Hace unos días se ha hecho público que enviar a nuestros pesqueros a esquilmar el Índico, aprovechando la ausencia de regulación de un estado fallido como es Somalia, se cifra en un millón de euros anuales.
Frente a los medios de comunicación españoles que, como acostumbran, no han ido más allá del estereotipo de unos piratas que han descubierto un lucrativo filón en el negocio del secuestro y los rescates, se alzan otras voces denunciando esa explotación pesquera protegida por mercenarios (empresas de seguridad privada, se llaman ahora) y militares que financiamos a medias con los armadores de los barcos.
Así lo manifestaba en octubre el primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, quien dijo que son muchos los países que están pescando ilegalmente en Somalia, empujando a antiguos pescadores a este negocio.
Otros, como el investigador noruego Stig Jarler Hansen, en un informe reciente sobre piratería apoyado por el Ministerio noruego de Defensa, señalan que muchos de éstos son policías y guardacostas entrenados por peregrinos programas de cooperación para vigilar las costas. Al acabarse estos proyectos, cientos de somalíes se vieron con formación militar y sin sueldo.
Ésta es también la teoría defendida por la investigación llevada a cabo por periodistas de Al Jazeera, Huffington Post y WardheerNews, incluida en la selección de las 25 noticias más censuradas de 2009.
Entre otras muchas consideraciones económicas que se pueden hacer, son 200.000 las toneladas de atún que al año son suministradas desde el Índico para el consumo español, gracias a una flota de factorías flotantes y son 300 millones de euros al año la estimación de las pérdidas que provoca, ésta nuestra pesca pirata, a Somalia.
"Mis aspiraciones en la vida" 