España protege la corrupción

Todos los países excepto Grecia* y España hicieron pública la lista y sancionaron fiscalmente a sus corruptos. Falciani tuvo que salir de Suiza, ya que la violación del secreto bancario es allí un delito muy grave. Vino España –¿por qué a España?, ¿acaso tenía nombres que pensaba que garantizaban su seguridad?–, donde fue detenido y encarcelado en Girona inicialmente y posteriormente en Madrid.

Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el suizo autor del descubrimiento de esos datos  pidió que le dejaran en libertad, para lo que contó con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La fiscal Dolores Delgado remitió un informe a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando su inmediata puesta en libertad hasta que se decida sobre su solicitada extradición. Según fuentes del Ministerio Público, no existe ninguna necesidad de que se le mantenga retenido hasta que la Justicia tome una decisión sobre su entrega.

De los datos concernientes a España es público al menos un caso: el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, quien tuvo que devolver 200 millones de euros que había evadido a cuentas suizas sin conocimiento de la Hacienda española. Así, hay en España cientos de políticos y empresarios cuyos nombres son bien custodiados por el gobierno para que no se hagan públicos, a diferencia de Francia, Alemania, EE. UU., y numerosos países más que no han ejercido de encubridores tal como lo está haciendo nuestro gobierno.

Falciani tiene muchos enemigos, pero también muchos apoyos. El propio Gobierno de Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que lo deje bajo su paraguas y le conceda el estatus de testigo protegido para, a su vez, llevarlo a tierras norteamericanas, donde podría haber hasta 3.000 evasores que deban dar la cara ante la Justicia gracias a los documentos de Falciani.

Si la Sala escucha a la Fiscalía y le deja en libertad provisional a la espera de resolver la extradición, Falciani podría preparar su huída, siempre y cuando cuente con el apoyo de otro Gobierno que le proteja. Fuentes del Ministerio Público muestran abiertamente sus dudas sobre el supuesto delito por el que se le persigue en Suiza.

Consideran que el hecho de ofrecer datos para perseguir el fraude fiscal no es delito en España, a lo que se añade que la información ofrecida ha servido y servirá para reclamar el dinero extraído ilegalmente de España, convirtiéndose Falciani en un importante colaborador antifraude.

Por estas razones, el Ministerio Público se opone radicalmente a que el reo sea enviado a Suiza, donde le esperan hasta siete años de prisión. Entiende que, en el fondo, es muy discutible el carácter delictivo de la acción. Aún así, queda mucho camino por recorrer, un camino que dejará la pelota en el tejado del Gobierno, cuando a través de su Consejo de Ministros deba ratificar o modificar la extradición de Falciani, en el caso de que la Audiencia Nacional la estimara.

Hay que mencionar que en 2006, Falciani intentó alertar a las autoridades suizas de las irregularidades bancarias. Sin embargo, ahí comenzó su calvario. Consiguió huir hasta Francia, donde entregó parte de los ficheros. Suiza pidió al país vecino que le entregase a Falciani y todos los datos, pero Francia decidió utilizarlos e identificó a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses, a quienes invitó a regularizar su situación fiscal, recuperando así unos 1.200 millones de euros.

La decisión del país galo supuso un conflicto diplomático con Suiza. Falciani, de 40 años y como decíamos, huyó a España en el mes de junio, pero fue retenido a su entrada en el país y, desde entonces, está a la espera de ver cómo se resuelve su futuro judicial.