LA LECCIÓN DE LAS HORMIGAS

PAUL NAKAMURA

Como todo verano, comencé a apreciar en mi hogar una lenta pero continua invasión de hormigas.
Las rojas, muy pequeñas, que creo habitan en todo el planeta.

Me han dicho varios que se ubican en la estructura de la casa. Pensando en las implicancias que eso genera, al igual que todo verano, comencé con el tradicional despliegue de K-Otrina semanal y salí en busca de esos diminutos huecos que hay por miles en la casa (creanme, son miles).

Esto ya era un indicio de lo que descubrí hoy…

Hoy tuve que tirar incluso varias plantas al darme cuenta que en las macetas había más hormigas que tierra.

Al terminar con la limpieza entera de la terraza, vaciar macetas, tirar veneno por doquier (algo que no me cierra hace rato), manguerear (empaparme incluido), y acomodar nuevamente las cosas correspondientes, es que sucede lo interesante del asunto.

Una vez más me encontré negando algo que en el fondo creo firmemente: esta es una guerra que no voy a poder ganar. Aún entendiendo la diferencia de tamaño, de elementos para combatir y de la firme creencia de sentirme superior frente al insecto no voy a lograrlo.

Las hormigas están aquí hace mucho más que yo. Se ubican en toda la casa y en lugares difíciles de acceder (tanto para mí como para la K-Otrina) y hasta creo que ya han desarrollado cierta resistencia a ese veneno porque caminan por el líquido. No sólo están en mi casa, sino en todo el mundo.

-Noto además en este momento que ya mencioné esta “marca” 2 veces, algo que me lleva a otra conclusión: nuevamente creo que ese veneno va a hacer algo al respecto, cuando estoy seguro que no lo hará porque sino se quedarían sin trabajo (clásico paradigma de la obsolescencia programada imperante en estos tiempos)-

Volviendo al tema de las hormigas…Hoy he visto a “mis invasores” silenciosos como un ejemplo a seguir.

Tal vez en un punto medio delirante ví en la situación Paul Vs. Hormigas algo similar al mundo inmundo en el que vivimos.

Paul y el 99% de la población mundial son un gran hormiguero enfrentando a un enorme monstruo que tira venenos e intenta matarnos en cada temporada. (Para los distraídos ese monstruo inmundo que intenta matarnos es toda la elite gobernante repugnante, bancos, organismos de créditos internacionales; es decir el 1%).

Hoy me convencí, gracias a las hormigas, de que es inevitable que este gran hormiguero que formamos entre todos lleva las de ganar por la simple e irrefutable razón de que somos la inmensa mayoría.

Tal vez en apariencia somos insignificantes. No tenemos como defendernos directamente, no tenemos armas, venenos, y somos mucho más pequeños que ese gran monstruo.

Pero así como las hormigas, somos muchísimos más, hemos desarrollado cierta “defensa” frente a esos venenos y por más que nos tiren con todo, no vamos a desaparecer. Y por más que no les guste vamos a ocupar la casa.

Como conclusión entendí que si no luchamos por quedar dentro de la casa (que nos corresponde por derecho, moral y sobre todo porque es de todos) vamos a terminar en la alcantarilla o en la calle, y ahí hay otros monstruos peligrosos, por lo tanto es de vital importancia luchar por lo que es nuestro.

JUNTOS COMO HORMIGAS NO VAN A VENCERNOS, ESA ES LA LECCIÓN DEL DÍA

SORTU

Tres obviedades sobre Batasuna

Ignacio Escolar

La primera:

Los partidos son ilegales si incumplen la ley, no si nos disgustan sus ideas.

La segunda:

Esa “cuarentena” que pide la derecha no existe ni en la ley de Partidos ni en el Código Penal ni en ninguna otra ley conocida. ¿Acaso hubo cuarentena para los herederos políticos de la dictadura?

La tercera:

Son los jueces quienes pueden ilegalizar un partido, no el Gobierno o la oposición. Subrayo esta última evidencia porque en negarla coinciden tanto Batasuna como el mismísimo PP, que tolera y hace suyas las tesis paranoides de Mayor Oreja. Para evitar que los abertzales se presenten, el Gobierno no puede hacer mucho más de lo que ya hace: enviar los estatutos a la Fiscalía y después pedir su ilegalización. Pero será el Supremo y el Constitucional quienes decidan, no Rajoy o Zapatero.

Dentro de unos años, si es que todo sale bien y ETA se acaba, costará poner fecha precisa a la noticia. Más que una foto final, será una sucesión de pequeños grandes momentos históricos. El de estos días pasados es uno de ellos, uno importante: por primera vez, Batasuna rompe con la violencia de ETA, se desmarca claramente de la tutela de la banda terrorista e incluso tiene palabras para el “reconocimiento y la reparación de las víctimas”. Los estatutos que han presentado para constituir un nuevo partido han ido mucho más allá de lo que se esperaba, por mucho que haya quien minimice este paso.

Se puede discutir sobre Batasuna y los intangibles: la sinceridad, la buena voluntad, el arrepentimiento, la credibilidad… Es difícil tener fe después de la T-4. Pero con estos estatutos y estas declaraciones, los tribunales tienen muy pocos argumentos para mantener esta situación de excepcionalidad democrática: la ilegalización de un partido político.

¡Indignaos!

Ignacio Ramonet   en   Le Monde Diplomatique

Tiene 93 años. Se llama Stéphane Hessel. Y la historia de su vida es una fabulosa novela. Lo era ya, en cierto modo, antes mismo de que naciera. Algunos quizás recuerden aquella película de François Truffaut,  Jules et Jim . Pues bien, la mujer anticonformista interpretada por Jeanne Moreau, y uno de sus dos amantes (1),  Jules , judío alemán traductor de Proust, fueron sus padres. En la atmósfera artística del París de los años 1920 y 1930, Stéphane Hessel creció rodeado de los amigos de la casa, entre otros, el filósofo Walter Benjamin, el dadaísta Marcel Duchamp y el escultor Calder…

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se alista en la Resistencia y se suma, en Londres, al equipo del general De Gaulle, quien le confía una peligrosa misión en territorio francés. Detenido por los nazis, es torturado y deportado al campo de exterminio de Buchenwald, de donde trata, una y otra vez, de evadirse. Lo acaban capturando y lo condenan a la horca. A punto de ser ejecutado, consigue usurpar la identidad de un muerto y logra por fin evadirse. Se une a la lucha por la liberación de Francia, inspirado en los principios del Consejo Nacional de la Resistencia que promete una democracia social, la nacionalización de los sectores energéticos, de las compañías de seguros y de la banca, y la creación de la Seguridad Social.

Después de la victoria, De Gaulle lo envía -tiene apenas 28 años- a Nueva York, a la ONU, cuyos fundamentos teóricos se están acicalando entonces. Allí, Hessel participa, en 1948, en la elaboración y redacción de uno de los documentos más trascendentales de los últimos seis decenios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Regresa luego a París para integrarse en el gabinete socialista de Pierre Mendès-France, que inicia la descolonización, pone fin a la guerra en Indochina, y prepara la independencia de Túnez y Marruecos.

Los años más recientes, este noble y persistente defensor de las causas justas, diplomático de profesión, los ha consagrado a protestar sin descanso contra el trato dispensado a los “sin papeles”, a los gitanos, a todos los inmigrantes…

Y si hoy nos referimos a él, es porque acaba de publicar un librito, más bien un breve panfleto político de 30 páginas, devenido -en la Francia popular sublevada contra la regresión social-, un excepcional éxito editorial y un fenómeno social. Gracias al boca a boca y, sobre todo, a las nuevas redes sociales, el texto, ninguneado al principio por los medios de información dominantes, ha conseguido franquear las censuras y llenar de esperanza miles de corazones. En apenas unas semanas, de este repertorio de las injusticias más indignantes, ya se han vendido (cuesta 3 euros) más de 650.000 ejemplares… Algo jamás visto. Su título: una consigna,  ¡Indignaos! (2).

Dice Balzac que el panfleto “es el sarcasmo convertido en bala de cañón”. Añade Stéphane Hessel que la indignación es la pólvora de toda explosión social. Dirigiéndose a sus lectores, les recomienda: “Deseo que halléis un motivo de indignación. Eso no tiene precio. Porque cuando algo nos indigna, nos convertimos en militantes, nos sentimos comprometidos y entonces nuestra fuerza es irresistible”.

Los motivos de indignación no escasean: “En este mundo, dice Hessel, hay cosas insoportables”. En primerísimo lugar: la naturaleza del sistema económico responsable de la actual crisis devastadora. “La dictadura internacional de los mercados internacionales” constituye además, según él, “una amenaza para la paz y la democracia”. “Nunca, afirma, el poder del dinero fue tan inmenso, tan insolente y tan egoísta, y nunca los fieles servidores de Don Dinero se situaron tan alto en las máximas esferas del Estado”.

En segundo lugar, Hessel denuncia la desigualdad creciente entre los que no tienen casi nada y los que lo poseen todo: “La brecha entre los más pobres y los más ricos jamás ha sido tan profunda; ni tan espoleados el afán de aplastar al prójimo y la avidez por el dinero”. A guisa de enmienda sugiere dos propuestas sencillas: “Que el interés general se imponga sobre los intereses particulares; y que el reparto justo de la riqueza creada por los trabajadores tenga prioridad sobre los egoísmos del poder del dinero”.

En temas de política internacional, Hessel afirma que su “principal indignación” es el conflicto israelo-palestino. Recomienda que se lea “el informe Richard Goldstone de septiembre de 2009 sobre Gaza (3), en el cual este juez sudafricano, judío, que incluso se declara sionista,  acusa al ejército israelí”. Relata su visita reciente a Gaza, “prisión a cielo abierto para un millón y medio de palestinos”. Una experiencia que lo sobrecoge y solivianta. Aunque no por ello reniega de la no-violencia.  Al contrario, reafirma que “el terrorismo es inaceptable”, no sólo por razones éticas sino porque, al ser “una expresión de la desesperación”, no resulta eficaz para su propia causa pues “no permite obtener los resultados que la esperanza puede eventualmente garantizar”.

Hessel convoca el recuerdo de Nelson Mandela y de Martin Luther King. Ellos, dice, nos indican “el camino que debemos aprender a seguir”. Porque, para avanzar, sólo existe una conducta: “apoyarnos en nuestros derechos, cuya violación -sea quien sea el autor de ésta-, debe provocar nuestra indignación. ¡No transijamos jamás con nuestros derechos!”.

Finalmente, se declara partidario de una “insurrección pacífica”. En particular contra los medios masivos de comunicación en manos del poder del dinero, y que “sólo proponen a los ciudadanos el consumo de masas, el desprecio hacia los humildes y hacia la cultura, la amnesia generalizada y una competición a ultranza de todos contra todos”.

Stéphane Hessel ha sabido expresar con palabras, lo que tantos ciudadanos golpeados por la crisis y por las medidas de regresión social sienten en el fondo de sí mismos. Ese sentimiento de que les están arrebatando sus derechos, esos anhelos punzantes de desobedecer, esos deseos de gritar hasta perder el aliento, esas ganas en fin de protestar sin saber cómo…

Todos esperan ahora la segunda entrega. Cuyo título, lógicamente, sólo puede ser: ¡Sublevaos!

Notas:

(1) El otro era Pierre-Henri Roché, autor de la novela con el mismo título llevada a la pantalla por François Truffaut.

(2) Stéphane Hessel,  Indignez-vous! , Indigène éditions, Montpellier, 2010.

(3) NDLR: “Human Rights In Palestine And Other Occupied Arab Territories. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict”, Naciones Unidas, Nueva York, 15 de septiembre de 2009.

Cómo lo político y social determina lo económico

Vicenç Navarro

Este artículo analiza las causas políticas del subdesarrollo social de España y de la crisis económica y financiera actual. El enorme poder de las fuerzas conservadoras en España ha sido responsable de una de las desigualdades sociales más acentuadas en la UE, que ha determinado un enorme endeudamiento de las clases populares así como un acentuado crecimiento de las rentas del capital financiero, invertido principalmente en actividades especulativas. La solución de la crisis requiere unas medidas redistributivas de improbable realización resultado del enorme desequilibrio de fuerzas en la relación capital-trabajo en España excesivamente sesgado a favor del primero.

Los determinantes políticos y sociales de la economía
En una conferencia sobre el futuro de la economía, creo que debe analizarse el contexto político en el que tal economía se ha desarrollado. Ello debiera ayudarnos a entender la relación entre poder político y configuración económica en nuestro país. Esto adquiere incluso mayor importancia cuando queremos entender la relación entre lo social y lo económico, pues ambas dimensiones están determinadas por el mismo contexto político. De ahí que en esta presentación, haré un análisis de la situación social de España (caracterizada por unas enormes desigualdades sociales), analizando las causas de estas desigualdades, que son las mismas que explican el subdesarrollo social y económico de España.

Las desigualdades como causa de nuestros problemas, incluidos los económicos
Según los últimos datos disponibles sobre la distribución de las rentas y de la riqueza en los países desarrollados, España es uno de los países con mayores desigualdades. Mírese como se mire, las desigualdades de renta son de las mayores existentes en la UE-15. Por ejemplo, la renta disponible de la decila superior en España es 10.3 veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). En Finlandia es 5.6 veces, en Suecia 6.2, en Alemania 6.9, y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Más desiguales son EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña, 13.8.

Si en lugar de este indicador consideramos el indicador más utilizado en la literatura económica (el Gini Coefficient), entonces España tiene un coeficiente de Gini de 0.347, uno de los más altos de los países de la OCDE (cuanto más cercana sea la cifra a 1, mayor desigualdad). La gran mayoría de países están por debajo del de España. Algunos, de nuevo EEUU, con 0.408,y Gran Bretaña con 0.360, están por encima, es decir, son más desiguales.

Si en lugar de renta hablamos de propiedad, la situación es incluso peor. La concentración de la riqueza en España es de las más acentuadas en la OCDE. Así, el 10% de las familias (households) posee el 58% de toda la propiedad. En realidad, el 1% de la población de renta superior posee el 18% de toda la propiedad. La gran mayoría de la población tiene escasísima propiedad (como máximo: casa y coche). Como punto de comparación, en Finlandia el 1% de la población más rica posee el 10% de la propiedad, y el 10% posee el 45% de la propiedad. Estados Unidos es incluso más desigual. El 1% de la población más rica posee el 33% y el 10% más rico posee el 71% de la propiedad.

Una consecuencia de estas desigualdades es que a mayor desigualdad mayor nivel de pobreza. Y de ahí que España sea uno de los países con mayor pobreza en la OCDE. El 15% de los niños viven en familias pobres (cuyo nivel de renta está por debajo de la mitad de la mediana de renta del país). De nuevo, la mayoría de países de la UE-15 tienen unos niveles de pobreza infantil mucho más bajos. Dinamarca (el más bajo) 2.4%, Finlandia 3.4%, Noruega 3.6%, Suecia 3.6%, Francia 7.3%, Holanda 9%, Alemania 10.9%,y así un largo etcétera. Gran Bretaña 16.2% y EEUU 21.7% tienen mayor pobreza.

Pero es un error ver las desigualdades como un fenómeno que afecta sólo a los extremos, es decir a los ricos y a los pobres. Nos afecta a todos.

¿A qué se deben estas desigualdades?
Existe el peligro en estos análisis económicos de ver estas desigualdades como consecuencia, primordialmente, de factores económicos y demográficos (tales como la globalización económica, la estructura demográfica, los distintos niveles de formación y educación, entre otros) que, aún cuando útiles para entender la evolución de la estructura económica y social, son insuficientes, porque las causas reales de estas desigualdades son causas políticas, entendiendo como tales las relaciones de poder, entre las cuales, el poder y conflicto de clases sociales son los determinantes. La relación capital-trabajo continúa siendo central en el análisis de nuestras sociedades. Y su expresión a través del estado es clave para entender cómo estas relaciones de poder se reproducen. Fue el gran pensador de la socialdemocracia sueca, y uno de los intelectuales más influyentes en políticas públicas y sociales en el mundo anglosajón, el profesor Walter Korpi, del Instituto Karolinska de Suecia, que en su excelente libro The Democratic Class Struggle (desgraciadamente nunca traducido al castellano) estableció la lucha de clases como la variable más importante para entender nuestras sociedades, incluyendo nuestras economías. Fíjense que los países que están siendo más afectados por la crisis actual en la Eurozona son países con enormes desigualdades, tales como los países PIGS, cerdos en inglés (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain). Estos países son los países que tienen mayores desigualdades sociales en la Eurozona, como consecuencia de haber estado gobernados durante más tiempo desde la II Guerra Mundial por regimenes fascistas o fascistoides (España y Portugal) y regimenes autoritarios de la derecha más reaccionaria (Grecia e Irlanda), causa de sus enormes desigualdades y de sus dificultades actuales.

Las causas políticas del subdesarrollo social de españa y sus grandes desigualdades
En España la causa del subdesarrollo social y del enorme crecimiento de las desigualdades se basa predominantemente en tres hechos. Uno, es la dictadura fascista, enormemente represiva (según el profesor Malekafis, Catedrático de Historia Europea, y uno de los mayores expertos en fascismo en Europa, por cada asesinato que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), y que careció de sensibilidad social. Era una dictadura de clase en frente de la clase trabajadora, y cuando el dictador murió, España se gastaba en su estado del bienestar sólo un 14% de su PIB. El promedio de los países que más tarde constituyeron la Unión Europea de los Quince (UE-15) era ya el 22% del PIB. Este enorme retraso social era la causa del enorme retraso económico de España.

La transición de la dictadura a la democracia no fue una rotura, sino una continuación del estado anterior, indudablemente enriquecido con el principio de soberanía popular (reconocida en la Constitución Democrática), pero con un claro dominio de aquel estado por la nomenclatura del estado anterior, que mantuvo un estado muy poco redistribuidor, con claras insuficiencias en la progresividad de su política fiscal, que determinó un estado del bienestar muy insuficiente, y ello a pesar de los indudables avances que se hicieron en la época del gobierno socialista (1982-1996).

La otra causa de las elevadas desigualdades es la manera como se realizó la integración de España a la UE y a la Eurozona, lo cual se hizo a base de aumentar el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15. He escrito extensamente sobre este punto (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006), mostrando que la reducción del déficit público del estado (necesario para alcanzar el criterio de Maastricht, que era que tal déficit no podía ser superior al 3% del PIB) se hizo a costa de reducir el gasto público social, primero en términos absolutos, en la etapa 1993-1995, y más tarde en términos relativos (del 1995, último año del gobierno PSOE, al 2004, último año del gobierno PP) permitiendo un crecimiento del gasto público social mucho más reducido que el promedio de la UE-15. Ello explica que en el 2004 el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social por habitante entre España y la UE-15) fuera mayor que en 1993. Como consecuencia, las desigualdades eran también mayores en 2004 que en 1993, puesto que el gasto público social es una de las intervenciones más reductoras de desigualdades en España.

Una tercera causa de las desigualdades era la política fiscal (que aumentó su regresividad en el periodo 1993-2004) resultado del descenso de los impuestos directos (durante la alianza PSOE-CiU en el periodo 1993-1996, PP-CiU en 1996-2000 y gobierno PP en 2000-2004), y de la desregulación del mercado laboral (con notable descenso del porcentaje que las rentas del trabajo supusieron sobre las rentas totales). El proceso de acumulación de capital se basó en unos salarios bajos, en una política fiscal regresiva, y en un escaso desarrollo del estado del bienestar español. Los datos que he publicado en otros estudios, así como las investigaciones del Observatorio Social de España (ver los volúmenes I, II y III de la Situación Social en España) avalan claramente esta interpretación de lo acaecido.

Las causas sociales de las crisis actuales
El descenso de las rentas del trabajo llevó a un enorme endeudamiento de las familias españolas, que pudo sostenerse debido al elevado precio de la vivienda, que era el aval para conseguir el crédito. Pero cuando el mercado inmobiliario explotó, las familias, profundamente endeudadas, tuvieron que enfrentarse con un problema grave. En términos económicos, ello supuso un bajón enorme de la demanda, y como resultado de ello, una enorme reducción del crecimiento económico. Y el estado español también vio aumentar su déficit, como consecuencia del descenso de la actividad económica (el 50% de tal déficit se debió a esta causa), de la disminución de impuestos (el 40%) y del aumento del gasto público (sobre todo en seguro de desempleo) para estimular la economía (sólo un 10%).

Por otro lado, la enorme concentración de las rentas del capital (que se consiguió a costa de las rentas del trabajo), fue responsable del comportamiento especulativo de la banca, estableciendo el complejo bancas-inmobiliarias-construcción, que fue el motor del mal llamado milagro español de creación de empleo. La banca española estaba, a su vez, profundamente endeudada con la banca alemana y francesa que poseían el 62% de la deuda bancaria exterior.

Periodo 2004-2010
El gobierno socialista hizo reformas sociales novedosas e importantes. Y el gasto social aumentó significativamente. Pero –y es un gran pero- el crecimiento del gasto público social no fue resultado de una mayor carga impositiva, dentro de una política fiscal más progresiva (en realidad, la regresividad aumentó en el periodo 2004-2010), sino de un notable crecimiento económico. Es más, las enormes desigualdades de rentas y el peso excesivo de las rentas de trabajo en la contribución fiscal al estado, explica que el descenso de la actividad económica inmediatamente creara, además de un enorme crecimiento del desempleo y una reducción de la ocupación, un notable descenso de los ingresos al estado. El elevado déficit estructural público del estado se debe, en gran parte, a la excesiva dependencia de los ingresos al estado de las rentas del trabajo y escasa aportación de las rentas del capital, aportación que fue incluso más baja, resultado de la disminución de los impuestos llevada a cabo por todos los gobiernos (tanto del PP como del PSOE). Es de una enorme malicia considerar que el elevado déficit se debe al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social). En realidad, España es el país que tiene el gasto público social más bajo de la UE-15, y es el que tiene un porcentaje de la población adulta empleada en los servicios del estado del bienestar más bajo (9%, comparado con 15% en la UE-15, y 25% en Suecia). Y es este bajo empleo en los servicios del estado del bienestar que es, en gran parte, responsable de la baja tasa de población empleada en España. El retraso del estado del bienestar es un obstáculo para el desarrollo económico de España.

¿Qué hay que hacer?
En realidad, las medidas son fáciles de ver. Y se basan en la corrección de lo que se ha hecho mal durante estos años. Y principalmente, corregir las enormes desigualdades, tanto de renta como de propiedad, recuperando la progresividad en las políticas fiscales. Otra intervención es incrementar los ingresos al estado corrigiendo el enorme déficit del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, utilizando el gasto público en la infraestructura social del país, como medida de estímulo de la economía. Una de las causas del subdesarrollo económico es el subdesarrollo social que se refleja en un deficiente e incompleto sector público.

Debiera también facilitarse la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo del 4ª Pilar del Estado del Bienestar que, como se planteó en su inicio, debiera incluir el derecho de acceso a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios. Los déficits de recursos humanos debieran cubrirse predominantemente a través de la incorporación laboral de la mujer. Si todos los países de la UE tuvieran el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría más mano de obra disponible en la UE que la que se conseguiría con la integración de Turquía en la UE.

Una medida también necesaria para aumentar la productividad debería ser prohibir salarios bajos (bien a través de los convenios colectivos, bien a través de incrementar el salario mínimo), tal como hizo Suecia en las reformas Meidner. La enorme disponibilidad de mano de obra barata (inmigrantes incluidos), ha sido una de las causas de la baja productividad. Y ni que decir tiene, acentuar la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo español.

Otra medida sería la de garantizar el crédito, primero mediante el establecimiento de bancas públicas (transformando las cajas en bancos públicos) y en segundo lugar, regulando y gravando a los bancos privados, y muy en especial a los fondos especulativos.

Todas estas medidas y otras dependerán a su vez de la correlación de fuerzas en los próximos años. Hoy en España el capital, y muy en particular, el financiero, tiene excesivo poder a costa del capital productivo y del mundo del trabajo. Como decía Walter Korpi en su libro Democratic Class Struggle existen momentos históricos en que tal poder interviene obstaculizando el pleno desarrollo del enorme potencial que tiene la raza humana. Creo que este es uno de estos momentos. Tal futuro podrá desarrollarse si las fuerzas del trabajo pueden recuperar el poder político y social perdido y con ello recuperar el espacio económico. Termino pues estas notas subrayando que me he centrado única y exclusivamente en España, a fin de equilibrar la gran atención que se da, con razón, al contexto europeo y mundial, en donde España existe.

El Tea Party en Ciutat Vella (BARCELONA)


Publicado en “ENFOCANT” por Hibai Arbide Aza

Las pasadas elecciones autonómicas supusieron una enorme derrota para los derechos de las personas migrantes. No tanto y no sólo por sus resultados; el reparto de escaños es casi lo de menos, en la medida en que las comunidades autónomas ni siquiera tienen competencias para legislar los aspectos relevantes de las políticas migratorias. Lo realmente grave es la demostración de que el discurso xenófobo de la extrema derecha se ha extendido tanto que impregna la práctica totalidad de las propuestas electorales.

Los datos más espectaculares son los siguientes: Plataforma Per Catalunya recibió en Ciutat Vella el 2,3% de los votos, lo que le sitúa muy cerca de obtener representación. El PP consiguió que la inmigración fuera uno de los temas centrales de las elecciones. El número dos de la coalición ganadora y político mejor valorado en las encuestas alertó en campaña del “peligro” de que en Catalunya nazcan demasiados “hijos de madre inmigrante”. Hay muchos más ejemplos, pero quedarnos ahí sería coger el rábano por la hojas.

Más allá de las siglas, el problema es que los grupos de presión “de derechas“, al estilo del Tea Party americano, son capaces de imponer, o como mínimo influir, en el discurso dominante. El PXC y el PP se llevan la fama, pero sus premisas son compartidas por la mayoría de partidos, que consideran que la migración es “el problema de la inmigración”, que está relacionada con “la inseguridad ciudadana”, que los migrantes son sólo o sobre todo mano de obra por lo que su permiso de residencia debe estar supeditado a que tengan un contrato de trabajo formal, que la presencia de otras religiones es un problema (recordemos que la prohibición del velo es idea del PSC), que relacionan inmigración con “incivismo”, etc.

Como señala Raimundo Viejo, la extrema derecha lleva décadas produciendo discurso de manera radical. Su capacidad para permear el discurso del centro-derecha, cuando no del centro-izquierda, radica precisamente en su habilidad para contraponer un discurso articulado, generador de sentido para sus audiencias.

En el libro No pienses en un elefante, su autor, Georges Lakoff, explicaba la importancia del discurso en la política. Su hipótesis sugiere que cuando la izquierda pierde la capacidad de definir la agenda pública con su prisma particular, la ciudadanía la acaba identificando como oportunista e incoherente.

KENTUCKY PER VIURE

Me interesa centrarme en nuestro Tea Party local, ese conglomerado de comerciantes y vecinos que, desde la Plataforma Raval Per Viure y sus exitosas pancartas “Volem un barri digne” extiende su influencia o propuestas por el Gòtic, La Barceloneta (una manifestación de casi 150 personas el pasado 18 de Diciembre convocada por La Veu del Barri) e incluso más allá de Ciutat Vella (Trinitat Vella, Poble Sec…).

Hace más de cinco años, cuando La Plataforma Raval Per Viure no existía, la revista Archipiélago publicó el artículo en el que podemos encontrar algunas de las claves del éxito de movimientos como este, titulado “¿Nueva Derecha? O la reivención del populismo frente al vacío de la izquierda”, escrito principalmente por Emmanuel Rodríguez.

El poder de este tipo de movimientos se debe sobre todo a su capacidad para generar adhesiones y producir medios de subjetivación que hacen de la Nueva Derecha (ND) algo “más popular” que la izquierda. Por eso es mucho más conveniente hablar del ascenso de una nueva hegemonía, en términos de Gramsci (constelación de poderes y de ideas capaz de presentarse como interés general), e intentar comprender este nuevo bloque de alianzas, que utilizar los viejos clichés izquierdistas sobre la estupidez del pueblo, la alienación generalizada o el fascismo de masas.

El diagnóstico de la Nueva Derecha en general -y de Raval Per Viure en concreto-, receta una permanente contrarrevolución que trata de restaurar un orden dañado y corrompido (“este barrio ya no es lo que era”), que naturalmente exige medidas drásticas como la guerra contra la delincuencia, la droga o cualquier elemento susceptible de convertirse en “enemigo interno” (los inmigrantes, las prostitutas, los okupas…) y la autodefensa preventiva (que supone la ruptura de los viejos órdenes jurídicos garantistas y el advenimiento de la policía y las medidas de excepción como norma de gobierno). Contra el pensamiento postmoderno, Raval Per Viure escenifica una puesta en escena de valores sustantivos, fuertemente morales, en una sociedad erosionada en parte (y ésta es la paradoja) por la propia política desarrollada bajo los criterios del neoliberalismo que reivindica. Nos encontramos así con comerciantes que “quieren un barrio digno” en el que puedan pagar salarios bajos y sacar provecho de la precariedad sin asumir que cuanta más gente viva en la pobreza mayor será la sensación de inseguridad en los barrios.

Gracias al extremado corporativismo de las burocracias sindicales, la esclerotización del viejo sistema de partidos y la escasa permeabilidad de los medios de comunicación y de sus élites culturales, la Nueva Derecha se puede presentar, como antes lo hiciera la izquierda, como adalid del hombre común, de sus expectativas y sobre todo de sus miedos, en un espacio (el viejo espacio de las clases medias y el Estado asistencial) que efectivamente se está desmoronando. Esto es lo que le otorga su carácter populista. Raval Per Viure pretende representar “a la gente normal”, a “los vecinos que se enfrentan a los políticos que no hacen nada”.

Basta un repaso por su blog para comprobar su habilidad comunicativa: el ataque al lenguaje “políticamente correcto” defendido por la izquierda se convierte, para ellos, en una tarea de desenmascaramiento del cinismo que esconde. Por el contrario, el uso directo de argumentos clasistas o racistas “deja de ocultar la realidad”, “llama a las cosas por su nombre” y expresa lisa y llanamente “lo que muchos piensan y no se atreven a decir”. La superioridad mediática de la Nueva Derecha frente a la cultura “progre” se basa en la sustancia de sus enunciados, por perversos que sean, frente a la retórica vacía y la carcasa liberal de las “clases medias progresistas”, que no alcanzan ni de lejos a hablar al corazón de los efectos sociales de la gran transformación capitalista de las últimas décadas (precarización generalizada de la vida, etc.).

No es casualidad que, en el caso de Barcelona, este fenómeno nazca en el Raval, en donde las formas caciquiles y corruptas de la Asociació de Veins del Raval y sus chanchullos con el Ajuntament son de sobra conocidos. Donde no hay un tejido social fuerte sino una red clientelar que vive de Plans Integrals, favores especiales y amiguismos, hay campo abonado para populistas de este u otro cuño.

Mientras tanto, el desconcierto hace que los movimientos sociales y el movimiento vecinal combativo no se vean capaces de contrarrestar fenómenos populistas como este porque no saben qué hacer, porque creen no tener “alternativas” en temas como inmigración, inseguridad… El movimiento vecinal de Ciutat Vella seguirá creyendo que no es capaz mientras siga aceptando como inevitables el análisis y las tesis de la nueva derecha. Si cree que, en el fondo, tienen razón quienes dicen que los inmigrantes son el problema, quienes dicen que deberíamos renunciar a parte de nuestra libertad a cambio de mayor “seguridad”, quienes nos quieren hacer creer que la prostitución en el Raval es un fenómeno nuevo y molesto, quienes creen que la droga la traen los pequeños camellos.

Pero hablar de pequeños robos no es más importante que denunciar la corrupción sistemática y el saqueo de los bienes públicos que se practica desde hace demasiado en Ciutat Vella. Más cámaras de vigilancia y más patrullas no nos van a proteger, sino que van a reprimir a nuestros vecinos negros, por ser negros. No quiero un barrio en el que la seguridad de los turistas la tengamos que pagar entre todos, cuando los beneficios del turismo sólo se reparten entre unos pocos.

Denunciar esto sí lo hace el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones, de la Xarxa Veinal de Ciutat Vella o de la Asamblea de barri del Raval, por ejemplo, y lo hace muy bien. Ese mismo movimiento vecinal tiene que dejar de “pensar en elefantes”. Tiene que afirmar sin ambigüedades que tan vecino es el pakistaní que llegó hace seis meses como la andaluza que llegó hace 60 años, el que lleva 3 generaciones aquí o el que se acaba de mudar. Tenemos que darnos cuenta de que pedir más policía en los barrios no traerá “más seguridad para los vecinos” sino más protección a comerciantes y turistas, y un barrio más caro del que tendrá que marchar quien no pueda pagarlo. Tenemos que recordar que son los narcotraficantes como José Mestre y sus amigos del puerto los que se enriquecen a costa de la salud de los yonkis que vemos en nuestras calles, y es en ellos en quien deberían centrar la vigilancia.

Gracias a los vecinos y vecinas que viven y que luchan, aunque no sean barrios de clase alta, los nuestros son barrios muy dignos.

INADMISIBLE INGERENCIA DE EE.UU. A ISLANDIA

Washington pide a Twitter información sobre Wikileaks incluida en la cuenta de una parlamentaria islandesa

El Departamento de Justicia de EE UU quiere acceder al perfil de Birgitta Jonsdottir

Fuente: El País

“¿No se dan cuenta de que soy miembro del Parlamento islandés?”. La diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir ha reaccionado con incredulidad a la solicitud hecha por el Departamento de Justicia estadounidense a la red social Twitter. Según la información ofrecida por Jónsdóttir en su perfil de Facebook, Washington ha requerido información sobre el contenido de su perfil de Twitter relacionado con Wikileaks; esto es, sus tweets o mensajes cortos (140 caracteres), especialmente a partir del 1 de noviembre de 2009. Jónsdóttir, miembro del Parlamento islandés por el grupo El Movimiento, nacido al calor de la crisis económica que sufrió el país entre septiembre y octubre de 2008, simpatiza con el portal de filtraciones editado por el australiano Julian Assange y le ha prestado su colaboración en varias ocasiones.

EE UU intenta acceder al perfil de Twitter de una parlamentaria islandesa

Una de ellas fue la difusión del vídeo Collateral murder, en abril del pasado año. El metraje de la cinta mostraba cómo un helicóptero Apache estadounidense acababa con la vida de una docena de personas en un suburbio de Bagdad. Entre los muertos yacían dos empleados de la agencia de noticias Reuters. El vídeo catapultó a Wikileaks a la primera plana de los medios y llevó al analista militar estadounidense Bradley Manning a una prisión de Virginia. Según la delación del otrora hacker Adrian Lamo, Manning le confesó en una conversación privada que estaba tras la filtración de varios documentos a Wikileaks, entre ellos, el vídeo de la masacre en Bagdad. Siempre según Lamo, Manning contactó por primera vez con la web que dirige Assange precisamente en noviembre de 2009, fecha que ahora interesaría especialmente a Washington en el rastreo del Twitter de Jónsdóttir.

Promotora de la legislación islandesa

Prueba de la sintonía con el proyecto Wikileaks -al menos con el primer equipo que puso en marcha la web-, la parlamentaria consiguió que la Cámara de su país aprobara la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), un proyecto de ley que pretende, al hilo de la filosofía de Wikileaks, blindar la ley de prensa más fuerte del mundo. Tras lograr el respaldo de los diputados, la IMMI se encuentra en el Parlamento para su adaptación a la legislación nacional.

Jónsdóttir ha informado a través de su cuenta de Facebook de que el Departamento de Justicia ha requerido de igual modo información personal a Twitter. De acuerdo a la versión de Jónsdottir, quien ya se ha puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, Twitter no accederá a la solicitud de Washington hasta dentro de 10 días, periodo con el que contará para frenarla por la vía judicial.

Twitter aclara en su apartado dedicado a la privacidad de los contenidos que podría revelar la información de un usuario si “es razonablemente necesario para cumplir la ley, un reglamento o requerimiento legal; para proteger a una persona; para combatir el fraude, por motivos técnicos o de seguridad; o proteger los derechos o propiedades” de la red social.

¿Qué medidas se tomarían para “rescatar” a España?

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España 

Analicé en un artículo anterior (¿A quién interesa y cómo sería el “rescate” de España?) las circunstancias que a mi entender podrían dar lugar a un “rescate” de la economía española, qué naturaleza han tenido otros anteriores y a quién podría interesar que se llevara a cabo en España en un futuro inmediato. También señalé que si bien la situación de la economía española es delicada, como triple consecuencia de la crisis internacional, del agotamiento de nuestro modelo productivo y de la escasa capacidad de maniobra que tenemos como miembros de una unión monetaria mal diseñada, no es cierto, sin embargo, que no vaya a poder hacer frente a los compromisos de pago generados por el incremento de la deuda. Indiqué que una cosa es tener una deuda elevada (y España ni siquiera la tiene en comparación con la media europea, aunque sí padece un grave problema de déficit exterior) y otra no poder hacerle frente, porque esto no depende solo de su magnitud.
En ese artículo anterior decía que los problemas que nos afectan se derivan más bien de una presión artificial de “los mercados”, es decir, de los inversores institucionales que están especulando con nuestros títulos, y de los mayores acreedores de la banca privada española que buscan mejorar sus posiciones para garantizarse el cobro más rápido y seguro posible de la deuda. Comenté también que esta presión es en cierta medida “alentada” en tanto que es la vía por la que se está obligando al gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y de recorte de derechos que solo favorecen a los grandes capitales.
Concluía el artículo señalando que la combinación de todas esas circunstancias me llevaba a pensar que el “rescate” de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española.

Pues bien, en este nuevo artículo voy a tratar de indicar cuáles serían las medidas que a mi juicio se obligaría a tomar al gobierno español si el “rescate” se produjese.

Como es sabido, un “rescate” se lleva a cabo cuando un Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. En esa situación, la institución que “rescata” proporciona un préstamo para que los liquide cuanto antes y al mismo tiempo impone la adopción de un abanico de medidas en principio dirigidas a garantizar la devolución del préstamo al nuevo acreedor y a incrementar los ingresos con los que se supone que puede saldar mejor la nueva deuda.

En los rescates que se han venido haciendo desde hace décadas por parte del Fondo Monetario Internacional (que en el caso español seguramente tendría que intervenir apoyando a la Unión Europea, dada la magnitud que tendría nuestro eventual “rescate”) esas medidas han conformado los llamados “planes de ajuste estructural” que básicamente respondían al llamado “consenso de Washington” que fue la manera elegante de denominar a la política económica neoliberal que era la bien vista por Estados Unidos. Entre otras, las siguientes:

– Recorte de gasto público y sobre todo de los gastos sociales “superfluos” según los principios neoliberales al uso, en sanidad, educación o prestaciones sociales.

– Liberalización de las actividades económicas mediante reformas de los mercados orientadas a potenciar la iniciativa privada y a limitar los contrapoderes públicos, sindicales o institucionales de todo tipo.

– Privatización de empresas y servicios públicos.

– Máxima apertura al exterior para garantizar la entrada de capitales extranjeros y eliminación de todo tipo de trabas jurídicas o institucionales a la inversión extranjera.

– Medidas para mejorar la “gobernanza” que igualmente llevaban consigo liberalización en sectores culturales, reformas electorales y promoción de nuevos valores y formas de socialización.

– Devaluación de la moneda nacional con el fin de favorecer las exportaciones y así adquirir divisas con las que pagar la deuda.

No es este el momento de comentar los efectos negativos de estos programas, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer. En casi todos los países en donde se aplicaron produjeron caídas en la actividad económica, menor ingreso, altas cifras de pobreza y exclusión social, empeoramiento de la situación de partida de las economías y, en suma, peores resultados que los alcanzados por países que aplicaron programas de reactivación basados en principios diferentes. Para el propósito de este artículo simplemente me basta con señalar que, desde el punto de vista de la generación del ingreso, lo que se buscaba con estos planes era, expresado de forma muy resumida, sustituir demanda interna (que se consideraba insuficiente y además incapaz de generar ingresos para hacer frente a la deuda puesto que no se traducían en divisas) por demanda externa, fomentando las exportaciones y disminuyendo importaciones gracias a la devaluación. Y, al mismo tiempo, vincular la generación de esta última a la iniciativa privada, en su mayor parte ligada a capitales procedentes del exterior.

En el caso de los “rescates” que se acaban de producir en Europa se han seguido los mismos principios de actuación, si bien ahora se dan dos diferencias fundamentales:

En primer lugar, que la mayoría de esas medidas de ajuste ya se habían venido aplicando antes del rescate. En segundo lugar, que ahora, al tratarse de países que forman parte de una unión monetaria, no puede producirse la devaluación de su moneda.

La primera circunstancia implica que los efectos ya de por sí depresores de la actividad y del empleo de esas medidas liberalizadoras y de recorte de gasto se amplifican para mal porque vienen a endurecer las ya tomadas anteriormente.

El reciente caso de Irlanda es bien expresivo de esto último. Se trata de un país “ejemplar” a la hora de aplicar las medidas de liberalización, privatización y recorte de gastos sociales antes de la crisis, durante su desarrollo y como respuesta a ella (ver mi artículo Irlanda como ejemplo). Y una prueba paradójica de que la pretendida “medicina” que comporta el “rescate” no sirve para curar su problema de solvencia sino para empeorar la situación de su economía es que, después de aplicarse el ajuste, las agencias afirman que bajarán la calificación de Irlanda porque “el anunciado recorte del gasto de 15.000 millones en los cuatro próximos años para reducir el déficit al 3% del PIB supone un considerable lastre añadido sobre las perspectivas de recuperación del país” (En Eleconomista.es).

Por otro lado, el hecho de que en los países europeos rescatados o amenazados por el rescate no se pueda devaluar también tiene implicaciones importantes.

La devaluación es una forma muy drástica de devolver competitividad a una economía porque al depreciarse su moneda se facilita la exportación que proporciona ingresos y se encarece la importación, que los disminuye.

Es verdad que la devaluación es la competitividad “de los pobres”, es decir, de los países que no pueden mejorar su saldo exterior por otras vías, y que es una forma un tanto falsa de competir, porque no equivale a hacer mejor las cosas sino a ofrecerlas a menor precio. Pero lo cierto es que cuando ese tipo de países se encuentran en una situación apurada, precisamente porque han de competir con países más fuertes y con industrias de mejor calidad o más innovadoras y eso les ha producido un fuerte déficit exterior y presupuestario, no les suele quedar más remedio que recurrir a esta vía. Porque si no lo hacen tienen que asumir recortes salariales mucho más drásticos y perjudiciales para su demanda interna. Y la experiencia histórica demuestra (como en el caso español) que estas devaluaciones competitivas (que también las llevan a cabo los propios países más ricos, como desde hace meses Estados Unidos) o bien son la única fórmula de no caer en una situación de insolvencia o incluso que a partir de ellas se puede volver a respirar y a ganar posiciones en los mercados que faciliten incrementos en el ingreso.

Sin embargo, cuando no es posible recurrir a la devaluación, como ahora en el caso de estos países de la periferia europea, y cuando además no se modifican las condiciones de entorno a las que me referiré en un artículo posterior, no es posible esperar que se mejoren los ingresos por exportaciones.

Eso significa que el “rescate” da lugar a una pérdida neta de actividad e ingreso. De ingreso interno porque el recorte de gasto deprime la demanda, y externo porque sin devaluación es imposible recuperar el ingreso exterior.

Aunque, eso sí, se trata de una pérdida de ingreso que está muy asimétricamente repartida.

Por un lado, eleva el de los que verdaderamente son “rescatados”: los bancos y, en general, los grandes deudores. Y, por otro, disminuye el de los demás sectores sociales que tras el “rescate” han de pagar el nuevo préstamo y con él la nueva deuda, mayor y generalmente más cara.

Además, las grandes empresas y entidades financieras que disfrutan de mercados internos cautivos (cuya demanda apenas cae aunque se reduzca el ingreso) o que han instalado una buena parte de su actividad fuera del país precisamente para esquivar la baja competitividad de la economía, se ven menos o casi nada afectadas por el deterioro de la demanda interna como consecuencia de las políticas previas y posteriores del ajuste. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas y las de base exportadora soportan la gran carga del ajuste, y como estas son las que soportan la mayor parte del empleo, es por lo que los ajustes vinculados al “rescate” suelen tener unos efectos tan negativos también sobre él.

En el caso español, es fácil comprobar que este ajuste se viene ya desarrollando “por anticipado”, justamente como resultado de la extorsión que “los mercados”, las grandes patronales y las autoridades europeas vienen realizando sobre el gobierno. Los mercados se han ido adelantando para imponer sus condiciones a medida que van “rescatando” al Estado financiando su deuda.

Pero eso no quiere decir que si finalmente se dieran las circunstancias que en mi anterior artículo señalé que podrían inducir o provocar el “rescate” ya no fuese necesario llevar a cabo nuevas medidas de ajuste de este tipo o que fuesen suficientes las llevadas a cabo.

Todo lo contrario. Se puede aventurar que las condiciones que se impondrían para efectuarlo serían mucho más severas y cualitativamente diferentes teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con toda probabilidad se darían en ese momento. Primero, la situación aún más crítica e indefensa a la que se habría llegado; segundo, que la tensión que podría hacer posible el rescate habría supuesto un deterioro excepcional de nuestra posición financiera en los mercados (por muy provocado o artificial que pudiera ser); y tercero, que el “rescate” sería muy costoso porque generaría una deuda añadida más cara que la actual y porque seguramente estaría asociada al “descubrimiento” de un agujero multimillonario en el sistema financiero, más o menos equivalente a la deuda con los acreedores más potentes de la banca española. Y además de ello, porque es lógico que si se llegase a esa situación se entraría en una fase de gran debilidad política e institucional que provocaría una especie de río revuelto que los grandes poderes económicos aprovecharían con toda seguridad para poner en marcha el proyecto, hasta ahora semioculto, fundamentalmente encaminado a “reconstituir el tejido institucional”, en palabras de un reciente estudio de la Fundación FAES (“Un Estado Autonómico racional y viable”, p.112, en fundacionfaes.org).

De llevarse a cabo el “rescate” inducido de España lo que sucedería sería más o menos lo siguiente.

Después de un tiempo de convulsión financiera y política se acordaría un préstamo de gran magnitud y con un tipo elevado, como ha ocurrido en Irlanda que lo ha recibido al 5,8%.

En el contexto de perturbación que esa situación lógicamente produciría se podría justificar la puesta en marcha un amplio y durísimo plan de medidas que tendría posiblemente los siguientes contenidos:

a) Profundización en la reforma laboral que definitivamente eliminase las “trabas” a la “libre” negociación entre las partes, modificando el sistema de negociación colectiva, disminuyendo el poder y la presencia de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales y simplificando la contratación.

b) Reforma del sistema de pensiones en la línea que vienen demandando las entidades financieras y los economistas neoliberales a su servicio para avanzar mucho más directamente hacia su privatización y para permitir que el fondo de la Seguridad Social, como ha ocurrido también en Irlanda, pueda dedicarse a financiar la deuda.

c) Reforma fiscal que elevase los impuestos indirectos como el IVA y disminuyera la imposición sobre el beneficio de sociedades.

d) Privatización de las empresas públicas aún existentes y de servicios públicos y establecimiento de condiciones “de igualdad” entre la iniciativa privada y la pública en sectores como la educación, la sanidad o los servicios a las personas.

e) Recortes drásticos en el gasto público aún mayores de los que se han producido ya y que, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro de lo innecesario llevarían consigo principalmente :
– Reducción en los gatos de personal, tanto mediante la disminución de efectivos como de los sueldos en todas las administraciones.
– Disminución de gasto social, en educación, sanidad y servicios sociales públicos.
– Disminución de gasto público corriente y en inversiones (I+D, infraestructuras…).

f) Reconsideración del marco institucional en la línea que están apuntando el informe citado de FAES o el que los 50 grandes empresarios presentaron al Rey:
– Fusionando o haciendo desaparecer ayuntamientos menores y diputaciones.
– Modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, redefiniendo el marco y la política de desarrollo competencial y quizá llegando aún más lejos. El informe de FAES (p.167) afirma, por ejemplo: “Alemania redimensionó hace años el tamaño de sus länder, forzando su agrupación. Sea éste el camino, o el del estímulo de la cooperación interregional, es necesario explorar esta vía de mejora de la eficiencia”.
– Fusionando o haciendo desaparecer universidades, fundaciones y otras entidades públicas y administrativas cuya escala actual se considerará ineficiente, tal y como explícita o implícitamente se indica en esos informes.

En gran parte, todo esto se ha puesto ya en marcha pero, si se llevara a cabo el “rescate”, habría una diferencia sustancial. No solo se trataría, como hasta ahora, de abundar en el establecimiento de condiciones cada vez más favorables a la banca y a la gran empresa a costa de retrasar por muchos años la recuperación económica y el avance hacia un modelo económico más eficiente, justo y sostenible. El “rescate” iría necesariamente acompañado de un auténtico “golpe de timón” institucional que pondría en jaque a nuestra ya de por sí imperfecta democracia.

Artículo publicado en Sistema Digital

¿A QUIEN INTERESA Y CÓMO SERÍA EL “RESCATE” DE ESPAÑA?

Juan Torres,  Consejo Científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un “rescate” de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,”rescatan” a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los “agujeros” que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada.

Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de “ayuda” se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido “rescatada” recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el “rescate” del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el “rescate” se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los “rescates” consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El “rescate” no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país “rescatado” cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien “rescata”.
Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el “rescate” es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un “rescate”.
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda “rescatando” a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.
Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economías. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el “rescate”.
Pero un “rescate” de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de “rescate” tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el “rescate” iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el “rescate” de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el “rescate” justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren “transformar” España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.
En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su “rescate” solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el “rescate”. Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.