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Entrevista al profesor VICENÇ NAVARRO

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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA REFORMA ENCAMINADA A INCLUIR EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA EL LIMITE DE GASTO PUBLICO

Entrevista realizada por los Estudiants Progressistes de Catalunya al Profesor Vicenç Navarro
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Pregunta (P.) ¿Por qué considera usted la medida propuesta por el Presidente Zapatero, medida que parece contar con el apoyo del Partido Popular, como negativa? El argumento que utilizan los proponentes de tal medida es que un estado no debe gastar por encima de sus posibilidades. Y de ahí deducen la necesidad de impedírselo.

Respuesta (R.) El estado español no gasta por encima de sus posibilidades. Antes al contrario, los datos muestran que el gasto público por habitante de España está muy por debajo de tales posibilidades. En realidad, es el más bajo de la UE-15.  Los datos muestran que no es cierto que exista un despilfarro de gasto público y que haya que frenarlo. La mayoría del gasto público es gasto público social, es decir, gasto en transferencias públicas como pensiones y servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, ayudas a las familias, y otros servicios que tienen una enorme importancia en determinar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. El gasto público social, que cubre estas diferentes dimensiones del estado del bienestar español, es muy bajo, muy por debajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza del país.

(P.) Pero el Estado está en déficit. ¿No es ello un indicador de que se gasta demasiado?

(R.) No. El déficit público no es un buen indicador de que el Estado se gaste demasiado. En el déficit se miden dos dimensiones. Una es el gasto. Pero la otra dimensión son los ingresos. Cuánto dinero un Estado ingresa en sus arcas determina también el tamaño del déficit público. Y ahí radica el problema. No es que en España el gasto sea demasiado grande. Lo que ocurre es que los ingresos al Estado son demasiado bajos. Representa sólo el 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de los países de la UE-15, que es el 44%. En Suecia, el país que tiene el estado desarrollado más avanzado de la UE-15, el porcentaje es 54% del PIB.

(P.) ¿Y porque es tan bajo? ¿Se debe ello a que los impuestos sean muy bajos?
(R.) La categoría de impuestos es muy amplia. Para responder a su pregunta hay que conocer y ser conscientes de quién paga impuestos y qué tipo de impuestos. En España, la mayoría de la ciudadanía que trabaja y que está en nómina ya paga impuestos (sobre la renta), en cantidades que, proporcionalmente, son comparables a las de sus homólogos en el promedio de la UE-15. Fíjese que el trabajador de la manufactura, por ejemplo, ya paga en impuestos un porcentaje que
es aproximadamente el 74% de los impuestos que pagan nada menos que sus homólogos en Suecia, el país donde los impuestos son más elevados. No puede, por lo tanto, decirse que la mayoría de españoles no pagan suficientes impuestos.
La gran diferencia en España con el promedio de la UE-15 es, sin embargo, en las rentas superiores, en las grandes empresas y en la banca. Ahí sí que la diferencia entre lo que pagan estos colectivos en España y lo que pagan sus homólogos en el promedio de la UE-15 es muy sustancial. El 1% de la población de renta superior de España paga sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia.

(P.) Pero se nos dice por las autoridades fiscales que el nivel de progresividad fiscal en los impuestos sobre la renta en España es semejante al resto de la UE.
(R.) No es cierto. Pero incluso más importante que las diferencias nominales son las diferencias reales, es decir, lo que en realidad tributan. Las deducciones y el fraude fiscal están muy extendidos en estos sectores. El sindicato de los Inspectores de Hacienda del Ministerio ha publicado recientemente un informe que muestra claramente el grado de regresividad de la carga fiscal. Las grandes empresas pagan mucho menos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores pagan unos porcentajes menores que la mayoría de la ciudadanía. Y las rentas derivadas del capital tributan en la práctica sólo el 10%, mucho menos que el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%)

(P.) Entonces no es cierto que no existan recursos. Parece, pues, que sí existen. ¿Qué pasa?
(R.) Que el Estado no los recoge. No tiene la voluntad política de enfrentarse con estos grupos de presión y con estos colectivos. El problema de la deuda pública no es un problema económico o fiscal. Es un problema político.

(P.) No es cierto, pues, que nos estemos gastando más de lo que tenemos.
(R.) No. No es cierto. Y además es fácil de demostrarlo. El PIB per cápita de España ya es el 94% del promedio de la UE-15, pero en cambio el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más. Otro dato, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa.

(P.) Otro argumento que se utiliza es que otros países han constitucionalizado el límite de gasto. Parece que esta propuesta se está generalizando en la mayoría de países de los dos lados del Atlántico. En EEUU, los estados, por ejemplo, tienen que tener sus presupuestos en equilibrio. ¿Por qué no España?
(R.) En primer lugar no es cierto que todos los países tengan escrito en su Constitución tal propuesta. Al revés, sólo Alemania lo tiene. Está gobernada por una coalición conservadora-liberal, que ha aprobado en su Parlamento tal propuesta. Hoy la Unión Europea está gobernada por las derechas y quiere imponer estas medidas a todos los estados miembros de la UE a fin de reducir la dimensión social de la UE. En EEUU tal propuesta de constitucionalizar un límite de gasto la está haciendo el Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es una formación de ultraderecha.

(P.) Pero en EEUU, a los Estados no se les permite tener un déficit.
(R.) A los Estados de EEUU no se les permite tener déficits en gastos corrientes, pero sí que se les permite endeudarse en inversiones. Aquí en la UE no se hacen estas distinciones. Todo el gasto público se pone bajo la misma categoría. Pero mucho más importante que esto es que los estados de EEUU son estados de un sistema federal que si que tiene déficit público. Hoy, por ejemplo, es el 8,9% del PIB, más alto que el que tiene España. Y existe en este estado federal un Banco Central, el Federal Reserve Board, que compra deuda pública de los estados, imprimiendo dinero que transfiere a los estados En la UE, el Banco Central tiene prohibido comprar deuda pública y proveer liquidez a los bancos privados, pero
no a los Estados. De ahí que los Estados de la Eurozona sean muy vulnerables a la especulación de los mercados financieros, pues no tienen herramientas para defenderse. Ello no ocurre en EE.UU., el Estado Federal asiste a los estados. California tiene una deuda semejante a Grecia, y sin embargo, la situación de aquel estado no es comparable a la de Grecia o España, debido a la existencia del gobierno federal que la ayuda.

(P.) ¿Cómo es que se hace esta propuesta de limitar el gasto ahora?
(R.) Esta propuesta ha sido una constante en las propuestas de la derecha española, que siempre ha intentado reducir el Estado y la protección social para debilitar al mundo del trabajo. Surge de la percepción equivocada de que el Estado ha crecido demasiado y es responsable de la crisis actual. Así lo ha dicho el Sr. Rajoy, presidente del partido Popular, en muchas ocasiones. Escríbase como se escriba la propuesta final pactada entre Zapatero y Rajoy, el objetivo central de tales reformas es reducir el rol del Estado. De ahí que sea hoy la bandera de las derechas neoliberales en todas partes.

(P.) Pero en España la está proponiendo un gobierno socialista.
(R.) En España, el que hizo primero esta propuesta fue el Sr. Rajoy, Presidente de una coalición conservadora-neoliberal, cuyo liderazgo es muy cercano al pensamiento del Partido Republicano, hoy controlado por el Tea Party. La derecha en España y en la Unión Europea se ha ido radicalizando, invadiendo el terreno de la ultraderecha. Esto está muy claro en las áreas de política económica. La diferencia entre, por ejemplo, el Canciller Kohl, y Angela Merkel, es enorme.
En cuanto al PSOE, éste es un partido de centroizquierda, cuyas bases electorales están más a la izquierda que su dirección, sobre todo de su equipo económico, el cual tiene claramente una orientación neoliberal. El gran error del presidente Zapatero ha sido la elección de sus asesores económicos, la mayoría muy próximos a la banca o a la gran patronal. Muchos de ellos proceden de estos grupos y vuelven a integrarse en ellos cuando dejan el poder, tal como ocurre en EEUU. Hay una puerta giratoria entre los poderes económicos y financieros y los asesores económicos del gobierno.
Ocurre también en los gobiernos conservadores del PP, pero se nota menos porque es lo que uno ya espera de un gobierno de derechas. Es más llamativo, sin embargo, en un gobierno de centroizquierda, y naturalmente, más preocupante. Todos los miembros del equipo económico, ya sean en el Ministerio de Economía, ya sean en La Moncloa, han compartido una ideología neoliberal que domina la cultura económica en nuestro país. Recuerde la famosa frase del
Ministro Solbes, que indicó “que la medida de la cual él estaba más orgulloso era el de no haber aumentado el gasto público en España”, dicho por un Ministro de un gobierno socialista, en el país que tenía, y continúa teniendo, el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la Unión Europea. De ahí que el Sr. Rajoy dijera que era el único Ministro del gobierno Zapatero que él aprobaba. Y ahora, vemos como Rajoy apoya la propuesta de limitar el gasto público, acentuando y proclamando que él fue el que la había propuesto, y muy orgulloso de ello.

(P.) ¿Y cómo explica que el gobierno Zapatero haga esta propuesta?
(R.) Se dice mucho que debido a la presión de los mercados financieros. Y es más que probable que el gobernador del Banco Central Europeo le pusiera al gobierno español esta medida como condición de que el BCE comprara deuda pública. Ahora bien, no hay que olvidar o ignorar que la mayor preocupación que estos mercados están expresando hoy no es el tamaño del déficit, sino el estancamiento de la economía. La falta de crecimiento económico es el mayor problema que existe en España y en Europa. Creerse que la reducción del déficit y el límite del gasto público estimulará el crecimiento económico -que es lo que el pensamiento neoliberal asume- es permitir que el dogma tome prioridad sobre los datos empíricos y el conocimiento histórico. Nunca antes en el mundo se ha remontado una Gran Recesión o Depresión sin un aumento significativo del gasto público. Y existe ahora una clara relación entre recortes de gasto público y caída de nuevo en la recesión. El caso de Grecia es el más claro, pero no el único.

(P.) Entonces, ¿cree usted que hay más en lo que ocurre que la famosa “presión de los mercados”?
(R.) Lo que están haciendo las derechas es utilizar el argumento de “la presión de los mercados” para conseguir lo que siempre han deseado, es decir, el descenso de los salarios y de la protección social y la privatización del Estado del Bienestar. No ignoren que el liderazgo de la avalancha neoliberal lo ofrece la banca que siempre ha deseado la privatización de la Seguridad Social y de los servicios públicos del Estado del Bienestar, desde la sanidad a la educación. De ahí que sea incoherente que un gobierno socialista acepte como suya tal propuesta.

(P.) Usted ya había predicho que ello ocurriría
(R.) Así es. No hay plena conciencia en grandes sectores de la intelectualidad española de lo sesgado hacia la derecha que está el Estado español, resultado del dominio que las fuerzas conservadoras, herederas del franquismo, tuvieron en el proceso de la transición.
Fíjese lo que ha estado ocurriendo estos días. El gobierno español ha sido el primero en seguir las instrucciones de Merkel y Sarkozy y pedir la inclusión de la limitación del gasto público en su Constitución.
No hay ningún otro país que lo haya hecho. Como en otras ocasiones, el Estado español es el discípulo más aventajado de la ortodoxia neoliberal. Y, por otra parte, es el último país en considerar el aumento de los impuestos de los ricos y súper ricos como manera de reducir el déficit. Por fin, sólo lo están considerando, cuando todos los demás ya lo han hecho. Incluso David Cameron y Silvio Berlusconi lo habían hecho. Y aquí, Elena Salgado dijo hace sólo unas semanas que
consideraba tal medida innecesaria. Hoy la proponen porque otros lo hacen.

(P.) Mientras, se promueve el mensaje de que el sector público está hipertrofiado
(R.) Como ya le he dicho anteriormente, los datos muestran que, al revés, está muy poco desarrollado. Insisto en que el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. España está a la cola de la Europa Social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos (www.vnavarro.org). En realidad, el hecho de que el debate se centre en la reducción el déficit en lugar de una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos al estado es, en sí, el mejor indicador del poder de los grupos y clases dominantes en España y en Europa.

(P.) Por último, ¿qué le parece la propuesta que acaba de salir en la prensa de que se aprobará por Ley que el máximo déficit tolerable sea el 0.4% del PIB?
(R.) Como bien documenta David Lizoain en su web (lizoain.tumblr.com), y que yo he puesto en mi blog, ninguno de los mayores países de la Unión Europea ha tenido ese déficit en los últimos veinte años. Me parece de un dogmatismo que raya en lo irreal, que se exija este déficit que imposibilita cualquier política fiscal. Es el triunfo del dogma neoliberal que alcanza dimensiones totalmente irreales.

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


			

	


				
					


	

		
PRIORIDAD ABSOLUTA al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado
	

				

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Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional




Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC


No hace ni siquiera un mes Mariano Rajoy decía a los cuatro vientos que cuando ganase las elecciones “volverá el déficit cero” (es decir, que en ningún caso la administración pública podría gastar más de lo que ingresara). Antes, le había propuesto a Rodríguez Zapatero reformar la Constitución para introducir la obligación de alcanzarlo y el Presidente del Gobierno se rió de la propuesta en el debate sobre el Estado de la Nación de 2010: “Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis. Ésa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad”. El ahora candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba terció en el debate y también descalificó la propuesta de reforma constitucional diciendo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis” y en marzo de 2011, durante una sesión de control al Gobierno, Rubalcaba recalcó de que “no vamos a imponer por ley del Estado un techo de gasto a las comunidades autónomas, no lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución”.


Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución. *


Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.


Veamos qué es lo que ha ocurrido.


El Pacto que no es lo que decían que iba a ser


El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).


En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.


Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.


Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al “déficit estructural”, un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.


El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía). El acuerdo político que ampara la reforma lo define como “aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales”.


En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean “estructurales” (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos “anormales” que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.


Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4% ) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es “una política radicalmente aberrante para una economía avanzada”. En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe ((What is a “structural” deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.


Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.


Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.


El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo


Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da “prioridad absoluta” al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.


Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.


Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma. Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.


En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?


“Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (…)


Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático”.


La alternativa, Asamblea Constituyente


Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.


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* Anexo:   El artículo 135 de la Constitución Española quedará redactado como sigue: 


«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.


2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.


Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.


3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.


Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.


El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.


5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:


a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.


b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.


c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.


6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.


Disposición adicional única


1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.


2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.


3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.


Disposición final única


La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España».



			

	


				
					


	

		
LA IDEOLOGÍA LIBERAL, A LA CONSTITUCIÓN
	

				

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JOSÉ LUIS DE ZÁRRAGA

Sociólogo

Ilustración por Federico Yankelevich




Es la medida menos dura de las que podía haber tomado”, parece que dijo Zapatero cuando la anunció. Quizá la menos dura –a saber qué otras medidas le habrán pedido–, pero sin duda la más significativa.


La medida se presenta como “un mensaje claro a los mercados” y respondería a una exigencia de estos, “para calmarlos”. Es lo mismo que se ha dicho con cada medida antipopular, sin que de ellas se siguiese calma alguna, sino el fortalecimiento y la exacerbación de las exigencias de los mercados. A diferencia de las reformas laborales y los recortes en las prestaciones sociales, la introducción en las constituciones de una limitación futura de los déficits públicos carece de consecuencias económicas a corto y medio plazo, que es donde se mueven los mercados. Hasta dentro de ocho años no empezaría a obligar a los gobiernos y es imposible anticipar cuál será entonces la situación y, sobre todo, la correlación de fuerzas que harán que esa declaración se aplique, se modifique o se derogue.


La estabilidad presupuestaria es un principio general asumido por los países de la zona euro en el Pacto de Estabilidad de 1997, en el que se fijaba también un límite del 3% al déficit público. Ahora se reclama elevar a las constituciones ese principio, modificado y reiteradamente incumplido durante estos años, pero vigente hasta hoy. ¿Por qué esa exigencia y qué se pretende con ella?




La reforma constitucional es una decisión social del máximo rango que sitúa la cuestión en el terreno de los principios, por encima de las leyes y las políticas. Que en este momento preciso, en esta coyuntura de crisis, se pretenda elevar la limitación del déficit a ese rango es muy significativo.




Desde que la crisis ha entrado en su segunda fase, tras el rescate del sistema bancario, se enfrentan en política económica dos posiciones: una partidaria de reactivar la economía con inversiones públicas estratégicas, aunque ello implique asumir déficits presupuestarios, y otra partidaria de reducir el endeudamiento y recortar drásticamente el gasto público, aun a riesgo de provocar una larga recesión. La primera es defendida por economistas keynesianos y políticos progresistas; la segunda, por neoliberales y conservadores.


Esas posiciones se enmarcan en una polémica más general sobre la relación entre política y economía, el papel del Estado y la intervención pública en la economía. Para la ideología neoliberal, el Estado debe gastar lo mínimo indispensable para asegurar las condiciones de reproducción del sistema y no debe interferir en su dinámica porque este se autorregula.


El endeudamiento público sólo tiene sentido si el Estado ha de intervenir en la economía y mantener el nivel de los servicios a los ciudadanos. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del Estado del bienestar en las coyunturas en que su financiación ordinaria es insuficiente pueden requerir endeudamiento. Para los progresistas, es un instrumento legítimo, incluso esencial, de la política económica. Para los conservadores, es ilegítimo, porque rechazan la intervención del Estado en la economía y son siempre partidarios de recortar el gasto social si escasean los recursos.


La sostenibilidad fiscal es un requisito a largo plazo de la economía pública. Es una obviedad que, dentro de sus límites, ninguna sociedad, cualquiera que sea su sistema económico, puede indefinidamente consumir más de lo que produce. Tal cosa sólo es posible drenando los recursos de otras sociedades, lo que sólo logrará mientras ejerza un dominio imperial sobre ellas, como es el caso de Estados Unidos durante las últimas décadas. A largo plazo, los estados –cualquiera que sea su régimen político– no pueden gastar, en términos reales, más de lo que ingresan de su sociedad; para gastar más tendrán que ingresar más, sea porque la economía social se expanda, sea porque aumente la carga tributaria impuesta a los ciudadanos. Esto no excluye, sin embargo, los desequilibrios y el endeudamiento en el corto y medio plazo, en el que han de actuar las políticas económicas.




Pero no nos dejemos confundir. No se discute si el Estado debe equilibrar ingresos y gastos, si debe o no haber déficits y superávits en las cuentas públicas, en qué condiciones y qué ha de hacerse con ellos. Esta no es ya una discusión de política económica, que sólo tendría sentido en relación con la coyuntura y en la perspectiva del ciclo. Cuando una cuestión técnica como esta se eleva a la categoría de principio, se entra en el terreno de la ideología.




¿Qué significado tiene una declaración constitucional como la que se pide? No tiene un significado económico, ni siquiera en relación con los mercados de deuda pública. Tiene un significado ideológico fundamental: es una confesión de fe. Como al hereje ante la hoguera de la inquisición, se exige a gobiernos y países que abjuren de sus ídolos y reconozcan que el único dios es el mercado, que a él nos debemos y hemos de someter nuestra voluntad.


Con muchas de las medidas adoptadas en estos últimos años, los estados se han sometido a los mercados; lo que hay de nuevo en esta exigencia no son sus consecuencias prácticas –mucho más remotas e inconcretas que aquellas medidas–, sino que representa el acto de sometimiento mismo, la ceremonia de la sumisión. No se trata ya de forzar a los gobiernos a hacer una política neoliberal –que ya la hacen–, sino de que hagan confesión pública de neoliberalismo.


La crisis está siendo la oportunidad histórica para el afianzamiento de la ideología neoliberal. Reformar las Constituciones para introducir en ellas el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación del déficit público no es una medida de racionalidad económica, sino un acto político. Y no lo exigen los mercados, lo exigen quienes, como Merkel, representan hoy, en el ámbito político, la ideología y los intereses del capital financiero internacional.


Publicado en Diario Público

			

	


				
					


	

		
Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda:
	

				

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Un pacto que perjudica a España




Juan Torres López / Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC.


La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.


Los ingresos y gastos de un Estado


Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.


Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.


Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.


Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero estos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.


Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.


Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.


Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares, y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.


Cómo pagar el déficit


Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.


En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.


Las políticas de austeridad no funcionan


El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.


La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).


Se necesita más gasto público, pero más eficiente


En realidad, y aunque sea contraintuitivo, lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma, lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.


Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les de a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.


Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.


Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.


Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).


La recaudación de los ingresos


Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.


Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel para los mismos tienen que existir.


En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de shock.


Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.


Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica


Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.


Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.


Y en economía como la española que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado sino también para las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.


¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?


Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.


Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.


Obstáculos importantes


Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerzas muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.


En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el refortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores y en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.


Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro de que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.


Bibliografía complementaria:


En Octubre la editorial Aguilar publicará un libro titulado “¡Hay Alternativas!” en el que Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón explican de forma pedagógica las causas últimas de la crisis y las medidas necesarias para salir de una forma justa y social.


Debe tenerse en cuenta que la medida en este artículo analizada fue una recomendación incluida en el llamado Pacto por el Euro, que dio lugar a las movilizaciones del 19 de junio promovidas por la plataforma Democracia Real Ya y los sindicatos. Por eso es recomendable leer el artículo de Juan Torres y Alberto Garzón (19-J. Contra el Pacto del Euro. ¡Democracia real en Europa ya!) en el que criticaban con detalle los argumentos esgrimidos por los economistas neoliberales. De una forma más genérica merece la pena leer los artículos de Juan Torres titulados ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre el déficit y la deuda, de 2010, y Pacto de Estabilidad y Estado del Bienestar: una nota sobre su dudosa credibilidad, de 2005.


En lo que se refiere al comportamiento de los mercados financieros es interesante leer la descripción que hace Alberto Garzón en ¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera? y las propuestas que existen para solucionar el problema de deuda pública y desactivar el chantaje de los mercados financieros en ¿Por qué debemos reestructurar la deuda pública y cómo hacerlo?. De forma paralela el papel de la desigualdad en el crecimiento económico queda explicado en “La importancia económica de la desigualdad” que se suma al estudio de la “Evolución de los Salarios en España (1978-2011)“, donde se puede comprobar que la desigualdad es la causa principal de la crisis que padecemos. De forma más general la página personal del profesor Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org) contiene gran cantidad de artículos que analizan la situación actual y en particular la importancia clave de la desigualdad.


Dado que este debate no está solo limitado a España, y ni siquiera a Europa, conviene leer también los documentos académicos escritos sobre la situación de Estados Unidos. Por eso recomendamos leer el artículo de Robert Pollin “U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows“, el de James Crotty “The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix It?“ y otro de Robert Pollin “Fighting Austerity and Reclaiming a Future for State and Local Governments“.



			

	


				
					


	

		
¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera?
	

				

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Alberto Garzón Espinosa


De entre todos los conceptos que ahora pululan en todos los debates políticos, y que antes estaban prácticamente reservados para los debates técnicos entre economistas, hay uno de especial interés que conviene ayudar a clarificar: el de los mercados financieros. En efecto, hoy los mercados financieros están en todas partes (televisión, prensa, e incluso en los bares), pero en general todavía hay un amplio desconocimiento acerca de lo que son realmente y cómo funcionan. Por eso he decidido hacer unas breves anotaciones que puedan ayudar a resolver algunas dudas importantes.


¿Qué es un mercado?


En primer lugar conviene recordar que el término mercado hace referencia al espacio, físico o virtual, en el que se encuentran compradores y vendedores de algún bien o servicio. Es decir, existe mercado allí donde se intercambien productos entre dos partes, la que los compra y la que los vende, y por ende cualquier producto tiene su mercado.


Eso significa que si nosotros queremos vender nuestro viejo libro de economía neoclásica, porque ya no nos sirve, lo que tenemos que hacer es ir a un mercado donde podamos encontrar compradores para el mismo. Lógicamente no vamos a ir al banco a venderlo. Lo que hacemos es buscar un mercado de libros de segunda mano. Cuando vamos directamente a la librería de segunda mano lo que estamos haciendo es ir a un mercado, el de los libros de segunda mano, porque sabemos que esa librería actuará de intermediario. La librería se encarga de reunir a compradores y vendedores y tratar de ir realizando transacciones a cambio de una comisión. La librería te compra el libro a 5 euros y lo vende a 7 euros. Actúa como intermediario y como creador de mercado puesto que en sí misma la librería es el mercado. Puede haber muchas más librerías de ese tipo en la misma ciudad, e incluso librerías online, y al negocio completo lo llamamos en abstracto el “mercado de libros de segunda mano”.


La liquidez y el precio en un mercado


Cuanta más participación haya en un mercado mayor capacidad tendremos nosotros para poder comprar y vender nuestros bienes y servicios. Si resulta que hay pocos vendedores y pocos compradores de libros el mercado será lento e ineficiente. Si queremos vender nuestro manual de economía neoclásica y resulta que dentro de los pocos compradores potenciales de libros no hay ninguno al que le interese la economía no podremos realizar la venta. Eso significa que seguiremos esperando un comprador con nuestro libro en la mano. Se dice entonces que el mercado es poco líquido, es decir, que la capacidad de convertir los bienes en dinero constante y sonante es muy reducida. Si por el contrario hubiera muchos vendedores y muchos compradores sería mucho más sencillo encontrar otra persona que quisiera nuestro libro, por lo que quizás en muy poco tiempo obtendríamos el dinero.


Y de la relación entre el número de compradores y el número de vendedores surgen los precios. A partir de la siguiente regla: a mayor demanda, mayor precio (y mayor oferta, menor precio). Si, por ejemplo, vamos con nuestro libro de economía a una librería especializada en física es probable que no encontremos compradores y que el intermediario -sabedor de ello- no quiera comprarnos el libro o nos ofrezca por él un precio muy bajo, digamos de 1 euro. Si en cambio nos dirigimos a una librería especializada en economía entonces allí sí habrá muchos compradores y, por lo tanto, demanda. Si quisiéramos vender nuestro libro directamente a los compradores, éstos competirían entre sí por ofrecer el mejor precio con el que convencernos. Exactamente como en una subasta. Así que el intermediario -sabedor de ello también- nos ofrecerá por nuestro libro un precio mucho más alto, digamos de 5 euros.


Cada mercado tiene sus participantes


En el mercado de libros de segunda mano suelen participar únicamente individuos particulares que desean comprar y vender libros, pero no participan bancos, empresas o agentes económicos más grandes. Eso es porque cada mercado suele tener sus propios tipos de participantes.


El mercado inmobiliario, por ejemplo, hace referencia al espacio donde se encuentran compradores y vendedores de viviendas. Ahí ya no sólo encontramos a particulares sino que también encontramos en ambas partes (la del comprador y vendedor) a los bancos, a grandes empresas o incluso al Estado. Todos esos agentes negocian los precios con los que comprarán y venderán las viviendas.


Y esto es muy importante porque todos esos agentes que no son individuos, y debido a su poderío económico, pueden modificar el mercado con facilidad. Precisamente porque tienen la capacidad económica, ya que manejan grandes sumas de dinero, pueden comprar y vender de forma estratégica, buscando ser favorecidos en las transacciones.


Por ejemplo, los bancos actualmente tienen en España un gran stock de viviendas en venta pero que no consiguen vender. Pero en España también hay gente que quiere comprar viviendas. La clave está en que los precios de oferta y los precios de demanda no coinciden, es decir, que por lo que los compradores están dispuestos a pagar es mucho menor que por lo que los vendedores están dispuestos a vender. Si los bancos bajaran los precios de las viviendas entonces los compradores podrían estar de acuerdo. Los bancos, además, reducen artificialmente la oferta de viviendas al no poner en venta muchas de las viviendas que tienen y creando de esa forma una escasez aparente para mantener los precios altos.


Y esto es crucial. Cuando hay pocos participantes en el mercado (en una de las partes) o un participante es muy poderoso económicamente puede influir mucho en cómo evolucionan las transacciones. Digamos que puede influir en la oferta y en la demanda, y por lo tanto en los precios. Los tres o cuatro bancos más grandes pueden ponerse de acuerdo para no bajar los precios de las viviendas y mantenerse esperando que los compradores se atrevan a ofrecer más, o bien pueden también comprar masivamente casas para elevar artificialmente el precio (ya que sube la demanda).


El mercado de deuda pública


Todos los mercados a los que antes hemos hecho referencia son mercados de bienes físicos. Ahora vamos a adentrarnos en los mercados financieros, es decir, en aquellos en los que se negocian títulos que conllevan compromisos futuros de pago. El más conocido por su radiante actualidad es el mercado de deuda pública.


El mercado de deuda pública es el mercado donde se encuentran por una parte los países que necesitan financiación y, por otra, los inversores que están dispuestos a proporcionarles esa financiación. Ya sabemos que cuando un Estado tiene déficit (menores ingresos que gastos) necesita pedir prestado, y una de las formas para hacerlo es emitiendo títulos de deuda pública. Esos títulos que emite son comprados por inversores que lo que están haciendo en realidad es prestar al Estado ese dinero a cambio de que en un plazo de tiempo determinado el Estado les devuelva ese dinero junto con un porcentaje de intereses. Al porcentaje de intereses se le llama rentabilidad.


Como todos los Estados tienen necesidad de endeudarse el mercado de deuda pública está siempre muy activo, especialmente en tiempos de crisis. Hay mucha oferta (títulos de deuda pública de diferentes países) y mucha demanda (inversores que buscan rentabilidad segura, puesto que se supone que los títulos de deuda pública son los más seguros; si no paga el Estado es que la cosa está verdaderamente mal). Y en este mercado los participantes son fundamentalmente los grandes inversores financieros (banca y fondos de inversión gestionados por ellos), y no ya tanto los particulares (que en cualquier caso pueden participar).


Si nosotros somos el gestor de un fondo de inversión de un banco, es decir, una persona que tiene a su cargo una gran cantidad de dinero que quiere revalorizar, esto es, convertir en más dinero, tendremos que valorar si nos conviene invertir en el mercado de deuda pública. Y si decidimos que sí debemos también decidir qué títulos concretos de deuda pública comprar. Por eso vamos al mercado de deuda pública y vemos qué ofrecen los diferentes países.


El sistema de venta de títulos es por subastas, aunque hay varios tipos de subastas así como también hay varios tipos de títulos y vencimientos (plazos de devolución), así que cada país ofrece un precio por sus títulos de deuda. Los inversores buscan siempre los títulos más baratos porque son los que ofrecen más rentabilidad. Se sigue el siguiente razonamiento: menor precio refleja más inseguridad y mayor rentabilidad. Si el precio es bajo significa que hay pocos compradores y eso significa que la gente no se fía suficiente de que se les devuelva el dinero, por lo que esos compradores exigen una rentabilidad más alta. Si un país, por ejemplo España, ofrece títulos y en la subasta van pocos compradores entonces tendrá que bajar el precio de sus títulos y, por ende, subirá la rentabilidad de los mismos, es decir, pagará más en concepto de intereses por cada título que venda a los inversores.


En realidad cada país está haciendo sus subastas y llamando de esa forma a los inversores. Y los resultados de esas subastas son diferentes según los países, diferencias de las cuales nacen conceptos como el de “prima de riesgo” (que cuantifica la diferencia de rentabilidad ofrecida por los países respecto de Alemania, que es el país con una economía más sólida). Se supone entonces que los precios de los títulos reflejan los fundamentos de la economía o, más concretamente, la capacidad que cada país tiene para devolver el dinero. Pero en realidad no sólo depende de eso.




La especulación en el mercado de deuda pública


Sabemos entonces que por un lado tenemos a la oferta (países) y por otro lado a la demanda (los inversores), que se reúnen en el mercado de deuda pública para negociar. Unos buscan financiación y otros la ofrecen a cambio de un porcentaje en intereses y el compromiso de devolución del dinero prestado. Y como en todo mercado también se puede influir en él para crear unas mejores condiciones que te favorezcan.


Supongamos ahora que soy un inversor. Concretamente soy Jorge Soros, gestor de un fondo de inversión multimillonario. Me levanto por la mañana y miro en las pantallas de mi oficina cómo están los indicadores fundamentales de la economía (crecimiento, inflación, etc.), las noticias de última hora (las declaraciones de los gobiernos, por ejemplo), las subastas de deuda pública programadas para hoy y también los mercados secundarios de deuda pública (que son los lugares donde se compran y venden los títulos de deuda pública por segunda y más veces; como los libros de segunda mano pero en títulos). Entonces planeo mi estrategia.


Como gestiono un fondo multimillonario tengo capacidad para mover el mercado, es decir, mi oferta de compra o venta es tan cuantiosa que es prácticamente la totalidad del mercado. Si decido comprar títulos de deuda pública de España eso incrementará la demanda y eso mandará una señal al resto de inversores: la gente está comprando títulos de España, lo que quiere decir que se fían de ellos y por lo tanto son más seguros. En consecuencia el precio subirá y la rentabilidad caerá. España podrá conseguir dinero más barato (pagará menos en concepto de intereses). Pero claro, ¿para qué yo, Jorge Soros, voy a querer comprar títulos que me den poca rentabilidad? Tengo mejores planes, concretamente imitar la estrategia que un tal George Soros hizo en el Reino Unido en los noventa y que hizo a un país entero ceder ante él (ver aquí).


Lo que hago como inversor es lo siguiente. Voy al mercado secundario de deuda pública y pido prestados muchos bonos, una gran cantidad. Cuando tengo todos esos bonos voy preparando el terreno para el ataque, lo que consigo gracias a la publicación de rumores y exageraciones (“España va mal”, “sus cuentas no salen”, “los planes no funcionan”, “se necesitan más recortes”, etc.) y cuando los tambores de guerra han sonado suficiente… en ese momento vendo masivamente todos los títulos que me han prestado a un precio de 1.000 euros el título. Entonces el resto de inversores que están también mirando sus pantallas ven lo siguiente: noticias de desconfianza en España y un número bestial de venta de títulos de deuda pública. Esos inversores razonan pensando que los inversores están vendiendo títulos de deuda pública porque no se fían, y entonces todos hacen lo mismo. Se produce una estampida con muchas decisiones de venta que hacen bajar los precios. Y cuando los precios han bajado mucho aparezco yo otra vez, Jorge Soros, y los compro masivamente a 200 euros el título.


Consecuencias de todo el proceso: yo vendí los títulos a 1.000 euros y los compré a 200 euros. Como eran prestados también tendré que pagar un poco en concepto de intereses a la hora de devolverlo, pero seguiré ganando. Y la otra consecuencia es que España está bajo ataque permanente y en la próxima subasta que haga los inversores le exigirán mucha mayor rentabilidad porque en teoría el mercado (secundario de títulos) está reflejando que no garantiza bien la devolución de los títulos, es decir, que su política económica debe cambiar para asegurar más confianza. Es entonces cuando llegan los planes de ajuste “impuestos” por los mercados financieros y el ya conocido “chantaje de los mercados“.




Los agentes financieros y las operaciones especulativas


Como nuestro yo del ejemplo, Jorge Soros, está repleto el sistema financiero. Y no es para menos puesto que la única lógica del capital financiero (ese dinero que busca transformarse en más dinero) es ni más ni menos que buscar las oportunidades de mayor rentabilidad y, si es posible, crearlas. Los especuladores son en realidad los propios inversores, no son una figura distinta, ya que su lógica es lo único que cuenta. Y como tales operan como los tiburones: huelen sangre (por ejemplo cualquier noticia real de una economía, tal como las trampas contables de Grecia) y atacan sin piedad extorsionando hasta el límite.


No hay inversores buenos ni inversores malos: son todos inversores operando con sus propias reglas, por supuesto inmorales y antisociales (pues sólo responden ante la rentabilidad). Es un capitalismo de hipercompetencia (leer esto para ver ejemplos y entender la lógica) y sólo los más “listos” ganan. Los mercados financieros no son entes abstractos como nos hacen creer, y tampoco son entidades divinas que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Son simples jugadores de casino aprovechando su inmenso poder para hacer y deshacer la economía mundial, sin atender a las consecuencias.


Durante más de treinta años de hegemonía del neoliberalismo estos agentes (bancos, fondos de inversión, grandes empresas, etc.) han creado las condiciones para explotar mucho más este negocio. Han desregulado los mercados, permitiendo su expansión a todos los niveles y eliminando casi todas las normas que limitaban diferentes prácticas, y han creado productos financieros complejos con los que seguir jugando más y más para seguir respondiendo al mismo objetivo. El ejemplo de Jorge Soros es uno más entre tantas otras formas de manipular un mercado cualquiera. Y las conspiraciones no hacen falta cuando todos los inversores se aprovechan de esas situaciones en las que quien paga al final es el Estado.


Por todo esto, y por mucho más, estamos completamente legitimados cuando decimos que en este mundo, nuestro mundo de hoy y no el del siglo XIX, la clase dominante que se parapeta tras los bancos y fondos de inversión, está explotando y desplumando a las clases populares. Y como dijo el multimillonario Warren Buffet “la lucha de clases sigue existiendo, pero es la mía la que va ganando”. Para cambiar ese hecho creo que necesitamos empezar a comprender la esencia de los fenómenos que están detrás de cada paso de regresión social.

			

	


				
					


	

		
Algunos conceptos sobre la DEUDA PÚBLICA
	

				

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Publicado en el blog "martaregueiro"




Estos últimos meses es habitual que en los informativos, la tertulias de radio e incluso en las conversaciones con los amigos salga el tema de la deuda pública, la prima de riesgo, etc. Hoy quiero recoger algunos datos muy básicos para comprender el lenguaje que se utiliza y que podamos seguir mejor la actualidad.




Deuda Pública: constituyen todos aquellos capitales tomados a préstamo por cualquiera de la administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico permite hacerlo (Estado, Comunidades Autónomas, etc.). Vamos a centrarnos en las letras, bonos y obligaciones del Estado.


Como a los particulares y a las empresas, al Estado le puede costar llegar a final de mes (problemas de tesorería), se ha podido recaudar menos de lo previsto o gastar más de lo esperado; o puede necesitar dinero para financiar una infraestructura; o incluso puede querer retirar dinero de la circulación para controlar la inflación. Una solución puede ser emitir deuda pública. Estamos ante una fuente de ingresos para el Estado a corto plazo, y de gastos en un futuro. Ya que en las modalidades habituales transcurrido el plazo se debe devolver el capital más el interés acordado en la emisión.


Letras del Tesoro, es la deuda pública que se emite a corto plazo, menos de un año.

 Bonos del Estado, la deuda a medio plazo, hasta 5 años.

Obligaciones del Estado, la deuda a largo plazo, más de 5 años.


Otras clasificaciones son las que diferencian entre deuda interna o externa, en función de para donde se emita; y deuda singular o general, en función si la oferta es pública o se selecciona a unos pocos acreedores.


Prima de Riesgo o diferencial: es un índice relativo, ya que depende de la diferencia entre el bono que comparemos con el considerado como más seguro. En materia de deuda se suele utilizar la referencia del bono alemán a diez años, la diferencia con su tipo de interés nos da como resultado la prima de riesgo. Si el bono alemán está pagando el 3% y el español el 7%, la diferencia es del 4% o 400 puntos.


Deuda como porcentaje del PIB: es un índice de la capacidad de maniobra de un Estado a la hora de financiarse. En el caso español el porcentaje de deuda en relación al PIB no es excesivamente alto, y si comparamos con los países de nuestro entorno todavía tenemos capacidad de emitir mucha deuda pública. En los años de crecimiento económico se consiguió llegar al 36.1% hoy estamos cerca del 70%.

En este enlace podéis ver una comparativa con Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España.


 



			

	


				
					


	

		
CRISIS V: Terrorismo financiero
	

				

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¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera?






Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC.




De entre todos los conceptos que ahora pululan en todos los debates políticos, y que antes estaban prácticamente reservados para los debates técnicos entre economistas, hay uno de especial interés que conviene ayudar a clarificar: el de los mercados financieros. En efecto, hoy los mercados financieros están en todas partes (televisión, prensa, e incluso en los bares), pero en general todavía hay un amplio desconocimiento acerca de lo que son realmente y cómo funcionan. Por eso he decidido hacer unas breves anotaciones que puedan ayudar a resolver algunas dudas importantes.


¿Qué es un mercado?


En primer lugar conviene recordar que el término mercado hace referencia al espacio, físico o virtual, en el que se encuentran compradores y vendedores de algún bien o servicio. Es decir, existe mercado allí donde se intercambien productos entre dos partes, la que los compra y la que los vende, y por ende cualquier producto tiene su mercado.


Eso significa que si nosotros queremos vender nuestro viejo libro de economía neoclásica, porque ya no nos sirve, lo que tenemos que hacer es ir a un mercado donde podamos encontrar compradores para el mismo. Lógicamente no vamos a ir al banco a venderlo. Lo que hacemos es buscar un mercado de libros de segunda mano. Cuando vamos directamente a la librería de segunda mano lo que estamos haciendo es ir a un mercado, el de los libros de segunda mano, porque sabemos que esa librería actuará de intermediario. La librería se encarga de reunir a compradores y vendedores y tratar de ir realizando transacciones a cambio de una comisión. La librería te compra el libro a 5 euros y lo vende a 7 euros. Actúa como intermediario y como creador de mercado puesto que en sí misma la librería es el mercado. Puede haber muchas más librerías de ese tipo en la misma ciudad, e incluso librerías online, y al negocio completo lo llamamos en abstracto el “mercado de libros de segunda mano”.


La liquidez y el precio en un mercado


Cuanta más participación haya en un mercado mayor capacidad tendremos nosotros para poder comprar y vender nuestros bienes y servicios. Si resulta que hay pocos vendedores y pocos compradores de libros el mercado será lento e ineficiente. Si queremos vender nuestro manual de economía neoclásica y resulta que dentro de los pocos compradores potenciales de libros no hay ninguno al que le interese la economía no podremos realizar la venta. Eso significa que seguiremos esperando un comprador con nuestro libro en la mano. Se dice entonces que el mercado es poco líquido, es decir, que la capacidad de convertir los bienes en dinero constante y sonante es muy reducida. Si por el contrario hubiera muchos vendedores y muchos compradores sería mucho más sencillo encontrar otra persona que quisiera nuestro libro, por lo que quizás en muy poco tiempo obtendríamos el dinero.


Y de la relación entre el número de compradores y el número de vendedores surgen los precios. A partir de la siguiente regla: a mayor demanda, mayor precio (y mayor oferta, menor precio). Si, por ejemplo, vamos con nuestro libro de economía a una librería especializada en física es probable que no encontremos compradores y que el intermediario -sabedor de ello- no quiera comprarnos el libro o nos ofrezca por él un precio muy bajo, digamos de 1 euro. Si en cambio nos dirigimos a una librería especializada en economía entonces allí sí habrá muchos compradores y, por lo tanto, demanda. Si quisiéramos vender nuestro libro directamente a los compradores, éstos competirían entre sí por ofrecer el mejor precio con el que convencernos. Exactamente como en una subasta. Así que el intermediario -sabedor de ello también- nos ofrecerá por nuestro libro un precio mucho más alto, digamos de 5 euros.


Cada mercado tiene sus participantes


En el mercado de libros de segunda mano suelen participar únicamente individuos particulares que desean comprar y vender libros, pero no participan bancos, empresas o agentes económicos más grandes. Eso es porque cada mercado suele tener sus propios tipos de participantes.


El mercado inmobiliario, por ejemplo, hace referencia al espacio donde se encuentran compradores y vendedores de viviendas. Ahí ya no sólo encontramos a particulares sino que también encontramos en ambas partes (la del comprador y vendedor) a los bancos, a grandes empresas o incluso al Estado. Todos esos agentes negocian los precios con los que comprarán y venderán las viviendas.


Y esto es muy importante porque todos esos agentes que no son individuos, y debido a su poderío económico, pueden modificar el mercado con facilidad. Precisamente porque tienen la capacidad económica, ya que manejan grandes sumas de dinero, pueden comprar y vender de forma estratégica, buscando ser favorecidos en las transacciones.


Por ejemplo, los bancos actualmente tienen en España un gran stock de viviendas en venta pero que no consiguen vender. Pero en España también hay gente que quiere comprar viviendas. La clave está en que los precios de oferta y los precios de demanda no coinciden, es decir, que por lo que los compradores están dispuestos a pagar es mucho menor que por lo que los vendedores están dispuestos a vender. Si los bancos bajaran los precios de las viviendas entonces los compradores podrían estar de acuerdo. Los bancos, además, reducen artificialmente la oferta de viviendas al no poner en venta muchas de las viviendas que tienen y creando de esa forma una escasez aparente para mantener los precios altos.


Y esto es crucial. Cuando hay pocos participantes en el mercado (en una de las partes) o un participante es muy poderoso económicamente puede influir mucho en cómo evolucionan las transacciones. Digamos que puede influir en la oferta y en la demanda, y por lo tanto en los precios. Los tres o cuatro bancos más grandes pueden ponerse de acuerdo para no bajar los precios de las viviendas y mantenerse esperando que los compradores se atrevan a ofrecer más, o bien pueden también comprar masivamente casas para elevar artificialmente el precio (ya que sube la demanda).


El mercado de deuda pública


Todos los mercados a los que antes hemos hecho referencia son mercados de bienes físicos. Ahora vamos a adentrarnos en los mercados financieros, es decir, en aquellos en los que se negocian títulos que conllevan compromisos futuros de pago. El más conocido por su radiante actualidad es el mercado de deuda pública.


El mercado de deuda pública es el mercado donde se encuentran por una parte los países que necesitan financiación y, por otra, los inversores que están dispuestos a proporcionarles esa financiación. Ya sabemos que cuando un Estado tiene déficit (menores ingresos que gastos) necesita pedir prestado, y una de las formas para hacerlo es emitiendo títulos de deuda pública. Esos títulos que emite son comprados por inversores que lo que están haciendo en realidad es prestar al Estado ese dinero a cambio de que en un plazo de tiempo determinado el Estado les devuelva ese dinero junto con un porcentaje de intereses. Al porcentaje de intereses se le llama rentabilidad.


Como todos los Estados tienen necesidad de endeudarse el mercado de deuda pública está siempre muy activo, especialmente en tiempos de crisis. Hay mucha oferta (títulos de deuda pública de diferentes países) y mucha demanda (inversores que buscan rentabilidad segura, puesto que se supone que los títulos de deuda pública son los más seguros; si no paga el Estado es que la cosa está verdaderamente mal). Y en este mercado los participantes son fundamentalmente los grandes inversores financieros (banca y fondos de inversión gestionados por ellos), y no ya tanto los particulares (que en cualquier caso pueden participar).


Si nosotros somos el gestor de un fondo de inversión de un banco, es decir, una persona que tiene a su cargo una gran cantidad de dinero que quiere revalorizar, esto es, convertir en más dinero, tendremos que valorar si nos conviene invertir en el mercado de deuda pública. Y si decidimos que sí debemos también decidir qué títulos concretos de deuda pública comprar. Por eso vamos al mercado de deuda pública y vemos qué ofrecen los diferentes países.


El sistema de venta de títulos es por subastas, aunque hay varios tipos de subastas así como también hay varios tipos de títulos y vencimientos (plazos de devolución), así que cada país ofrece un precio por sus títulos de deuda. Los inversores buscan siempre los títulos más baratos porque son los que ofrecen más rentabilidad. Se sigue el siguiente razonamiento: menor precio refleja más inseguridad y mayor rentabilidad. Si el precio es bajo significa que hay pocos compradores y eso significa que la gente no se fía suficiente de que se les devuelva el dinero, por lo que esos compradores exigen una rentabilidad más alta. Si un país, por ejemplo España, ofrece títulos y en la subasta van pocos compradores entonces tendrá que bajar el precio de sus títulos y, por ende, subirá la rentabilidad de los mismos, es decir, pagará más en concepto de intereses por cada título que venda a los inversores.


En realidad cada país está haciendo sus subastas y llamando de esa forma a los inversores. Y los resultados de esas subastas son diferentes según los países, diferencias de las cuales nacen conceptos como el de “prima de riesgo” (que cuantifica la diferencia de rentabilidad ofrecida por los países respecto de Alemania, que es el país con una economía más sólida). Se supone entonces que los precios de los títulos reflejan los fundamentos de la economía o, más concretamente, la capacidad que cada país tiene para devolver el dinero. Pero en realidad no sólo depende de eso.


La especulación en el mercado de deuda pública


Sabemos entonces que por un lado tenemos a la oferta (países) y por otro lado a la demanda (los inversores), que se reúnen en el mercado de deuda pública para negociar. Unos buscan financiación y otros la ofrecen a cambio de un porcentaje en intereses y el compromiso de devolución del dinero prestado. Y como en todo mercado también se puede influir en él para crear unas mejores condiciones que te favorezcan.


Supongamos ahora que soy un inversor. Concretamente soy Jorge Soros, gestor de un fondo de inversión multimillonario. Me levanto por la mañana y miro en las pantallas de mi oficina cómo están los indicadores fundamentales de la economía (crecimiento, inflación, etc.), las noticias de última hora (las declaraciones de los gobiernos, por ejemplo), las subastas de deuda pública programadas para hoy y también los mercados secundarios de deuda pública (que son los lugares donde se compran y venden los títulos de deuda pública por segunda y más veces; como los libros de segunda mano pero en títulos). Entonces planeo mi estrategia.


Como gestiono un fondo multimillonario tengo capacidad para mover el mercado, es decir, mi oferta de compra o venta es tan cuantiosa que es prácticamente la totalidad del mercado. Si decido comprar títulos de deuda pública de España eso incrementará la demanda y eso mandará una señal al resto de inversores: la gente está comprando títulos de España, lo que quiere decir que se fían de ellos y por lo tanto son más seguros. En consecuencia el precio subirá y la rentabilidad caerá. España podrá conseguir dinero más barato (pagará menos en concepto de intereses). Pero claro, ¿para qué yo, Jorge Soros, voy a querer comprar títulos que me den poca rentabilidad? Tengo mejores planes, concretamente imitar la estrategia que un tal George Soros hizo en el Reino Unido en los noventa y que hizo a un país entero ceder ante él (ver aquí).




Lo que hago como inversor es lo siguiente. Voy al mercado secundario de deuda pública y pido prestados muchos bonos, una gran cantidad. Cuando tengo todos esos bonos voy preparando el terreno para el ataque, lo que consigo gracias a la publicación de rumores y exageraciones (“España va mal”, “sus cuentas no salen”, “los planes no funcionan”, “se necesitan más recortes”, etc.) y cuando los tambores de guerra han sonado suficiente… en ese momento vendo masivamente todos los títulos que me han prestado a un precio de 1.000 euros el título. Entonces el resto de inversores que están también mirando sus pantallas ven lo siguiente: noticias de desconfianza en España y un número bestial de venta de títulos de deuda pública. Esos inversores razonan pensando que los inversores están vendiendo títulos de deuda pública porque no se fían, y entonces todos hacen lo mismo. Se produce una estampida con muchas decisiones de venta que hacen bajar los precios. Y cuando los precios han bajado mucho aparezco yo otra vez, Jorge Soros, y los compro masivamente a 200 euros el título.




Consecuencias de todo el proceso: yo vendí los títulos a 1.000 euros y los compré a 200 euros. Como eran prestados también tendré que pagar un poco en concepto de intereses a la hora de devolverlo, pero seguiré ganando. Y la otra consecuencia es que España está bajo ataque permanente y en la próxima subasta que haga los inversores le exigirán mucha mayor rentabilidad porque en teoría el mercado (secundario de títulos) está reflejando que no garantiza bien la devolución de los títulos, es decir, que su política económica debe cambiar para asegurar más confianza. Es entonces cuando llegan los planes de ajuste “impuestos” por los mercados financieros y el ya conocido “chantaje de los mercados“.


Los agentes financieros y las operaciones especulativas


Como nuestro yo del ejemplo, Jorge Soros, está repleto el sistema financiero. Y no es para menos puesto que la única lógica del capital financiero (ese dinero que busca transformarse en más dinero) es ni más ni menos que buscar las oportunidades de mayor rentabilidad y, si es posible, crearlas. Los especuladores son en realidad los propios inversores, no son una figura distinta, ya que su lógica es lo único que cuenta. Y como tales operan como los tiburones: huelen sangre (por ejemplo cualquier noticia real de una economía, tal como las trampas contables de Grecia) y atacan sin piedad extorsionando hasta el límite.




No hay inversores buenos ni inversores malos: son todos inversores operando con sus propias reglas, por supuesto inmorales y antisociales (pues sólo responden ante la rentabilidad). Es un capitalismo de hipercompetencia (leer esto para ver ejemplos y entender la lógica) y sólo los más “listos” ganan. Los mercados financieros no son entes abstractos como nos hacen creer, y tampoco son entidades divinas que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Son simples jugadores de casino aprovechando su inmenso poder para hacer y deshacer la economía mundial, sin atender a las consecuencias.




Durante más de treinta años de hegemonía del neoliberalismo estos agentes (bancos, fondos de inversión, grandes empresas, etc.) han creado las condiciones para explotar mucho más este negocio. Han desregulado los mercados, permitiendo su expansión a todos los niveles y eliminando casi todas las normas que limitaban diferentes prácticas, y han creado productos financieros complejos con los que seguir jugando más y más para seguir respondiendo al mismo objetivo. El ejemplo de Jorge Soros es uno más entre tantas otras formas de manipular un mercado cualquiera. Y las conspiraciones no hacen falta cuando todos los inversores se aprovechan de esas situaciones en las que quien paga al final es el Estado.


Por todo esto, y por mucho más, estamos completamente legitimados cuando decimos que en este mundo, nuestro mundo de hoy y no el del siglo XIX, la clase dominante que se parapeta tras los bancos y fondos de inversión, está explotando y desplumando a las clases populares. Y como dijo el multimillonario Warren Buffet “la lucha de clases sigue existiendo, pero es la mía la que va ganando”. Para cambiar ese hecho creo que necesitamos empezar a comprender la esencia de los fenómenos que están detrás de cada paso de regresión social.


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Intervención de Alberto Garzón en «59 segundos»:





			

	


				
					


	

		
CRISIS I:  De aquellos polvos…
	

				

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«Las estafas cotidianas que conmocionan nuestras vidas. 


Privatizaciones, corrupción,invisibilidad de los cuidados y economía sumergida»




Àngels Martínez i Castells*
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LA LÓGICA DE LAS PRIVATIZACIONES


Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades y toda la población disponga de los bienes y los servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos. Bueno, ya me perdonarán el mecanicismo, pero eso era más o menos así —por lo menos en Europa— hasta que se derrumbaron todas las murallas de contención de los capitales industriales y financieros y comenzó la gran carrera privatizadora. Por lo que a las empresas públicas se refiere, seguimos oyendo la versión dominante (les ahorro las de otras escuelas económicas) de que lo privado es más eficiente que lo público. A pesar de que Stiglitz y otros denuncian este engaño como una delas grandes falacias de nuestro tiempo se repite machaconamente como argumento indiscutible con el fin de que los capitales privados dispongan de nuevas bandas de expansión a costa de lo que es de la ciudadanía, pagado con los impuestos dela ciudadanía. De hecho, a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal. A la avidez de empresarios privados se une la visión miope y poco democrática de los políticos echando mano de lo público como si les perteneciera en exclusiva para servir intereses departe y conseguir ingresos a corto plazo (ingresos que muchas veces se convierten en subvenciones millonarias, a fondo perdido, para las mismas empresas privadas que difunden el embuste de la poca eficiencia de las empresas públicas). Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de disimular la piratería.


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DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL DE BRUSELAS


Las privatizaciones pasaron a ser consigna política de primer orden con el Consenso de Washington (1990). Grandes poderes reunidos en cónclave: Banco Mundial, FMI, políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal y los think tanks. Como primer objetivo, pensar políticas para mantener abiertas las venas de América Latina. Su equivalente para Europa se denominó Consenso de Bruselas. ¿Qué implicó?: recorte del gasto público, reformas tributarias (en la línea de que los ricos paguen menos impuestos) y limitación del déficit. ¿Y en qué se tradujo? Junto con otros factores, con la llegada de la crisis, en las altas tasas de paro en Europa (superiores al 10 por ciento). En España ha sido peor: la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 porciento y del 40 por ciento para la población de menos de 25 años. Un hito destacado en todo el proceso desregulador lo protagonizó Bill Clinton. En 1999 decide abolir definitivamente la Glass-Steagall Act de Roosevelt que desde 1933 separaba la banca comercial de la de inversión e impedía que el capital financiero creciera hasta la hipertrofia. Con su desaparición se abre una distancia cada vez mayor entre la economía financiera y la real. Desde finales de la década de 1970 la distribución de la renta —entre las del trabajo y las del capital— se inclina cada vez más a favor de los beneficios y afecta a lo que Keynes llamó«demanda solvente», es decir, la posibilidad de que se venda (y se cobre) todo lo que se produce. Desde la década de 1990 los salarios han disminuido su participación en la distribución de la renta a costa de los beneficios. Las caídas son vertiginosas en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En concreto en este país han perdido diez puntos, según datos de la Comisión Europea, Anexo Estadístico de la Economía Europea, primavera de 2010.


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EL MUNDO EN VENTA. LA RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO:  PRIVATIZACIONES Y PIRATERÍA 


Me parece necesario insistir en los antecedentes más vergonzantes de la oleada privatizadora, comenzando con el Chile pinochetista, la gran probeta experimental de las políticas de la Escuela de Chicago. Según un informe de la Comisión Investi-gadora de la Cámara de Diputados chilena llegó a significar para el país una pérdida de 6.000 millones de dólares. Fueron vendidos a manos privadas 15.888 inmuebles de Bienes Nacionales,se reprivatizó el 80 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria y 725 empresas públicas pasaron a ser controladas, a precios simbólicos, por grupos económicos creados y consolidados durante la dictadura pinochetista, afortunados amigos del régimen. Si dedico estos párrafos al proceso chileno es porque creo que reúne, de manera descarnada, todos los elementos de la teoría del shock que en otras situaciones se han conseguido enmascarar al encontrar justificaciones más amplias y sofisticadas. En primer lugar la privatización surge de una violencia extrema previa, la del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y de tantas y tantas personas que lucharon por la defensa de la democracia constitucional chilena. En segundo lugar implica la tergiversación de la ley en beneficio de unos pocos, la corrupción aceptada, la creación de una clase social que vive dela sumisión de la política a sus intereses particulares. Algo parecido sucede en otros países; por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas públicas soviéticas ha surgido la actual mafia dirigente del Estado ruso con las enormes desigualdades de renta y riqueza que asolan el país. Tampoco fue menor la violencia moral y real que supusieron las progresivas privatizaciones en Portugal que acabaron con el proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974. Una delas más dolorosas fue la que arrasó la Reforma Agraria portuguesa, con la propiedad colectiva de tierras abandonadas por los latifundistas, y que habían empezado a dar trabajo y alimento a hombres y mujeres del Alentejo y el Ribatejo. En Reino Unido fue Margaret Thatcher quien consiguió que las empresas públicas que representaban en 1979 el 8 por ciento del empleo, el 10 por ciento del PIB y el 16 por ciento de la inversión bruta pasaran en 1992, al final de su tercer mandato, a constituir el 3 y el 5 por ciento de los respectivos referentes. British Petroleum, British Telecom, British Airways, British Leyland-Rover, que significaban la principal industria de energía, el teléfono, las líneas aéreas y una importante empresa pública del automóvil, llegaron —en distintas modalidades— a manos privadas. La cuarta administración tory (1992-1997) vendió también el carbón y los ferrocarriles. Joaquim Vergés (2009) calcula los ingresos por privatizaciones en unos 60.000 millones de libras. A principios de 2006 sólo quedaban por privatizar los servicios de correos, el metro londinense y la BNFL, la empresa encargada del tratamiento de uranio y el reprocesamiento de los residuos nucleares. Los laboristas siguieron la senda privatizadora de los conservadores y sólo después de dos graves accidentes ferroviarios atribuidos al mal mantenimiento de la red la empresa gestora, Railtrack, pasó de nuevo a control público. Diferente fue el comportamiento del Partido Socialista en Francia. Las privatizaciones no comenzaron hasta la era post Mitterrand y no incluyeron los monopolios públicos (gas y electricidad, transporte y teléfonos). En Alemania fue la coalición democristiana-liberal de 1983 (bajo el liderazgo de Helmut Kohl) la que comenzó las privatizaciones: sector eléctrico y químico, gas, aluminio, transporte, la compañía aérea Lufthansa y dos bancos públicos (el DBK y el DSL). También canceló la participación federal en Volkswagen y Deutsche Telekom (con reforma constitucional incluida). Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo. Vergés nos explica que se extendieron por Italia, Irlanda, Bélgica, Grecia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; todos ellos, países de la OCDE. Y tampoco es-caparon Turquía, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Zambia,Uganda, Israel. Los monopolios ahora privados se concentran, se alían internacionalmente, imponen sus precios y condenan ala precariedad pueblos y zonas geográficas enteras. Su acción devastadora explica también las revueltas del norte de África y del Medio Oriente.


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EL PROCESO PRIVATIZADOR EN ESPAÑA 


El disparo de salida lo dio en su momento, hace más de 25 años,el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, anunciando la posibilidad de sacar a bolsa algunas empresas públicas demostradamente rentables ¿cómo si no las iba a comprar nadie? Sin embargo, fue el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, quien inició en 1985 la oleada privatizadora: un 70 por ciento de Textil Tarazona a En-trecanales, un porcentaje similar de Secoinsa a Fujitsu, el 98,8 por ciento de SKF España de rodamientos a la SKF sueca y  Viajes Marsans (que acabaría más tarde en las funestas manos del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán) a Trapsatur. Al año siguiente se vendió el 100 por ciento de Seat a la alemana Volkswagen y, en 1989, el 80 por ciento de la gran empresa metalúrgica catalana la Maquinista Terrestre y Marítima a la empresa anglofrancesa Gec-Alsthom. No voy a seguir en detalle todo el proceso de las privatizaciones en España, pero sí quiero destacar que en 1985 empezó un descalabro de fondo que se convirtió en tsunami en la década de 1990 con los gobiernos del PP. Según diversas estimaciones, se han privatizado en España unas 120 compañías con unos ingresos aproximados para el erario público de 45.000 millones de euros y sin que hayan estimaciones conocidas, en cambio, de lo que hemos perdido colectivamente en el camino. Los nombres que más suenan son los de los servicios esenciales que mantienen altos los niveles de precios y beneficios (ahora privados, claro), como los de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia (en esta última el Gobierno mantiene una participación de poco más del 5 por ciento). Pero también en España las privatizaciones crearon su casta empresarial. De manera destacada, el PP consiguió cumplir los requisitos de entrada en el Sistema Monetario Europeo y rodear al que era entonces presidente del Gobierno de lo que Fabián Estapé no dudó en llamar «capitalismo de compañeros de pupitre». Un ejemplo de la inversión del poder que han operado las privatizaciones en España nos lo brindó un rincón maravilloso de la Costa Brava en marzo del 2010, cuando más de 220.000 abonados se quedaron sin luz y sin telefonía móvil. Endesa se negó a dar explicaciones. A fin de cuentas las compañías eléctricas privatizadas siguen siendo un oligopolio ¡y mandan!, ¡Vaya si mandan! Al tercer día se permitían no atender ninguna de las veinte llamadas que hizo la televisión pública para poder informar a la ciudadanía. Pero es más: el entonces president Montilla tuvo que personarse en sus instalaciones (que no al revés) para informarse e instarles a proceder a las reparaciones con la máxima urgencia. Y a pesar de ello las privatizaciones siguen: las últimas propuestas con gobierno del PSOE han sido las del 49 por ciento de AENA y el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Las cajas de ahorros se convierten en bancos privados y la privatización de los servicios básicos y del bienestar avanza con mil y un disfraces con la piratería del agua, de los servicios de educación o del sector de sanitario.


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LA OFENSIVA INTERNACIONAL DE LA PRIVATIZACIÓN LLEGA AL ESTADO DEL BIENESTAR 




No siempre ha sido lineal ni placentero el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero cumplían su función mínimamente compensadora de desequilibrios sociales… hasta el tsunami privatizador, las desregulaciones aceleradas, la ofensiva neoliberal de la actual crisis económica y la privatización que alcanza la enseñanza y la sanidad. Ya se escatiman los vasos de leche en las escuelas de primaria en tanto que la enseñanza superior es un bien al alcance de los estudiantes más ricos o un crédito de por vida para los más pobres. El sueño socialdemócrata ha muerto y el capitalismo arrogante toma por bandera la falta de equidad, la explotación y las desigualdades: inicia un retorno al futuro que sólo conduce a la barbarie. En 1999 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios dela OMC impuso importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, de servicios municipales, saneamiento y gestión de residuos, y los obligó a menores regulaciones. Si un Estado no cumple, la OMC podría expulsar al Estado rebelde condenándolo al aislamiento económico. Y es lógico desde la perspectiva del capital: el sector del agua genera unos ingresos anuales de más de un billón de dólares aunque sólo esté privatizado entre el 5 y el 10 por ciento a nivel mundial. Por lo que a la sanidad se refiere, la OMS denunciaba en un estudio de 2006 que en el sector privado todo es más caro, desde la construcción hasta el funcionamiento diario. Coincidía en el mismo sentido Frank Dobson, ministro de Sanidad del primer Gobierno Blair, al afirmar que los costos son un 11 porciento superiores en la sanidad privada sobre la pública y nos advertía que peligra el futuro del National Health Service (NHS) por la entrada de las fuerzas del mercado y proveedores que sólo pretenden conseguir beneficios privados. Los políticos conservadores y los lobbies privados de la sanidad dicen que la privatización ha sido un éxito, pero nada más lejos de la verdad. En Gran Bretaña los hospitales privados se quedan con las intervenciones de menor coste y riesgo, con las intervenciones quedan beneficio… y dejan para que sean atendidas en los hospitales del NHS las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones costosas y difíciles. Los procesos de privatización empiezan con todo tipo de justificaciones creadas ex profeso, por ejemplo, para las empresas mineras, energéticas e industriales; siguen con los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y el agua… y acaban con enseñanza, salud y la amenaza sobre las pensiones públicas donde se pueda y las haya. Se pretende acabar no sólo con lo que se convino en llamar «economía mixta» o convivencia de un sector público más o menos subsidiario con un sector privado más o menos dominante, sino con derechos de ciudadanía, con los servicios del Estado del Bienestar (más adecuadamente llamado por Llamazares «Estado del medio estar») y que se dirige a marchas forzadas hasta un malestar perfectamente descriptible.


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DE PARAÍSOS FISCALES, CORRUPCIÓN Y CORRUPTORES


No fue demasiado original Carlos Solchaga cuando, inmerso en el proceso de reconversión y privatización, dijo algo así como que «España era el país en el que uno podía hacerse rico más rápidamente». Como comentaba Michael Krätke, seguía la consigna de la gran burguesía francesa de la primera mitad del siglo XIX: «Enrichissez vous!» («¡Enriquézcase!»), un programa imbatible en su genial laconismo que no perdió poder de convocatoria. También los que escucharon con atención a Solchaga podían creer que prestaban un servicio inestimable a la patria moderna y modernizada mientras sus cuentas corrientes engordaban. Sin embargo, esta moral abrió las puertas de la corrupción. Krätke se apoya en la literatura para resaltar que buena parte del atractivo de las novelas de Flaubert y de Balzac va más allá de sus innegables méritos literarios: nos enseñan cómo el capitalismo socavó la sociedad civil. No se trata de una excepción o de una desviación a la norma intachable. Los expedientes por fraude y manipulación recorren Europa de la mano de empresas o instituciones que deberían estar por encima de toda sospecha: Volkswagen, Siemens, BMW, Gescartera y el Palau de la Música. Tampoco se trata del folclorismo aceptado de una Marbella de charanga y pandereta o de las revelaciones que pueda hacer algún sastrecillo más o menos valiente. Los escándalos se acumulan, se repiten, en todas las ramas, en todos los países. Y no se trata de ovejas negras ocasionales, sino del gran rebaño negro cuya transmutación en bandadas de cuervos está a la orden del día. El conocido informe, hecho público en 2011, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa demostraba que directamente o a través de sus dueños más importantes todas las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Y, como Arcadi Oliveres nos recuerda, buena parte de lo que paga ExxonMobil a Teodoro Obiang por la explotación del petróleo no beneficia a la población de Guinea, sino que acaba (supuestamente) en Madrid, en el Banco de Santander del señor Emilio Botín. Desde Marx sabíamos que el capitalismo ha sido desde sus comienzos una economía de la expropiación, pero con el paso del tiempo ha refinado su engaño, su creatividad financiera, ha perfeccionado la capacidad de compra o chantaje de los lobbies, la compra de medios de comunicación, de sindicalistas, ONG y políticos, aumentando la desazón y la sensación de estafa que aleja las personas de la política. Como afirma Krätke, el capitalismo de nuestros días tiene las manos sucias: es la corrupción cotidiana, el fraude sistemático, el crimen internacionalmente organizado.


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CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA 


La crisis del Estado español es más intensa, más difícil de superar y provoca mayor desempleo porque la construcción ha sido, durante demasiado tiempo, uno de los refugios preferidos de los capitales especuladores. Recompensó comportamientos mafiosos con beneficios rápidos, hasta que llegaron los desequilibrios bursátiles provocados, en gran medida, por ellos mismos: por haberse transmutado en una inmensa lavadora de dinero negro. Aquella época registró consecuencias negativas nada desdeñables: una alta tasa de accidentes de trabajo y el destrozo del paisaje y del medio. Tras desencadenarse la crisis podemos ver además la desesperación de las personas que pierden su vivienda al no poder hacer frente a la hipoteca. Una injusta ley entrega la propiedad a los bancos manteniendo la deuda de las personas hipotecadas. Todos los riesgos son para los compradores.


La alta carga de corrupción política permitió algo tan sui géneris como que en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre llegara al poder gracias al transfuguismo recompensado (también presuntamente) del señor Tamayo y la señora Sáez. La traición dio tan buenos rendimientos que el PP sigue en el poder en la Comunidad madrileña desde entonces, ensayando incesantemente fórmulas privatizadoras en la sanidad e ideando ahora cómo hacerlo con el Canal de Isabel II, el agua de la ciudadanía madrileña, una empresa pública con ganancias a pesar de la progresiva externalización de sus servicios.


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LOS POLÍTICOS «REHENES»DEL MERCADO Y LAS GRANDES EMPRESAS


 Aunque no debe leerse de manera alguna como fórmula exculpatoria, las grandes empresas han conseguido convertir en rehenes a los propios gobiernos del Estado y las Comunidades, y no sólo en España. El argumento para justificar sus grilletes es que sin sus «obsequios» fiscales, sus políticas contra los trabajadores, sus privatizaciones y su manga ancha con los chanchullos del mercado negro y los paraísos fiscales el capital y sus gestores se fugarían en masa al extranjero. Pero ni subvenciones ni prebendas ni desgravaciones han logrado impedir que las grandes fortunas y empresas depositaran dinero a manos llenas en los paraísos fiscales. De hecho la evasión fiscal organizada es un fenómeno cotidiano. Algunos países en Europa, de manera destacada Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Andorra empezaron cobrando bajos impuestos sobre la renta y el patrimonio para atraer las fortunas. Y ya, durante la crisis de la década de 1930, Suiza y Liechtenstein instituyeron su sistema de secreto bancario para facilitar la fuga de capitales.  Pero sólo durante el largo boom de posguerra, después de 1945, y con el ascenso de las corporaciones empresariales transnacionales empezó a ser


















un negocio lucrativo y cada vez más naciones aprendieron la manera de crear sus paraísos fiscales interiores.  ¿Qué otra cosa no son, si no, las SICAV? El G8 se atiene a una lista oficial de 42 oasis fiscales (la OCDE habla de 47), pero los especialistas fiscales suponen que al menos existen 70 refugios para los grandes fraudes. Krätke considera que, como media, los ricos y los muy ricos tienen más de un 30 por ciento de su patrimonio colocado en refugios fiscales. Se calcula que un 23 por ciento de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales. Entre 11 y 13 billones de dólares en capital y patrimonios de todo tipo están escondidos en centros offshore:


islas como las Caimán, las Vírgenes, las Cook, pero también la isla de Man, en las costas británicas. Casi el 50 por ciento de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos (las islas Caimán son el quinto centro bancario del mundo). De hecho una estimación cautelosa considera que las fugas de capitales a los paraísos fiscales suponen que los Estados dejen de ingresar entre 250 y 300.000 millones de dólares anuales. Es el gran robo organizado a gran escala. Y consentido. Incluso bendecido por el Vaticano, a su vez también paraíso fiscal. Es difícil pensar que la Unión Europea pueda combatirlos, porque tiene como miembros de pleno derecho países que juegan fuerte a los paraísos, como Luxemburgo, Austria, Holanda, Gran Bretaña y Francia por su protectorado sobre Mónaco.


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LOS DESARRAIGOS OCULTOS,  LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS


El neoliberalismo no sólo oculta sus piraterías, también se esfuerza por hacer invisible el mundo imprescindible, fundamental y complejo, de los trabajos de cuidados, afectos, solidaridades y redes sociales. En él las mujeres actúan como imprescindibles estabilizadores sociales al aportar calidad de vida a una convivencia cada vez más imposible. Se agudiza la división del empleo por género a nivel internacional en la que las mujeres de los países más expoliados (Ecuador, Filipinas, Perú…) han abandonado el cuidado de sus hijos y sus mayores para ir a cuidar de los hijos y los mayores de las personas de países más ricos. Y muchas veces en las peores condiciones. Un informe de UNIFEM de 2006 denuncia que una de las actividades más rentables del mundo es el tráfico de personas con todas sus derivaciones: inmigración para mano de obra barata (ya sea con o sin papeles) y trasiego de mujeres. Según datos de las Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo son trabajadoras inmigrantes, un 73 por ciento de los inmigrantes asiáticos son mujeres y en la misma Unión Europea la feminización de la inmigración es un hecho relevante. La inmigración representó, hasta el estallido de la crisis, el 80 porciento del crecimiento global de la población de la Unión Europea y en los tramos de edad más productivos de la pirámide de la población. Y mientras los movimientos de capitales disfrutan de total libertad y se mueven sin cortapisas por el mundo, las migraciones se suceden con peligro de exclusión y xenofobia, mostrando la cara más hipócrita de legisladores y políticos y las consecuencias más turbias de la explotación sobre las personas a las que no se les reconocen sus derechos. Es tarea urgente reconocerlo: el trabajo no remunerado, las redes sociales y los cuidados son una parte fundamental de la economía y aportan calidad de vida a las personas y sustentan a la misma democracia. Cuando los beneficios crecen de forma desmesurada sobre los salarios —como es el caso—, las mujeres deberán dedicar muchas más horas a sus tareas en el hogar para compensar la pérdida de ingresos salariales. Las mujeres son, pues, quienes con su responsabilidad y sus trabajos insuficientemente valorados representan un amortiguador importante de las tensiones sociales. Hasta que el abuso del sistema llega también a su límite y no dudan en llenar también las plazas Tahrirde todas las revoluciones importantes que en el mundo son o han sido (desde la Comuna de París hasta Túnez, Egipto, Marruecos…  y sigue).


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A MANERA DE LLAMADA A LA INVERSIÓN Y LA INSURGENCIA 




 Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo sin frenos ni cortapisas, desigual e inestable, muy lejos del equilibrio que pretende y sujeto a dramáticas tensiones que desemboca en desarraigos, violencia, separaciones de familias y de afectos… y un indudable incremento de la explotación. Un pequeño número de instituciones financieras y corporaciones multinacionales manipulan el mercado y determinan el nivel de vida y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. Con el visto bueno de los principales organismos supranacionales que han sido, además, agentes activos a su servicio. Las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis se confunden peligrosamente con la xenofobia y el racismo y significan retrocesos casi centenarios en los derechos sociales, las conquistas obreras y del feminismo, los derechos humanos y el proceso civilizador. La clase obrera industrial —que lideró movimientos de cambio hasta hace unas pocas décadas— se agrieta y transforma con las deslocalizaciones, los cambios del modelo productivo, las nuevas tecnologías, la segmentación de los mercados de trabajo. Mientras, la formación se confunde con un buscado equívoco en «capital humano» (¿por qué «capital»?), introduciendo mayores desigualdades y segmentación. Imponiendo también costosos requisitos que deben asumir las personas jóvenes, con esfuerzo y créditos que les aseguran deudas antes que trabajo.


















Toca reaccionar. Y quiero en este libro hacer un llamamiento concreto a las mujeres. Porque ahora, más que nunca, el hilo rojo del movimiento obrero de nuestros tiempos se une al verde y al violeta que trenzan las mujeres, los colectivos altamente feminizados de trabajos y contratos en precario que tienen pleno derecho a pan y rosas mientras cubren las vergüenzas del sistema trabajando por sueldos indignos en los servicios privat-izados. Es preciso que las mujeres que se mueven en el difícil equilibrio entre la marginalidad y la conciencia de clase sigan tejiendo autonomía y solidaridad con las personas jóvenes, con las más explotadas, con los pueblos del mundo. En pie por la dignidad y una vida sin explotación. Ahora tienen más que nunca su lugar, como colectivo, en la vanguardia plural, radical, insurgente, por otro mundo posible.


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 * Àngels Martínez i Castells ha sido doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelonadesde 1976 hasta 2008. Ha escrito sobre género, deslocalizaciones industriales, salud pública, inmigración y ciudadanía. En la actualidad es presidenta de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.















Publicado en "REACCIONA"

















			

	


				
					


	

		
LA TASA TOBIN
	

				

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¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)?


Se trata de un impuesto. Es el nombre actual para denominar a la Tasa Tobin propuesta por ATTAC desde su fundación; ambos tienen el mismo contenido. Reivindica el papel de los impuestos en la búsqueda de la justicia económica, tanto en su función reguladora como redistributiva de la actividad económica.


Se aplica a las transacciones. Esto quiere decir que grava a las operaciones de compra y venta.


Se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, nacionales y extranjeras; aquellas que suponen la compra-venta de activos financieros. Debe ser global porque los movimientos de capitales son globales.


¿Qué no es el Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?


    

  •  No es un impuesto a las inversiones financieras; no grava por tanto al patrimonio invertido en activos financieros.
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  • No es un impuesto a los beneficios financieros; no grava los rendimientos del capital financiero.
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  • No es una tasa cobrada a los bancos; se trata de un impuesto a los instrumentos financieros, no a las instituciones financieras.
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¿Qué transacciones quedan fuera del Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?


El ITF no incluye las transacciones financieras en las que participen familias y empresas; se limita a las transacciones entre instituciones financieras.


    

  •  Se excluyen las operaciones de contado, para no distorsionar la economía real.
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  • Se excluyen los préstamos interbancarios que dotan de liquidez al sistema en su conjunto y que suponen enormes movimientos de dinero por razones coyunturales de desequilibrios bancarios.
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  • Se excluyen las operaciones entre bancos centrales que se llevan a cabo en función de las respectivas políticas monetarias de los diferentes países…..
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APROBADO EL NUEVO SAQUEO A GRECIA
	

				

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Esto no evitará la quiebra del estado griego -más bien la acentuará-, pero la carroña bancaria y financiera se asegura ir cobrando su ilegítima deuda.


Esta mañana, en todo el mundo, el regocijo de las Bolsas ha sido automático.


Han subido disparadas al conocer que se iban a aprobar las salvajes medidas de empobrecimiento de la población griega en favor de pagar la «deuda odiosa»* a bancos franceses, alemanes y británicos fundamentalmente y en orden de cuantía.


Recortes de servicios, nuevas tasas, privatizaciones de bienes públicos, bajadas de sueldos, subidas de impuestos, etc. Pero todo ello, no para levantar la economía del estado sino para pagar a bancos extranjeros.


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Nuevo paquete de medidas (Recordemos que hace poco más de un año se cometieron otros fortísimos recortes)


Más impuestos 


-Se crea una tasa de «solidaridad» en los hogares que irá entre el 1% y el 5% de los ingresos, hasta recaudar 1.380 millones de euros.


-Se subirán los impuestos a la propiedad.


-El IVA más bajo pasará del 5,5% al 6,5%; el segundo tramo, del 11% al 13%, y el tercer tramo, del 19% al 23%.


-El IVA para bares y restaurantes se incrementará del 13% al 23%.


Gasto público 


-Los salarios de los funcionarios se recortarán nominalmente un 15%.


-Los empleados de empresas públicas verán reducido su salario un 30%.


-Se recortarán 150.000 empleos públicos (un 25% del total) al rescindir a los temporales y no reponer vacantes.


-Se fusionarán o cerrarán 1.976 colegios.


-Se recortarán los gastos en sanidad e inversión pública.


Prestaciones sociales 


-La Seguridad Social se recortará en algo más de 5.000 millones de euros hasta 2015.


-Se incrementarán los medios para comprobar el derecho a un subsidio.


-La economía sumergida será perseguida.


-La edad de jubilación subirá a los 65 años y se necesitará haber cotizado al menos 40 para cobrar el 100% de la pensión.


Privatizaciones 


-Se venderán participaciones en la lotería estatal, en Hellenic Postbank en los puertos de Piraeus y Thessalonika, y un 10% de la operadora de telefonía Hellenic Telecom.


-En los siguientes años se venderá la gestión de aguas de Atenas, la refinería estatal, aeropuertos y concesionarias de autopistas. El Gobierno espera recaudar en total 50.000 millones de euros.






* Deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor.