LA FINANCIACIÓN DE OTRO MODELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Como vimos en el capítulo I, el primer efecto destructor de la crisis que emergió en 2007 fue el cierre del crédito a las empresas y a los consumidores, una circunstancia que aún no está resuelta y que, por tanto, y mientras no se solucione, paraliza cualquier tipo de salida a corto plazo de la economía y, por supuesto, el recambio de modelo productivo a medio y largo plazo.
Veremos en este capítulo qué soluciones alternativas tiene este asunto frente a la incapacidad de las autoridades para resolverlo.
Las grandes empresas disponen de gran cantidad de fondos propios y no necesitan tanto de la financiación bancaria, pero las pequeñas y medianas empresas dependen enteramente de los préstamos para financiar su actividad ya que, a diferencia de las primeras, ni tienen liquidez sobrante ni capacidad para emitir acciones o títulos financieros con los que recibir fondos.
Por eso el hecho de que los bancos dejaran de prestar dinero, o que lo hicieran pero a un tipo de interés prohibitivo, supuso un durísimo golpe a la economía real (el 87 por ciento de las PYMES reconocía a comienzos de 2011 tener problemas para obtener un crédito) 1. Y con ello también al empleo, puesto que son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que generan la mayor parte del empleo.
Además el cierre del grifo crediticio afectaba también a los hogares, los cuales se endeudaban para compensar una pérdida sistemática de poder adquisitivo. En definitiva los bancos internacionales habían generado un problema importante de financiación de la economía y su crecimiento. Habían empujado a la economía a la crisis.
En esa coyuntura el Banco Central Europeo y los Estados decidieron actuar, pero lo hicieron mal. En lugar de garantizar una banca pública y abrir ellos mismos un canal de transmisión del dinero público hacia la economía, con lo que la actividad económica se hubiera recuperado, tanto el BCE como los Estados siguieron confiando la marcha de la economía a la banca. Ambos prestaron dinero a los bancos a unos tipos de interés muy bajos con la intención de que éstos prestaran a su vez ese mismo dinero a las empresas y a los hogares (aunque, eso sí, a un tipo de interés más alto).
Sin embargo, la banca utilizó el dinero público barato para tapar sus agujeros, para seguir especulando en los mercados financieros o para prestar a los mismos Estados que les estaban dando el dinero. El resultado fue el que cabía esperar: los problemas de financiación de la economía continuaron y la banca siguió sumando beneficios pero ahora a costa de un mayor endeudamiento de los Estados.
LA DEUDA PÚBLICA
Por otro lado, la crisis también secó pronto otra importante fuente de financiación de la economía: la que viene del Estado.
Como cualquier otro agente económico, el sector público tiene tanto ingresos como gastos y, como consecuencia de la recesión provocada por la crisis bancaria, los ingresos del Estado habían comenzado a disminuir.
Los ingresos de los Estados provienen fundamentalmente de los impuestos, cuya cuantía final depende sobre todo de las rentas personales o de los beneficios empresariales que se obtienen (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades) o del consumo que se realiza (IVA), y en épocas de recesión como la que creó la crisis es lógico que todos ellos caigan en picado, como en efecto ocurrió.
Pero, por otro lado, los gastos del Estado estaban aumentando, puesto que para intentar superar la crisis no sólo se vieron obligados a prestar dinero a los bancos o directamente a rescatar entidades financieras sino también a realizar planes de estímulo a la economía que eran muy costosos.
En definitiva, los gastos en aumento y los ingresos a la baja llevaban a la necesidad de endeudamiento público, es decir, a pedir prestado a quienes tienen dinero.
En España la deuda pública representaba en 2006, antes de la crisis, un 39,6 por ciento del PIB, muy poco. Pero en 2010 alcanzó el 60,1 por ciento. En Alemania, la economía más fuerte de la Zona Euro, la deuda pública pasó también de un 67,6 por ciento del PIB en 2006 a un 83,2 por ciento en 2010. Y algo así ocurrió en el conjunto de la Unión Europea de los Veintisiete: la deuda pública se redujo un 0,01 por ciento entre los años 2000 y 2006, pero creció de forma espectacular, un 30,08 por ciento, entre 2006 y 2010.
Había una alternativa que hubiera impedido ese crecimiento de la deuda tan alto: la actuación correcta del Banco Central Europeo. Éste podría haber prestado el dinero directamente a los Estados o incluso haber emitido sus propios títulos de deuda pública mediante acuerdos bien organizados con los diferentes Gobiernos. Y si además estos últimos hubieran poseído una banca pública no habría sido difícil reconducir ese dinero hacia las empresas que lo requerían para poder seguir invirtiendo y creando empleo.
Sin embargo, el Banco Central Europeo prefirió dejar que fueran los Estados los que se endeudaran y, dado que no había banca pública, éstos tuvieron que permitir que la banca comercial se quedara el dinero sin poder controlar lo que hacían realmente con él. De hecho, y como hemos visto, lo usaron en su contra.
Todo esto significa efectivamente que las cosas se han hecho muy mal hasta ahora, pero todavía hay alternativas para resolver el problema de la financiación de la economía que los gobiernos y el Banco Central Europeo no han conseguido asegurar mediante sus políticas neoliberales de apoyo a la banca.
Las alternativas tienen que ver con las tres dimensiones implicadas en la financiación de la economía: la financiación bancaria, la financiación del Estado a la provisión de bienes y servicios públicos, y la financiación del déficit público y la deuda.
REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN BANCARIA
La crisis nos ha demostrado que no podemos confiar en la banca privada y en el modo de funcionamiento actual del sistema financiero, desregulado, con plena libertad de movimiento de los capitales y sin apenas vigilancia. Es imprescindible reformarlo urgente y profundamente conforme a los siguientes principios y prioridades.
Garantizar la financiación
Los bancos y otras entidades financieras tienen la misión de proporcionar fondos para la inversión y el consumo, haciendo así que la economía prospere y se creen puestos de trabajo. Sin embargo, en los últimos treinta años los bancos comerciales se han desnaturalizado y, aunque han seguido recogiendo el ahorro igual que hacían antes, han dejado de financiar de forma eficiente y eficaz la actividad productiva. En lugar de ello han desplazado la mayor parte de ese ahorro a los procesos especulativos en los múltiples mercados financieros, posibilitando que una parte minoritaria de la sociedad se haya lucrado con actividades que en nada benefician a la economía en su conjunto y que, al contrario, la empujan hacia crisis como la actual.
Por tanto, la primera cuestión que hay que garantizar ejecutivamente es que los bancos financien la actividad económica, para lo cual se pueden imponer coeficientes o establecer medidas indirectas que los obliguen a cumplir con la función económica que justifica su existencia.
Reforzar la regulación y la vigilancia
Los reguladores han permitido durante estas últimas décadas que los bancos y las grandes empresas llevaran a cabo todo tipo de prácticas financieras que ponían en grave peligro a la economía. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Central Europeo han impedido los procesos especulativos que nos han arrastrado a la crisis, y de hecho toleraron y hasta fomentaron el uso de instrumentos complejos de ingeniería financiera que ni siquiera los mismos reguladores comprendían.
Además, los bancos han estafado y engañado con impunidad a muchos de sus clientes, haciéndoles pasar por contratos sin riesgos unos préstamos que incluían todo tipo de artimañas financieras que ponían en riesgo las finanzas personales de los ciudadanos pero que a la vez garantizaban suculentos beneficios a la banca. Un sinfín de despropósitos que han sido permitidos cuando era obvio que reflejaban una trayectoria errática, peligrosa, absurda e inmoral de la economía.
Por si fuera poco, y al contrario de lo que debería ser, las instituciones internacionales han recompensado a algunos de los directivos de esos bancos con puestos preferentes en sus instituciones.
Así, el que fue vicepresidente de Goldman Sachs en la época en que este banco de inversión ayudó al gobierno griego a falsear su contabilidad es ahora el nuevo presidente del Banco Central Europeo, que es el organismo encargado de la política monetaria y el que debería velar por la estabilidad financiera. Y el gabinete de Obama está lleno de antiguos directivos de Wall Street.
Depurar responsabilidades
La depuración de las responsabilidades es una tarea inmediata, esencial e ineludible. Hemos explicado que las dificultades de las finanzas públicas se deben a la crisis financiera y, por tanto, es una barbaridad exigir que quienes no tuvieron responsabilidad en el origen de la crisis, que son las clases populares cuyos salarios reales cayeron durante los últimos diez años (como hemos visto en el capítulo VI), sean quienes paguen los platos rotos.
Y es a la vez inadmisible que los verdaderos responsables de la crisis y las instituciones internacionales y nacionales que la han permitido y fomentado no paguen en modo alguno por sus malas artes. Al contrario, y con la excepción de lo que sucede en Islandia, todos los banqueros, directivos y reguladores cuya acción u omisión generó la crisis están hoy recibiendo incluso remuneraciones salariales especiales y más altas.
Por eso es también prioritaria la creación de una comisión independiente, crítica y rigurosa que estudie y evalúe las responsabilidades financieras de la crisis. Hay que poner nombres y apellidos a todos aquellos que se beneficiaron de ella mientras ésta latía en la superficie y también mientras ésta arrasaba los puestos de trabajo y los derechos sociales de millones de personas.
Banca pública
En un ámbito nacional no se nos puede olvidar que la crisis se ha intensificado en España como resultado de la carencia de una verdadera banca pública. Paradójicamente el Estado está hoy día incluso privatizando y bancarizando las cajas de ahorros, que eran unos instrumentos pseudopúblicos que deberían haber sido el germen de una banca pública orientada hacia las necesidades reales de la economía y cuyo problema ha sido, precisamente, que han actuado como bancos privados y no siguiendo criterios de servicio público.
Por eso la solución no puede ser la que se le está dando: privatizar las bancas para ponerlas un poco más tarde en manos del capital bancario. Hacer que el capital popular acumulado por las cajas de ahorros en tantos años pase a la banca privada es un expolio gigantesco que además va a dificultar todavía más la recuperación económica.
Las autoridades dijeron que tuvieron que poner billones de euros para salvar a bancos irresponsables que habían provocado la crisis porque eran «demasiado grandes para caer». Y ahora lo que están haciendo al darles ese dinero y al ponerles a las cajas en bandeja es precisamente hacerlos más grandes todavía y provocar así que la próxima crisis sea aún más dura y peligrosa.
Nuestra propuesta es nacionalizar las cajas de ahorros, pero no para que sigan haciendo el mismo tipo de negocio de los bancos privados irresponsables, sino para que de verdad lleven a cabo una práctica financiera vinculada al desarrollo regional y local, al servicio de los emprendedores y, en general, de todas las personas y empresas que necesitan financiación ágil, barata y segura para crear riqueza y no para especular. No cabe ninguna duda de que sin una banca pública el Estado será incapaz de recomponer la economía española, pues carecerá de un instrumento esencial para reorientar el modelo productivo. Si la financiación no viene, como hemos visto en estos tres últimos años, de la banca privada, la única manera de poner de nuevo en marcha la economía es disponiendo de banca pública.
Y lo intolerable es que esas mismas entidades españolas que no han financiado de forma adecuada la economía productiva han obtenido, sin embargo, ingentes beneficios antes y después de la crisis. Beneficios que no se han canalizado ni a la economía (en forma de préstamos) ni al Estado (por la reducción impositiva de las últimas décadas), sino que en su lugar se han destinado más de la mitad a los accionistas privados (un 65 por ciento en 2009) y el resto a hacer inversiones para ampliar el negocio dentro y, sobre todo, fuera de España.
En consecuencia creemos que se debe plantear la nacionalización de las entidades que actúan así, sin cumplir la tarea para la que se supone que reciben el dinero de sus clientes. De esa forma se garantizaría el flujo de financiación a la economía además de incrementar los ingresos del Estado.
Controlar la creación de dinero bancario a través de la deuda
Hay que tener en cuenta que la base de los problemas que ha creado la banca privada se encuentra en el privilegio que tiene de crear dinero bancario cuando concede préstamos 2. Eso lleva a que la banca haga todo lo que esté en su mano por aumentar la deuda (entre otras cosas, propiciando políticas que reduzcan los ingresos de los sujetos económicos para que se vean obligados a endeudarse) y así desestabiliza la economía. Por tanto, hay que avanzar ya hacia un sistema bancario que elimine ese privilegio y que no se base en la creación del dinero a través de la deuda.
Modificar la función de los bancos centrales
Para que todo lo anterior sea posible es fundamental que el Banco Central Europeo cambie su política de manera radical. No se puede permitir que una institución encargada de la regulación haya hecho la vista gorda ante las prácticas y el uso y abuso de productos financieros que amenazan a medio plazo la economía mundial o que sea indiferente ante la falta de financiación de la economía cuando está dando dinero al 15 por ciento a la banca privada, casi regalado, para que la financie.
Hay que acabar con el estatuto de independencia del Banco Central Europeo, someterlo a los poderes representativos y vincular su función a la consecución del pleno empleo y la satisfacción plena e integral de las necesidades humanas. Y tiene que pasar a actuar con transparencia y ser gobernado con pluralidad y representando los distintos intereses sociales y no ser gobernado por ideólogos neoliberales al servicio de los grupos financieros más poderosos, como ahora sucede.
Banca ética
Tal y como hemos apuntado antes, la banca debe estar subordinada a la economía productiva, pero además tiene que tener un carácter ético y social. Al fin y al cabo no es ni mucho menos lo mismo financiar la construcción de los trenes de alta velocidad que financiar a los pequeños productores o proyectos de energía renovable. El papel de la banca tiene que estar basado en los deseos sociales sobre qué y cómo se quiere producir.
Por eso es fundamental que se elabore una ley de ética bancaria y financiera que imponga transparencia y que asegure el buen uso de los fondos, que impida que los bancos sean instrumentos del fraude y la evasión fiscal.
Descentralizar el sistema bancario y monetario
Por otro lado hay que tener también en cuenta que la financiación de la economía se mueve a muy diferentes niveles: no es lo mismo financiar una infraestructura gigantesca que a pequeños empresarios o a mujeres emprendedoras que quieren abrir un pequeño negocio, ni se necesita el mismo tipo de banco para una cosa u otra. Un banco global seguramente sea mucho más ineficiente para financiar a la economía local y personal que otro de pequeña dimensión pegado al terreno. Como también hay que tener en cuenta que cada sector o actividad tiene sus peculiaridades (agricultura, vivienda, mujeres…) y que un banco generalista las atiende peor que otro especializado. Y, por supuesto, hay que pensar que muchas necesidades de financiación de pequeña escala ni siquiera necesitan bancos en sentido estricto, sino que se pueden satisfacer mediante cooperativas de crédito o mediante la puesta en común solidaria del pequeño ahorro de compañeros o conciudadanos en empresas, asociaciones, colegios, etcétera.
Por eso se debe promover la segmentación de la actividad bancaria, rompiendo el oligopolio ineficiente y muy contrario a los intereses de las personas dominantes que sólo beneficia a los grandes propietarios.
Conviene fomentar instrumentos innovadores de financiación ética y solidaria como una forma alternativa a la banca comercial que permite que las personas sean conscientes de que sus ahorros no se están utilizando para especular contra los bienes públicos o para apoyar la industria del armamento, por ejemplo.
Concretamente, hay que ir creando las condiciones para que el ahorro personal pueda servir de motor de actividades económicas a pequeña escala sin necesitar de la intermediación de instituciones bancarias, utilizando para ello las redes sociales y los grupos de trabajo, los espacios vecinales, etcétera. La microfinanciación tan necesaria para satisfacer necesidades de dinero inmediatas y a veces muy decisivas para la vida de muchas personas puede organizarse a través de pequeñas y descentralizadas redes de financiación alternativa que fortalecen los lazos entre las personas y refuerzan la vida social.
Una nueva concepción de las finanzas personales puede contribuir a mejorar la economía en su conjunto si todos formamos parte de ese proceso. Y en ese sentido se debe empezar a experimentar ya con el uso de monedas locales, vinculadas a las actividades que tienen que ver con las dimensiones más microscópicas de la vida económica, con los intercambios no mercantiles o basados en relaciones ajenas a los mercados convencionales.
LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Como hemos dicho, una parte fundamental de la financiación que necesita la economía es la que se dirige al Estado y es muy importante que sea eficiente, suficiente y sostenible.
Como sabemos, cuando los ingresos del Estado han caído mientras que los gastos han aumentado los economistas neoliberales han propuesto una rebaja del gasto público. Y los gobiernos, a través de la aplicación de los planes de ajuste, están haciendo caso a esas recomendaciones.
Insuficiencia de gastos e ingresos
Sin embargo, ésa es una solución muy dañina para los intereses sociales, muy negativa para la economía y que además se basa en una lectura muy cínica del equilibrio entre ingresos y gastos, puesto que sólo se fija en estos últimos sin tener en cuenta el nivel de ingresos.
El cinismo de este tipo de propuestas se comprueba teniendo en cuenta que el PIB per cápita en España es ya el 94 por ciento del PIB per cápita promedio de la UE-15. Y que, sin embargo, el gasto público social per cápita es sólo el 74 por ciento del gasto público social per cápita promedio de la UE-15 y que los ingresos del Estado español representan una cantidad equivalente al 34 por ciento del PIB, que es el porcentaje más bajo de la UE-15, cuyo promedio es del 44 por ciento.
Es decir, que lo nos equipara con nuestros socios europeos, lo que se supone que debemos hacer, es aumentar el gasto y también los ingresos, no disminuir ambos.
Nosotros creemos que el «santo temor al déficit», una idea muy de moda en la época liberal que defendía el Nobel Echegaray y que los neoliberales han resucitado (aunque luego no la respetan cuando gobiernan si no les conviene), no está siempre justificado. Hay inversiones que tienen un necesario horizonte a largo plazo y que lo lógico es que se financien con deuda, y siempre se puede mantener un nivel sostenible de esta última que facilite la dotación del capital social que es imprescindible para que cualquier economía funcione con eficiencia.
Pero lo que nos interesa resaltar aquí es que si fuera obligado equilibrar las cuentas de nuestro sector público, o reducir ahora su déficit, se podría conseguir no sólo recortando gastos esenciales, como proponen los neoliberales para evitar que las clases de renta alta tengan que contribuir al sostén del Estado con impuestos, sino aumentando los ingresos como resultado, por un lado, de un incremento en la actividad económica, que dependerá precisamente de la aplicación de medidas inversas a los planes de ajuste que se llevan a cabo, y, por otro, de la reestructuración de las fuentes de ingresos impositivos.
La primera opción es obvia. Los planes de ajuste están intentando reducir el gasto público, pero éste es un estimulante del crecimiento económico y del empleo (como se pudo comprobar cuando se aplicaron los llamados planes de estímulo al comienzo de la crisis), de modo que su reducción provocará de forma inevitable un descenso en la actividad económica. Y ese descenso necesariamente desembocará en menores ingresos para el Estado, con lo cual a la vez que se estará gastando menos también se estará ingresando menos y, en definitiva, la relación ingresos/gastos se mantendrá idéntica. Por esta misma razón premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz o Paul Krugman se oponen a los planes de austeridad, indicando que dirigen las economías hacia el desastre.
La segunda opción (aumentar la recaudación impositiva) no está muy bien vista en general, pero se debe a la insistencia con que se difunde la idea de que los impuestos son malos y que a todos nos conviene que bajen.
Cuando se difunde ese discurso se ocultan dos hechos fundamentales.
El primero, que la recaudación del Estado se consigue mediante los impuestos, pero que no todo el mundo paga los mismos impuestos.
En España, por ejemplo, tenemos un sistema justo y progresivo en teoría, pero sólo en teoría porque en la práctica, como ya hemos avanzado antes, la mayoría de los ingresos provienen de la imposición sobre el trabajo y no sobre las rentas del capital, y en particular sobre los asalariados que sólo tienen su sueldo como única fuente de ingresos.
La segunda cuestión que ocultan es que, cuando se hacen reformas fiscales que se presentan como menos impuestos paratodos, en realidad sólo suponen rebajas impositivas, como se ha demostrado que ocurrió en España con las últimas que se han llevado a cabo, para las rentas más elevadas y del capital, y especialmente las de origen inmobiliario.
Justicia fiscal
Nosotros abogamos por una reestructuración que suponga un incremento de los impuestos directos, es decir, que afecte fundamentalmente a las clases más adineradas.
Con esos ingresos impositivos el Estado financia los servicios públicos que proporciona a los ciudadanos, así que si el sistema español funcionara bien podría decirse que los ricos financian en mayor parte el Estado del Bienestar. Pero por desgracia y como puede intuirse el sistema no funciona como debería, y además los gobiernos no hacen nada por resolverlo.
Hay dos fallas enormes que permiten que al final, en la práctica, el sistema impositivo opere al revés de como está previsto y que sean en realidad las clases populares las que financien el Estado del Bienestar en su mayor parte.
La primera falla es la economía sumergida, que son todas aquellas actividades económicas que deberían declararse (y por tanto pagar impuestos) y que no lo hacen. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda calcula que este tipo de actividades representa en torno al 23 por ciento del PIB, 3 es decir, unos 245.000 millones de euros.
En su opinión la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40 por ciento.
Pero la segunda y más importante falla es el fraude fiscal y el uso de instrumentos financieros (como los fondos de inversión tipo SICAV y otros que operan en paraísos fiscales) que permiten que las grandes fortunas declaren tener mucho menos de lo que en realidad tienen y que, por tanto, paguen menos impuestos. Las grandes fortunas y las grandes empresas desvían sus fondos a paraísos fiscales o mantienen sus posesiones (casas, coches, empresas, etcétera) a nombre de fondos de inversión inscritos también en paraísos fiscales o en países con menores tasas impositivas 4.
Además, con la excusa de que de esa forma se promovía el crecimiento económico (lo que se ha demostrado que era falso), los sucesivos gobiernos han ido reduciendo de forma sistemática los impuestos directos e incrementando ligeramente los indirectos, de manera que el Estado tiene cada vez menos recursos para pagar los servicios públicos y resta progresividad al sistema. La reducción de impuestos ha sido, tal y como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40 por ciento del déficit estructural existente en España y en la mayoría de los países de la OCDE que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43 a un 45 por ciento para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50 por ciento, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, lo que afecta únicamente al 3,98 por ciento de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y con tal medida el Estado podría ingresar 2.120 millones de euros. Si por otra parte se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su Impuesto de Sociedades, pasando del 30 al 35 por ciento, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (lo que afecta sólo al 0,12 por ciento del total de las empresas). Sumado esto a lo anterior, podemos decir que en España se impuso una trayectoria lenta pero constante de regresión social.
Ésa es la razón de que el Estado no disponga de ingresos suficientes y, por tanto, lo que debe hacer es subir los impuestos a las clases más adineradas y a las empresas cuyos beneficios no están volviendo a la economía productiva, pero también debe concentrar su actividad en perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida. Todo eso permitirá reflotar dinero que nunca debería haber dejado de entrar. Además hay que recuperar impuestos como el del Patrimonio, así como imponer otros impuestos como el de las Transacciones inancieras, destinado a evitar la especulación financiera.
LA FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA PÚBLICA
Antes comentamos que cuando un Estado necesita financiarse para pagar el desfase entre gastos e ingresos recurre al mercado de deuda pública. Allí los inversores (bancos, grandes fortunas, etcétera) prestan dinero a un determinado tipo de interés que a su vez y en un sentido general depende de la confianza que se tenga en la economía. Por ejemplo, si se desconfía de la devolución de los préstamos por parte del Estado, los inversores exigirán mucho más dinero en pago de intereses.
Cuando la crisis comenzó y los Estados tuvieron que endeudarse, muchos inversores, muy cualificados y con muchos medios a su alcance, aprovecharon la situación para especular y hacer grandes negocios en este mercado.
Terrorismo financiero
Como tiburones, los especuladores acuden cuando huelen sangre, y la herida de Grecia tras el reconocimiento de que había falseado las cuentas públicas dejaba entrever grandes posibilidades de beneficio que podían ser explotadas. La similitud entre las situaciones económicas de los países periféricos europeos hizo que otros países como Portugal o España sufrieran también el ataque de fondos de inversión y bancos que buscaban aprovechar la coyuntura. Eso conllevó un incremento de la desconfianza en los Estados, bastante injustificada (como en el caso de España que en realidad nunca ha estado en una situación que objetivamente haya supuesto riesgo de impago) porque era el resultado de rumores que los propios especuladores lanzaban para lograr subir los tipos pero que terminaba por incrementar el coste de la deuda para el Estado. Cada vez que éste acudía a endeudarse tenía que pagar más y más en concepto de intereses. Mientras que la contrapartida era que quienes prestaban al Estado cada vez recibían más y más, y además podían incluso vender los títulos de deuda pública −que le daban derecho a cobrar del Estado− y seguir especulando en un proceso sin fin.
El ejemplo más evidente es el ya comentado de los grandes bancos europeos, que recibiendo préstamos baratos del Banco Central Europeo (BCE) utilizaron ese dinero para prestar a los diferentes Estados europeos y no para proporcionar fondos a la economía real. Y que, además de ello, después de todo se han atrevido a reclamar reformas profundas en las economías nacionales con el único propósito de aumentar el poder y los privilegios de la banca y las grandes empresas.
Sin embargo, como hemos advertido, las reformas actuales no conseguirán más que debilitar la actividad económica y, con ello, los ingresos del Estado. La consecuencia final será la necesidad de endeudarse una y otra vez, en un círculo vicioso que no terminará hasta que se decida no pagar la deuda. Los bancos evidentemente lo saben y por eso exigen a la Unión Europea que rescate a los Estados, porque en realidad esos rescates sólo benefician a los propios bancos que en caso de quiebra o de denuncia de la deuda no cobrarían sus préstamos. Y los rescates no son más que una transferencia de dinero público (proporcionado por la Unión Europea) a manos privadas (a los bancos que tienen deuda pública), a costa además de graves recortes sociales.
El caso de Irlanda
Durante muchos años el ejemplo irlandés estuvo de moda y se ponía constantemente a los demás países: la política de bajos impuestos sobre el capital (casi la mitad de la media europea), la amplia liberalización de la actividad económica y las privatizaciones, la moderación salarial y las grandes facilidades a los capitales para que pudieran actuar a su antojo se consideraban la clave de su éxito y lo que debería hacer cualquier otra economía que quisiera ser tan próspera y dinámica como el «tigre celta» de entonces. Claro que se estaba hablando de un éxito que sólo se medía por el incremento vertiginoso del PIB pero no por la disminución de las desigualdades o de la brecha de los estándares de bienestar del país respecto a la media europea.
Los gobiernos conservadores facilitaban la actividad de los bancos que se dispusieron a crear deuda y a financiar la actividad especulativa sin freno sin que ni a uno ni a otro preocupara la generación de burbujas inmobiliarias o la escasa base real del crecimiento que se generaba.
En realidad lo que estaba haciendo Irlanda no era otra cosa que aplicar como un alumno aventajado las políticas de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional había propuesto desde hacía años para favorecer el incremento de las rentas del capital. Y por eso el Fondo aplaudía lo que se estaba haciendo allí al afirmar que sus políticas económicas ofrecían lecciones útiles a otros países.
Por eso no fue ni mucho menos una casualidad que el alumno europeo que las aplicó con mayor fidelidad fuera precisamente el primero que entró en recesión en 2008, cuando se desencadenó la crisis de las hipotecas basura. Como tampoco es casual que la economía que primero aplicó los planes de austeridad como respuesta frente a la crisis fuera la que primero sufrió los latigazos que producen las medidas neoliberales.
En realidad Irlanda es actualmente una especie de laboratorio que permite comprobar el efecto de las políticas neoliberales de austeridad que impone el fundamentalismo dominante desde hace años en Europa.
Aunque ahora muy pocos lo recuerdan, Irlanda aprobó antes que nadie el gran programa de austeridad y recortes que proponen los economistas liberales para salir de la crisis: reducción de hasta el 20 por ciento en los sueldos de los funcionarios y un 10 por ciento en las prestaciones sociales, además de hacer lo mismo en un buen número de programas de gasto público y social. Aunque, eso sí, poniendo al mismo tiempo a disposición de bancos quebrados docenas de miles de millones de euros que pusieron por las nubes el déficit y la deuda del Estado.
Cuando tomó estas medidas, de nuevo el caso irlandés fue puesto como un ejemplo para los demás. Los medios de comunicación neoliberales, la Comisión Europea y por supuesto una vez más el Fondo Monetario Internacional alabaron su política de austeridad y recortes frente a la crisis.
Este último organismo, haciendo otra vez gala de su desvergonzada forma de hacer pronósticos económicos, afirmó, para poder aplaudirlas así con aparente fundamento, que gracias a la aplicación de estas medidas la economía irlandesa crecería un 1 por ciento en 2009. Sin embargo, su efecto real fue otro, como los economistas críticos habíamos pronosticado que iba a ocurrir allí o en otros países en donde se aplicaran: en 2009 el PIB de la economía irlandesa, lejos de aumentar, bajó un 11 por ciento.
Con esa caída estrepitosa, con una reducción de la inversión del 30 por ciento y de más del 7 por ciento del consumo, la economía no pudo generar recursos suficientes, fue más difícil recaudar ingresos para hacer frente a la deuda y ésta siguió subiendo, lo que hacía, para colmo, que los mercados la castigaran subiendo los tipos a los que puede colocarse. A eso se añade que al haber dejado sin llevar a cabo una verdadera reforma financiera la situación patrimonial de los bancos siguió agravándose y les acabó haciendo falta una nueva dosis de generosa inyección de liquidez para sacarlos a flote poniendo a su disposición (bajo la idea de que se rescataba a Irlanda) otros 80.000 millones de euros más sólo para ellos.
Equívocos sobre la deuda
Todo lo que acabamos de señalar pone de manifiesto que cuando se habla del gran problema de deuda que se ha creado en Europa se cae en demasiados equívocos que hay que desvelar y rechazar.
Así, es sospechoso que casi siempre que se subrayan su naturaleza indeseable y sus graves consecuencias se haga mención a la pública pero no a la privada.
Por otro lado, cuando se habla en general de deuda no se suelen contemplar con rigor sus causas. Lo normal es recurrir a frases manidas pero que a fuerza de repetirse calan en la opinión de la gente como si fueran verdades indiscutibles: la deuda privada es consecuencia de que vivimos por encima de nuestras posibilidades y la pública, el resultado de que los gobernantes son unos manirrotos cuando utilizan el dinero de los demás.
Por eso, cuando esta última ha crecido, enseguida se obliga a reducir el gasto público y se difunde la idea de que es debida a un despilfarro maligno de los gobiernos que debe evitarse cuanto antes.
Otra constante del planteamiento convencional del problema de la deuda es que a la hora de hacerle frente no se suele poner sobre la mesa, como acabamos de comentar, la necesidad de aumentar los ingresos sino que casi siempre queda en primer plano la reducción del gasto para disminuirla o ir eliminándola.
Pero lo que sin duda parece más sospechoso es que al hacer referencia a la deuda prácticamente nunca se mencione lo que es en realidad: un negocio de la banca.
Se nos quiere presentar siempre la deuda (y sobre todo la pública porque además eso permite combatir al Estado y a la política) como una especie de patología perversa que hay que erradicar pero nunca se pone de relieve y en primer plano que gracias a la deuda los bancos obtienen un beneficio privilegiado, no sólo por su cuantía sino también, y quizá sobre todo, por el poder inmenso que les da sobre el resto de la sociedad. Como hemos señalado anteriormente, cada vez que se concede un crédito los bancos obtienen beneficio y más poder, y en consecuencia, lo mismo que un productor de sillas trata siempre de vender el mayor número de ellas, los bancos procuran que el volumen de deuda sea el más elevado posible en la economía porque en él le va su ganancia, su extraordinaria influencia política y el inmenso poder que obtienen al crearla.
El origen real de la deuda
Lo que está ocurriendo hoy día en Europa es que las corrientes de opinión neoliberales han logrado hacer creer a la población que la explosión de la deuda es culpa de los gobiernos y que, por tanto, éstos deben asumir su financiación haciéndola descansar sobre las espaldas de la población en general. Y de ahí deducen que la deuda se debe combatir, por tanto, mediante políticas de austeridad, recortando gastos sociales en educación, sanidad, políticas familiares o en pensiones públicas y, en general, reduciendo la presencia del sector público en la vida económica. Lo que, casualmente, trae como consecuencia que se abra de par en par un nuevo y floreciente yacimiento de negocio privado para sustituir la oferta que antes realizaba el sector público, aunque ahora para ofrecerla a precio más elevado y, por tanto, al alcance de una menor parte de la sociedad.
La ocultación de las verdaderas causas que han originado la deuda y su utilización para combatir las políticas de bienestar, que para financiarse necesitan la contribución de los sectores de renta más elevada pero que están cada vez menos dispuestos a darla, ha alcanzando hoy día el paroxismo y tiene en algunos casos, como los recientes de Grecia, Irlanda o Portugal además de otros en el Este de Europa, tintes verdaderamente dramáticos.
El caso de Grecia es paradigmático. Los poderes europeos e internacionales le imponen severos programas de ajuste que reducen y deterioran de forma drástica los ingresos y las condiciones de vida de la población de menor ingreso para hacer frente a la deuda acumulada, pero lo hacen sin tener en cuenta su origen: la venalidad criminal de los coroneles dictadores que hicieron subir la deuda cuando gobernaron, la corrupción con que se organizaron los Juegos Olímpicos (inicialmente presupuestados en 1.500 millones de dólares pero que terminaron costando unos 20.000 millones debido a las ganancias extraordinarias y corruptas de las grandes empresas), los créditos multimillonarios vinculados a la compra de armamento a Francia y Alemania o las políticas que los bancos europeos impusieron en la última década para facilitar la constante inyección de crédito a la banca, a las empresas y a las familias griegas precisamente porque ése es, como hemos señalado, el negocio de la banca: multiplicar sin freno la deuda prestando dinero.
Y en particular los grandes poderes europeos no están teniendo en cuenta que fueron las políticas impuestas en los últimos años para incrementar el beneficio del capital en detrimento de los salarios y de las rentas del sector público las que han provocado una pérdida continuada de ingresos que ha obligado a recurrir constantemente al endeudamiento.
Ésa y no otra ha sido la razón por la que los bancos y las grandes empresas han defendido las políticas neoliberales de los últimos años: los bancos porque al disminuir con ellas el poder adquisitivo aumentaban la demanda de créditos, y las grandes empresas porque con menos salario y con menos empleo no sólo obtenían más beneficio sino también más poder de negociación frente a trabajadores siempre amenazados por el paro y agobiados por la carga de la deuda.
Auditar la deuda
Los gobernantes y los responsables europeos de las políticas de austeridad que están imponiendo a la población para combatir la deuda, según dicen ellos para justificarlas, no se están haciendo una pregunta fundamental que habría que hacerse siempre que se aborda un problema de deuda: ¿quién se ha lucrado con ella? Y, si se han lucrado unos, ¿por qué tienen que pagarla luego otros?
La deuda de esta última naturaleza, la que se hubiera obligado a contraer a unos para que sean otros los que se beneficien de ella, es una deuda inmoral, ilegítima u odiosa y, por tanto, que puede ser rechazada por aquellos a quienes se impone cargar injustamente con su financiación, en este caso la población europea 5.
Por eso una demanda de justicia elemental que proponemos es que se audite la deuda española de un modo independiente y veraz para determinar su origen y sus verdaderos beneficiarios.
Tanto la privada que se generó gracias a las políticas neoliberales fiscales y monetarias de los últimos años, como la pública que más recientemente se ha producido para hacer frente a la crisis o como consecuencia de la especulación criminal que se ha desarrollado, durante mucho tiempo ante la pasividad de nuestros gobernantes, contra las emisiones de deuda de varios Estados. Y, por supuesto, esa demanda debe ir acompañada de la exigencia del derecho correlativo a repudiar la deuda que sólo ha beneficiado a la banca, a las grandes empresas y a los especuladores internacionales.
Es de todo punto injustificable que la clase política dominante permanezca indiferente ante un crecimiento de la deuda debido, en gran parte, a la manipulación artificial de su precio por parte de los especuladores (muchos de ellos, bancos, que lo hacen con dinero público). Es imprescindible realizar esa auditoría y a partir de ella determinar si se reestructura la deuda o si se deja de pagar.
La reestructuración supondría diferenciar los diversos contratos de deuda asumidos por el Estado y modificarlos en plazo, en cantidad o incluso, ya sí, cancelarlos parcial o totalmente.
La reestructuración dirigida por los deudores, el Estado, supone la realización de una auditoría previa de la totalidad de la deuda controlada por los ciudadanos. Se trata de estudiar qué parte de la deuda es ilegal, inmoral o directamente insostenible.
Por ejemplo, puede declararse inmoral cualquier contrato de deuda suscrito por bancos rescatados con dinero público o incluso los de aquellos bancos que han comprado deuda pública con dinero barato prestado por el Banco Central Europeo.
En ese caso puede reestructurarse en plazos, en cuantía o sencillamente declarar que no se pagará nunca. Todo con el objetivo de reducir la carga de la deuda.
Por supuesto este proceso tiene costes políticos y económicos importantes. Los mercados financieros (los acreedores) actuarían conjuntamente para atacar y especular con el país en cuestión. También habrá radicales reticencias a nivel institucional por parte de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, amén de los bancos nacionales. Por eso sería recomendable que la reestructuración de la deuda formara parte de un plan más amplio y que además estuviera coordinado por, al menos, los países que más lo necesitan. Y estos países son los de la periferia, como Portugal, Grecia o España. Si bien lo deseable sería realizar una auditoría a nivel europeo. Además, y como veremos en el capítulo siguiente, es necesario acompañar todas esas propuestas con una reestructuración completa del sistema financiero europeo y mundial para evitar que la especulación contra el mercado de deuda pública pueda ser posible.
Pero la experiencia ya acumulada nos permite saber que se puede ejercer ese derecho de forma ordenada y sin que eso provoque daños mayores que los que se pueden evitar, como dirían para oponerse al repudio de la deuda quienes durante todo este tiempo anterior han trabajado para los grandes beneficiarios de la deuda. Todo lo contrario, sólo así se le podrá dar aliento y sostenibilidad a la actividad económica que de verdad satisface las necesidades sociales.
Los costes de las actuales estrategias europea y española frente a la deuda
Una investigación reciente de Mark Weisbrot y Juan Montecino, de Center for Economic and Policy Research, CEPR, de Washington, demostró que pueden darse escenarios muy realistas bajo los cuales las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno español por imposición europea darán niveles más altos de endeudamiento en comparación con lo que sucedería si se continúa con un estímulo fiscal moderado como el que estamos proponiendo 6.
El informe indica que los problemas presupuestarios de España así como el desempleo y la débil recuperación de su economía son el resultado de lo que ya hemos mencionado nosotros: el colapso de la demanda privada. En consecuencia la política más eficiente según esos autores sería que el sector público compensara la falta de demanda privada hasta que la inversión privada y el consumo, y posiblemente las exportaciones netas, puedan sostener un crecimiento normal. Mientras que, por el contrario, recortar el gasto público e incrementar los impuestos bajo estas circunstancias son acciones pro cíclicas (llamadas así porque refuerzan el colapso de la demanda y, por tanto, agudizan lo malo de la situación en la que estamos) y lo que cabe esperar de ellas es que debiliten la recuperación o incluso que vuelvan a llevar a la economía a un estado de recesión.
Teniendo en cuenta que el volumen de nuestra deuda no es muy grande, la solución que proponen sería mantener el gasto deficitario en los niveles actuales o posiblemente incrementar dicho gasto para así estimular la economía y que el Banco Central Europeo comprara una porción de la nueva deuda emitida por el gobierno español, y se comprometería a reembolsar el interés sobre dicha deuda al gobierno español, como ha sucedido en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón.
De esa manera, si el Banco Central Europeo adquiriera la deuda del país por un monto equivalente al 4 por ciento del PIB de España, al año, durante los próximos dos años, y el gobierno no aumenta los impuestos o recorta el gasto durante este periodo, se produciría un aumento en la carga de endeudamiento bruto, pero no del endeudamiento neto, que permitiría un estímulo fiscal de casi el 4 por ciento del PIB (más de 40.000 millones de euros) durante dos años sin tener que recortar el gasto y manteniendo los incrementos impositivos planeados. Y así la relación de la deuda con el PIB no aumentaría demasiado 7.
Además con esta estrategia de estímulo que venimos defendiendo, no sólo se evitaría que haya más deuda en el futuro (lo que sólo vendrá bien a los bancos que la financien, no lo olvidemos), sino también los costos sociales y económicos ocasionados por la pérdida de producción y un prolongado periodo de alto desempleo que afronta España en la actualidad.
1 .Expansión.com, 27-IV-2011 (http://www.expansion.com/2011/04/27/economia/1303896280.html).
2. Veamos un ejemplo que muestra cómo los bancos crean dinero a medida que utilizan una parte de los depósitos de sus clientes para conceder créditos.
Supongamos que una persona llamada Harry es la única que tiene dinero: cinco billetes de 20 euros. La cantidad de dinero que hay en la economía es, por tanto, de 100 euros. Supongamos ahora que Potter le pide prestados 40 euros y que se los presta. Después del préstamo la cantidad de dinero que hay en la economía sigue siendo 100 euros aunque ahora 60 euros estén en manos de Harry y 40 euros en las de Potter.
Pero supongamos ahora que Perico, una tercera persona, crea un banco y convence a Harry para que deposite sus 100 euros a cambio de un generoso interés del 5 por ciento anual. Enseguida Perico pensará que no es probable que Harry quiera disponer de inmediato de todo su dinero, de modo que decidirá dejar una parte en su caja (supongamos que 60 euros) por si Harry en efecto le solicita retirar alguna cantidad, y prestar el resto a Potter.
Lo que ocurre cuando el banco presta entonces 40 euros a Potter suele parecer milagroso a quienes lo oyen por primera vez. Por un lado Perico le dará los 40 euros a un interés mayor, de modo que ya así obtendrá una suculenta retribución. Pero eso no es todo. Lo que parecerá un milagro es que cuando Perico presta los 40 euros hace que en la economía haya más dinero.
Exactamente 40 euros más, es decir, el importe de la deuda de Potter con el banco. Veamos: Harry sigue teniendo sus 100 euros. De hecho, puede hacer pagos con sus cheques por ese valor. Y, por su parte, cuando Potter ha recibido el préstamo tiene 40 euros en su bolsillo.
En total, pues, ahora hay 140 euros en la economía. Perico no ha creado dinero legal, puesto que la cantidad de dinero en billetes no ha cambiado (sigue habiendo 100 euros en billetes: 40 en el bolsillo de Potter y 60 en la caja del banco de Perico). Pero sí ha creado medios de pago denominados «dinero bancario».
3. Cinco Días, 15-XII-2010, «La economía sumergida se mantiene en el 20 por ciento» (http://www.cincodias.com/articulo/economia/economia-sumergida-mantiene/20101215cdscdieco_7/).
4. J. H. Vigueras, Los paraísos fiscales, Akal, Madrid, 2000.
5. La idea de deuda odiosa ilegítima proviene del principio según el cual la población no tiene por qué hacerse cargo de la deuda contraída por la fuerza y contra su voluntad por dictaduras. Podría argumentarse del mismo modo cuando es el resultado de acciones fraudulentas en los mercados, resultantes de un poder desmesurado de los financieros respecto a los gobiernos o consecuencia de acciones encaminadas a alterar el precio de las cosas al margen de la buena fe o de los usos habituales en los mercados.
6. La propuesta está en Mark Weisbrot y Juan Montecino, Alternativas a la austeridad fiscal en España, Center for Economic and Policy Research, Washington, 2010 (www.cepr.ne).
7. La deuda bruta se refiere a los compromisos de pago que tiene el Estado frente al exterior. La deuda neta tiene también en cuenta los compromisos del exterior con ese Estado.
"Mis aspiraciones en la vida" 