Persona es un viejo vocablo que significa máscara. Las distintas máscaras de este hombre alto y rotundo que es Ólafur Ragnar Grímsson (Isafjodur, 1943) no dejan indiferente a nadie: el presidente de Islandia despierta grandes adhesiones (lleva 15 años en el cargo), pero también el rechazo cerrado de una parte de los islandeses. Grímsson, que fue politólogo, líder socialista y hasta editor de periódicos, ha desempeñado un papel estelar durante la crisis. Pese a que se le suponía una figura decorativa, se ha negado dos veces a sancionar una ley que obliga a los islandeses a pagar a Reino Unido y Holanda por la quiebra de uno de sus bancos, en el denominado caso Icesave.

“Grímsson ha sido capital para evitar que Icesave sea una condena para al menos una generación de islandeses”, asegura el economista Jon Danielsson. Pero este es un lugar extremo, como sus gentes: Guderburg Bergsson, uno de los gigantes de la literatura islandesa, le atribuye “gran parte de la culpa” de la pesadilla de los últimos años por algunas de esas máscaras. “Grímsson ha cambiado varias veces de camisa, la ha perdido y ha conseguido otra que ha vuelto a perder por oportunista. Y enseguida consigue una más: sus años en la presidencia son el reflejo de una nación parecida a él, confusa y aislada”, ataca.

Grímsson recibe a EL PAÍS en su residencia, en una biblioteca luminosa -tal vez por los enormes ventanales, tal vez por los muchos libros de poesía que se agolpan en las baldas-, y antes de poner la grabadora a trabajar se interesa por España y Portugal, a cuyo primer ministro, José Sócrates, algunos tildan de “socialista neoliberal”. El presidente se arranca con una sentencia que repetirá un par de veces con ligeras variaciones durante la entrevista: “Europa no afronta solo una crisis económica: esta es una crisis política. Los Gobiernos no pueden seguir arrastrándose tras los mercados”.

No parece dispuesto a dar su brazo a torcer con Icesave. ¿No está asumiendo un rol que no le corresponde?

Hasta ahora no se había usado esa prerrogativa, pero vivimos tiempos de grandes desafíos. Lo fundamental es que Islandia es una democracia, no un sistema financiero, y que esta no es solamente una crisis económica: es una crisis política. Una de las razones por las que Islandia se está recuperando con rapidez es que el país está dándole una respuesta democrática formidable, no solo financiera. Los islandeses provocaron un cambio de Gobierno, activaron una investigación y van a cambiar la Constitución. Los referéndums se inscriben en esa onda. Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir.

Hace dos años el euro parecía un paraíso para divisas pequeñas como la corona. Ahora el viento ha cambiado y aun así el Gobierno quiere que Islandia entre en la UE. ¿Y usted?

Los recursos energéticos, la pesca, el turismo, todo eso ha sido clave para salir de la crisis; también la divisa lo ha sido. La fuerte depreciación es una paradoja: por un lado somos más pobres, pero por otro se eleva la competitividad de la industria.

Con el euro desaparecería esa ventaja.

Es evidente que la moneda ha sido parte de la solución y que Grecia e Irlanda no han tenido ese resorte. Pero la conveniencia o no del ingreso en la UE dependerá de la negociación. Hay una contradicción interesante: las encuestas muestran que una mayoría quiere que se siga negociando. Y una mayoría aún mayor está en contra de la entrada.

Islandia ha dejado caer a sus bancos y persigue a los banqueros. ¿Ve ahí un modelo islandés de salida de la crisis?

Tal vez no hubiera más opción que esa: los bancos eran tan grandes que no había forma de rescatarlos. Pero no importa si había o no había opciones: Islandia no acepta la idea de que la gente de la calle tenga que pagar toda la factura por las locuras de los bancos, como ha ocurrido con esas nacionalizaciones por la puerta de atrás en otros lugares. Vuelvo al argumento inicial: la solución a la crisis no es simplemente económica.

Se han establecido controles de capital, han subido los impuestos y el recorte en gastos sociales ha desatado el descontento popular. ¿Ese enfado va contra los bancos o contra los políticos?

Es difícil decirlo. Pese a los controles, el país sigue funcionando bien, y el impacto fiscal es innegable, pero era necesario y se está haciendo razonablemente bien. Las crisis son dolorosas.

¿Alguien va a ir a la cárcel?

No soy quien debe decirlo.

Hace años usted hablaba del “capitalismo vikingo”, de un grupo de jóvenes banqueros “listos para conquistar el mundo”. ¿Ha cambiado su punto de vista?

Tal vez todo sucedió demasiado rápido y no supimos ver los riesgos: tampoco supieron verlos las agencias de calificación ni las autoridades europeas. Hubo voces críticas; como otros muchos, no supe escucharlas. Pero hay que aprender de todo esto.

Entrevista realizada por Claudi Pérez – El País