Zizek en Bilbao

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Žižek clama por una nueva izquierda para que no haya más «Berlusconis»

El filósofo esloveno censura la perversión de las ideas por parte del capitalismo en el Festival de las Letras de Bilbao

GUILLERMO MALAINA para PÚBLICO

Slavoj Žižek, este jueves, durante su intervención en Bilbao.Foto: Humberto Bilbao

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Llegó este jueves a Bilbao como un torbellino, con un discurso alejado de las interpretaciones oficiales de lo que es el mundo en este siglo XXI, y, lo que es más relevante, con una alternativa en estado puro sobre hacia dónde se puede dirigir la humanidad. Sin ambages, el filósofo y venerado pensador Slavoj Žižek (Liubliana, 1949) reivindicó la necesidad del nacimiento ya de «una nueva izquierda». ¿Por qué? «Porque si no, el futuro que nos espera es Berlusconi, es decir, líderes que, aunque se pongan en ridículo, ejercen el poder de forma autoritaria».

Slavoj Žižek hizo esta reflexión a su paso por el Festival Internacional de las Letras de Bilbao Gutun Zuria, que se celebra en la Alhóndiga hasta este domingo. Fiel a su estilo y a su pensamiento, su intervención fue algo así como una eclosión de ideas a borbotones sobre la oportunidad de crecer de lenguas minoritarias como el euskara, el catalán o el gallego, la globalización, el capitalismo como fuente del fundamentalismo islámico, los nuevos tipos de censura, el Proceso Bolonia en las universidades europeas

«El gran capital usa el lenguaje de la izquierda de hace 30 o 40 años»

Una nueva cultura

El brillante pensador saltó de un tema a otro con una elocuencia y velocidad desbordantes, pero siempre siguiendo un hilo argumental que conducía en el fondo a una gran denuncia: la perversión de las ideas. «Vamos a tener que inventar una nueva cultura», llegó a decir en un momento del acto, antes de lanzar una pregunta a la prensa: «¿Se han dado cuenta de que el gran capital usa el lenguaje de la izquierda de hace 30 o 40 años, cuando habla de salvar a los desfavorecidos?».

Žižek expuso como un caso paradigmático de tal mezcolanza el discurso efectista de Bill Gates. «Cuando lo lees un poco más, viene a decir: Vamos a olvidar la lucha idiota contra el capitalismo y dediquémonos a paliar el hambre en África». El filósofo cree que tampoco se queda atrás del magnate estadounidense la política de la cadena de cafés Starbucks: «Nuestro café es el más caro», dicen. «Pero un céntimo va para los niños de Nicaragua. Hablan de una filosofía preciosa, pero dentro del capitalismo. El mensaje es que olvidemos la lucha idiota contra el capitalismo y, encima, nos cobran más por lo que consumimos con el argumento de que es para ayudar al Tercer Mundo».

Denuncia la censura de las revueltas en Arabia Saudí por intereses económico

Según Žižek, otro asunto que debe hacer pensar a la sociedad sobre qué tipo de mundo desea es el Proceso Bolonia en las universidades europeas. Porque, a su juicio, es un «claro ataque a los centros de pensamiento independientes» para convertir las universidades en fábricas de «expertos»: «Ante casos como las revueltas de París de 2006 y 2007, llamarán para su solución a expertos, como psicólogos, pero el pensamiento no es eso».

Sobre esta base del pensamiento advirtió, por ejemplo, que las políticas actuales contra el racismo o el sexismo están convirtiendo ambas tendencias en un «problema de tolerancia»: «Si ustedes cogen el discurso de Martin Luther King, no cita ni una vez la tolerancia. No se trata de que nos toleremos, sino de justicia«.

Žižek también ofreció otro punto de vista sobre el mensaje extendido la última década acerca de la lucha entre Occidente y el fundamentalismo musulmán: «Lo que aquí hace falta es la izquierda. El capitalismo global es lo que genera el fundamentalismo». Recordó como ejemplo lo ocurrido en el Afganistán «prooccidental y prodemocrático» de hace 40 años y en Kansas. «Históricamente, este ha sido el estado de EEUU más progresista, pero algo se rompió hace 30 años y ahora se concentra allí la extrema derecha», dijo, a la vez que aconsejaba para comprender esa metamorfosis el libro What’s the Matter with Kansas?, de Thomas Frank.

Finalmente, Žižek llegó a la conclusión de que es necesario crear «una nueva izquierda» en el mundo, dado que se han invertido los papeles y, al contrario que en el siglo XX, «la derecha radical es la que cuestiona el orden establecido». Pero él tampoco dio recetas.

Žižek sólo dudó al ser preguntado por Salman Rushdie, que también participa en el Festival. Su intención era preguntarle si aún era de la «izquierda radical». Por la tarde, Rushdie contestó que él defiende lo mismo que hace 20 años y que hay que ser «optimista» ante los cambios que están por llegar en el mundo.

LAS CAJAS DE AHORRO

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Me apunto a la postura islandesa: en lugar de pagar, ¡que les den!

BLANCA ÁLVAREZ,   en   El Correo
Ahora comprendo las palabras de la empleada en Cajastur, cuando trataba de convencer a un cliente para que no cancelara sus cuentas en la entidad: «La Caja somos todos». ¡Por eso nos piden a todos unos cuantos millones con el fin de evitar que se vayan a pique algunas cajas españolas! Ahora esas cajas ‘enfermas’ son de todos, nos dicen; todos formamos parte de su cuerpo místico, carne y espíritu de sus reservas e hipotecas. ¿Acaso participamos en sus ganancias? No señor; ni nos consultaron para favorecer a sus amigos ni a ciertos políticos, empresarios y otras hierbas; tampoco nos consultaron cuando prejubilaron a ‘enemigos políticos’ en perfecto estado de salud y con menos de cincuenta años. Las decisiones las tomaban a puerta cerrada, sin repartir beneficios con nosotros. Ahora, las abren para que nos vaciemos los bolsillos rellenando el agujero de sus decisiones.
Me apunto a la postura islandesa: en lugar de pagar, ¡que les den! Y de paso que investiguen sus miseria s y no se pasen por el forro de sus porquerías un agujero del cual no nos hemos beneficiado. Que los investiguen, que, siguiendo el ejemplo islandés, sus responsables sean castigados y sus entidades se hundan si han malversado.
Lo curioso es el modo en que llevan a cabo estos asuntos: sin mover una ceja, lanzándonos la culpa por haber sido inconscientes consumidores, pedigüeños de sus créditos, estúpidos urgidos de bienes inmobiliarios que, en algunos casos, ellos financiaban a doble banda: a los promotores y a sus víctimas. Lo piden como una urgencia que nos corresponde a nosotros subsanar porque, de lo contrario, nos iremos al caos.
Cierto, ni el mundo es perfecto ni, tal vez, logremos una sociedad de hombres y mujeres sabios, por lo tanto buenos en el sentido más clásico del término; pero resulta urgente poner un límite a la indecencia. No esperamos que los bancos se conviertan en organizaciones benéficas, ni siquiera las cajas por más que nacieron casi con tal ideario, pero va comenzando a ser prioritario poner unos ciertos límites a esta desvergüenza masiva de instituciones cuyos ejecutivos, por negligencia, incompetencia o pura y simple corruptela, han provocado un desastre social que hemos de pagar entre todos.
Cierto, no somos egipcios ni libios, por eso no temen una salida masiva de ciudadanos a la calle, pero Islandia nos queda muy próxima, en democracia y sistema de vida. No parecen fanáticos de ninguna religión, ni bárbaros sin educación, ni pertenecientes a ex colonias de ningún imperio. Ellos han dicho basta, han tumbado al Gobierno apabullado y dispuesto a pagar la deuda contraída por los bancos, han enviado a la cárcel o al exilio a los banqueros fraudulentos. Como en la canción de La Estaca, han dicho basta cual gallinas hartas de poner el huevo para que se lo coman otros. Antes de seguir pagando deudas corruptas, ¿no podríamos imitar a los islandeses?

Eurodiputados sin vergüenza

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«La Eurocámara se niega a renunciar a los vuelos en primera clase«

El PP ha votado en contra de una enmienda que pedía viajar en «turista». Y el PSOE, que en un principio votó en contra, ha asegurado que se trató de un «despiste» y que cambiarán su postura…  ¡¡para abstenerse!!

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El mismo día en que un grupo de eurodiputados pedían que la Unión Europea recaude impuestos propios, el pleno de la institución volvió a rechazar rebajar su sueldo o algunos de sus privilegios, como volar en primera clase. Un total de 402 eurodiputados (de los 736 de la institución) votaron* en contra de una enmienda del grupo Izquierda Unitaria y los Verdes, que pedía comprar «billetes de avión en clase económica para los vuelos de duración inferior a 4 horas».

A favor de reducir los vuelos en primera se mostraron 216, entre ellos Raül Romeva (ICV-Verds), Oriol Junqueras (ERC), Ramón Tremosa (CiU) y Rosa Estaràs (PP). En contra, el representante de UPyD y la mayor parte de los Grupos Popular y Socialista europeos, comenzando por Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz por el PP y Juan Fernando López Aguilar y Eíder Gardeazábal(¡Ay! si su abuelo Ramón Rubial levantara la cabeza) por el PSOE.  La socialista catalana María Badía se abstuvo, mientras que Willy Meyer, integrante del grupo parlamentario autor de la enmienda, no votó al estar “en un acto de precampaña” en España, según fuentes de su equipo.

El resultado del voto no es un episodio aislado, sino que se inscribe en la negativa constante a recortar tanto sus sueldos como la capacidad financiera de las instituciones europeas pese al contexto de austeridad con el que conviven las administraciones nacionales. La enmienda que naufragó este miércoles era parte de un informe, que sí fue aprobado, en el que Estrasburgo pide incrementar en un 2,3% el presupuesto de la UE para 2012. El año pasado, tanto la Eurocámara como la Comisión exigieron un aumento del gasto de un 5,9% para este ejercicio, algo que provocó la ira de David Cameron, el primer ministro británico, que acabó formando una coalición de países que tumbaron la propuesta.

«Algunos luchamos por tener los pies en el suelo», ha dicho Romeva

Aunque los eurodiputados aseguran que el presupuesto de la UE ha de aumentar conforme a las nuevas responsabilidades asumidas con el Tratado de Lisboa, en vigor desde finales de 2009, pocos eurodiputados aciertan a explicar la evolución de sus estipendios personales. Además de rechazar la congelación de su sueldo que al margen de viajes, dietas y otras prebendas asciende a 10.500 euros, los eurodiputados han aumentado recientemente la dotación para sus asistentes. El mes pasado, la Eurocámara acordó aumentar en 1.500 euros la dotación para su equipo; este salario, que ya roza los 20.000 euros anuales es para su propio presonal asistente de libre designación.

«Algunos luchamos por tener los pies en el suelo», aseguró Romeva, uno de los tres que apoyaron la enmienda, tras la votación. Romeva, desconsolado por la mala imagen de la Eurocámara, recuerda que la institución es muy grande, y que en ella hay espacio tanto para elefantes políticos en busca de un exilio dorado como de políticos que trabajan.

No es el caso, por ejemplo, de algunos eurodiputados sorprendidos por medios anglosajones en escándalos destapados en los últimos meses. En uno de ellos, publicado por News of The World, una eurodiputada británica sorprendió a una docena de eurodiputados firmando en viernes por la mañana en el registro de asistencia, garantizándose una dieta de casi 300 euros, antes de emprender rumbo al aeropuerto sin participar en las actividades de la cámara, como es el caso de Eider Gardeazábal que fué pillada por las cámaras de los denunciantes que perseguían estos fraudes (ver fotos). En otro, publicado por The Sunday Times, tres eurodiputados aceptaban cobrar hasta 100.000 euros por introducir enmiendas al dictado de grupos de presión empresarial o lobby. El español Pablo Zalba (PP), se mostró ante los reporteros del rotativo dispuesto a aceptar el dinero, pero al final acabó introduciendo la enmienda sin cobrar por ello.

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También han votado en contra de congelar dietas y salarios

También ha sido derrotada -por 405 votos en contra, 151 votos a favor y 106 abstenciones- una propuesta para «evitar, durante los días en que se efectúen los desplazamientos, la acumulación de las dietas diarias y la dieta de tiempo». Finalmente, los eurodiputados han tumbado sendas enmiendas que resaltaban que «el ahorro en el Parlamento debe empezar por sus propios miembros» y por ello llamaban a congelar en 2012 sus dietas y sus salarios. Entre los eurodiputados españoles, sólo Romeva y Junqueras se han mostrado dispuestos a congelarse el sueldo. El único recorte aprobado hoy, muy contestado por el Gobierno de Francia, ha sido el de suprimir una de sus reuniones en el pleno de Estrasburgo. Habitualmente se celebra uno al mes, a cientos de kilómetros de distancia de Bruselas, indiscutible hogar de las instituciones comunitarias y co-sede de la Eurocámara, desde donde parten miles de funcionarios y documentos rumbo a la ciudad alsaciana.

En un acto separado, tres diputados destacados del grupo socialista, conservador y liberal, pidieron un IVA europeo y que sea la UE, y no los Estados, la que gestione sus ingresos y los de la subasta de licencias contaminantes de CO2, en un intento de acabar con la dependencia financiera de las contribuciones nacionales.

¿El PSOE cambia su voto?

El secretario general de los socialistas españoles, Enrique Guerrero, ha asegurado que el voto a favor de los vuelos en primera clase se debió a «un despiste» que será corregido mañana con el cambio en el sentido del voto. «No fuimos conscientes de la enmienda, se nos pasó y cambiaremos nuestro voto a abstención», aseguró Guerrero, «porque es lo que votamos en cuanto a las dietas». Según el eurodiputado, «este informe no es el lugar adecuado para asuntos retributivos, pero el PSOE es favorable a medidas de austeridad en este y otros campos».

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, también ha comunicado en Twitter que su partido emitirá un comunicado en breve anunciando el cambio de voto. «Es un lío con una enmienda en un informe de presupuestos que no tiene capacidad para modificar los vuelos; la verdad es que no sabía que se votaba esa enmienda ni ese informe, nos lo van a explicar…», ha escrito Valenciano.

Asimismo, UPyD también ha anunciado que cambiarán de postura.

* RESÚMEN DE LOS VOTOS EMITIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
A favor de volar en clase turista
Ramon Tremosa i Balcells (CiU)
Rosa Estarás Ferragut (PP)
Oriol Junqueras Vies (ERC)
Raül Romeva i Rueda (Iniciativa)
En contra de volar en clase turista
Francisco Sosa Wagner (UPyD)Jaime Mayor Oreja (PP)
Alejo Vidal-Quadras (PP)
Luis de Grandes Pascual (PP)
Pilar del Castillo Vera (PP)
Carlos Iturgaiz Angulo (PP)
Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PP)
Pablo Arias Echeverria (PP)
Pilar Ayuso (PP)
Agustín Diaz de Mera García (PP)
Santiago Fisas Ayxela (PP)
Carmen Fraga Estévez (PP)
Salvador Garriga Polledo (PP)
Cristina Gutiérrez-Cortines (PP)
Esther Herranz García (PP)
Gabriel Mato Adrover (PP)
Francisco Millán Mon (PP)
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP)

Josefa Andrés Barea (PSOE)
Inés Ayala Sénder (PSOE)
Alejandro Cercas (PSOE)
Ricardo Cortes Lastra (PSOE)
Iratxe García Perez (PSOE)
Eider Gardiazabal Rubial (PSOE)
Enrique Guerrero Salom (PSOE)
Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE)
Ivan Irigoyen Pérez (PSOE)
Juan Fernando López Aguilar (PSOE)
Miguel Ángel Martínez (PSOE)
Antonio Masip Hidalgo (PSOE)
Emilio Menéndez del Valle (PSOE)
María Muñíz De Urquiza (PSOE)
Andrés Perelló Rodríguez (PSOE)
Teresa Riera Madurell (PSOE)
Antolín Sánchez Presedo (PSOE)
Luis Yáñez-Barnuevo García (PSOE)

Abstenciones
Izaskun Bilbao Barandica (PNV)
María Badia i Cutchet (PSOE)

Fuente:   «PÚBLICO» y «La Voz Libre»

OTAN: DISTINTAS FORMAS DE MATAR LIBIOS

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Por un lado, con «fuego amigo»

La OTAN ha admitido que sus bombas mataron a varios rebeldes en «un desafortunado accidente» durante el pasado fin de semana.
Los fallecidos disparaban al aire a modo de celebración y provocaron la reacción de los aviones aliados, que les ametrallaron y bombardearon.

Y también…

Libia: impacto de los misiles crucero de uranio empobrecido

Por Massimo Zucchetti, Profesor de «Instalaciones nucleares» en el Instituto Politécnico de Turín, titular de los cursos de «Seguridad y Análisis de riesgos» y de «Protección contra las Radiaciones».


El apoyo militar a los golpistas de Benghazi se está desarrollando en detrimento de la población civil. De cada 10 misiles disparados más o menos uno se sale de control y se estrella en cualquier punto de la zona a la que se apunta. Pero todos los misiles, tanto los dotados de una cabeza revestida de

uranio empobrecido como los que sólo tienen uranio empobrecido en los estabilizadores, contaminan la zona. O sea, este bombardeo supuestamente «humanitario» matará a miles de civiles en los años venideros, indica el profesor Massimo Zucchetti.Las problemas vinculados al uranio empobrecido y su toxicidad han desbordado varias veces el campo de la ciencia en los últimos años. El autor de este trabajo se ocupa de la protección radiológica desde hace dos décadas y del uranio empobrecido desde el año 1999. Después de una experiencia de publicación de trabajos científicos en revistas, de presentaciones en coloquios internacionales y conferencias en Italia sobre el uranio empobrecido, este artículo trata de hacer una estimación del impacto que el uso de uranio empobrecido en la guerra contra Libia (2011) está teniendo sobre el medio ambiente y la salud. Informes sobre su uso han aparecido en los órganos informativos desde el principio del conflicto [1].

Dadas sus características físicas específicas, en particular por su densidad que lo hace extremadamente penetrante, así como por su bajo costo -la producción de uranio empobrecido cuesta alrededor de 2 dólares el kilogramo- y la dificultad que presenta su tratamiento como desecho radioactivo, el uranio empobrecido ha encontrado excelentes modalidades de utilización en el sector militar.

Si recibe el tratamiento adecuado, la aleación U-Ti (Uranio-Titanio) constituye un material muy eficaz para la construcción de elementos penetrantes impulsados por energía cinética, de barras metálicas densas capaces de perforar un blindaje si se usan como proyectiles de alta velocidad.

El proceso de penetración pulveriza la mayor parte del uranio, que estalla entonces en fragmentos incandescentes -se produce una violenta combustión de casi 5 000˚ C- cuando sale al aire del otro lado del blindaje perforado, aumentando así el efecto destructivo. Esta propiedad se llama piroforicidad y es, por ejemplo, una característica que se encuentra en el azufre de las cerillas o fósforos domésticos. O sea, además de su elevada densidad, la piroforicidad aumenta el interés que presenta el uranio empobrecido para diversas aplicaciones, en particular como arma incendiaria (API: Armour Piercing Incendiary, o sea como elemento penetrante incendiario contra el blindaje).

Finalmente, en la fase de impacto contra el objetivo, la relativa dureza del uranio empobrecido (en una aleación con titanio) proporciona al proyectil la capacidad de afilarse a sí mismo. En otras palabras, el proyectil «no se aplasta» contra el blindaje convirtiéndose en una «cabeza plana» -como sucede, por ejemplo, con un proyectil de plomo- sino que mantiene su forma puntiaguda hasta su total fragmentación, sin perder por lo tanto sus propiedades de penetración. El uranio empobrecido ha sido empleado en los campos de batalla de la guerra del Golfo de 1991; durante los bombardeos OTAN/ONU contra la República serbia de Bosnia, en septiembre de 1995; contra Yugoslavia, durante la primavera de 1999; y, ya en este siglo, en el ataque contra Afganistán y nuevamente contra Irak en 2003.
El uso de dispositivos de uranio empobrecido en las guerras de Somalia y de Bosnia central y centro-oriental -sobre todo en amplias zonas alrededor de Sarajevo- en los años 1990, en Palestina y en los polígonos de tiro sometidos a la autoridad de las fuerzas militares de la OTAN, sólo ha sido documentado de forma incompleta [2].

Entre los armamentos que utilizan el uranio empobrecido hay que citar también el misil crucero tipo Tomahawk, cuyo uso en la guerra de los Balcanes de la primavera de 1999 -aunque no ha sido reconocido por la OTAN- ha sido confirmado gracias a lo que se ha encontrado en el lugar así como por fuentes de la Unión Europea [3].

Por otro lado, el manual de los oficiales, entregado a todos los uniformados enviados a Kosovo, incluía recomendaciones a seguir al pie de la letra sobre la presencia de uranio empobrecido en aquel territorio y, en particular, en los misiles Tomahawk. La introducción del manual indica lo siguiente: «Los vehículos y equipamiento del ejército serbio en Kosovo pueden constituir una amenaza para la salud de los militares y civiles en contacto con ellos. Los vehículos y el equipamiento que se encuentren destruidos, averiados o abandonados deben ser inspeccionados y manipulados solamente por personal calificado. Los peligros pueden provenir del uranio empobrecido como consecuencia de los daños provocados por la campaña de bombardeos de la OTAN, en el caso de los artefactos alcanzados directa o indirectamente. Además, los colimadores contienen tritio [Un isótopo radioactivo. Nota del Traductor al español.] y los instrumentos e indicadores pueden haber sido tratados con un barniz radioactivo, peligroso para quienes se pongan en contacto con los artefactos para inspeccionarlos». Aparece después una serie de consejos sobre cómo evitar la explosión del uranio empobrecido. El manual dice textualmente: «Evítese todo artefacto o material que usted sospeche que pueda haber sido alcanzado por municiones que contengan uranio empobrecido o por misiles crucero Tomahawk. No recoja o coleccione municiones de uranio empobrecido encontradas en el terreno. Informe inmediatamente a su puesto de mando sobre el área que usted estima que pueda estar contaminada. Donde quiera que usted se encuentre, delimite la zona contaminada con cualquier material encontrado en el lugar. Si se encuentra usted en una zona contaminada póngase, como mínimo, la máscara y los guantes protectores. Aplique la mejor higiene personal. Lave frecuentemente su cuerpo y su ropa».

Las evaluaciones sobre la cantidad de uranio empobrecido utilizado en los misiles son divergentes. Varían, en particular, según la diversas fuentes, entre valores de alrededor de 3 kilogramos hasta unos 400 kilogramos. Véase la nota que contiene la compilación de las distintas fuentes que se pueden encontrar sobre el tema, lo suficiente importante como para permitir la elaboración de un estimado del impacto medio ambiental [4].

Los desmentidos previsibles sobre la presencia de uranio en estos misiles pueden ser comparados con la compilación que aparece al final de este trabajo así como con las fuentes de origen militar [5].
Esta gran variabilidad en los datos se explica fácilmente. Algunos misiles crucero son de cabeza reforzada con uranio empobrecido y otros no. Pero estos últimos también contienen uranio empobrecido, no en la cabeza sino en las alas, como elemento estabilizador del vuelo. Podemos entonces definir dos casos:
Hipótesis alta: misil crucero con uranio en la cabeza del misil. Consideramos 400 kilogramos de uranio empobrecido;
Hipótesis baja: misil crucero SIN presencia de uranio en la cabeza. Consideramos 3 kilogramos de uranio empobrecido en las alas.

Cálculo del impacto sobre el medio ambiente y la salud

En la amplia literatura que el autor ha dedicado al problema del uranio empobrecido [6] ya se había abordado anteriormente el cálculo de la contaminación radioactiva con uranio imputable a los misiles crucero, en particular a los que se dispararon contra Bosnia en 1995. Ese estudio también puede consultarse a través de Internet, al igual que en la revista científica Tribuna biologica e Medica [7] [8].
Si se toman los modelos utilizados en el citado artículo, es posible deducir cuál es la situación en el terreno, en los lugares de inhalación, mediante un cálculo destinado sólo a precisar si, al menos en un caso realista, el volumen de las dosis en el terreno permite restar importancia al problema.

Consideremos el impacto de un misil crucero del tipo Tomahawk portador de 3 kilogramos (en el mejor de los casos) o de 400 kilogramos (en el peor de los casos) de uranio empobrecido.
El impacto produce una nube de residuos cuya dimensión es variable, después de una violenta combustión de unos 5 000˚ C. Como ya dijimos, los granos de polvo se componen de partículas cuyas dimensiones son del orden de la micra [0,5 – 5]. A 500 o 1 000 metros del punto de impacto se pueden respirar nubes con densidad suficiente como para causar dosis significativas, compuestas de partículas cuya masa es de cerca de 0,6 hasta unos 5 nanogramos (6-50 x 10-10gr.). Se hizo una estimación siguiendo el código de cálculo de dosis GEN II [9], despreciando los efectos provenientes del incendio y considerando solamente la exposición debida a la inhalación durante una hora por dispersión simple del material, sin entrar a considerar ciertos factores que pudieran traducirse en un incremento ulterior de la exposición. En el espacio de una hora es posible inhalar granos de polvo radioactivo provenientes de la nube en cantidades que ya resultan notables.

Es necesario tener en cuenta el hecho que numerosos fluidos y dinámicas del cuerpo atmosférico (dirección del viento, gradiente vertical de la temperatura, etc.) pueden causar, en ángulos sólidos relativamente pequeños, concentraciones de contaminante de varios órdenes de importancia superiores incluso a los que se obtendrían con un cálculo de dispersión uniforme, no compatible con ese escenario. El grupo crítico, en ese caso, resulta ser precisamente el de las personas «afectadas» por la nube de granos de polvo.

Según la estimación de probabilidades que se expondrá en este trabajo, un misil que alcanza su objetivo puede quemarse y esparcir partículas oxidadas de polvo en el medio ambiente.
Alrededor del 70% del uranio empobrecido que contienen los misiles, de los que se supone que por ser «inteligentes» siempre dan en el blanco, se quema. Alrededor de la mitad son óxidos solubles.
La granulometría de las partículas que conforman el polvo de óxido de uranio empobrecido pertenece totalmente al tipo de polvo que puede respirarse y así se crea polvo ultrafino. En particular, el diámetro de las partículas es en ese caso más fino que el polvo de uranio empobrecido de origen industrial, que resulta común en el medio de la industria nuclear. Se habla aquí de la gran mayoría del polvo contenido en el rango [1-10] micra, del cual una parte significativa es de un diámetro inferior a una micra.
En cuanto al destino del polvo de uranio empobrecido en el cuerpo humano, la principal vía de absorción es -como se sabe- la inhalación. Como se ha dicho, una parte del polvo es soluble y otra parte no se disuelve en los fluidos corporales.
Debido a las características de los óxidos de uranio empobrecido de origen militar, es necesario subrayar cómo difiere el comportamiento de estos en relación con el de los polvos industriales de uranio. En todo caso es posible suponer, según la ICRP [Siglas en inglés de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Nota del Traductor.] [10], que alrededor del 60% de lo que se inhala se deposita en el aparato respiratorio y que el resto es expulsado a través de la expiración.
Se debe tener en cuenta que alrededor del 25% de las partículas que presentan un diámetro cercano a 1 micra se mantienen durante largo tiempo en los pulmones, mientras que el resto se deposita en las vías aéreas superiores, pasa al aparato digestivo y es eliminado de allí en su mayor parte a través de las vías urinarias, mientras que pequeñas partes se acumulan en los huesos.
Alrededor del 25% de las micropartículas que se mantuvieron en los pulmones se comporta como un material de clase M, según la ICRP, o sea que se disuelve lentamente en los fluidos corporales, mientras que el resto es insoluble.
Ese tipo de comportamiento y de exposición no se ha estudiado en ninguna situación anterior de exposición a emisores alfa en los pulmones, que se haya detectado en el medio civil. La modalidad de exposición es por lo tanto muy diferente de las que han servido como base a la hora de recoger las equivalencias entre dosis y daños en materia de protección radiológica.
Es por lo tanto totalmente incorrecto -aunque constituya un punto de referencia- extrapolar evaluaciones de riesgo por exposición a ese tipo de micropolvos radioactivos a partir de datos recogidos en los casos de los mineros que trabajan con uranio, y también -resulta evidente- en los casos de las personas gravemente contaminadas por la radiación en Hiroshima y Nagasaki. Los estándares de protección radiológica de la ICRP se basan solamente en esas experiencias y, por consiguiente, pueden resultar en subestimaciones del riesgo.
Al pasar posteriormente a otros tipos de toxicidad diferentes a la radiológica, resulta entonces plausible que:
dado el componente fino y ultrafino de los polvos de uranio empobrecido de origen militar,
dada la toxicidad química del uranio,
la contaminación ambiental debida a los óxidos de uranio empobrecido de origen militar presente toxicidad tanto química como radiológica. Es necesario evaluar el efecto sinérgico de ambos componentes.
En otras palabras, la radioactividad y la toxicidad química del uranio empobrecido podrían actuar juntas creando un efecto de «cóctel» que aumenta el peligro posteriormente.

Hay que resaltar además el hecho que el clima árido de Libia favorece la dispersión de las partículas de uranio empobrecido en el aire, partículas que los civiles seguirán respirando durante años. El principal mecanismo de exposición a mediano y largo plazo tiene que ver con la resuspensión de polvos y con la subsiguiente inhalación de los mismos.
La metodología y los resultados vinculados a ese modela ya se han publicado en otros trabajos del autor [11], a los que remitimos aquí. Sólo resaltamos aquí las aplicaciones y variaciones del modelo aplicado y ya publicado, y en particular que:
el cálculo de compromiso (semi vida, NdT del texto original en italiano al francés) de dosis es de 70 años, no de 50 años, según lo recomendado por el ICRP.
Se utilizaron datos actualmente aproximados sobre la distribución de la población alrededor de los puntos de impacto, que también toman en cuenta la utilización principal de los proyectiles de uranio empobrecido en zonas pobladas.

Los resultados del modelo pueden resumirse de la siguiente manera:
CEDE (Committed effective dose equivalent) (Dosis colectiva): 370 mSvp in 70 y, por 1 kilogramo de uranio empobrecido oxidado y esparcido en el medio ambiente.
CEDE anual máxima durante el primer año (76 mSvp), durante el segundo año (47 mSvp) y durante el tercer año (33mSvp).
La vía de exposición es enteramente la inhalación del polvo. Son los pulmones el órgano que se convierte en blanco (97,5% de la contribución a la CEDE).
Entre los nucleidos responsables, el U238 representa el 83% de la CEDE y el U234 representa el 14%.

En cuanto a la cantidad total de uranio empobrecido oxidado disperso en el medio ambiente, esta evaluación se basa en los datos que reporta la prensa internacional: durante el primer día de la guerra, el Pentágono declara haber disparado -junto con los británicos- 112 misiles crucero hacia el territorio libio [12]. ¿Cuántos misiles van disparar antes de que termine la guerra? Como no podemos saberlo, basaremos nuestra hipótesis en la cantidad de 1 000 misiles para que el lector pueda estimar fácilmente el impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud mediante la aplicación de una simple regla de tres que incluiría la cantidad exacta de misiles que se contabilicen al final del conflicto.

Si las cabezas de todos los misiles estuvieran «desprovistas» de uranio empobrecido, tendríamos de todas maneras una cantidad de:
1000 x 3 = 3000 kg = 3 toneladas de uranio empobrecido (en el mejor de los casos).
Si todos los misiles tuvieran cabezas de uranio empobrecido, tendríamos una cantidad de hasta 400 000 kilogramos, o sea 400 toneladas de uranio empobrecido.

Para evaluar la gravedad basta con comparar ese dato con las 10 o 15 toneladas de uranio empobrecido que se lanzaron en Kosovo en 1999.

Supongamos que alrededor del 70% del uranio se quema y se esparce en el medio ambiente. Llegamos así a un estimado de la cantidad de óxidos de uranio empobrecido igual a alrededor de 2,1 toneladas (en el mejor de los casos) y 280 toneladas (en el peor de los casos).
Lo anterior permite por consiguiente estimar una CEDE (dosis colectiva) para toda la población equivalente a:
en el mejor de los casos: 370 mSvp/kg x 2 100 kg = 780 Svp aproximadamente. – en el peor de los casos: 370 mSvp/kg x 280 000 kg = 104 000 Svp aproximadamente.
Tenemos que recordar que no es correcto -aunque constituya un punto de referencia- extrapolar evaluaciones por exposición a este tipo de micropolvos radioactivos a partir de los estándares de protección radiológica de la ICRP, que son los adoptados para el código GEN II.
Si de todas formas aplicamos también aquí el coeficiente de 6% Sv-1 para el riesgo de aparición de tumores, obtenemos aproximadamente:
en el mejor de los casos: alrededor de 50 casos más de tumores previstos en 70 años.
en el peor de los casos: alrededor de 6 200 casos más de tumores previstos en 70 años.

Conclusiones

Los riesgos de exposición al uranio empobrecido que corre la población libia como consecuencia del uso esa sustancia en la guerra de 2011 han sido evaluados con el enfoque más amplio posible, tratando de tener en cuenta algunos resultados recientes de estudios en la materia.
Este tipo de exposición no ha sido estudiado en ninguna situación anterior de exposición a receptores alfa en los pulmones que se hayan encontrado en el entorno civil.
Sin embargo, la evaluación que se ha hecho de las dosis y del consiguiente riesgo en las dos situaciones (según se trate de misiles «sin uranio» o «con uranio») permite llagar a ciertas conclusiones.

En el primer caso (el mejor caso), el número de tumores esperados es muy exiguo y absolutamente no significativo desde el punto de vista estadístico. Esta dificultad estadística -es casi inútil señalarlo- no tiene nada que ver con una absolución de ese tipo de práctica, con su aceptación y menos aún con una afirmación de que tenga poca importancia, o incluso de que pueda ser inocua. Por el contrario, en el segundo caso (que es el peor caso), nos encontramos ante un número de aparición de tumores que se sitúa en varios miles. Dichos tumores alcanzarían evidentemente un nivel epidemiológico y constituyen, sin duda alguna, una fuerte preocupación.

Es necesario, por lo tanto, que los ejércitos que están bombardeando Libia aclaren con pruebas reales, no con cómodas afirmaciones, la presencia o no, y en qué cantidades, de uranio empobrecido en sus misiles. En el pasado se produjeron «desmentidos oficiales» sobre la presencia de uranio en los misiles crucero. Sin embargo, al ser estos desmentidos provenientes de medios militares, el autor estima estar en su derecho al considerarlos, como mínimo, con cierta prudencia.

Basadas en los datos que se encuentran a nuestra disposición, las estimaciones sobre la evolución de los casos de tumores para los próximos años en Libia resultan, debido a esta práctica totalmente injustificada, absolutamente preocupantes. La discusión sobre la incidencia relativa de cada uno de los agentes teratógenos utilizados en una guerra (químicos, radioactivos, etc.) nos parece poco importante e incluso, permítannos señalarlo como conclusión, poco respetuosa de un dato que constituye un hecho: los muertos en Libia por causa de este ataque sobrepasan y sobrepasarán de lejos cualquier cifra que pueda definirse algún día como «el precio necesario».

Es importante, finalmente, recoger datos y estudios -existen muchos- sobre los efectos que las «nuevas guerras» tienen en el hombre y en el medio ambiente. Hay que mostrar la manera como nuestras armas modernas, que nada tienen de “quirúrgicas”, producen daños inaceptables. Hay que estudiar el impacto que han tenido, en los hombres y en el medio ambiente que las han sufrido, las guerras «humanitarias» registradas desde 1991.

Fuentes:  ComeDonChisciotte.org (Italia),  Red Voltaire.


Slavoj Zizek y la caridad

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Slavoj Žižek, filósofo y psicoanalista esloveno, es uno de los pensadores más destacados hoy en día

Ha publicado múltiples libros y artículos sobre teoría política, posmodernismo, psicoanálisis, cultura popular, y entre otros variados temas. Uno de los puntos importantes de su prolífica obra es la crítica al capitalismo contemporáneo, donde ha contribuido de forma destacada a la comprensión de las transformaciones del capitalismo y en las alternativas que podemos construir ante el sistema dominante.

En esta animación, el autor explica en qué consiste lo que él llama «Capitalismo cultural» y las implicaciones éticas de un sistema económico basado en la caridad.

El autor ilustra la anterior afirmación tomando como ejemplo a la compañía Starbucks Coffee:

Cuando uno compra un café en esta cadena no sólo está consumiendo, sino que además le está comprando a una compañía que dice pagar el precio justo a los productores de café, lo cual mejora la calidad de vida de los trabajadores, protege el medio ambiente, y una larga lista de beneficios que podemos generar al comprar un café. Esto es el capitalismo cultural. La persona que compra no sólo está ejerciendo el acto de consumir, sino que el acto de comprar es un acto de redención, donde me inserto como consumidor en una red solidaria que busca beneficiar a las comunidades pobres ligadas a la producción de café, proteger el medio ambiente, fomentar prácticas económicas justas, por nombrar sólo algunas. De esta forma, el sistema capitalista actual se construye en base a la caridad: cada acto de consumo permite que «ayudemos» a mejorar la vida de otras personas, el medio ambiente y nuestra calidad de vida en general… así salvamos nuestras almas (y por supuesto, seguimos llenando de plata los bolsillos de las grandes empresas).

Fuentes:  Wikipedia, «Manzana Mecánica», You Tube, Hibai A. y Laia Sanz

LA HISTORIA DE JAPÓN CAMBIÓ EN FUKUSHIMA

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Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC

Fukushima es peor que Hiroshima y Nagasaki, dijo una sobreviviente del terremoto y del tsunami.

– ¿Por qué piensa eso?, le preguntaron.
– Porque Hiroshima y Nagasaki son el pasado, pero Fukushima es el futuro.

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El 10 de diciembre del año pasado, la delegación japonesa en la cumbre sobre cambio climático en Cancún anunció que Japón no renovaría sus metas cuantitativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero más allá de la expiración de 2012. En otras palabras, Japón no aceptaría una extensión del Protocolo de Kioto.

La conferencia de Cancún constituía un momento clave para decidir sobre el futuro del protocolo de Kioto que expira en 2012. La delegación japonesa remató diciendo que ahora lo importante era el (mal) llamado acuerdo de Copenhague, en el que los compromisos vinculantes son inexistentes. Esta toma de posición del gobierno del Partido Democrático de Japón le hace el juego al complejo de industrias intensivas en energía (siderúrgica, aluminio, vidrio) que son clave en la política de ese país. Las empresas en estas ramas de la industria quieren ganar tiempo para amortizar las inversiones que ya han realizado con tecnologías intensivas en energía.

Por su parte, la industria nuclear nipona soñaba con más subsidios que pudieran alimentar sus planes de expansión y con poder arrinconar una parte del importante mercado nuclear que se desarrolla en Asia, sobre todo en China. Claramente, el desastre en Fukushima ha hecho pedazos estos sueños de expansión.

Quizás lo único que queda claro en este enredo entre la política energética y ambiental de Japón es que si ese país va a avanzar hacia una combinación energética menos agresiva con el medio ambiente, se va a tener que terminar el compadrazgo existente entre el gobierno y las agencias regulatorias, por un lado, y el lobby nuclear y el de las industrias intensivas en energía, por el otro. En Japón, la alianza de la casta política con el shogunato de los grandes grupos corporativos ha dejado ya una larga estela de engaños que nadie puede olvidar. Fukushima es el escenario del último episodio.

Ni el gobierno japonés, ni el operador de la planta (Tokyo Electric Power Company, TEPCO), ni la agencia internacional de energía atómica (AIEA), han podido ofrecer una versión consistente sobre lo ocurrido en Fukushima. La información sobre los seis reactores de Fukushima proporcionada por TEPCO y el Foro Industrial Atómico (JAIF, organización que promueve los intereses de la industria nuclear en Japón) contiene muchas contradicciones y genera más preguntas de las que contesta.

La primera tiene que ver con la versión que corrió inicialmente en la prensa internacional: el terremoto provocó el cierre automático de los reactores en Fukushima, pero el tsunami destruyó o incapacitó los sistemas de enfriamiento de los reactores y eso provocó el sobrecalentamiento y explosiones de hidrógeno.

Pero hay algo que choca en esta versión. Las fotografías, videos e imágenes de satélites (por ejemplo en la página www.isis-online.org ver fotos al final del artículo) no contienen la evidencia de los destrozos que provocó el tsunami en la costa al norte de Fukushima. Ni los árboles en los estacionamientos, ni los patios de la planta tienen la huella del tsunami. Los escombros que aparecen se deben a las violentas explosiones de hidrógeno que destruyeron los edificios de los reactores 1 y 3.

Una buena parte de la propaganda del lobby nuclear descansa sobre esta versión de los hechos. Pero la evidencia revela que si hubo un tsunami en Fukushima, tuvo que ser mucho más débil que en Minamisoma o Sendai (distantes unos setenta kilómetros al norte de la planta). Por lo tanto, se abren dos hipótesis inquietantes. Primero, es posible que un tsunami de menor fuerza efectivamente inundó los sistemas de enfriamiento y los depósitos de combustible de los motores diesel (respaldo del sistema principal). Pero eso significa que las plantas eran mucho más frágiles de lo que nos quiere hacer creer el lobby nuclear. En este caso, TEPCO quedaría (otra vez) mal parada por su negligencia. Nada nuevo para TEPCO.

La segunda hipótesis es que el colapso en los sistemas de refrigeración fue provocado por el terremoto. En ambos casos, queda expuesta la falacia del lobby nuclear. Las plantas no son robustas y no funcionaron como se supone que deben hacerlo en caso de un terremoto. Adiós a la otra historieta del lobby nuclear.

Las relaciones de Japón con el mundo de la energía nuclear pueden parecer sorprendentes. Algunos se preguntarán: ¿cómo es que Japón, el único país que ha sido bombardeado con armas nucleares, recurrió a las centrales nucleares como fuente de energía? La respuesta está en la ocupación militar estadounidense (que concluyó oficialmente en 1952) y en sus esfuerzos por mantener el viejo orden conservador nipón con un disfraz de democracia parlamentaria. El tejido de engaños, corrupción y mentiras que envuelve las relaciones de los grandes conglomerados y el gobierno es el resultado de esa extraña mezcla.

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Artículo publicado en La Jornada
http://nadal.com.mx

Las agencias de calificación, ante los tribunales

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Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales

Gerardo Pisarello y Jaume Asens –  Sin Permiso

Mientras más se agudiza la crisis en la periferia de la zona euro, mayor es la impresión de que sus principales causantes se han propuesto convertirse, sin práctica oposición, en sus grandes beneficiarios.

La gran finanza no sólo no ha sido objeto de controles y sanciones efectivos, sino que ha visto reforzado su poder, convirtiéndose en una auténtica espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares en general. En ese contexto, la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella penal contras las agencias de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales supone una pequeña grieta en este panorama sombrío. Por vez primera, Moody’s, Standard & Poors y Fitch deberán responder ante un tribunal español por la alteración del precio de la deuda pública y por la utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio (arts. 284 y 285 del Código Penal). Esta iniciativa debería verse, desde luego, como un intento de poner coto a la impunidad de los más fuertes, cuando la mayoría de instituciones públicas se ha rendido a la impotencia o ha optado por la complicidad. Pero también como la respuesta ante un modus operandi que, de no detenerse, acabará por arrasar no sólo con los endebles cimientos democráticos de nuestras sociedades sino también los derechos básicos de la mayoría de la población.

Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios. Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como Enron o Lehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra. Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. Las agencias intentaron sostener que sus informes eran una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sus impugnadores, no obstante, sostuvieron que habían actuado sin rigor ni transparencia, que se habían beneficiado de información reservada procesándola de manera fraudulenta y favoreciendo a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se dictaron algunas sentencias en su contra y se impusieron nuevas regulaciones. Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras recibieron ingentes cantidades de ayuda que permitieron convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligara, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que habían contribuido a crear. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todavía hoy la legislación española impide a las familias que han contraído hipotecas impagables entregar el inmueble y liberarse, al menos, de su deuda con los bancos. Es más, cuando la ejecución se realiza y la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. Esta situación, en la que podrían verse indicios de un enriquecimiento ilícito y de una estafa castigada por el Código Penal, ha sido considerada por los poderes públicos como una garantía para la recuperación del sistema financiero.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez. En el momento de expansión del boom inmobiliario, su negocio había consistido en sobrevalorar activos, empresas y solvencias con frecuencia vinculados a activos tóxicos. A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

Si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda y del empleo de miles de familias, el pesimismo de hoy alimenta sin cesar la espiral de recortes en el resto de derechos sociales. Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1].En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan. Lo que sí parece evidente es que las agencias no califican del mismo modo a las empresas y a las instituciones públicas. Ni a los gobiernos conservadores, de derechas, que a aquéllos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes.

Al igual que cuando calificaban al alza los activos tóxicos, las agencias insisten en que al juzgar la deuda pública sólo actúan como una suerte de periódico económico: emiten opiniones que nadie está obligado a contratar, cuya credibilidad, en última instancia, depende de lo que decidan los inversores. En parte esto es cierto. Un gobierno dispuesto a controlar con rigor la banca privada, obligándola a asumir responsabilidades por sus actuaciones, a fortalecer la banca pública y a realizar políticas fiscales progresivas, seguramente sería mucho menos dependiente de la financiación externa y, en consecuencia, de las agencias. El ejemplo de Islandia sigue siendo una prueba de que la sumisión total a los poderes financieros no es la única alternativa.

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla. En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado. O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. La situación de los gobiernos socialistas de la periferia europea –Portugal, España o Grecia– no es exactamente ésta, pero guarda algunas semejanzas. Al carecer de una agenda política y económica alternativa, se han visto forzados a contratar a las grandes agencias e incluso a asumir los recortes sociales que éstas utilizan como indicio de solvencia. En 2009, ante una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el gobierno español sostuvo que la contratación de estos servicios era necesaria porque muchos inversores internacionales requerían que la deuda tuviera una calificación mínima para adquirirla. En la misma respuesta, informó que la Dirección General del Tesoro y Política, dependiente del Ministerio de Economía, pagaba 280.000 euros al año a Standard and Poors, mientras que con Moody’s desembolsaba 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión en divisas, sin superar los 250.000 euros. Sin embargo, su disposición al ajuste nunca ha sido considerada suficiente y su deuda pública ha sido calificada a la baja en más de una ocasión [3].

El problema, como consta en la querella presentada en la Audiencia Nacional, es que no es inusual que esta evaluación se produzca minutos antes del cierre de las operaciones en bolsa. Este tiempo es más que suficiente para que aquellos que cuenten con información puedan beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Esta hipótesis no es descabellada. Algunas de las entidades que más deuda pública española tienen, como Deutsche Bank, Hypo Real Estate o Barclays, son clientes de las grandes agencias. Lo mismo que ocurre con otras importantes tenedoras europeas de deuda española como DZ Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, WGZ, Postbank, West LB, Sociéte Generale, Rabobank o The Royal Bank of Scotland.

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país. Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad. La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual. No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara[4].

Uno de los principales propietarios de la agencia Moody’s es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffet e integrado por otros magnates como Bill Gates. Además de Moody’s, Berkshire Hathaway controla un amplio espectro de negocios vinculados a energía, telecomunicaciones, transportes, materiales de construcción, además, claro, de seguros y productos financieros. En 2008, tanto Barack Obama como John McCain mencionaron a Buffet como posible Secretario del Tesoro o como Asesor Financiero, una tarea que éste había desarrollado ya en 2003 para el gobernador de California por el Partido Republicano, Arnold Shwarzeneger. El otro grupo económico con peso en Moody’s es Davis Selected Advisers, una empresa de inversores presidida por Shelby Davis. Su padre, Shelby Cullom Davis, también era un banquero vinculado al Partido Republicano que fue embajador en Suiza durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford.

Standard and Poors, por su parte, está controlada por la compañía Mc Graw Hill. Aunque fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, Mc Graw Hill también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold “Terry” Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.

La agencia Fitch es la más pequeña de las tres grandes, y está fuertemente vinculada al grupo Fimalac S.A., con sede en Francia. Además de ocuparse de servicios financieros, Fimalac se dedica también a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. La presencia gala es aquí determinante. El presidente del holding es F. Marc Ladreit de Lacharrière, administrador además de empresas como L’Oréal, Renault o Casino, miembro del consejo asesor del Banco de Francia y Miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Frania. Estrechamente ligado al Grupo Bilderberg, Ladreit de Lacharrière también se ha prodigado, al igual Buffet o Mc Graw Hill, por sus actividades filantrópicas y sus compromisos con la educación. En 2009, de hecho, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y colaborador del programa Educación para Todos. Eso no le ha impedido mantener estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo duro de la Unión Europea. “Francia y Alemania” –declaró el influyente propietario de Ficht en 2010- “disponen de credibilidad ante los inversores, que deciden y son los dueños del juego, porque tienen dos pilotos en el avión: Nicolás Sarkozy y Angela Merkel”.

En realidad, la tragedia de nuestra época reside en que los gobiernos que hoy padecen ataques especulativos carecen de autoridad para combatirlos, puesto que la connivencia con sus perpetradores ha sido todo menos excepcional. Como bien ha explicado el jurista y economista William Black, han sido las instituciones públicas las que han autorizado la desregulación de los mercados financieros, las que se han negado a aplicar con contundencia las medidas anti-trust que todavía existen y las que han despenalizado las actuaciones fraudulentas ocurridas antes, durante y después del estallido de la crisis. Estas medidas han generado un sistema de incentivos perversos basado en la búsqueda de elevadísimos beneficios en el corto plazo al precio de pérdidas seguras en el futuro. Todo ello en un ambiente criminógeno en el que los diferentes actores –bancos, agencias, reguladores públicos- tienen buenas razones para no decir nada y mirar hacia otro lado [5].

Es en este contexto, precisamente, donde la acusación popular contra las agencias cobra más sentido. Como una iniciativa jurídica, ciudadana, dirigida a cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población. Y a forzar, naturalmente, una discusión de fondo sobre la depuración y democratización radical del sistema financiero actual. Haciendo gala del enorme poder que ha conseguido acumular gracias a la ausencia de límites jurídicos efectivos, Buffet ha podido declarar: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. No en vano, tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia Nacional, las agencias han contraatacado y han enviado a miembros de dos de los grandes despachos de abogados españoles especializados en defender a este tipo de empresas a presionar a la justicia. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándolos a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus criminales maniobras.

NOTAS:
[1] Vid. http://www.latiza.es/imagenes2/CuentasPublicas/moodys-portugal.pdf
[2] Vid. Alec Klein, “Credit Rater’s Power Leads to Abuses, Some Borrowers Say”, Washington Post, 24 de noviembre de 2004.
[3] En muchos casos, estas evaluaciones parecen forzar el rescate europeo, so pena de poner en peligro la viabilidad del euro. Ello no ha bastado, sin embargo, para que la Unión Europea imponga un marco regulatorio exigente a las agencias. En enero de 2003, el Parlamento y el Consejo aprobaron la Directiva 2003/6/CE sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. Esta directiva, así como los diferentes actos que la han modificado, permite definir qué debe entenderse por información privilegiada, cuándo puede entenderse que hay una operación sospechosa o cuándo un riesgo de abuso de mercado. La Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, establece una distinción entre las personas que hacen recomendaciones de inversión –y que deben respetar normas más estrictas- y las que difunden recomendaciones hechas por un tercero. Esta Directiva remite a la normativa a la que está sometida la profesión de periodista financiero. En todo caso, no ha servido hasta ahora para poner coto a unas prácticas sobre cuya ilegalidad existen numerosos indicios.
[4] Como se recuerda en la querella, el déficit de Estados Unidos y sus ratios de deuda –e incluso los de algunos Estados como California, Illinois y Nueva York- son equivalentes, o incluso peores, que los de España, Portugal o Grecia, países que han sido rebajados. Sin embargo, como bien apunta Dean Baker, todos los grandes bancos, incluidos gigantes como Citigroup o Goldman Sachs, tienen grandes cantidades de deuda del gobierno de los Estados Unidos y dependen de las ayudas que éste les pueda proporcionar. Si el gobierno cayera en default por no poder pagar sus deudas seguramente arrastraría consigo a la mayoría de bancos y otros importantes clientes de las agencias. Vid. “Will the U.S. lose its AAA Rating?” en http://www.counterpunch.org/baker03252010.html
[5] Vid. la entrevista realizada a W. Black en http://inthearena.blogs.cnn.com/2010/12/20/black-the-dominance-of-unethical-banking/

«La ILEGALIZACIÓN DE SORTU está basada en conjeturas»

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Los siete jueces discrepantes explican en su voto particular que, con la decisión del Supremo, se deja a gran parte del electorado vasco y navarro sin la posibilidad de participar en la vida política

HÉCTOR JUANATEY  en  Público

Los siete jueces de la Sala 61 del Tribunal Supremo que han emitido un voto discrepante consideran en su escrito que la decisión final de ilegalizar Sortu está basada en «citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos que lo contradicen».

En el documento en el que explican sus argumentos contrarios a la ilegalización de la nueva formación, los siete jueces quieren dejar constancia del desconocimiento de la mayoría del Supremo del «valor decisivo» que la justicia «otorga a la terminante renuncia de la violencia» que se recoge textualmente en los Estatutos del malogrado partido político abertzale.

A su juicio, «resulta obligado, según los principios del Estado de Derecho», legalizar la «actividad política» de Sortu mientras no se demuestre algún tipo de «connivencia» de la formación con el terrorismo. No obstante, si esto sucediese, explican, «la ley española permite su ilegalización inmediata».

En el documento, el voto discrepante extrae del auto que no se demuestra que Sortu sea una consecución de las anteriores organizaciones ilegalizadas próximas a la organización terrorista ETA. «No logra desmentir que la creación del nuevo partido constituye un intento de al menos una parte del mundo abertzale de que en el País Vasco sean defendidas determinadas aspiraciones políticas independentistas por vías estrictamente políticas abandonando la violencia y toda connivencia con ella», aseguran en el escrito.

Los siete jueces advierten además de que, con la ilegalización del partido, eliminan la posibilidad de que «una parte del electorado del País Vasco y Navarra, identificado con la izquierda abertzale» pueda contar con un «partido político propio para aspirar a formar parte de las instituciones elegidas democráticamente y, en general, participar en la actividad política».

Los motivos para legalizar

En su texto, los jueces que han discrepado del voto mayoritario del Supremo recurren a un gran número de autos, sentencias y leyes para explicar que «las circunstancias que verdaderamente definen a una asociación como partido únicamente se acreditan una vez constituido», ya que solo en ese momento puede determinarse que sus actividades se ajustan a la legalidad.

Los magistrados, que citan la sentencia del Tribunal Constitucional 5/2004, manifiestan que «la constatación de ese extremo en el momento de la constitución del partido solo sería imaginable a través de un juicio de intenciones que pugnaría groseramente con el régimen de libertad de creación de partidos garantizado por la constitución». A lo largo del texto, hacen especial hincapié en este aspecto, al insistir en que «solo cabe ilegalizar a un partido sobre la base de sus actividades y conductas». «No cabe la ilegalización preventiva», defienden.

En cuanto al derecho de las personas vinculadas a partidos de la izquierda abertzale a participar en la vida política, los jueces afirman que «cualquiera puede emprender una nueva vía, acudiendo a la concurrencia política bajo el amparo de formaciones de nueva creación, como abundantemente ha reiterado esta Sala, así como el Tribunal Constitucional». Sostienen además que la denominada izquierda abertzale «constituye una opción ideológica legítima, susceptible de expresarse por los cauces de participación política que permite la ley». «Nada puede impedir a sus miembros crear un instrumento político para expresar su voluntad colectiva», advierten.

Con el objetivo de demostrar el poco peso del auto de la mayoría, los jueces comparan además las anteriores sentencias que ilegalizaron partidos políticos abertzales en el pasado con lo ocurrido con Sortu. Recurren sobre todo al auto del Tribunal Supremo de 2007. Entonces, «se ilegalizó un partido teniendo en cuenta que los órganos de esa formación eran los mismos que los de Batasuna». Con Sortu, sin embargo, la mayoría no tiene en cuenta ese aspecto, ya que el nuevo partido presenta unos órganos completamente distintos. Del mismo modo, tampoco coinciden con Batasuna la denominación, los símbolos y otras características tenidas en cuenta en el pasado.

Según los jueces discrepantes, «las partes demandantes dicen que hay similitud con Batasuna basándose únicamente en que los mismos proyectos políticos son de la izquierda abertzale». Advierten de nuevo que no se puede considerar que esta ideología política equivale siempre a formaciones ilegalizadas. «Esa posición no puede mantenerse cuando la expresión aparece unida a la ruptura con las organizaciones anteriores», como queda plasmado en los estatutos de Sortu.

Otro de los motivos para ilegalizar argumentados por los demandantes y recogidos por la mayoría de la sala 61 era que al acto de presentación de la nueva formación habían acudido personas vinculadas al mundo abertzale. El voto discrepante considera que este hecho «carece de relevancia, ya que el elemento de la similitud de las personas solo puede referirse a los promotores o personas que directamente participan en la organización del nuevo partido político». A este respecto, también subrayan que los demandantes presentaron en su defensa una prueba ilegal para defender sus argumentos, ya que se trataba de una escucha grabada ilegalmente en el locutorio de una prisión.

Los jueces recuerdan además que, en sus estatutos, Sortu reconoce la contribución de personas que antes participaron en formaciones ilegalizadas, pero incide en que todos ellos rompen con los modelos organizativos del pasado.

Los estatutos de Sortu

Para defender la legalidad de la nueva formación abertzale, el voto discrepante hace referencias constantes a los estatutos presentados por el partido. En ellos, queda evidente que rechazan los anteriores modelos organizativos del mundo abertzale y mantienen una «posición clara de actuación por vías exclusivamente política». Además, rechazan todo tipo de violencia y, «en particular, la de la organización terrorista ETA». Asimismo, recuerdan que Sortu se opone «a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practican la violencia».

De todo ello, los siete jueces extraen que de los estatutos se infiere que se «proclama un rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo de sus autores». Además, subrayan que en sus estatutos se hace referencia a los principios del senador Mitchel, que «en realidad son el punto 20 de un documento mucho más amplio elaborado por el Cuerpo Internacional para el Decomiso de las Armas en Irlanda del Norte». Entre esos principios, «figura el desarme total de todas las organizaciones paramilitares», por lo que, para los jueces, «debe entenderse que se considera ese principio, como todos los demás del senador, como ineludible e indispensable».

Otro de los argumentos expuestos por los demandantes para ilegalizar la formación es el hecho de que muestren su rechazo a la violencia pero no la condena. En su texto, el voto discrepante explica que, desde el punto de vista jurídico, «ambas palabras son igualmente eficaces para expresar el apartamiento de la violencia». De hecho, el auto del Supremo del 22 de mayo del 2007 utiliza «rechazo o condena» indistintamente, llegando a usar varias veces la primera expresión en lugar de la segunda.

El auto del Supremo también recoge que los demandantes incidieron en el hecho de que Sortu no condenó los actos de kale borroka el día 3 de marzo. Sin embargo, los jueces discrepantes recuerdan que hicieron lo propio el día 10, cuando en un comunicado rechazaron «cualquier acto de violencia» y mencionaban concretamente aquellos que apuntaban directamente contra el lehendakari Patxi López. En el mismo comunicado, rechazaron los incidentes de kale borroka de la semana anterior en Gazteiz y Portugalete.

Los jueces insisten además en que la ley no exige la desaparición de ETA para que una nueva formación sea legal. Además, Sortu, en sus estatutos, asegura estar dispuesto a trabajar con todos los agentes para que desaparezca «cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA». En su texto, los magistrados destacan además que no se puede aceptar que el Supremo deje entrever que Sortu no puede pretender establecer Euskal Herria, ya que el sistema democrático español sí lo permite.

La no connivencia con ETA

Los siete jueces que han discrepado del voto de la mayoría dejan caer en su texto que esta establecería su ilegalidad dijeran lo que dijeran. «Si los miembros pertenecientes a organizaciones políticas de la izquierda abertzale no concurren al acto de presentación de la nueva organización política, se interpreta que se trata de ocultar que esta procede de aquella; pero si, por el contrario, concurren a un acto político celebrado poco antes de la presentación del nuevo proyecto político, se interpreta como una demostración de la continuidad con el partido ilegalizado».

Añaden además que «si no han existido discrepancias entre la izquierda abertzale y la banda terrorista ETA, como se afirma en la resolución de la mayoría, se interpreta que esto demuestra un desdoblamiento de actividades y una coordinación entre ambas; pero si en el escrito de alegaciones se sostiene que pueden haber tenido discrepancias y disensiones, esto comporta que se identifica a la izquierda abertzale como una unidad orgánica y funcional vinculada ETA».

En referencia a las pruebas periodísticas presentadas por los demandantes que pueden demostrar una consecución de Sortu con Batasuna, los siete magistrados deciden incluir otras pruebas de las mismas características que demuestran lo contrario. Entre ellas, por ejemplo, una información del diario Público titulada ‘Las bases de Batasuna afianzan la vía política’.

A los documentos presentados para demostrar que Sortu proviene de Batasuna, los jueces inciden, por ejemplo, en el de Alsasua, donde ETA rechazaba la violencia. Según los magistrados discrepantes, la mayoría se escuda en que la organización terrorista se hizo como propietaria de muchos de estos documentos en sus comunicados. Sin embargo, los discrepantes prefieren pensar que ETA hace constante referencia a todos esos textos «por temor a la pérdida de influencia» y quiso «contrarrestarla mediante comunicados de adhesión o aceptación».

Algo similar ocurre con el alto el fuego que ETA estableció en septiembre de 2010. La mayoría del Supremo considera que se trató de una presión de la organización terrorista, mientras que los demás jueces creen que sucedió justamente lo contrario y fue la izquierda abertzale quien presionó a ETA.

Los jueces concluyen, por lo tanto, que «no puede catalogarse a Sortu como la continuación de la antigua Batasuna, sino como un nuevo partido político creado por un importante sector de la izquierda abertzale con arreglo a las exigencias y parámetros constitucionales». «El grado de certeza alcanzado» por la mayoría «es muy inferior al que debe considerarse exigible para una inferencia de esta naturaleza».

EMPLEO: La Educación NO es la respuesta

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Paul Krugman – Clarín

Es una verdad universalmente aceptada que la educación es la clave del éxito económico. Todo el mundo sabe que los empleos del futuro requerirán niveles de capacitación más altos que nunca. Es por esto que, en una reciente aparición junto al ex gobernador de Florida Jeb Bush, el presidente Obama declaró que “si queremos más buenas noticias sobre el empleo, tenemos que hacer más inversiones en educación”.

«Pero lo que todo el mundo sabe es equivocado«

Un día después del encuentro Obama-Bush, The Times publicó un artículo acerca del uso creciente de software para realizar investigaciones legales. Resulta que las computadoras pueden analizar rápidamente millones de documentos, haciendo de un modo muy económico una tarea que requería ejércitos de abogados y asistentes.

En este caso, entonces, el progreso tecnológico está reduciendo, de hecho, la demanda de trabajadores con un alto nivel de educación.

Y la investigación legal no es un ejemplo aislado. Como lo señala el artículo, el software también viene reemplazando a los ingenieros en tareas tales como el diseño de microprocesadores. La idea de que la tecnología moderna elimina sólo empleos poco calificados, que los trabajadores con una sólida educación son claros ganadores, puede ser dominante en la discusión pública, pero se desactualizó hace décadas.

El hecho es que desde 1990 aproximadamente el mercado laboral de EE.UU. se ha caracterizado no por un aumento generalizado de la demanda de capacitación, sino por un “vaciamiento”: los empleos con mejor remuneración y los de salarios bajos crecieron rápidamente, no así los empleos de salarios medios, la clase de trabajos de los que dependemos para sostener a una fuerte clase media. Y el agujero en el medio se fue agrandando; muchas de las ocupaciones bien remuneradas que experimentaron un rápido crecimiento en los 90 han crecido más lentamente en los últimos tiempos, aun cuando se aceleró el crecimiento del empleo de salarios bajos.

¿Por qué ocurre esto? La creencia de que la educación es cada vez más importante se basa en la noción ­que suena plausible­ de que los avances tecnológicos incrementan las oportunidades laborales para quienes trabajan con información; dicho en términos más sencillos, que las computadoras ayudan a los que trabajan con la cabeza y que perjudican a los que trabajan con las manos.

Sin embargo, algunos años atrás, los economistas David Autor, Frank Levy y Richard Murnane argumentaron que esta era una manera errada de pensar el tema. Las computadoras, señalaron, sobresalen en tareas rutinarias, “tareas cognitivas y manuales que pueden realizarse siguiendo reglas explícitas”. Así, cualquier tarea rutinaria ­categoría que abarca diversos trabajos administrativos, no manuales­ está en la línea de fuego. Por el contrario, los trabajos que no se pueden llevar a cabo siguiendo reglas explícitas ­categoría que incluye diversas clases de trabajo manual, desde chóferes de camiones hasta porteros de edificios­ tenderán a crecer aún a pesar del progreso de la tecnología.

Difícil de automatizar

Y he aquí el nudo de la cuestión: la mayor parte del trabajo manual que todavía se hace en nuestra economía parece ser del tipo del que es difícil de automatizar. En particular, en momentos en que los trabajadores del sector manufacturero tienen en Estados Unidos un nivel de desempleo inferior al 6%, no hay muchos empleos de línea de producción que se puedan perder.

Mientras tanto, buena parte del trabajo administrativo que hoy realizan trabajadores con un alto nivel de educación y una remuneración relativamente elevada, pronto podrían ser computarizados. Las aspiradoras-robot (roombas) son lindas, pero todavía falta mucho para que haya porteros-robot; por su parte, la investigación legal automatizada y el diagnóstico médico por computadora ya están aquí.

Y también hay que considerar la globalización. En otra época, sólo los obreros de fábrica tenían que preocuparse por la competencia de otros países, pero la combinación de computadoras y telecomunicaciones hizo posible proveer muchos servicios desde lejos. Y la investigación de mis colegas de Princeton Alan Blinder y Alan Krueger sugiere que los empleos bien pagos realizados por trabajadores con un alto nivel de educación tienden a ser más “tercerizables” que los trabajos realizados por trabajadores menos calificados y con sueldos bajos. De ser así, el crecimiento del comercio internacional de servicios agudizará aún más el vaciamiento del mercado laboral estadounidense.

Lo que la universidad no puede

¿Pero, de todo esto, qué dice de la política? Sí, necesitamos corregir la educación estadounidense. En particular, las desigualdades que experimentan los norteamericanos desde la línea de partida ­los chicos brillantes de familias pobres tienen menos posibilidades de terminar la universidad que los chicos mucho menos capaces de familias ricas­ no son solamente una atrocidad: representan un descomunal desperdicio del potencial humano de la nación.

Pero hay cosas que la educación no puede hacer. En especial, la noción de que poner más chicos en la universidad puede devolvernos la sociedad con clase media que supimos tener es una expresión de deseos. Ya no es tan cierto que un título universitario garantiza un buen empleo, y con el correr de las décadas es cada vez menos cierto.

Por eso, si queremos una sociedad con más prosperidad para todos, la educación no es la respuesta: tendremos que ocuparnos de construir esa sociedad directamente. Tenemos que restablecer el poder de negociación que la fuerza laboral perdió en los últimos 30 años, de modo que los trabajadores comunes así como las superestrellas puedan negociar buenas remuneraciones. Debemos garantizar las necesidades básicas, sobre todo el cuidado de la salud, para todos los ciudadanos.

Lo que no podemos hacer es llegar adonde queremos ir simplemente otorgándoles a los trabajadores títulos universitarios, que pueden ser no más que pasaportes a empleos que no existen o que no pagan salarios de clase media.

Traducción: Susana Manghi

¿Rescate a Portugal, o a sus bancos?

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Otra vez el engaño de los rescates: ¿Ahora Portugal?

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

En otros artículos referidos al caso español traté de poner de relieve que cuando se habla de “rescatar” a un país se produce un gran engaño que es imprescindible tratar de desvelar.

Ahora ocurre lo mismo con Portugal cuando las autoridades europeas y los llamados “mercados”, en realidad los grandes grupos financieros y empresariales, insisten para que el gobierno portugués solicite que su país sea “rescatado”.

Generalmente, cuando se habla de “rescatar” a un país se parte de una situación real y de gravedad que suele manifestarse en un gran endeudamiento que dificulta o impide hacer frente a los compromisos de pago adquiridos. Sin embargo, cuando esto ocurre se produce un engaño muy bien orquestado en relación con las razones, los problemas, las soluciones y los efectos de la operación que se desea llevar a cabo.

El primer engaño suele darse sobre la naturaleza de los problemas que padece el país al que se dice que hay que “rescatar”. Ahora, como en los caso griego o irlandés recientes, se afirma que Portugal tiene un grave endeudamiento público derivado del crecimiento desbordado de sus gastos que le obliga a recurrir a un cuantioso préstamo para liquidar con él sus deudas. No es del todo cierto, como señalaré enseguida.

El segundo engaño se deriva del anterior. Para que el “rescate” sea útil se afirma que debe ir acompañado de medidas que resuelvan el problema que originó la situación que se quiere resolver y que, por tanto, deben consistir, principalmente en recortar el gasto. En consecuencia, los que dan el préstamo para “rescatar” al país, en este caso Portugal, imponen políticas consistentes en recortar cualquier tipo de gasto público y en especial el que está vinculado con las actividades que dicen que el sector privado puede llevar a cabo más eficazmente, es decir, con los servicios públicos (otro engaño más porque no es seguro que lo haga mejor y sin embargo es inevitable que el capital privado lo proporcione más caro y a menos población), o el que se considera improductivo, como el sueldo de los funcionarios, por ejemplo.

Al mismo tiempo se engaña también afirmando que el resultado del rescate será el mayor incremento de la actividad y de la creación de empleo y que, por tanto, gracias a él las aguas de la economía volverán a su cauce anterior e incluso a un nivel mucho más satisfactorio de rendimiento económico.

Desde que en los años ochenta se empezaron a producir “rescates” en economías de América Latina hemos podido ver cómo acaban este tipo de operaciones (con menos actividad, empleo y desigualdad y con más pobreza) y analizando la situación de los países que han sido o que van a ser “rescatados” podemos comprobar sin demasiada dificultad la naturaleza de este engaño.

Los problemas económicos que tiene Portugal no son exactamente el resultado de que haya habido mucho gasto público, de endeudamiento público. Es verdad que el déficit ha aumentado mucho en los dos últimos años pero eso se ha producido como consecuencia de la crisis que han provocado los bancos y de que se haya impuesto una respuesta a ella basada justamente en salvarlos a costa de un precio extraordinariamente alto. De hecho, el gobierno portugués, siguiendo directrices y ejemplos europeos y la presión de los propios poderes financieros, llegó a nacionalizar bancos en operaciones que le costaron muy caro.

Pero ni siquiera eso es lo que provoca los problemas más agudos de la economía portuguesa. Su problema más grave no es el endeudamiento público sino el exterior y éste se viene produciendo en los últimos años no precisamente porque haya habido despilfarro público sino como consecuencia de las políticas neoliberales que han destruido su riqueza productiva, su industria y agricultura y que le han cercenado las fuentes de generación de ingresos ya de por sí débiles. Como en tantos otros países, han sido estas políticas generadoras de escasez en aras de salvar el beneficio de los grandes grupos oligárquicos y que han obligado a Portugal a vender sus mejores activos productivos al capital extranjero, las que han destruido tejido industrial y producción agraria y las que así han provocado un debilitamiento de su capacidad de crear empuje económico, de su competitividad y, como consecuencia de ello, el incremento de la deuda exterior.

La realidad es que las políticas neoliberales auspiciadas por la Unión Europea han significado un corsé letal para la economía portuguesa y que han ido produciendo en los últimos años un incremento del desempleo y de la pobreza que se ha tratado de disimular, entre otras medios, gracias a que el dominio de los grandes medios de comunicación está cada vez más en manos de esos mismos capitales extranjeros.

Y cuando la crisis ha estallado y cuando el gobierno ha asumido la carga extraordinaria del salvamento bancario, así como cuando ha sufrido mayor merma de ingresos y aumento de gasto para evitar el colapso de la economía, es cuando la situación se ha hecho ya insostenible.

Por tanto, es mentira que el “rescate” sea obligado porque la economía portuguesa sufra debido al endeudamiento público. Si se viene encontrando cada vez más debilitada es por otro tipo de razones.

Y aquí viene otro engaño especialmente peligroso. Las medidas que necesita Portugal para salvar su economía no son las encaminadas a reducir el gasto sino a cambiar el tipo de políticas que le vienen ocasionando pérdida de ingresos, de actividad y de empleo y una desigualdad cada vez mayor, que ha hecho que las rentas en aumento de las clases ricas se hayan dedicado a la inversión financiera o inmobiliaria especulativas que han dado grandes beneficios a bancos también extranjeros, entre los que destacan los españoles, pero que han acumulado mucho riesgo y ha creado una base cada vez más volátil y débil para la economía portuguesa, como ahora se puede comprobar.

El siguiente engaño tiene que ver con los efectos benéficos que dicen que tendría el “rescate”.

En contra de lo que afirman los voceros de los grandes grupos financieros que lo desean, si a los problemas reales que acabo de mencionar se añade ahora, como quieren los que se disponen a “rescatar” a Portugal, recortes en el gasto, disminuciones de salarios y en general políticas que van a producir disminución de la demanda, lo que ocurrirá será que la economía portuguesa se encontrará aún peor porque todo ello solo va a provocar una caída del consumo, de la inversión y del mercado internos y, por tanto, menos actividad y menos empleo.

La realidad es que el “rescate” de Portugal, tal y como se daría allí siguiendo la línea de otros tantos anteriores (un préstamo muy cuantioso para que Portugal pague las deudas acompañado de medidas restrictivas y de recorte de derechos sociales y de gasto) no va a salvar a su economía. Es mentira que este tipo de operaciones rescaten a los países. Esto es solo un último y definitivo engaño: de lo que se trata no es de salvar o rescatar a un país sino a los bancos, principalmente, y a los grupos más ricos y poderosos, puesto que lo que se hace con el rescate es poner dinero para que ellos cobren sus deudas y obligar a que la sociedad cargue con la factura de la operación durante años.

Tan cierto es esto que resulta fácil y patético comprobar que son precisamente estos grupos financieros y las autoridades europeas que le sirven los que se empeñan en convencer a las portuguesas de que soliciten el “rescate”, una buena prueba de quiénes son de verdad los que se beneficiarán de él.

Y esto pone sobre la mesa una última cuestión. Un engaño no menos importante. Quizá el peor. El que tiene que ver con el tipo de régimen político en el que vivimos y en el que los electores, los ciudadanos, no podemos decidir realmente sobre las cuestiones económicas.

Lo llaman democracia pero a la vista de lo que viene sucediendo está cada vez más claro que no lo es porque se nos ha hurtado la posibilidad de decidir sobre las cuestiones económicas que evidentemente son una parte central de las que directamente afectan a nuestra vida. Y es justamente por ello que hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para tratar de cambiarlos. Eso sí que sería un verdadero rescate. Lo demás es otro robo.

Artículo publicado en Cuarto Poder