Los gobiernos tratan con guante de seda a los poderes abusadores (Human Rights Watch)

Demasiados gobiernos aceptan las racionalizaciones y excusas de gobiernos represivos, sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos humanos con métodos más suaves como el “diálogo” privado y la “cooperación”, señaló Human Rights Watch hoy durante la publicación de su Informe Mundial 2011. En lugar de manifestarse con firmeza contra los líderes abusivos, muchos gobiernos, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea, adoptan políticas que no generan presión para el cambio.

El informe de 649 páginas, el vigésimo primer examen anual de Human Rights Watch sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume las principales cuestiones de derechos humanos en más de 90 países y territorios, lo que refleja el extenso trabajo de investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2010.

WR2011-300.jpg

“El apoyo ritual al ‘diálogo’ y la ‘cooperación’ con los gobiernos represivos es con demasiada frecuencia una excusa para no hacer nada acerca de los derechos humanos”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Los ‘diálogos constructivos’ de la UE se encuentran entre los ejemplos más notorios de esta tendencia global”.

El diálogo y la cooperación son importantes a la hora de abordar los problemas de los derechos humanos y, de hecho, lograr la cooperación es un objetivo clave de la defensa de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Pero cuando existe una ausencia de voluntad política para respetar los derechos, la presión cambia el balance costo-beneficio que lleva a un gobierno a elegir la represión.

Cuando los gobiernos exponen o condenan abusos, condicionan las ayudas militares o las contribuciones presupuestarias al fin de las violaciones, o exigen el enjuiciamiento y castigo de los responsables de violaciones, elevan el costo para los gobiernos abusivos, dijo Human Rights Watch.

Varios países de todo el mundo, de norte a sur, son infractores recurrentes, sin embargo, la UE insiste especialmente en recurrir a la ideología del diálogo y la cooperación, aseguró Human Rights Watch. Incluso cuando la UE emite un comunicado sobre su preocupación por un tema de derechos humanos, a menudo no está respaldado por una amplia estrategia de acción para el cambio.

La credibilidad de la UE como una fuerza defensora de los derechos humanos en todo el mundo también se basa en su voluntad para abordar los abusos contra los derechos humanos por parte de sus propios Estados miembros. Con un amplio historial de discriminación y creciente intolerancia hacia migrantes, musulmanes, romaníes y otros, un procedimientos de asilo deficiente y medidas abusivas contra el terrorismo, los Estados miembros y las instituciones de la UE deben mostrar un mayor compromiso político para garantizar que el respeto de los derechos humanos a nivel local coincida con la retórica de la UE en el extranjero.

Entre los ejemplos más recientes de la incapacidad para ejercer presión se destacan la actitud excesivamente obsequiosa de la UE hacia Uzbekistán y Turkmenistán; la suave reacción de los países occidentales ante ciertos autócratas favorecidos africanos como Paul Kagame, de Ruanda, y Meles Zenawi, de Etiopía; y la cobardía casi universal para hacer frente a la represión cada vez más profunda de las libertades fundamentales en China. El apoyo más efectivo a los derechos humanos en China en 2010 provino de la adjudicación del comité noruego del Premio Nobel de la Paz al disidente chino en prisión Liu Xiaobo.

Con todo, la presión no ha desaparecido, señaló Human Rights Watch. Sin embargo, se ha utilizado principalmente sólo en los casos de gobiernos cuyo comportamiento es tan vergonzoso que eclipsa por completo otros posibles intereses en juego, como es el caso de Corea del Norte, Irán y Zimbabue.

El uso del diálogo y la cooperación en lugar de la presión ha cobrado mucha popularidad en las Naciones Unidas, y son utilizados tanto por el secretario general, Ban Ki-moon, como por muchos miembros del Consejo de Derechos Humanos, señaló Human Rights Watch. Además, las principales democracias de los países del cono sur del mundo, como Sudáfrica, India y Brasil, han promovido tímidas gestiones como respuesta preferida a la represión. Ejemplos recientes incluyen la tibia respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la represión birmana, la actitud deferente de Naciones Unidas hacia las atrocidades cometidas durante la guerra de Sri Lanka y la política flexible de India hacia Birmania y Sri Lanka, dijo Human Rights Watch.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intensificó su atención a las cuestiones de derechos humanos en su segundo año de mandato, pero sus elocuentes declaraciones no siempre han venido acompañadas de acciones concretas. Tampoco ha insistido en que los diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos transmitan mensajes sobre derechos humanos firmes y de manera consistente, con el resultado de que el Departamento de Defensa y varias embajadas del país–en Egipto, Indonesia y Bahréin, por ejemplo— a menudo emiten mensajes divergentes.

Los diálogos de cualquier clase, ya sean públicos o privados, tienen mayor impacto cuando van ligados a criterios concretos, señaló Human Rights Watch. Los criterios ofrecen una dirección clara para el diálogo y exigen a los participantes resultados precisos. Sin ellos, los gobiernos represivos manipulan estos diálogos, considerando su mero inicio o reanudación como un signo de “progreso”. Por ejemplo, un informe de la UE de 2008 sobre su estrategia para Asia Central llegó a la conclusión de que la implementación avanzaba adecuadamente, pero no aportó nada más allá de “una intensificación del diálogo político” como una medida de “progreso”.

“Este es un momento especialmente inoportuno para que los defensores de los derechos humanos pierdan su voz pública”, dijo Roth. “Los gobiernos abusivos y sus aliados, en su intento por evitar el cumplimiento riguroso de los derechos humanos, no han tenido reparos en alzar la suya”.

Por ejemplo, Sri Lanka presionó con firmeza a la ONU para tratar de sofocar uno de sus paneles de asesoramiento sobre la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado con los Tigres Tamiles. China orquestó un importante esfuerzo para disuadir a los gobiernos de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel para Liu Xiaobo. Además, China hizo un esfuerzo similar para bloquear una propuesta que buscaba crear una comisión de investigación de la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos en Birmania, la cual contaba con el firme apoyo de Estados Unidos y varios miembros de la UE.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado una disposición especialmente tímida, y muchos países se han negado a votar por las resoluciones dirigidas a una nación determinada. En un ejemplo extremo, en lugar de condenar a Sri Lanka por los abusos brutales cometidos contra civiles en los últimos meses del conflicto con los Tigres Tamiles, el Consejo felicitó a Sri Lanka, dijo Human Rights Watch.

Si bien los acuerdos de asociación y cooperación de la UE con otros países están rutinariamente condicionados al respeto básico de los derechos humanos, la UE ha cerrado un pacto comercial significativo y perseguido una sociedad de pleno derecho y cooperación con Turkmenistán, un gobierno severamente represivo, sin imponer ninguna clase de condiciones para mejorar la situación de los derechos humanos ni poner en marcha ningún tipo de mecanismo para garantizar mejoras por adelantado, aseguró Human Rights Watch. Además, la UE abrió el debate para la adhesión de Serbia a pesar de que este país no ha detenido ni entregado a la justicia a Ratko Mladic, el líder militar de los serbios de Bosnia durante la guerra y presunto criminal de guerra, un requisito clave para el comienzo de las negociaciones. Asimismo, la UE levantó las sanciones impuestas a Uzbekistán después de que fuerzas de seguridad masacraron a cientos de personas en 2005 en la ciudad de Andiján, a pesar de que el Gobierno uzbeko no tomó ninguna medida para cumplir con ninguno de los criterios exigidos por la UE para levantar esta clase de sanciones.

De la misma manera, en su primer año de mandato, el gobierno de Obama simplemente ignoró las condiciones de derechos humanos para la transferencia de ayuda militar a México, en virtud de la Iniciativa Mérida, a pesar de que México no cumplió los requisitos sobre el enjuiciamiento de oficiales militares abusivos en los tribunales civiles. Sólo en su segundo año, el Gobierno retuvo parte de la ayuda.

“El diálogo y la cooperación son importantes, pero el gobierno abusivo debe ser el responsable de demostrar una verdadera voluntad de mejorar”, dijo Roth. “En ausencia de una voluntad política demostrada por los gobiernos abusivos para el cambio, los gobiernos de buena voluntad necesitan ejercer presión para poner fin a la represión”.

El sueldo de Teddy Bautista es de 250.000 euros al año

El presidente de la SGAE ha confesado hoy sin sonrojarse su salario y su jubilación, fijada en el 60% de su última nómina

El presidente del Consejo de Dirección de la extorsionadora Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha desvelado hoy su remuneración económica.

El sueldo de Teddy Bautista ha pasado de 300 euros semanales a 250.000 euros al año
En este sentido, el presidente de la SGAE ha explicado que cuando entró a trabajar en la institución, en el año 1983, recibió un sueldo de 300 euros semanales durante varios años «en concepto de ayuda por gastos». «Solo varios años mas tarde, a finales de la década, la Junta Directiva decidió igualar mis prestaciones a las del Director General, algo así como 60.000 euros al año, como reconocimiento por la dedicación y las gestiones que habían ayudado a incrementar la recaudación de Derechos desde 18 millones de euros a 100 millones de euros», indica el presidente ejecutivo de la SGAE.
Este -hoy soberbio cara dura  y mágnífico músico en épocas pasadas-, amparado por una ley abusiva, ha explicado como en 1996 y con el cambio de estatutos, pasó a ser Presidente del Consejo de Dirección (Presidente Ejecutivo) «cesando en mis funciones meramente políticas o representativas y recibiendo un sueldo de 120.000 euros/año».
Su intrusiva gestión directa en la SGAE aumentó la recaudación hasta los 200 millones de euros/año por lo que se lucró con un contrato con las siguiente condiciones: «un salario anual de 250.000 euros/año en 14 pagas y una jubilación por la que recibiría una cantidad igual al 60% de mi salario a partir del día de mi jubilación».

Reconocimiento al estado de Palestina

CHILE RECONOCE A  PALESTINA COMO ESTADO INDEPENDIENTE

Las autoridades de Chile reconocieron el pasado 7 de Enero a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como Estado independiente, a través de una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno.

«El Gobierno de Chile ha adoptado la resolución de otorgar su reconocimiento a la existencia del Estado de Palestina como un Estado libre, independiente y soberano», dijo el canciller chileno. Además, expresó la esperanza de que tal paso sirva de estímulo para el comienzo de las negociaciones de paz en el Oriente Próximo.

Al hacerlo, Chile se unió a Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, paises que anunciaron en el pasado mes de diciembre que reconocen al Estado palestino en las fronteras de 1967. Anteriormente, las autoridades de Uruguay declararon su intención de reconocer la soberanía de la ANP. Además, México, Perú y Nicaragua están estudiando tal posibilidad.

Como era de prever, Israel critica ese proceder de los países latinoamericanos y afirma que su reconocimiento a la ANP «frena las negociaciones de paz palestino-israelíes».

EEUU por su parte sostiene que es prematuro reconocer la soberanía de Palestina. Recordemos como se apresuró a reconocer la Declaración Unilateral de Independencia del Parlamento de Kosovo.

Reconocido por la mayoría de los Estados del mundo

El Estado Palestino ha sido reconocido por la mayoría de los Estados del mundo. Son al menos 130 países los que han reconocido el Estado Palestino y mantienen relaciones plenas. (Kosovo sólo ha sido reconocido por 69 estados hasta el momento, Taiwan por 22 y el Sahara por 83) Esto representa un 67,7% del total de 192 estados que hay en las Naciones Unidas. En esta lista, no solo tenemos a todos los países árabes, sino también grandes potencias como China, Rusia e India, y otros destacados agentes de la escala internacional, como Pakistán, Argelia, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela. Y no solo eso. También 9 países de la Unión Europea (un 33%) reconocen el Estado Palestino: son Chipre, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, República Checa, Rumanía, Eslovaquia y Polonia. También Albania, Turquía, Bosnia, Serbia e incluso el Vaticano.

La ANP aspira a crear el Estado palestino independiente en el marco de las fronteras de 1967, esperando que a raíz de las negociaciones internacionales Israel retire sus tropas de los territorios palestinos ocupados después de la guerra de 1967: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén del Este.

Pero Israel se niega a volver a las fronteras de 1967. Además, declara que Jerusalén es su «capital eterna e indivisible».

Fuentes:  «Rebanadas de Realidad»  (Buenos Aires, Argentina);  «Periodistas en Español» y Blog de Daniel Pérez Rodríguez

TÚNEZ: cronología de una revolución


Àngels Martínez i Castells


17 diciembre 2010:

Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas y verduras ambulante protesta porque la policía le incauta la mercancía. Al pedir autorización para seguir con la venta ambulante y que le devuelvan sus mercancías en el ayuntamiento y la delegación del gobierno, es insultado. Se immola pegándose fuego ante la delegación del gobierno. A la protesta de otros comerciantes se unen jóvenes que denuncian la falta de puestos de trabajo y empiezan a manifestarse.

19 diciembre 2010:

Las manifestaciones de Sidi Bouzid van siendo cada vez mayores y la policía utiliza gases lacrimógenos. Se detiene a decenas de personas.

22 diciembre 2010 :

Houcine Neji, un joven de 24 años, se immola electrocutándose. No quería «más miseria, ni más paro».

24 diciembre 2010:

El movimiento gana Couziane, a 240 km. al sur de Túnez, donde la policía dispara con fuego real a los jovenes que se manifiestan por el derecho al trabajo en  Menzel Bouzayane (a 60 km de Sidi Bouzid) y mueren dos personas.

27 diciembre:

Mohhamed Bouaziz

El movimiento de protesta llega a la capital. Un millar de jóvenes universitarios en paro se manifiestan por primera vez por las calles y son dispersados con golpes de porra. Los testigos informan de una docena de heridos.

28 de diciembre:

Ben Alí denuncia una «instrumentalización política». «Que una minoría de extremistas y agitadores a sueldo de extraños y contra los intereses de su país recurra a la violencia y provoque disturbios en la calle (…) es inaceptable», dice el presidente Ben Ali en su discurso por televisión por primera vez desde los problemas comenzaron.

29 de diciembre:

El Jefe de Estado lleva a cabo una reorganización del gabinete parcial y nombra un nuevo ministro de Juventud y Deportes.

5 de enero 2011 :

Mohamed Bouazizi, el hombre que se inmoló en Sidi Bouzid muere en el hospital.

6 de enero:

Miles de abogados se declararon en huelga para protestar contra la represión policial, mientras las protestas contra la escasez de puestos de trabajo cualificados y las barreras a las libertades civiles continúa, y siguen  las protestas. Se endurece la censura y varios bloggers son  detenidos por disidentes.

9 de enero:

Las autoridades informan de que el día antes se habían producido 14 muertos tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Thala, Kasserine y Regueb. «El mensaje ha sido recibido. Vamos a examinar lo que hay que examinar, vamos a corregir lo que debe ser corregido, pero la violencia es una línea roja «, dijo el entonces ministro de Comunicaciones, Samir Labib, portavoz del gobierno.

10 de enero:

Ben Ali interviene por segunda vez en la televisión y denunció los «actos terroristas», que él atribuye a «elementos extranjeros». También prometió 300.000 nuevos puestos de trabajo en dos años. El gobierno tunecino da la orden de cerrar todas las escuelas y universidades en el país hasta nuevo aviso.

11 de enero:

Las protestas y la violencia para ganan los alrededores  de Túnez al grito de  «Ben Ali,no tenemos miedo». Samir Labib, portavoz del gobierno, informó de 21 muertos desde que comenzaron los problemas. «Todas las cifras barajadas por la televisión y las agencias que hablan 40 a 50 (muertos) son completamente falsas», añade. Según la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), el número de muertes en los disturbios en Túnez es de al menos 35.

Michèle Alliot-Marie, ministra de asuntos exteriores e Francia escandaliza al mundo proponiendo «cooperar en seguridad» con las autoridades tunecinas. «Ofrecemos la experiencia, reconocida  mundialmente,  de nuestras fuerzas de seguridad llevar a la resolución de situaciones de seguridad de este tipo. Ofrecemos a los dos países [Argelia, Túnez, ed] en el marco de nuestra cooperación, que el derecho de manifestación se pueda ser compatible con la seguridad.»

12 de enero:

El jefe del Estado dimite al ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem. Se impone el  toque de queda en la capital y sus suburbios.

13 de enero:

Ben Ali anuncia por televisión que no se presentará a la reelección en el 2014, ordena a la policía  no utilizar sus armas y promete la libertad de prensa. Su discurso da lugar a una explosión de alegría en la capital. En Francia, donde vive en el exilio el representante de la oposición, Moncef Marzouki, se habla de un centenar de muertos desde el inicio de los acontecimientos.

manifestaciones-tunez.jpg14 de enero:

Nueva manifestación en Túnez para exigir la salida inmediata de Ben Ali. Alrededor de las 15:15 (París), el Jefe de Estado anuncia la destitución del gobierno y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en el plazo de seis meses. Tres cuartos de hora más tarde, se declara el estado de emergencia y se impune un toque de queda en todo el país. Dos horas y media más tarde, el primer ministro Mohamed Ghannouchi, anuncia que Ben Ali es temporalmente incapaz de ejercer sus funciones y asume el mando de presidente interino hasta las nuevas elecciones. De hecho, Ben Ali ha salido de Túnez en secreto.

15 de enero:

Arabia Saudita confirma poco antes de la medianoche, hora de París, que Zine El Abidine Ben Ali y su familia están en su territorio por período indefinido. Fin de la primera fase de la Revolución del jazmín.

El presidente del Parlamento de Túnez, Fouad Mebazaa, es declarado presidente interino por decisión del Consejo Constitucional, eliminando así toda posibilidad de un retorno a la jefe de Estado Zine El Abidine Ben Ali, huido a Arabia Saudita.

Últimos acontecimientos:

Mohamed Ghannouchi, como presidente interino, anuncia la liberación de todos los presos de conciencia, la «libertad total de información», el levantamiento de la prohibición de las actividades de todas las ONG, incluida la Liga Tunecina de Derechos Humanos, y la legalización de la de todos los partidos políticos que lo soliciten.

Nombra también un gobierno provisional del que formaban parte tres líderes de la oposición, seis ex ministros del régimen anterior como responsable de la transición hasta las próximas elecciones, los tres ministros pertenecientes a la Asociación Central de Túnez UGTT renunciaron a formar parte del mismo a petición de su organización, que no reconoce al nuevo gobierno, del que formarían parte junto a políticos opuestos al antiguo régimen como Nejb Chedid, líder histórico del Partido Democrático Progresista (PDP formación de la oposición legal más radical) Ahmed Ibrahim, líder del Ettajdid (Renacimiento, ex comunista) y Mustapha Ben Jafar que encabeza el Frente Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL) junto a ministros del anterior gabinete.

Para el oponente histórico de Túnez, Marzouki, que hoy ha regresado del exilio, «se trata de una farsa,» y una «falsa apertura» que se mantengan en el poder ministros del depuesto presidente Ben Ali. Varios cientos de personas se manifestaron ayer y hoy en Túnez capital y provincias para solicitar la exclusión del nuevo gobierno de los políticos vinculados al antiguo régimen y su partido. A estas horas, las manifestaciones siguen…

Fuentes: L’Humanité y Le Monde

Más información en el blog de Francesc Matas Salla.

Y también habla del tema Jorge Dioni.

La salida del BBVA de Bolivia

El gobierno de Evo Morales ha decidido recientemente algo tan sensato como que ninguna empresa privada pueda enriquecerse con la gestión de las pensiones de los trabajadores.

La ley, mediante la que se han nacionalizado las  pensiones, es producto de cuatro años de negociaciones, en las que estuvieron excluidos los empresarios, rebaja la edad de jubilación de 65 a 58 años, rebajando también dicho límite entre los mineros y las madres, y amplía este beneficio a trabajadores autónomos, como los campesinos.

 

Y aunque la ley no fija plazos para el cese formal de actividades de los Fondos Previsión que actualmente son gestionados por el BBVA, y Futuro, de Zurich,  las negociaciones ya se estan llevando a cabo y el BBVA se prepara para salir de Bolivia.

Fué el 10 de diciembre de 2010 cuando el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Pensiones que contempla el fin de la gestión privada de las jubilaciones y crea una empresa pública para este fin. Casi un mes antes, en el diario La Razón de Bolivia se podía leer: “El BBVA de España, propietario de la AFP Previsión, estaría negociando con el Gobierno de Bolivia la salida de esa gestora del manejo de los aportes para la jubilación. Afirma que el cierre de operaciones en el país tendrá un impacto ‘marginal’ en sus cuentas”. Este anuncio se recogió justo después de la visita a Bolivia de la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a mediados de noviembre.

Curiosamente, la ministra declaró a la prensa que “España confía en mantener el actual nivel de diálogo con el Gobierno boliviano a fin de que si se producen cambios que afecten a las empresas españolas, tengan lugar sin sobresaltos”. Dichas declaraciones iban en línea con el objeto central de la visita: presionar para garantizar la estabilidad de las inversiones españolas y preparar la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre –viaje que finalmente se anuló–, para promover inversiones en los sectores de hidrocarburos, energías renovables, minería y construcción. Todo este movimiento coincide, además, con la elaboración de la nueva Ley de Inversiones, que fijará las nuevas condiciones para las inversiones de compañías extranjeras en Bolivia.

Así, las compañías multinacionales españolas, como en este caso el BBVA, además de su gran poder económico y de disponer de una arquitectura jurídica que protege sus intereses –lo que se conoce como la nueva ‘lex mercatoria’–, disponen de toda la capacidad de presión diplomática y política del Gobierno español para favorecerles en sus negocios internacionales. Y esta puede ser la explicación del cambio de estrategia adoptado por el BBVA. El anuncio de su salida negociada está muy lejos de las declaraciones que hizo la filial boliviana de esta transnacional en enero de 2010, cuando el Gobierno del MAS anunció que iba a sacar adelante la nueva Ley de Pensiones. Así, el diario La Prensa publicaba lo siguiente: “El ejecutivo de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión señaló que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre Bolivia y España tiene cláusulas que protegen a la AFP frente a cualquier controversia que se pueda presentar con el Estado boliviano y abre la posibilidad de presentar una demanda de arbitraje ante tribunales internacionales”. La reacción se debía a que en esta nueva ley desaparecerían las compañías privadas que administraban las pensiones de jubilación para ser sustituidas por una empresa estatal.

Impactos de la gestión privada

De este modo, el BBVA -como manda la lógica empresarial- anteponía sus intereses comerciales a la demanda de la mayor parte de la población boliviana, que exigía eliminar el sistema de jubilación privado. Y es que la actividad de las transnacionales de las pensiones ha tenido fuertes impactos sociales, provocando, por ejemplo, que un escaso número de personas mayores haya podido jubilarse con una pensión. De hecho, el antiguo sistema público, que se privatizó en 1996, habría conseguido una mayor cobertura en las jubilaciones. Compañías privadas, como el BBVA, han contribuido a impedir que la enorme cantidad de personas que dependen de la economía informal, más del 60% de la población activa del país, pudiera disfrutar de la jubilación, ya que los ingresos extremadamente bajos de esta población no eran rentables para los planes de pensiones que gestionaban estas corporaciones transnacionales.

Por otro lado, el teórico ahorro del gasto público argumentado al privatizar las jubilaciones no ha sido tal. El Estado boliviano ha tenido que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, con el añadido de que la privatización de las empresas estatales durante el período neoliberal le ha bloqueado una fuente importante de ingresos. Así, el mayor gasto del Tesoro General del país ha sido cubrir el pago de las jubilaciones a pensionistas del antiguo sistema: en 2009 este gasto se elevó a 400 millones de dólares. Mientras tanto, la compañía Previsión BBVA tuvo un beneficio en 2008 de cuatro millones de dólares.


FIN DEL MONOPOLIO: CÓMO SE GESTÓ EL CONTROL POR PARTE DE BBVA

El negocio de las pensiones para el BBVA en Bolivia se ha asentado sobre un pilar importante: el monopolio. Inicialmente, durante la privatización de las pensiones, en 1996, se crearon dos empresas que debían administrar las jubilaciones: AFP Previsión y AFP Futuro. Después, en 1997, el que entonces era el BBV compró Previsión, mientras Argentaria adquirió Futuro. Acto seguido, el Estado boliviano decretó un período de exclusividad de cinco años en el que se prohibía la entrada de otras compañías que pudieran hacerles competencia.

Así, una vez creado el oligopolio, en 1999 se fusionaron el BBV y Argentaria, con lo que una sola compañía transnacional, el BBVA, pudo ejercer el control total de las jubilaciones. Eso fue hasta el año 2001, cuando el Estado de Bolivia le obligó a vender la AFP Futuro, que fue comprada por la compañía suiza Zurich. Aún así, la ausencia de información por parte del anterior Gobierno boliviano y de las empresas ha conservado el oligopolio de las pensiones en manos de únicamente dos compañías hasta el momento.

Fuentes: Periódico Diagonal,  Kaos en la red,  Tercera Información