La AIE es una sociedad de gestión de naturaleza jurídica similar a la SGAE, pero que defiende los supuestos derechos de algunos «intérpretes», denominación que engloba a músicos, cantantes y directores de orquesta, mientras que la entidad dirigida por Teddy Bautista lo hace con los autores y compositores.
Durante el año 2008, AIE recaudó 26,7 millones de euros, un 19,2 por ciento más que en el ejercicio anterior. El número de afiliados asciende a 14.351 a 31 de diciembre de 2008, una cifra que también supone un aumento del 6 por ciento con respecto a 2007. Durante 2008, AIE repartió 57,5 millones de euros entre sus afiliados.
Pero resulta que estos listos le reclamaban más de 500.000 euros a la exibidora CINESA en concepto de derechos de autor por las bandas sonoras de las películas de EE. UU. que se proyectan en sus salas, y con esa chulería que caracteriza a estas sociedades, demandaron a CINESA.
Este caso se ha visto en el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, que ha emitido sentencia contra los demandantes en la que declara que Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) carece de legitimización para gestionar y reclamar los derechos de los artistas musicales de EE UU. bajo una lógica tan aplastante como que «al no poder, los artistas, intérpretes o ejecutantes músicos norteamericanos reclamar protección alguna en nuestro país al no serles de aplicación nuestra ley, carece de legitimación AIE para gestionar y reclamar sus derechos».
Pero resulta que estos tipos de la AIE tal como declararon en este juicio, ya venían haciéndolo con otras empresas y tenían mediante esta modalidad de latrocinio para exportación, alrededor de 20 o 25 millones de euros recaudados, «pendientes de repartir entre sus titulares» según ellos. Cosa que nunca se reclamará porque como dice la sentencia EE UU no reconoce ningún derecho de propiedad intelectual a los artistas musicales, actores y actrices que participen en películas u otras obras de carácter audiovisual y además AIE no tiene suscrito ningún convenio internacional de reciprocidad que pueda permitir, según nuestra ley, la recaudación en su nombre de derechos de autor.
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