucediendo desde aquel fatídico Mayo de 2010 en el que, el entonces presidente J. L. Rodríguez Zapatero, comenzó a ceder ante presiones externas y creyó necesario suicidarse políticamente y traicionar tanto sus principios como sus propuestas políticas a la cuidadanía, en pro de un nuevo credo o quizá no tan nuevo, que -etiquetas económicas al margen- básicamente consiste en salvar a los más ricos con el dinero de todos los demás.

Pero, sí eso ya lo vimos en el anterior gobierno de apellido socialista, aunque ejecutándolo con actitud culposa, salta a la vista la desfachatez del actual gobierno del PP, presidido por un débil mental como Mariano Rajoy que, en esta su última comparecencia rozó el paroxismo cuando se desdecía de sus propósitos jactándose de ello a lo largo de la enumeración de toda una batería de medidas de empobrecimiento general para con ello intentar pagar la ya pública estafa bancaria de los últimos años.

Llamó especialmente la atención, como durante la sangrante descripción de los puntos en los que dramáticamente va a incidir el saqueo a la población, toda esa banda de cretinos que engrosan el grupo parlamentario del partido en el gobierno aplaudía con sádico entusiasmo punto por punto lo que constituía una tragedia más infligida a la ciudadanía.

Y es algo más que anecdótico esta vez, el papel destacado de la sinvergüencería de esta tal Andrea Fabra, que de raza le viene su bajeza, ya que en otras numerosas ocasiones hemos tenido que soportar a ese psicópata de manual apellidado Montoro que desde su tribuna de ministro acostumbramos a ver babear sádicamente sus amenazas.

A estas alturas ya todo el mundo sabe de las medidas adoptadas a las que me refiero, pero para evidenciar una vez más que ninguna de ellas va a tocar el bolsillo de las grandes fortunas, conocemos entre otras:

-Subidas de IVA

-Reducción salarial y días de libranza a funcionarios.

-Reducción de la prestación por desempleo.

-Adelanto de las medidas de retraso y disminución de la jubilación.

-Recorte a la ayuda de las personas dependientes.

Y entre todas ellas, como no, reducción de cotizaciones a los empresarios, lo que hará que el fondo público de la Seguridad Social sufra otra importante merma de recursos que luego nos anunciarán deficitaria.

En fin, sorprende ver cuán poca gente hace falta para hacer tanto daño a tantos.

¡¡Por la revolución griega!!

Este domingo, el partido de la izquierda radical SYRIZA, y su líder Alexis Tsipras, pueden poner fin a la humillación que viene padeciendo Grecia en los últimos años

Syriza mantendrá a Grecia en el euro si ganas las eleccionesEste es su programa electoral :

1. Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para que financie directamente a los Estados y a los programas de inversión pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del medio millón de euros anuales.

4. Cambiar la ley electoral para que la representación parlamentaria sea verdaderamente proporcional.

5. Subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas al menos hasta la media europea.

6. Adoptar un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los productos de lujo.

7. Prohibir los derivados financieros especulativos, como los swaps y los CDS.

8. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la iglesia y los armadores de barcos.

9. Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto militar.

11. Subir el salario minimo hasta su nivel previo a las recortes (751 euros brutos mensuales).

12. Utilizar los edificios del Gobierno, la banca y la iglesia para alojar a las personas sin hogar.

13. Poner en marcha comedores en los colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad.

18. Nacionalización de los bancos.

19. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país (ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua…).

20. Apostar por las energías renovables y por la protección del medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y mujeres.

22. Limitar el encadenamiento de contratos temporales y apostar por los contratos indefinidos.

23. Ampliar la protección laboral y salarial de los trabajadores a tiempo parcial.

24. Recuperar los convenios colectivos.

25. Aumentar las inspecciones de trabajo y los requisitos laborales para empresas que accedan a concursos públicos.

26. Reformar la constitución para garantizar la separación iglesia-Estado y la protección del derecho a la educación, la salud y la protección del medio ambiente.

27. Someter a referéndum vinculante los tratados europeos y otros acuerdos de importancia.

28. Abolición de todos los privilegios de los parlamentarios. Eliminar la especial protección legal de los ministros y permitir a los tribunales ordinarios procesar a los miembros del gobierno.

29. Desmilitarizar la guardia costera y disolver las fuerzas especiales antidisturbios. Prohibir la presencia de policías encubiertos o con armas de fuego en las manifestaciones y mítines. Cambiar los planes de estudio de los policías para poner énfasis en los temas sociales, como la inmigración, las drogas o la exclusión social.

30. Garantizar los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

31. Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar. Permitir que los inmigrantes, incluso los indocumentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la educación.

32. Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo solo el tráfico. Aumentar los fondos para los centros de desintoxicación.

33. Regular el derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar.

34. Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la UE (la media europea es del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

35. Eliminar el copago en los servicios sanitarios.

36. Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud.

37. Retirada de las tropas griegas de Afganistán y los balcanes: ningún soldado fuera de las fronteras de Grecia.

38. Romper los acuerdos de cooperación militar con Israel. Apoyar la creación de un estado Palestino dentro de las fronteras de 1967.

39. Negociar un acuerdo estable con Turquía.

40. Cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN.

La intervención de España

«España no, pero las regiones y la banca sí son intervenibles»

Santiago Niño Becerra Catedrático de Estructura Económica Advierte de que este año «va a ser terrible, y el que viene también»
«Too big to fail». Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, hace suyo este concepto económico anglosajón para ilustrar que el rescate de España sería «desastroso» para el país, pero también para la propia UE.
«España no, pero las regiones y la banca sí son intervenibles»
-¿Cómo se explica lo que está pasando?
La economía española está como hace un mes, muy mal, igual que en diciembre o agosto. Nuestro nivel de dependencia del exterior es brutal y por eso repercute todo lo que pasa fuera. Y por dos motivos básicamente: no crecemos y los ingresos son menores que los gastos -no podemos atender a los gastos corrientes- y, además, el nivel de deuda es muy elevado.
-¿Castigan los mercados las medidas del Gobierno?
-A ver, este año va a ser terrible y el que viene tan bien. Después de los 37.000 millones que se recorten este año, en los Presupuestos de 2013 será necesario quitar otros 27.000 millones. En total, nos vamos a 65.000 millones y esa suma no va a haber cuerpo que la aguante, de modo que los objetivos fijados no se van a poder cumplir.
-¿A qué nivel de prima de riesgo debemos empezar a preocuparnos?
-La prima no es lo importante; lo fundamental es el tipo de interés que paguemos por nuestra deuda. Se habla que pasando del 7% de rentabilidad es el nivel de no retorno y ya estamos cerca del 6%.
-¿Qué ha hecho Italia para esquivar los ataques?
-Italia tiene cosas buenas, como su deuda exterior, que es bastante más baja que la española. Su problema es de división del país y que es muy inestable y, de momento, Monti parece dar confianza a los inversores. España necesita convencer que sus medidas son las adecuadas. En todo caso, no creo que ni una ni otra estén mejor que hace tres meses; están igual.
-¿Conviene que las medidas se dirijan ahora a la recuperación y no a más recortes?
-Se está poniendo la lupa en el déficit público y lo importante es la deuda. España es el segundo país más endeudado del mundo: debe casi 4 billones de euros y no los puede pagar. Mientras no se hagan las quitas que correspondan y se regule el sistema bancario, español y europeo, poco se puede hacer. Si se cogen las tijeras y se recorta el déficit es un café para todos. Las cosas van a empeorar más, porque va a haber seis millones de parados y el problema se está tratando como en la Gran Depresión. Hay que dar la vuelta al modelo que se está siguiendo, pero España sola no puede hacer nada. La UE tendría que coordinarse muchísimo más, porque Francia y Alemania solo piensan en clave nacional. Detrás de las declaraciones de Sarkozy y Merkel se ve que no piensan en Europa. Solo se pide recortar y así no se recupera nada, y el gran peligro que corre Europa es entrar en la senda de un crecimiento exiguo endémico, que se convierta en estancamiento, con tasas de paro elevado e ingresos públicos congelados.
-¿Terminará España siendo intervenida?
-Ya está intervenida desde el momento en que estamos siendo vigilados. Aún no hemos llegado a la situación de Grecia y Portugal, pero estamos en un camino similar, recorte tras recorte. Pero España no es rescatable porque su economía es demasiado grande para ser intervenida, aunque se puede obligar a rescatar a los bancos y a las regiones, porque la UE no se cree sus números. Lo que hay que evitar es que los ‘men in black’ hagan la intervención; hay que actuar antes.
Publicado en los medios de Vocento el 15-4-2012

ESPAÑA, MISIÓN DÉFICIT IMPOSIBLE

Ayer nuestros gobernantes hicieron público el déficit público con el que hemos cerrado el pasado año y resulta equivalente al 8,51 % del PIB.

El año anterior, 2010, lo acabábamos con un déficit del 9,3 % y el resultado de los sucesivos recortes sociales y empobrecimientos presupuestarios ha sido reducirlo en un 0,79.  Ridículo a todas luces, ante el 3,3 que nos exigía la sacrosanta Unión Europea.

Recordemos el plan que ésta nos exige:

Como vemos en el gráfico, para este pasado ejercicio se nos exigía rebajar ese déficit al 6 %  y lo hemos rebasado en más de 2,5 puntos. Y para el próximo año, se nos obliga a bajar a la mitad del de este año. Esto es sencillamente… ¡¡IMPOSIBLE!!

Y a esto, el ministro del ramo (y de la dehesa) Montoro, adelantó ayer que para cumplirlo, el Gobierno “está trabajando” para decidir nuevos recortes y ajustes.

Pero, lo que hace que ese objetivo sea inalcanzable son precisamente estas medidas recién anunciadas de más recortes, que en el contexto en el que nos encontramos, lejos de aportar solución, van a hacer que la acentuada recesión económica en la que nos encontramos se prolongue mucho más y de esta forma generar aún más dolor a la ciudadanía.

EN RESÚMEN, ESE OBJETIVO DE DÉFICIT QUE NOS HA MARCADO LA U.E. ES INCUMPLIBLE

Finalmente echemos una ojeada a la contribución a este déficit de las Comunidades Autónomas en los dos últimos años:

Fuentes: Ministerio de Hacienda, El País y Público.es

Tres años después de la rebelión, la alternativa de Islandia empieza a dar frutos

20minutos.es
 
 
Protesta ciudadana en Reikiavik en marzo de 2010 en contra de la indemnización con dinero público a los clientes del banco Icesave.
 
 
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  • En enero de 2009 los islandeses, aplastados por el colapso económico, se echaron a la calle y acabaron forzando la caída del gobierno.

  • El país dejó que sus bancos quebrasen y acordó con el FMI medidas “poco convencionales” que respetaron el estado del bienestar y retrasaron los recortes.

  • Hoy, sus previsiones de crecimiento triplican las de los países de la eurozona.

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A principios de 2009, el pueblo islandés, al borde del colapso económico y financiero, se echó a la calle y dijo basta. El Gobierno dimitió y la pequeña isla nórdica se entregó a la difícil tarea de responder ante una crisis sin precedentes haciendo justo lo contrario de lo que estaban haciendo los demás: Se negaron a rescatar a la banca y votaron en contra de pagar sus deudas con dinero público, persiguieron judicialmente (y, en algunos casos, llegaron a encarcelar) a los banqueros y políticos responsables, hicieron caso omiso de las amenazas de los mercados internacionales y de las malas notas de las agencias de calificación de riesgo, redactaron una nueva constitución a través de las redes sociales y, quizá lo más importante, consiguieron negociar con el FMI una salida adaptada a sus propios planteamientos.

¿El resultado? Tres años después de lo que se vino en llamar la “revolución islandesa”, el país no solo no ha regresado a la Edad Media convertido en un paria del sistema, sino que está empezando a ver, lentamente, la luz al final del túnel. En 2011 la economía islandesa creció un 2,5% (la eurozona solo el 1,6%), y, según las previsiones de la Comisión Europea presentadas el pasado mes de noviembre, Islandia crecerá en 2012 un 1,5%, cerca del triple que los países de la zona euro (0,6%), llegando a alcanzar en 2013 incluso el 2,7%.

Eso no significa que todo sea de color de rosa. El paro, que se situó el pasado mes de diciembre en el 7,3%, sigue en tasas que resultan escandalosas para un país en el que a principios de los años noventa tan solo el 2,5% de la población estaba sin trabajo, después de décadas de pleno empleo. La deuda exterior bruta supera el 330% del PIB y la mayoría de los islandeses arrastra préstamos que difícilmente podrán pagar (según el banco central islandés, 25.000 propietarios están atrasados con sus pagos, lo que supone un cuarto de los propietarios de la isla). Los acreedores internacionales, además, no han renunciado a cobrar, y siguen dispuestos a pasar por los tribunales internacionales si hace falta. Y miles de jóvenes, muchos de ellos muy preparados, siguen emigrando.

Pero Islandia ha conseguido mantenerse a salvo de recortes draconianos y proteger la mayoría de sus logros sociales, y el estado del bienestar no se ha desmoronado. Tal vez no pueda hablarse aún de “milagro islandés”, pero el país está asomando la cabeza, y lo está haciendo sin aplicar las recetas que los organismos europeos e internacionales han impuesto a otros países machacados por la crisis de la deuda, como Grecia, Italia, Portugal, Irlanda o España.

Obviamente, el peso de la economía islandesa, con un PIB total en 2010 de 12.300 millones de dólares, no es comparable al de la italiana (1,7 billones) o la española (1,3 billones). En 2010 las exportaciones de Islandia ascendieron a unos 3.500 millones de euros, frente a los 185.799 millones de las exportaciones españolas. Como tampoco es comparable la presión que, en consecuencia, ejercen los mercados sobre la economía islandesa.

También es cierto que el sector público en Islandia es reducido, con salarios más bajos que en el sector privado, con lo que es más fácil reestructurarlo. Y además está el factor fundamental de que, al no pertenecer a la zona euro ni estar sometida a los dictados del Banco Central Europeo, Islandia pudo devaluar su moneda para hacer frente a la crisis y controlar el movimiento de su capital, asumiendo el riesgo de una inflación que alcanzó el 5,2% en 2011, solo por debajo de la de Turquía entre los países miembros de la OCDE.

Y probablemente sea también más fácil conseguir que resulte eficaz una democracia a base de referendums en un país de 103.000 kilómetros cuadrados cuya población (318.452 habitantes en enero de 2011) equivale aproximadamente a la del municipio de Valladolid.

En cualquier caso, Islandia parece haber demostrado que hay otra forma de enfrentarse a la crisis. Estas son, paso a paso, las claves de cómo lo ha hecho:

Del paraíso neoliberal al infierno de la deuda

A principios de 2008 Islandia fue elegida por la ONU como el mejor lugar del mundo para vivir. Era, sin embargo, el final de una época. Tras años de bonanza económica, con créditos a mansalva (dentro y fuera del país), permisividad total en el sistema financiero, deudas cada vez mayores en las familias, burbuja inmobiliaria y gasto descontrolado, el sobrecalentamiento de la economía islandesa provocó un colapso total en octubre de ese mismo año, debido al hundimiento del sector bancario, que tuvo que ser nacionalizado.

Los bancos, no obstante, aún siendo los principales culpables, no fueron los únicos: Sus excesos habían sido apoyados por las políticas económicas de gobiernos neoliberales que, votados democráticamente por los ciudadanos, se mantuvieron en el poder durante una década, y, además, buena parte de la propia sociedad islandesa no solo no se opuso sino que aprovechó la expansión financiera para vivir y gastar muy por encima de sus posibilidades.

La rebelión

En enero de 2009 comenzaron las protestas de miles de islandeses contra el Gobierno y el Banco Nacional, mientras se derrumbaba la economía, la inflación y el paro se disparaban, y la moneda alcanzaba mínimos históricos.

Las negociaciones entre Islandia, Holanda y el Reino Unido para que Reikiavik indemnizase a los ahorradores de estos dos países que perdieron sus inversiones con la quiebra del banco Icesave fracasaron en febrero de 2010, y, por dos veces, en marzo de ese mismo año y en abril de 2011, los islandeses rechazaron en referéndum la ley que habría permitido una indemnización de 3.700 millones de euros a los ahorradores británicos y holandeses.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del gobierno de coalición conservador-socialdemócrata. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y “roji-verdes”, gobierna con mayoría absoluta desde 2009 un país que negocia su entrada en la Unión Europea, complicada por la disputa que mantiene con el Reino Unido y Holanda.

Que cada palo aguante su vela

A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, con rescates millonarios de dinero público a la banca, en Islandia, cuando los bancos se desplomaron, se les dejó quebrar. En realidad, sus deudas eran tan grandes que tampoco había muchas más opciones.

Pero la cosa, sin embargo, no quedó ahí: Los responsables de la crisis, financieros y políticos, incluyendo al ahora exprimer ministro, Geir H. Haarde, fueron llevados ante la justicia, y cuatro banqueros, que ahora están libres a la espera de juicio, fueron encarcelados. Haarde se arriesga a una pena de dos años cárcel, después de que el Parlamento islandés diera luz verde al proceso, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

La receta del FMI, a la carta

En octubre de 2008, invitado por el Gobierno de Islandia, llega al país el subdirector del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional, Poul M. Thomsen, para ofrecer al Ejecutivo la asistencia de este organismo. Como escribiría después el propio técnico, “la sensación de temor y el estado de shock eran evidentes; pocos países, o ninguno, había experimentado jamás un colapso económico tan catastrófico como ese”.

La primera preocupación del FMI fue, como de costumbre, la inflación. El Fondo temía que una depreciación desordenada del tipo de cambio fuese ruinosa para los hogares y las empresas, y que la retirada masiva de depósitos paralizara lo poco que quedaba del sistema financiero.

Finalmente, sin embargo, el FMI renunció a imponer sus recetas habituales y acordó con el Gobierno islandés, por un monto de 2.100 millones de dólares (casi 1.528 millones de euros), un programa que, en palabras del propio organismo internacional, “proporcionó el margen de maniobra necesario a las autoridades para determinar la mejor manera de hacer frente a los enormes desafíos y tareas pendientes, con la ayuda de los compromisos de préstamo de los países nórdicos y de Polonia”.

“Las autoridades -explicó Thomsen- se comprometieron a implementar las medidas acordadas, pero quisieron hacerlo a su manera. Uno de los objetivos primordiales del gobierno era proteger el estado de bienestar, y ese objetivo se ha cumplido”. Según dijo recientemente el ministro islandés de Economía, Árni Páll Árnason, “la cooperación con el FMI ayudó a preservar el modelo nórdico de bienestar de mi país”.

Medidas “poco convencionales”

El FMI admite que tuvo que utilizar “herramientas de política al margen del conjunto de herramientas tradicionales”, aunque, eso sí, se cura en salud y aclara que “esta combinación ecléctica de políticas ha sido eficaz en el caso de Islandia, pero no está claro si las enseñanzas aprendidas en este caso podrían aplicarse a otras regiones, como a la zona del euro afectada actualmente por la crisis”.

El plan acordado entre el Gobierno islandés y el FMI incluyó cuatro puntos fundamentales:

  • Asegurar que las pérdidas de los bancos no sean absorbidas por el sector público (el Estado sí ha intervenido para garantizar que los nuevos bancos creados estén suficientemente capitalizados, pero quedó al margen de las enormes pérdidas del sector privado).
  • Estabilizar el tipo de cambio, incluyendo “medidas no convencionales”, como controles temporales al movimiento del capital (una especie de ‘minicorralito’ financiero, para controlar el flujo de moneda y evitar la evasión de grandes fortunas).
  • Retrasar el ajuste fiscal (consistente en tratar de recuperar la estabilidad económica mediante subidas de impuestos y recorte del gasto público), con el fin de “apuntalar la economía en un momento de grandes tensiones” (en 2009 se subieron finalmente algunos impuestos, como el de las personas físicas o impuestos especiales -alcohol, gasolina-, pero también se bajaron otros, como el de sociedades, para fomentar la inversión y la creación de empleo. Por otra parte, también ha habido recortes de gasto en sanidad, educación, pensiones y administración del Estado, aunque comparativamente mucho menores que en otros países afectados por la crisis).
  • Reconstruir desde cero el sector financiero.

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Los resultados

Las primeras consecuencias fueron muy duras: La mayoría de los productos que se consumen en Islandia son importados, de modo que cuando la moneda se devaluó, los precios (coches, comida, materiales para la construcción) se dispararon, al tiempo que disminuían los salarios, los cajeros automáticos no daban dinero y crecía el desempleo hasta niveles históricos. Y el grifo del crédito internacional se cerró.

En junio de 2011, sin embargo, el Gobierno islandés logró emitir bonos soberanos por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que marcó el regreso del país a los mercados financieros internacionales.

Además, aunque el nivel de deuda pública (100% del PIB) es mucho mayor que antes de la crisis (28%), la aplicación de un programa de consolidación ha vuelto a poner a la situación fiscal del país en una trayectoria sostenible, según el propio FMI, y se ha reducido el nivel de endeudamiento privado (empresas y familias). Con respecto a los bancos, el valor de sus activos se ha reducido desde un 1000% a un nivel equivalente a alrededor del 200% del PIB, y ahora están totalmente recapitalizados.

Por otra parte, el paro, aunque sigue alto, empieza a frenarse y, lo que tal vez sea lo más importante para muchos islandeses, su red de seguridad social ha permanecido intacta.

Islandia ha sufrido una importante pérdida de nivel de vida, pero, de momento, ha logrado salir a flote y empezar a nadar sin que la parte más vulnerable de su población haya sido la principal víctima del esfuerzo. Y lo ha hecho a su manera.