Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique

Bajo el lema «¡Alto a la miseria!», la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 «Año de la pobreza y de la exclusión social». Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)… Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asisteremos a una explosiva primavera del descontento europeo?

En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las «personas sin hogar», nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle…
¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).

Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización , la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.

La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un «mal momento transitorio» mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el «precariado» (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado «recibo verde». Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.

Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de proteccion del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.

La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.

Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros… En un continente castigado por la peor recesión desde 1929… ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés minimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las famlias, a las empresas… y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas. Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España…- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros… causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.

Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precaridad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado  17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero «habrá revuelta social»?

Notas: