¿Quién va a la cárcel? y… quién no

Ante los últimos casos de imputaciones a banqueros y gestores de las antiguas cajas de ahorros, cabe preguntarse por la trayectoria que han tenido los banqueros y grandes financieros en los tribunales de justicia. Los casos no son muchos, pero algunos acapararon durante años la atención de los medios.

Si nos atenemos a los hechos, son escasas las posibilidades de que un banquero acabe en prisión, o más exactamente mucho tiempo en prisión, aunque todo depende del banquero, pues ha habido casos para todos los gustos. En general, han salido bastante bien parados en los procesos judiciales abiertos contra ellos, si exceptuamos a Mario Conde y a Arturo Romaní.

Sobre si las sentencias son justas o injustas cada uno tendrá su opinión y es obvio que el condenado suele no estar de acuerdo y los perjudicados más satisfechos, pero la justicia dicta sus veredictos y por muy imperfecta que sea es la que existe.

Comentemos los casos más sonados:

El primer banquero detenido y encarcelado en España fue Juan Palomeras Bigas a quien se le imputó la quiebra del Banco de Navarraen 1978. Aunque de los delitos de falsedad contable fue absuelto, fue a prisión durante 8 meses por no poder hacer frente a la fianza en el procedimiento abierto contra él por la quiebra de la entidad. En 1984 el caso se cerró sin que volviera a ingresar en prisión, pero se da la circunstancia de que Palomeras volvió a la cárcel por tráfico de drogas en 1987. Parece evidente que cambió de oficio.

En 1982 Banca Catalana es intervenida por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos tiene que inyectarle fondos. Una de las personas procesadas en este caso fue Jordi Pujol, que había sido Vicepresidente de la entidad hasta 1976 y posteriormente era consejero. El caso se politizó y acabo sobreseído, aunque la Audiencia de Barcelona reconoció que se pudo haber llevado una gestión imprudente e incluso desastrosa. En todo caso, Jordi Pujol y el resto de los imputados quedaron libres de toda culpa. Obsérvese que la transfusión entre banca y política viene de lejos.

El 23 de febrero de 1983 se expropió el Grupo Rumasa por el entonces Gobierno de Felipe González, cuyo Ministro de Economía era Miguel Boyer. Rumasa tenía un importante grupo bancario, cuya entidad más representativa era el Banco Atlántico. Se da la circunstancia de que los bancos del grupo concedían créditos principalmente a las empresas del grupo, con una concentración de riesgos fuera de toda norma. Además concurrían toda una serie de circunstancias que empañaban la gestión del grupo, en las que no vamos a entrar, pues no es nuestra misión ni justificar ni descalificar una decisión que tomó el Gobierno en ese momento. A resultas de la expropiación, José María Ruiz Mateos huyó de España, pero en 1985 fue extraditado desde Alemania, para ser juzgado por la Audiencia Nacional por los delitos de falsedad documental y contable. En 1997, es decir, 12 años después, es absuelto por la Audiencia Nacional, confirmada posteriormente por Sentencia del Tribunal Supremo en 1999. El proceso de expropiación de Rumasa, posiblemente gestionado de forma negligente por el Gobierno de entonces, costó al erario público más de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), cantidad astronómica para esa época (equivalente al 3,28% del PIB de 1983). Se evitó un desastre financiero incurriendo en otro.

Mario Conde Conde es con diferencia el banquero que ha pagado más cárcel. El día de los inocentes de 1993 el Banco de España interviene Banesto tras fallar las operaciones de ampliación de capital que Mario Conde intentó a través de JP Morgan. El desfase patrimonial detectado por la inspección del Banco de España era de 3.636 millones de euros (unos 600.000 millones de pesetas). A partir de ese momento comienza un calvario judicial para Mario Conde, Arturo Romaní y otros exconsejeros de Banesto, que acaba con dos sentencias condenatorias que llevan a ambos y a otros a prisión durante varios años. Los procesos más importantes son el de Argentia Trust y el que abren por estafa y apropiación indebida de 7.200 millones de pesetas en la Audiencia Nacional, ambos con sentencia condenatoria, la última elevada por el Tribunal Supremo a 20 años. Banesto como es sabido fue finalmente vendido al Banco Santander, de cuyo grupo bancario sigue formando parte.

En 2001 Emilio Ibarra, entonces presidente de BBVA, tiene que acabar dejando el cargo porque se destapa un caso de pensiones cuyos beneficiarios eran determinados consejeros y que fueron constituidas con cargo a fondos que según se dijo en un principio estaban ocultos y situados en paraísos fiscales. Este caso supuso la salida también del Consejero Delegado de la entidad, Pedro Luis Uriarte, y Francisco González quedó como único presidente del banco. Tras la inspección del Banco de España, se abrieron diligencias contra Emilio Ibarra y otras personas, del que resultó una causa contra Ibarra y otros en la Audiencia Nacional, que le condenó en diciembre de 2005 a 6 meses de prisión y multa de 27.000 euros. El 15 de noviembre del año 2006 el Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional y absuelve a Emilio Ibarra de los delitos por los que había sido condenado. La principal consecuencia que trajo este proceso fue la salida del equipo gestor de Emilio Ibarra de BBVA, en el que tan sólo permaneció como figura destacada Goirigolzarri, ya que fue consejero delegado desde entonces hasta su jubilación anticipada en 2009.

En marzo de 2011 el actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Saénz, es condenado después de un largo proceso judicial a tres meses de arresto por el Tribunal Supremo por una denuncia falsa con respecto a la recuperaciones de unos créditos, hechos acaecidos en 1993, cuando gestionaba Banesto. La condena, muy menor, le acarreaba el grave inconveniente de tener que dejar el cargo. El Gobierno el 25 de noviembre de 2011 le concede el indulto.

Por último, Emilio Botín, presidente de Banco Santander, ha tenido abiertas diversas causas a lo largo de su carrera profesional, aunque en todas ellas o ha resultado absuelto o se han archivado o sobreseído. En 1994 se abrió una causa por el llamado caso de las cesiones de créditos al no haberse practicado retención fiscal sobre ese producto financiero. A pesar de la imputación de la Fiscalía Anticorrupción la causa no prosperó. Posteriormente tuvo abiertas otras causas contra él y el consejo del banco, que fueron archivadas, siendo muy comentada en su momento la relativa a las multimillonarias indemnizaciones entregadas a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui con motivo de su abandono de la entidad. Recientemente, en 2011, trascendió una causa abierta contra él y parte de su familia por delito fiscal con respecto a cantidades no declaradas por fondos en el extranjero. Finalmente se archivó la causa al haberse regularizado los pagos a hacienda en el plazo establecido en su momento. La historia procesal de Emilio Botín le sitúa como el ganador de todas las causas y su exitosa carrera profesional no es la de un banquero que se haya tenido que ver ante los tribunales por la quiebra de su entidad. Actualmente Banco Santander es la entidad Española con más altas calificaciones crediticias del sistema financiero, lo que no está tipificado en el código penal como es lógico.

Estos son los casos más sonados hasta la fecha. Se acaba de abrir el caso Bankia con 33 imputados y veremos lo que da de sí, aunque la opinión pública está bastante indignada con el resultado de la gestión, luego hay alarma social, al tiempo que muchos inversores perjudicados. Es un caso que tiene todos los ingredientes para su gran magnitud mediática y su complejidad jurídica, razón ésta última por la que tardará años en resolverse. Hay otras investigaciones y procesos abiertos con respecto a lo sucedido en otras entidades y es muy de temer, o quizás de agradecer, que se abran más procesos a los antiguos gestores que puedan haber cometido alguna grave irregularidad. El público no puede aceptar que quienes han arruinado al sistema financiero y a muchos inversores además se hayan llevado millonarias indemnizaciones por un trabajo tan deficientemente ejecutado con respecto a sus resultados. Iremos añadiendo a la lista a quienes hagan mérito para entrar en ella y pensemos que por mala que sea la justicia es peor la impunidad, sobre todo cuando de una u otra forma nos hemos visto perjudicados todos los españoles.

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