Islandia reforma su Constitución mediante las redes sociales

El país europeo, que viviera la peor crisis de su historia en el 2008, está preparando una nueva Carta Magna recurriendo a Facebook y Twitter para que los ciudadanos puedan debatir sus nuevos contenidos.

Infobae.com

Islandia reforma su constitución a través de las redes sociales

La elaboración del borrador de esta nueva Constitución corre a cargo de 25 consejeros constitucionales, elegidos entre 522 candidatos, y en un país en el que dos tercios de la población usa facebook y casi la mitad twitter, se decidió que el trabajo sea puesto a consideración de los internautas

Los islandeses pueden revisar semanalmente los nuevos artículos propuestos para su inclusión en la carta magna y comentar directamente sobre la conveniencia de los mismos desde la web Stjörnlagaráò, dedicada exclusivamente a la reforma constitucional. Los textos son publicados a su vez en Facebook y Twitter, mientras que en Youtube se publican periódicamente entrevistas con cada uno de los 25 miembros del consejo. Además, Flickr sirve como escaparate en el que plasmar el trabajo de los distintos consejeros.

A pesar de ello, Hordur Torfason, el hombre que en 2008 impulsó la revolución popular luego del colapso financiero del 2008, advierte del peligro de que en septiembre, cuando se acabe de escribir la propuesta, “los políticos quieran repasarla antes de someterla a referéndum”. Por ello, ha recalcado que hay que lograr que la gente “pueda votar lo que han escrito antes que los políticos metan mano, teniendo en cuenta que de ahí saldrá un nuevo sistema con el que queremos, entre otras cosas, erradicar la corrupción“.

No es la primera vez que desde el inicio de la crisis este pequeño país, de apenas 320.000 habitantes, deja en manos del pueblo aquellas decisiones que les afectan de forma directa. Hace unos meses el Ejecutivo puso en marcha un referéndum en el cual los habitantes de la isla decidieron si se debían o no pagar con dinero público las deudas de los bancos islandeses en quiebra, una compulsa en la que la mayoría de la gente votó negativamente y que determinó la actuación del Gobierno islandés con el FMI

Islandia coordina su Constitución mediante la Web social

Editorial TICbeat
Crowdsourcing Islandia

Islandia está utilizando los nuevos medios sociales de Internet para crear su nueva Constitución. El consejo encargado de elaborar el nuevo documento ha ido publicando los borradores del mismo en una página web cada semana desde que se lanzó el proyecto en abril y los usuarios pueden añadir sus comentarios en la propia página o, incluso, en Facebook.

Además, el consejo también tiene una cuenta en Twitter, una página de Youtube con entrevistas a sus miembros y un Flickr con imágenes de los 25 miembros del mismo. Todo esto se hace para maximizar la interacción con los ciudadanos.

Asimismo, según explica The Guardian, las reuniones del consejo se retransmiten mediante streaming tanto desde su web como desde su página de Facebook.

Una vez que el borrador final esté listo, será sometido a referéndum, sin que el Parlamento imponga ningún cambio. Se espera que esto ocurra a finales de julio.

Según Thorvaldur Gylfason, profesor de Economía de la Universidad de Islandia y miembro del consejo constitucional, la idea de involucrar al público desde el principio y en todos los pasos se debe, precisamente, al referéndum. Al ser el público quien votará la validez de la Constitución, debía estar involucrado desde que comenzó el proceso y no únicamente al final del mismo.

Islandia es uno de los países con una legislación más permisiva respecto a Internet y dos tercios de sus 318.452 ciudadanos tienen una cuenta en Facebook.

El ex primer ministro islandés, a juicio por la mala gestión de la crisis

El conservador Geir H.Haarde está acusado de desoír las advertencias sobre la inminente crisis de los bancos

EFE, para "Público"

El ex primer ministro conservador islandés Geir H. Haarde afrontará desde hoy un juicio en el que está acusado de negligencia grave durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario de su país en octubre de 2008.

El encargado de estudiar el caso será el Landsdómur, un tribunal especial creado para procesos que afecten a miembros del Gobierno y que nunca había actuado en los casi 67 años de independencia de esta isla.

La imputación de Haarde, de 60 años, fue posible porque el Althingi (Parlamento islandés) así lo decidió en septiembre pasado por 33 votos a favor y 30 en contra, siguiendo el consejo del informe realizado anteriormente por la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

Aunque hoy es el día para confirmar la acusación, medios islandeses consideran probable que el juicio en sí no comience hasta después del verano, ya que el tribunal concederá a Haarde un plazo para presentar objeciones.

En el auto de acusación preliminar presentado hace un mes, el fiscal Sigridur Fridjonsdottir pide una condena para el ex primer ministro por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente crisis de los principales bancos islandeses.

A pesar de los avisos recibidos entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal, quien no especifica ninguna pena concreta para el delito.

Haarde, cuyo abogado pedirá que la acusación sea desestimada, calificó de escandaloso que la Fiscalía tardara siete meses en presentar cargos y que al final éstos coincidieran casi palabra por palabra con la resolución aprobada hace un año por el Althingi. En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora.

El Landsdómur está formado por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

El colapso bancario, que obligó a nacionalizar los principales bancos del país, colocó a Islandia, que ha tenido que recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del Gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata, encabezado por Haarde, que se retiró de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y “rojiverdes”, gobierna por mayoría absoluta desde abril de 2009 un país que negocia ahora su entrada en la UE.

OLAFUR R. GRIMSSON, PRESIDENTE DE ISLANDIA

La gente no tiene que pagar por las locuras de los bancos

(Entrevista a Ólafur Ragnar Grímsson – Presidente de Islandia)

Persona es un viejo vocablo que significa máscara. Las distintas máscaras de este hombre alto y rotundo que es Ólafur Ragnar Grímsson (Isafjodur, 1943) no dejan indiferente a nadie: el presidente de Islandia despierta grandes adhesiones (lleva 15 años en el cargo), pero también el rechazo cerrado de una parte de los islandeses. Grímsson, que fue politólogo, líder socialista y hasta editor de periódicos, ha desempeñado un papel estelar durante la crisis. Pese a que se le suponía una figura decorativa, se ha negado dos veces a sancionar una ley que obliga a los islandeses a pagar a Reino Unido y Holanda por la quiebra de uno de sus bancos, en el denominado caso Icesave.

“Grímsson ha sido capital para evitar que Icesave sea una condena para al menos una generación de islandeses”, asegura el economista Jon Danielsson. Pero este es un lugar extremo, como sus gentes: Guderburg Bergsson, uno de los gigantes de la literatura islandesa, le atribuye “gran parte de la culpa” de la pesadilla de los últimos años por algunas de esas máscaras. “Grímsson ha cambiado varias veces de camisa, la ha perdido y ha conseguido otra que ha vuelto a perder por oportunista. Y enseguida consigue una más: sus años en la presidencia son el reflejo de una nación parecida a él, confusa y aislada”, ataca.

Grímsson recibe a EL PAÍS en su residencia, en una biblioteca luminosa -tal vez por los enormes ventanales, tal vez por los muchos libros de poesía que se agolpan en las baldas-, y antes de poner la grabadora a trabajar se interesa por España y Portugal, a cuyo primer ministro, José Sócrates, algunos tildan de “socialista neoliberal”. El presidente se arranca con una sentencia que repetirá un par de veces con ligeras variaciones durante la entrevista: “Europa no afronta solo una crisis económica: esta es una crisis política. Los Gobiernos no pueden seguir arrastrándose tras los mercados”.

No parece dispuesto a dar su brazo a torcer con Icesave. ¿No está asumiendo un rol que no le corresponde?

Hasta ahora no se había usado esa prerrogativa, pero vivimos tiempos de grandes desafíos. Lo fundamental es que Islandia es una democracia, no un sistema financiero, y que esta no es solamente una crisis económica: es una crisis política. Una de las razones por las que Islandia se está recuperando con rapidez es que el país está dándole una respuesta democrática formidable, no solo financiera. Los islandeses provocaron un cambio de Gobierno, activaron una investigación y van a cambiar la Constitución. Los referéndums se inscriben en esa onda. Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir.

Hace dos años el euro parecía un paraíso para divisas pequeñas como la corona. Ahora el viento ha cambiado y aun así el Gobierno quiere que Islandia entre en la UE. ¿Y usted?

Los recursos energéticos, la pesca, el turismo, todo eso ha sido clave para salir de la crisis; también la divisa lo ha sido. La fuerte depreciación es una paradoja: por un lado somos más pobres, pero por otro se eleva la competitividad de la industria.

Con el euro desaparecería esa ventaja.

Es evidente que la moneda ha sido parte de la solución y que Grecia e Irlanda no han tenido ese resorte. Pero la conveniencia o no del ingreso en la UE dependerá de la negociación. Hay una contradicción interesante: las encuestas muestran que una mayoría quiere que se siga negociando. Y una mayoría aún mayor está en contra de la entrada.

Islandia ha dejado caer a sus bancos y persigue a los banqueros. ¿Ve ahí un modelo islandés de salida de la crisis?

Tal vez no hubiera más opción que esa: los bancos eran tan grandes que no había forma de rescatarlos. Pero no importa si había o no había opciones: Islandia no acepta la idea de que la gente de la calle tenga que pagar toda la factura por las locuras de los bancos, como ha ocurrido con esas nacionalizaciones por la puerta de atrás en otros lugares. Vuelvo al argumento inicial: la solución a la crisis no es simplemente económica.

Se han establecido controles de capital, han subido los impuestos y el recorte en gastos sociales ha desatado el descontento popular. ¿Ese enfado va contra los bancos o contra los políticos?

Es difícil decirlo. Pese a los controles, el país sigue funcionando bien, y el impacto fiscal es innegable, pero era necesario y se está haciendo razonablemente bien. Las crisis son dolorosas.

¿Alguien va a ir a la cárcel?

No soy quien debe decirlo.

Hace años usted hablaba del “capitalismo vikingo”, de un grupo de jóvenes banqueros “listos para conquistar el mundo”. ¿Ha cambiado su punto de vista?

Tal vez todo sucedió demasiado rápido y no supimos ver los riesgos: tampoco supieron verlos las agencias de calificación ni las autoridades europeas. Hubo voces críticas; como otros muchos, no supe escucharlas. Pero hay que aprender de todo esto.

Entrevista realizada por Claudi Pérez – El País

Los islandeses son unos irresponsables

“Se eligió la peor opción. Debemos hacer todo para evitar un caos político y económico a consecuencia del resultado.” -Johanna Sigurdardottir, primera ministra de Islandia-

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Isaac Rosa,  en Público

Vamos a tener que tomar medidas más drásticas para hacer entrar en razón a los islandeses, que han vuelto a rechazar comerse las deudas de los bancos. Por ahora les amenazan con llevarlos a los tribunales, cerrarles la puerta de Europa y que Moody’s les rebaje el rating. Si aún así se resisten, habrá que mandar a la OTAN, porque otra cosa ya no se me ocurre para que actúen como ciudadanos responsables.

Es lo que pasa por dejar que la gente decida. Los de a pie somos por naturaleza irresponsables, porque a diferencia de la clase política no tenemos sentido de Estado. Por eso es mejor dejar las decisiones importantes en manos de los expertos o los gobernantes, siempre más responsables.

Algo parecido ha pasado en Eslovenia: el parlamento aprobó una reforma laboral, y la presión popular logró un referéndum. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues que un 82% la ha rechazado. Y pronto votarán también la de pensiones.

¿Se imaginan que a los españoles nos consultasen sobre la reforma laboral, de pensiones o de las cajas? Por suerte somos un país serio, con una clase política responsable y con sentido de Estado, y leyes que dificultan convocar referéndums a tontas y a locas, porque lo más probable sería que nos equivocásemos y votásemos en contra de lo que los mayores, perdón, los dirigentes, saben qué es mejor para nosotros.

No sabemos si en Islandia habrá un tercer referéndum, o acabará decidiendo el parlamento. Ya pasó con la constitución europea: en cuanto la rechazaron en Francia y Holanda, se desechó la idea de ratificarla en referéndum, y el nuevo tratado lo aprobaron por vía parlamentaria todos los países salvo Irlanda, donde hubo que votar dos veces para que no se equivocasen los ciudadanos.

Quienes no tienen ya estos problemas son los portugueses. Ellos no votarán sus planes de ajuste, y aunque elijan a sus gobernantes, tampoco éstos decidirán la política económica, por si no son lo bastante responsables. Hoy reciben la visita del FMI, el BCE y la Comisión, gente seria donde las haya, y que les dirán qué es lo que más les conviene.

ISLANDIA SE NIEGA POR SEGUNDA VEZ A AYUDAR A LOS BANCOS


En un recuento inicial del referéndum celebrado ayer, habría triunfado por un 58% el “no” a la ‘Ley Icesav’ para indemnizar a los afectados por la quiebra del banco

EFE  para  PUBLICO

El presidente islandés Ólafur Ragnar Grímsson introduce su voto en la urna para el referéndum celebrado ayer en el país.
El presidente islandés Ólafur Ragnar Grímsson introduce su voto en la urna para el referéndum celebrado ayer en el país.
AFP/ Halldor Kolbeins

Los islandeses han vuelto a rechazar en referendo una ley para indemnizar a 300.000 ahorradores británicos y holandeses, afectados por la quiebra en 2008 del banco Icesav , según el recuento inicial de más de un cuarto de votos.

Después de que en las jornadas previas a la consulta la tendencia mayoritaria al “sí” se invirtiera, el primer escrutinio de la consulta, tras el cierre de los colegios electorales a las 22.00 GMT de ayer, ha apuntado a un triunfo del “no” con el 58 por ciento de los votos frente al 41 por ciento del “sí”. De confirmar estas cifras, la victoria del “no” sería aún mayor de lo apuntada por los sondeos previos.

La primera ministra del país, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, ha afirmado en la televisión pública “Rúv” que estaba “decepcionada” por el previsible rechazo a la “Ley Icesave ” para devolver a los ahorradores extranjeros una cantidad que roza los 5.000 millones de dólares (3.474 millones de euros).

La incertidumbre sobre el monto total a pagar por Islandia, con una población de apenas 320.000 habitantes, debido sobre todo a la inestabilidad de la corona islandesa, ha sido uno de los principales argumentos destacados por los opositores a la ley y que ha podido invertir la tendencia inicial.

El conflicto sobre las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros del Icesave se dirimirá probablemente en los tribunales europeos, una vez que Gran Bretaña y Holanda anunciaron antes del segundo referendo que no habría nuevas negociaciones con Islandia.

Ahora, el triunfo del “no” deja en el aire el proceso de ingreso de Islandia en la UE , hasta que no se resuelva la disputa legal, y debilita la coalición de Gobierno entre socialdemócratas y “rojiverdes”, en el poder desde las elecciones anticipadas de 2009.

Dos años, dos negativas

El referendo celebrado ayer fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Ólafur Ragnar Grímsson, quien echó mano de esa prerrogativa tras recibir una iniciativa popular que reclamaba la celebración de una consulta, firmada por más de una cuarta parte del censo electoral de esta isla situada en el Atlántico norte.

El presidente islandés ya había forzado una situación similar un año antes, cuando contra todo pronóstico rechazó firmar una anterior “ley Icesave” en diciembre de 2009, con el primer referendo, que se celebró en marzo de 2010 y se saldó con una rotunda victoria del “no”, superior al 90 por ciento.

El resultado obligó a Islandia, Gran Bretaña y Holanda a negociar un nuevo acuerdo para el pago de las indemnizaciones que habían adelantado los gobiernos británico y holandés a sus nacionales tras la quiebra del banco, división de Internet del Landsbanki, el segundo banco del país entonces y que como los principales institutos crediticios de Islandia fue nacionalizado por el Gobierno tras la quiebra del sector bancario en octubre de 2008 .

El nuevo acuerdo, aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento islandés en febrero pasado y que ha sido rechazado en las urnas, establecía rebajar los tipos de interés al 3,3 por ciento en su endeudamiento con el Reino Unido y al tres por ciento en el caso de Holanda, frente al 5,5 por ciento del primer acuerdo.

También se establecían salvaguardas para garantizar que las devoluciones no superen el 5 por ciento de los ingresos de Islandia y que el pago de intereses comience de inmediato, mientras que el del resto se haría a partir de 2016 y durante un máximo de 37 años.

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LAS CAJAS DE AHORRO


Me apunto a la postura islandesa: en lugar de pagar, ¡que les den!

BLANCA ÁLVAREZ,   en   El Correo
Ahora comprendo las palabras de la empleada en Cajastur, cuando trataba de convencer a un cliente para que no cancelara sus cuentas en la entidad: «La Caja somos todos». ¡Por eso nos piden a todos unos cuantos millones con el fin de evitar que se vayan a pique algunas cajas españolas! Ahora esas cajas ‘enfermas’ son de todos, nos dicen; todos formamos parte de su cuerpo místico, carne y espíritu de sus reservas e hipotecas. ¿Acaso participamos en sus ganancias? No señor; ni nos consultaron para favorecer a sus amigos ni a ciertos políticos, empresarios y otras hierbas; tampoco nos consultaron cuando prejubilaron a ‘enemigos políticos’ en perfecto estado de salud y con menos de cincuenta años. Las decisiones las tomaban a puerta cerrada, sin repartir beneficios con nosotros. Ahora, las abren para que nos vaciemos los bolsillos rellenando el agujero de sus decisiones.
Me apunto a la postura islandesa: en lugar de pagar, ¡que les den! Y de paso que investiguen sus miseria s y no se pasen por el forro de sus porquerías un agujero del cual no nos hemos beneficiado. Que los investiguen, que, siguiendo el ejemplo islandés, sus responsables sean castigados y sus entidades se hundan si han malversado.
Lo curioso es el modo en que llevan a cabo estos asuntos: sin mover una ceja, lanzándonos la culpa por haber sido inconscientes consumidores, pedigüeños de sus créditos, estúpidos urgidos de bienes inmobiliarios que, en algunos casos, ellos financiaban a doble banda: a los promotores y a sus víctimas. Lo piden como una urgencia que nos corresponde a nosotros subsanar porque, de lo contrario, nos iremos al caos.
Cierto, ni el mundo es perfecto ni, tal vez, logremos una sociedad de hombres y mujeres sabios, por lo tanto buenos en el sentido más clásico del término; pero resulta urgente poner un límite a la indecencia. No esperamos que los bancos se conviertan en organizaciones benéficas, ni siquiera las cajas por más que nacieron casi con tal ideario, pero va comenzando a ser prioritario poner unos ciertos límites a esta desvergüenza masiva de instituciones cuyos ejecutivos, por negligencia, incompetencia o pura y simple corruptela, han provocado un desastre social que hemos de pagar entre todos.
Cierto, no somos egipcios ni libios, por eso no temen una salida masiva de ciudadanos a la calle, pero Islandia nos queda muy próxima, en democracia y sistema de vida. No parecen fanáticos de ninguna religión, ni bárbaros sin educación, ni pertenecientes a ex colonias de ningún imperio. Ellos han dicho basta, han tumbado al Gobierno apabullado y dispuesto a pagar la deuda contraída por los bancos, han enviado a la cárcel o al exilio a los banqueros fraudulentos. Como en la canción de La Estaca, han dicho basta cual gallinas hartas de poner el huevo para que se lo coman otros. Antes de seguir pagando deudas corruptas, ¿no podríamos imitar a los islandeses?

Las agencias de calificación, ante los tribunales

Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales

Gerardo Pisarello y Jaume Asens –  Sin Permiso

Mientras más se agudiza la crisis en la periferia de la zona euro, mayor es la impresión de que sus principales causantes se han propuesto convertirse, sin práctica oposición, en sus grandes beneficiarios.

La gran finanza no sólo no ha sido objeto de controles y sanciones efectivos, sino que ha visto reforzado su poder, convirtiéndose en una auténtica espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares en general. En ese contexto, la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella penal contras las agencias de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales supone una pequeña grieta en este panorama sombrío. Por vez primera, Moody’s, Standard & Poors y Fitch deberán responder ante un tribunal español por la alteración del precio de la deuda pública y por la utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio (arts. 284 y 285 del Código Penal). Esta iniciativa debería verse, desde luego, como un intento de poner coto a la impunidad de los más fuertes, cuando la mayoría de instituciones públicas se ha rendido a la impotencia o ha optado por la complicidad. Pero también como la respuesta ante un modus operandi que, de no detenerse, acabará por arrasar no sólo con los endebles cimientos democráticos de nuestras sociedades sino también los derechos básicos de la mayoría de la población.

Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios. Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como EnronLehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra. Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. Las agencias intentaron sostener que sus informes eran una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sus impugnadores, no obstante, sostuvieron que habían actuado sin rigor ni transparencia, que se habían beneficiado de información reservada procesándola de manera fraudulenta y favoreciendo a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se dictaron algunas sentencias en su contra y se impusieron nuevas regulaciones. Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras recibieron ingentes cantidades de ayuda que permitieron convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligara, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que habían contribuido a crear. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todavía hoy la legislación española impide a las familias que han contraído hipotecas impagables entregar el inmueble y liberarse, al menos, de su deuda con los bancos. Es más, cuando la ejecución se realiza y la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. Esta situación, en la que podrían verse indicios de un enriquecimiento ilícito y de una estafa castigada por el Código Penal, ha sido considerada por los poderes públicos como una garantía para la recuperación del sistema financiero.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez. En el momento de expansión del boom inmobiliario, su negocio había consistido en sobrevalorar activos, empresas y solvencias con frecuencia vinculados a activos tóxicos. A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

Si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda y del empleo de miles de familias, el pesimismo de hoy alimenta sin cesar la espiral de recortes en el resto de derechos sociales. Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1].En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan. Lo que sí parece evidente es que las agencias no califican del mismo modo a las empresas y a las instituciones públicas. Ni a los gobiernos conservadores, de derechas, que a aquéllos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes.

Al igual que cuando calificaban al alza los activos tóxicos, las agencias insisten en que al juzgar la deuda pública sólo actúan como una suerte de periódico económico: emiten opiniones que nadie está obligado a contratar, cuya credibilidad, en última instancia, depende de lo que decidan los inversores. En parte esto es cierto. Un gobierno dispuesto a controlar con rigor la banca privada, obligándola a asumir responsabilidades por sus actuaciones, a fortalecer la banca pública y a realizar políticas fiscales progresivas, seguramente sería mucho menos dependiente de la financiación externa y, en consecuencia, de las agencias. El ejemplo de Islandia sigue siendo una prueba de que la sumisión total a los poderes financieros no es la única alternativa.

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla. En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado. O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. La situación de los gobiernos socialistas de la periferia europea –Portugal, España o Grecia– no es exactamente ésta, pero guarda algunas semejanzas. Al carecer de una agenda política y económica alternativa, se han visto forzados a contratar a las grandes agencias e incluso a asumir los recortes sociales que éstas utilizan como indicio de solvencia. En 2009, ante una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el gobierno español sostuvo que la contratación de estos servicios era necesaria porque muchos inversores internacionales requerían que la deuda tuviera una calificación mínima para adquirirla. En la misma respuesta, informó que la Dirección General del Tesoro y Política, dependiente del Ministerio de Economía, pagaba 280.000 euros al año a Standard and Poors, mientras que con Moody’s desembolsaba 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión en divisas, sin superar los 250.000 euros. Sin embargo, su disposición al ajuste nunca ha sido considerada suficiente y su deuda pública ha sido calificada a la baja en más de una ocasión [3].

El problema, como consta en la querella presentada en la Audiencia Nacional, es que no es inusual que esta evaluación se produzca minutos antes del cierre de las operaciones en bolsa. Este tiempo es más que suficiente para que aquellos que cuenten con información puedan beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Esta hipótesis no es descabellada. Algunas de las entidades que más deuda pública española tienen, como Deutsche Bank, Hypo Real Estate o Barclays, son clientes de las grandes agencias. Lo mismo que ocurre con otras importantes tenedoras europeas de deuda española como DZ Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, WGZ, Postbank, West LB, Sociéte Generale, Rabobank o The Royal Bank of Scotland.

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país. Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad. La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual. No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara[4].

Uno de los principales propietarios de la agencia Moody’s es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffet e integrado por otros magnates como Bill Gates. Además de Moody’s, Berkshire Hathaway controla un amplio espectro de negocios vinculados a energía, telecomunicaciones, transportes, materiales de construcción, además, claro, de seguros y productos financieros. En 2008, tanto Barack Obama como John McCain mencionaron a Buffet como posible Secretario del Tesoro o como Asesor Financiero, una tarea que éste había desarrollado ya en 2003 para el gobernador de California por el Partido Republicano, Arnold Shwarzeneger. El otro grupo económico con peso en Moody’s es Davis Selected Advisers, una empresa de inversores presidida por Shelby Davis. Su padre, Shelby Cullom Davis, también era un banquero vinculado al Partido Republicano que fue embajador en Suiza durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford.

Standard and Poors, por su parte, está controlada por la compañía Mc Graw Hill. Aunque fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, Mc Graw Hill también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold “Terry” Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.

La agencia Fitch es la más pequeña de las tres grandes, y está fuertemente vinculada al grupo Fimalac S.A., con sede en Francia. Además de ocuparse de servicios financieros, Fimalac se dedica también a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. La presencia gala es aquí determinante. El presidente del holding es F. Marc Ladreit de Lacharrière, administrador además de empresas como L’Oréal, Renault o Casino, miembro del consejo asesor del Banco de Francia y Miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Frania. Estrechamente ligado al Grupo Bilderberg, Ladreit de Lacharrière también se ha prodigado, al igual Buffet o Mc Graw Hill, por sus actividades filantrópicas y sus compromisos con la educación. En 2009, de hecho, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y colaborador del programa Educación para Todos. Eso no le ha impedido mantener estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo duro de la Unión Europea. “Francia y Alemania” –declaró el influyente propietario de Ficht en 2010- “disponen de credibilidad ante los inversores, que deciden y son los dueños del juego, porque tienen dos pilotos en el avión: Nicolás Sarkozy y Angela Merkel”.

En realidad, la tragedia de nuestra época reside en que los gobiernos que hoy padecen ataques especulativos carecen de autoridad para combatirlos, puesto que la connivencia con sus perpetradores ha sido todo menos excepcional. Como bien ha explicado el jurista y economista William Black, han sido las instituciones públicas las que han autorizado la desregulación de los mercados financieros, las que se han negado a aplicar con contundencia las medidas anti-trust que todavía existen y las que han despenalizado las actuaciones fraudulentas ocurridas antes, durante y después del estallido de la crisis. Estas medidas han generado un sistema de incentivos perversos basado en la búsqueda de elevadísimos beneficios en el corto plazo al precio de pérdidas seguras en el futuro. Todo ello en un ambiente criminógeno en el que los diferentes actores –bancos, agencias, reguladores públicos- tienen buenas razones para no decir nada y mirar hacia otro lado [5].

Es en este contexto, precisamente, donde la acusación popular contra las agencias cobra más sentido. Como una iniciativa jurídica, ciudadana, dirigida a cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población. Y a forzar, naturalmente, una discusión de fondo sobre la depuración y democratización radical del sistema financiero actual. Haciendo gala del enorme poder que ha conseguido acumular gracias a la ausencia de límites jurídicos efectivos, Buffet ha podido declarar: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. No en vano, tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia Nacional, las agencias han contraatacado y han enviado a miembros de dos de los grandes despachos de abogados españoles especializados en defender a este tipo de empresas a presionar a la justicia. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándolos a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus criminales maniobras.

NOTAS:
[1] Vid. http://www.latiza.es/imagenes2/CuentasPublicas/moodys-portugal.pdf
[2] Vid. Alec Klein, “Credit Rater’s Power Leads to Abuses, Some Borrowers Say”, Washington Post, 24 de noviembre de 2004.
[3] En muchos casos, estas evaluaciones parecen forzar el rescate europeo, so pena de poner en peligro la viabilidad del euro. Ello no ha bastado, sin embargo, para que la Unión Europea imponga un marco regulatorio exigente a las agencias. En enero de 2003, el Parlamento y el Consejo aprobaron la Directiva 2003/6/CE sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. Esta directiva, así como los diferentes actos que la han modificado, permite definir qué debe entenderse por información privilegiada, cuándo puede entenderse que hay una operación sospechosa o cuándo un riesgo de abuso de mercado. La Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, establece una distinción entre las personas que hacen recomendaciones de inversión –y que deben respetar normas más estrictas- y las que difunden recomendaciones hechas por un tercero. Esta Directiva remite a la normativa a la que está sometida la profesión de periodista financiero. En todo caso, no ha servido hasta ahora para poner coto a unas prácticas sobre cuya ilegalidad existen numerosos indicios.
[4] Como se recuerda en la querella, el déficit de Estados Unidos y sus ratios de deuda –e incluso los de algunos Estados como California, Illinois y Nueva York- son equivalentes, o incluso peores, que los de España, Portugal o Grecia, países que han sido rebajados. Sin embargo, como bien apunta Dean Baker, todos los grandes bancos, incluidos gigantes como Citigroup o Goldman Sachs, tienen grandes cantidades de deuda del gobierno de los Estados Unidos y dependen de las ayudas que éste les pueda proporcionar. Si el gobierno cayera en default por no poder pagar sus deudas seguramente arrastraría consigo a la mayoría de bancos y otros importantes clientes de las agencias. Vid. “Will the U.S. lose its AAA Rating?” en http://www.counterpunch.org/baker03252010.html
[5] Vid. la entrevista realizada a W. Black en http://inthearena.blogs.cnn.com/2010/12/20/black-the-dominance-of-unethical-banking/

Manifestaciones en todo EE. UU. apoyan las protestas sindicales de Wisconsin

Como ya venimos tratando en este blog se están sucediendo dos procesos de gran envergadura que los medios de comunicación ignoran o cuando menos minimizan. Se trata de LA REVOLUCIÓN ISLANDESA y la revuelta obrera en el estado de WISCONSIN, en Estados Unidos.

Resulta sorprendente que los “medios” se interesen tanto por las revueltas más o menos violentas en los países árabes a la vez que “olvidan” estas pacíficas revoluciones en los países occidentales que pretenden frenar el ultra conservadurismo galopante que pretende -en este último caso- acabar con el sector público.

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EE. UU. en estos días:

Miles de personas han seguido las protestas este fin de semana contra los planes de gobernadores republicanos en Estados Unidos de reducir el déficit fiscal a cuenta de los trabajadores del sector público, siguiendo el ejemplo iniciado en Wisconsin.

Este domingo Michael Moore se ha incorporado a las manifestaciones en Madison, capital del estado de Wisconsin, en el centro norte del país.  El director de cine manifestó que “los ricos se habían sobrepasado, primero tomando el dinero de la clase obrera y, ahora, tratando de silenciarlos” y Moore comparó la protesta de los trabajadores con la revueltas en los paises árabes.

“El sueño americano está en llamas. No estamos hablando de empleados de sindicatos. Hablamos de enfermeras, policías y bomberos”, dijo en la manifestación de Washington el antiguo responsable para “empleos verdes” del Gobierno de Barack Obama, Van Jones, que abandonó su puesto en 2009.

Las protestas de Wisconsin se extendieron esta semana pasada a Indiana y Ohio, estados donde se debaten medidas similares, algo que también ocurre en Iowa, Idaho, Tennessee y Kansas.

Los antecedentes:

La propuesta de los republicanos de Wisconsin para reducir el déficit fiscal desemboca en una reescritura de la legislación laboral de ese estado y en masivas protestas de rechazo.

El Gobernador de Wisconsin, el republicano Scott Walker, enardecido con el triunfo ultraconservador en las elecciones de mitad de mandato de Obama, decidió proponer una ley que facilita la privatización de los servicios públicos y recorta los derechos de los funcionarios para paliar el abultado déficit público (que sin duda ellos no causaron, sino las políticas de sus gobernantes). Los sindicatos, prácticamente han sido apartados de la negociación de los convenios colectivos (tal como se pretende hacer también en nuestra Europa).

Scott Walker, presentó el pasado martes un presupuesto con profundos recortes para -supuestamente- reducir el profundo déficit fiscal, que asciende ya a 137 millones de dólares. Un argumento que, a juicio de los empleados públicos, ha servido como excusa para despojar de sus “derechos laborales a los trabajadores estadounidenses”, ya que la medida arrebata a los sindicatos del sector público la mayoría de los derechos de negociación colectiva. La cuestión ha abierto, en definitiva, un auténtico debate nacional en EE UU sobre el papel de los sindicatos.

En Ohio, esta pasada semana también los republicanos actuaron contra sus empleados públicos, a los que eliminaron el derecho a la huelga. Mediente una nueva normativa, aprobada por los senadores republicanos de Ohio (17 votos a favor y 16 en contra) el pasado miércoles, limita la negociación colectiva al tema salarial, excluye todo lo relacionado con los planes de salud o las pensiones y supedita el proceso a la autoridad de los responsables locales, que tendrían la última palabra. Igualmente les prohíbe hacer cualquier huelga.

Las razones esgrimidas por los republicanos de Ohio son las mismas en las que se ha amparado el gobernador de Wisconsin, el déficit presupuestario (en este caso 8.000 millones) y la necesidad de recortes drásticos.

Pillan al gobernador del estado de Wisconsin admitiendo haber considerado infiltrar a violentos en las manifestaciones pacíficas:

En una llamada telefónica con alguien que fingía ser uno de sus principales contribuyentes a su campaña electoral, el gobernador Scott Walker dijo hace unos días que “había considerado” el envío de agitadores a las manifestaciones en la capital.

El alcalde de la ciudad, Dave Cieslewicz, notablemente furioso, dijo a la prensa que el gobernador de Wisconsin, en realidad pensaba en la infiltración de personas en las multitudes para convertir estas protestas pacíficas en algo violento.

El alcalde Cieslewicz dijo a continuación:

“Nuestras estimaciones son que tal vez medio millón de personas han pasado por la Plaza del Capitolio, en los últimos 10 días. Han venido con los ánimos cargados, y ha habido contra manifestaciones simultáneamente. Por lo tanto era de esperar problemas. Pero, lo que hemos conseguido es un compromiso de comportamiento cívico ejemplar y las protestas han sido todas pacíficas. No hemos tenido ni un solo arresto durante diez días de protestas.

Los manifestantes hasta ayudaban en la limpieza del capitolio y resulta que incluso está más limpio que nunca. La gente respetaba los jardines municipales como si fuera su propia casa. Ayer por la noche veía desde el interior del Capitolio como los manifestantes organizaron una hora de limpieza, desmontaron el bloqueo al capitolio y asistieron a los barrenderos a cumplir sus tareas. Han estado a la altura de nuestra reputación de “Cortesía del Medio Oeste”.

¡Qué vergüenza!

Clama el pleno de la Asamblea de Wisconsin antes de votar el proyecto de ley “antisindical”:

Birgitta Jónsdóttir y “el paraíso de la información”

Este blog recogía el 8-1-2011 la primera referencia a Birgitta Jónsdóttir, una parlamentaria islandesa, poeta, artista, activista, bloguera e impulsora de Internet.
Hoy reproducimos una entrevista realizada por la revista de temas europeos Cafebabel con motivo de la aprobación del proyecto de ley, que pretende convertir la isla en un ejemplo de transparencia digital, que ella misma promovió.
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ENTREVISTA

por Matthieu Amaré // Traducción: Cristina Lozano Argüelles

Birgitta Jónsdóttir, diputada del Parlamento islandés por el partido el Movimiento, que surgió de la respuesta masiva en contra del chantaje financiero ejercido contra su país por los gobiernos de Londres y La Haya con el apoyo del FMI, ha impulsado el proyecto Icelandic Modern Media Initiative (IMMI, Iniciativa Islandesa de Medios Modernos), con el objetivo de que el país sea un modelo de transparencia y libertad de expresión. ¿Qué es eso? Empezar a tener en cuenta el potencial de los blogueros, considerados los nuevos activos mediáticos y que tendrán garantía de que aquello que publiquen no será censurado. Para desarrollar el periodismo digital, la receta de Jónsdóttir tiene múltiples ingredientes que vamos a tratar de desvelar.

Hoy en día, parece que las mujeres se involucran cada vez más en el universo digital, especialmente en los blogs. Usted misma utiliza este medio de comunicación. ¿Qué piensa del fenómeno?

Es la prueba de la gran victoria de la opinión. Sólo puedo estar feliz de que el fenómeno atraiga cada vez a más gente en torno a una ambición cívica, animados por la simple inquietud de contar cosas. Resulta muy interesante ver como las mujeres ocupan el espacio mediático sirviéndose para ello de internet. Se ha convertido para ellas en un nuevo terreno en el que expresarse. Además, es una reafirmación de su independencia.

¿Cuáles son las razones por las que decidió proponer una disposición legislativa relativa a “la libertad de expresión en la era digital”?

Creo que el proyecto, tal y como se ha propuesto, se aplicará de forma efectiva en Islandia en un año. Comencé a pensar en esta iniciativa cuando me interesé más por las nuevas tecnologías, tras un seminario en diciembre de 2009. El objetivo es la transparencia total, el ‘todo público’. La idea original es crear un paraíso de la libertad de expresión. Es una oportunidad para Islandia, ya que el gobierno tradicional, burocrático y depreciado, se está volviendo ineficaz. Pero también es una oportunidad para el mundo del periodismo en general al ponerse en marcha una especie de ‘tsunami de la información’. Y yo considero que es fundamental crear infraestructuras funcionales que permitan expresarse a una nueva generación de autores.

Usted habla de un “paraíso de la información”. ¿En qué sentido exactamente?

Desearía que los periodistas fuesen capaces de revelar al mundo el estado de la sociedad actual. La nueva generación debe poner su granito de arena divulgando nuevas historias, tratando nuevos temas. Y me he dado cuenta de que los llamados periodistas “tradicionales” no pueden hacerlo solos. Todo el mundo compite por hablar en nombre de la libertad de expresión. Pero no es cierto. Miren lo que pasa en Italia, en Reino Unido, en Francia, etc.

¿Una nueva etapa para el periodismo de investigación tras Wikileaks?

Y los blogueros, ¿se ven directamente afectados por este tipo de iniciativa?

Por supuesto. De hecho, son el eje de todo el proyecto. Hace falta definir el terreno de los blogs para que quienes los alimentan se conviertan en lo que yo llamo “periodistas ciudadanos”. Dicho de otro modo, gente capaz de aportar un valor añadido a la información tradicional. La comunidad de blogueros ya lo hace. Sacan fotos, dejan comentarios, estimulan el debate…

Algunos expertos prevén que la IMMI conducirá a la degradación de la principal función del periodista a la hora de relatar una información, con la excusa de que el proyecto que usted propone les privará de su actividad. ¿Qué lugar ocupa el periodista en un sistema en el que todo el mundo puede informar?

Dejemos claros los conceptos. Para mí el periodismo de investigación es el fundamento de mi motivación. Es un sector que, desde la recesión, está en crisis. Aunque afortunadamente, gracias a los blogueros, podemos detener el fenómeno. No se puede arreglar todo con un clic pero ‘los periodistas ciudadanos’ pueden participar en el renacimiento de un periodismo de investigación. No digo que los blogueros puedan sustituir el trabajo de los periodistas. No obstante, cuando empecé a interesarme por la web, constaté que los sitios independientes aportan información adicional que resulta crucial para el debate social. Simplemente publican cosas que los medios tradicionales no divulgan. Al utilizar el potencial de los blogs, el panorama de la información puede ampliarse. Sinceramente, me gustaría ver a estos dos actores trabajar juntos.

En su perfil Facebook, puedo ver que usted es “poeta, escritora, artista, editora, bloguera, activista…” y, ahora, parlamentaria. Discúlpeme pero ¿quién es la verdadera Birgitta Jonsdotir?

Son todas esas cosas al mismo tiempo. En un principio, quería ser poeta, es decir, una persona capaz de contar una historia en pocas palabras, y sigo escribiendo algunos poemas en mi blog. A fin de cuentas, he aprendido que si sabes lo que quieres, puedes conseguirlo.

Revista Cafebabel