CRISIS I: De aquellos polvos…

«Las estafas cotidianas que conmocionan nuestras vidas.

Privatizaciones, corrupción,invisibilidad de los cuidados y economía sumergida»

Àngels Martínez i Castells*
-
LA LÓGICA DE LAS PRIVATIZACIONES
Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades y toda la población disponga de los bienes y los servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos. Bueno, ya me perdonarán el mecanicismo, pero eso era más o menos así —por lo menos en Europa— hasta que se derrumbaron todas las murallas de contención de los capitales industriales y financieros y comenzó la gran carrera privatizadora. Por lo que a las empresas públicas se refiere, seguimos oyendo la versión dominante (les ahorro las de otras escuelas económicas) de que lo privado es más eficiente que lo público. A pesar de que Stiglitz y otros denuncian este engaño como una delas grandes falacias de nuestro tiempo se repite machaconamente como argumento indiscutible con el fin de que los capitales privados dispongan de nuevas bandas de expansión a costa de lo que es de la ciudadanía, pagado con los impuestos dela ciudadanía. De hecho, a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal. A la avidez de empresarios privados se une la visión miope y poco democrática de los políticos echando mano de lo público como si les perteneciera en exclusiva para servir intereses departe y conseguir ingresos a corto plazo (ingresos que muchas veces se convierten en subvenciones millonarias, a fondo perdido, para las mismas empresas privadas que difunden el embuste de la poca eficiencia de las empresas públicas). Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de disimular la piratería.
DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL DE BRUSELAS
Las privatizaciones pasaron a ser consigna política de primer orden con el Consenso de Washington (1990). Grandes poderes reunidos en cónclave: Banco Mundial, FMI, políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal y los think tanks. Como primer objetivo, pensar políticas para mantener abiertas las venas de América Latina. Su equivalente para Europa se denominó Consenso de Bruselas. ¿Qué implicó?: recorte del gasto público, reformas tributarias (en la línea de que los ricos paguen menos impuestos) y limitación del déficit. ¿Y en qué se tradujo? Junto con otros factores, con la llegada de la crisis, en las altas tasas de paro en Europa (superiores al 10 por ciento). En España ha sido peor: la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 porciento y del 40 por ciento para la población de menos de 25 años. Un hito destacado en todo el proceso desregulador lo protagonizó Bill Clinton. En 1999 decide abolir definitivamente la Glass-Steagall Act de Roosevelt que desde 1933 separaba la banca comercial de la de inversión e impedía que el capital financiero creciera hasta la hipertrofia. Con su desaparición se abre una distancia cada vez mayor entre la economía financiera y la real. Desde finales de la década de 1970 la distribución de la renta —entre las del trabajo y las del capital— se inclina cada vez más a favor de los beneficios y afecta a lo que Keynes llamó«demanda solvente», es decir, la posibilidad de que se venda (y se cobre) todo lo que se produce. Desde la década de 1990 los salarios han disminuido su participación en la distribución de la renta a costa de los beneficios. Las caídas son vertiginosas en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En concreto en este país han perdido diez puntos, según datos de la Comisión Europea, Anexo Estadístico de la Economía Europea, primavera de 2010.
EL MUNDO EN VENTA. LA RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO:  PRIVATIZACIONES Y PIRATERÍA 
Me parece necesario insistir en los antecedentes más vergonzantes de la oleada privatizadora, comenzando con el Chile pinochetista, la gran probeta experimental de las políticas de la Escuela de Chicago. Según un informe de la Comisión Investi-gadora de la Cámara de Diputados chilena llegó a significar para el país una pérdida de 6.000 millones de dólares. Fueron vendidos a manos privadas 15.888 inmuebles de Bienes Nacionales,se reprivatizó el 80 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria y 725 empresas públicas pasaron a ser controladas, a precios simbólicos, por grupos económicos creados y consolidados durante la dictadura pinochetista, afortunados amigos del régimen. Si dedico estos párrafos al proceso chileno es porque creo que reúne, de manera descarnada, todos los elementos de la teoría del shock que en otras situaciones se han conseguido enmascarar al encontrar justificaciones más amplias y sofisticadas. En primer lugar la privatización surge de una violencia extrema previa, la del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y de tantas y tantas personas que lucharon por la defensa de la democracia constitucional chilena. En segundo lugar implica la tergiversación de la ley en beneficio de unos pocos, la corrupción aceptada, la creación de una clase social que vive dela sumisión de la política a sus intereses particulares. Algo parecido sucede en otros países; por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas públicas soviéticas ha surgido la actual mafia dirigente del Estado ruso con las enormes desigualdades de renta y riqueza que asolan el país. Tampoco fue menor la violencia moral y real que supusieron las progresivas privatizaciones en Portugal que acabaron con el proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974. Una delas más dolorosas fue la que arrasó la Reforma Agraria portuguesa, con la propiedad colectiva de tierras abandonadas por los latifundistas, y que habían empezado a dar trabajo y alimento a hombres y mujeres del Alentejo y el Ribatejo. En Reino Unido fue Margaret Thatcher quien consiguió que las empresas públicas que representaban en 1979 el 8 por ciento del empleo, el 10 por ciento del PIB y el 16 por ciento de la inversión bruta pasaran en 1992, al final de su tercer mandato, a constituir el 3 y el 5 por ciento de los respectivos referentes. British Petroleum, British Telecom, British Airways, British Leyland-Rover, que significaban la principal industria de energía, el teléfono, las líneas aéreas y una importante empresa pública del automóvil, llegaron —en distintas modalidades— a manos privadas. La cuarta administración tory (1992-1997) vendió también el carbón y los ferrocarriles. Joaquim Vergés (2009) calcula los ingresos por privatizaciones en unos 60.000 millones de libras. A principios de 2006 sólo quedaban por privatizar los servicios de correos, el metro londinense y la BNFL, la empresa encargada del tratamiento de uranio y el reprocesamiento de los residuos nucleares. Los laboristas siguieron la senda privatizadora de los conservadores y sólo después de dos graves accidentes ferroviarios atribuidos al mal mantenimiento de la red la empresa gestora, Railtrack, pasó de nuevo a control público. Diferente fue el comportamiento del Partido Socialista en Francia. Las privatizaciones no comenzaron hasta la era post Mitterrand y no incluyeron los monopolios públicos (gas y electricidad, transporte y teléfonos). En Alemania fue la coalición democristiana-liberal de 1983 (bajo el liderazgo de Helmut Kohl) la que comenzó las privatizaciones: sector eléctrico y químico, gas, aluminio, transporte, la compañía aérea Lufthansa y dos bancos públicos (el DBK y el DSL). También canceló la participación federal en Volkswagen y Deutsche Telekom (con reforma constitucional incluida). Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo. Vergés nos explica que se extendieron por Italia, Irlanda, Bélgica, Grecia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; todos ellos, países de la OCDE. Y tampoco es-caparon Turquía, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Zambia,Uganda, Israel. Los monopolios ahora privados se concentran, se alían internacionalmente, imponen sus precios y condenan ala precariedad pueblos y zonas geográficas enteras. Su acción devastadora explica también las revueltas del norte de África y del Medio Oriente.
EL PROCESO PRIVATIZADOR EN ESPAÑA 
El disparo de salida lo dio en su momento, hace más de 25 años,el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, anunciando la posibilidad de sacar a bolsa algunas empresas públicas demostradamente rentables ¿cómo si no las iba a comprar nadie? Sin embargo, fue el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, quien inició en 1985 la oleada privatizadora: un 70 por ciento de Textil Tarazona a En-trecanales, un porcentaje similar de Secoinsa a Fujitsu, el 98,8 por ciento de SKF España de rodamientos a la SKF sueca y  Viajes Marsans (que acabaría más tarde en las funestas manos del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán) a Trapsatur. Al año siguiente se vendió el 100 por ciento de Seat a la alemana Volkswagen y, en 1989, el 80 por ciento de la gran empresa metalúrgica catalana la Maquinista Terrestre y Marítima a la empresa anglofrancesa Gec-Alsthom. No voy a seguir en detalle todo el proceso de las privatizaciones en España, pero sí quiero destacar que en 1985 empezó un descalabro de fondo que se convirtió en tsunami en la década de 1990 con los gobiernos del PP. Según diversas estimaciones, se han privatizado en España unas 120 compañías con unos ingresos aproximados para el erario público de 45.000 millones de euros y sin que hayan estimaciones conocidas, en cambio, de lo que hemos perdido colectivamente en el camino. Los nombres que más suenan son los de los servicios esenciales que mantienen altos los niveles de precios y beneficios (ahora privados, claro), como los de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia (en esta última el Gobierno mantiene una participación de poco más del 5 por ciento). Pero también en España las privatizaciones crearon su casta empresarial. De manera destacada, el PP consiguió cumplir los requisitos de entrada en el Sistema Monetario Europeo y rodear al que era entonces presidente del Gobierno de lo que Fabián Estapé no dudó en llamar «capitalismo de compañeros de pupitre». Un ejemplo de la inversión del poder que han operado las privatizaciones en España nos lo brindó un rincón maravilloso de la Costa Brava en marzo del 2010, cuando más de 220.000 abonados se quedaron sin luz y sin telefonía móvil. Endesa se negó a dar explicaciones. A fin de cuentas las compañías eléctricas privatizadas siguen siendo un oligopolio ¡y mandan!, ¡Vaya si mandan! Al tercer día se permitían no atender ninguna de las veinte llamadas que hizo la televisión pública para poder informar a la ciudadanía. Pero es más: el entonces president Montilla tuvo que personarse en sus instalaciones (que no al revés) para informarse e instarles a proceder a las reparaciones con la máxima urgencia. Y a pesar de ello las privatizaciones siguen: las últimas propuestas con gobierno del PSOE han sido las del 49 por ciento de AENA y el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Las cajas de ahorros se convierten en bancos privados y la privatización de los servicios básicos y del bienestar avanza con mil y un disfraces con la piratería del agua, de los servicios de educación o del sector de sanitario.
LA OFENSIVA INTERNACIONAL DE LA PRIVATIZACIÓN LLEGA AL ESTADO DEL BIENESTAR 
No siempre ha sido lineal ni placentero el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero cumplían su función mínimamente compensadora de desequilibrios sociales… hasta el tsunami privatizador, las desregulaciones aceleradas, la ofensiva neoliberal de la actual crisis económica y la privatización que alcanza la enseñanza y la sanidad. Ya se escatiman los vasos de leche en las escuelas de primaria en tanto que la enseñanza superior es un bien al alcance de los estudiantes más ricos o un crédito de por vida para los más pobres. El sueño socialdemócrata ha muerto y el capitalismo arrogante toma por bandera la falta de equidad, la explotación y las desigualdades: inicia un retorno al futuro que sólo conduce a la barbarie. En 1999 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios dela OMC impuso importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, de servicios municipales, saneamiento y gestión de residuos, y los obligó a menores regulaciones. Si un Estado no cumple, la OMC podría expulsar al Estado rebelde condenándolo al aislamiento económico. Y es lógico desde la perspectiva del capital: el sector del agua genera unos ingresos anuales de más de un billón de dólares aunque sólo esté privatizado entre el 5 y el 10 por ciento a nivel mundial. Por lo que a la sanidad se refiere, la OMS denunciaba en un estudio de 2006 que en el sector privado todo es más caro, desde la construcción hasta el funcionamiento diario. Coincidía en el mismo sentido Frank Dobson, ministro de Sanidad del primer Gobierno Blair, al afirmar que los costos son un 11 porciento superiores en la sanidad privada sobre la pública y nos advertía que peligra el futuro del National Health Service (NHS) por la entrada de las fuerzas del mercado y proveedores que sólo pretenden conseguir beneficios privados. Los políticos conservadores y los lobbies privados de la sanidad dicen que la privatización ha sido un éxito, pero nada más lejos de la verdad. En Gran Bretaña los hospitales privados se quedan con las intervenciones de menor coste y riesgo, con las intervenciones quedan beneficio… y dejan para que sean atendidas en los hospitales del NHS las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones costosas y difíciles. Los procesos de privatización empiezan con todo tipo de justificaciones creadas ex profeso, por ejemplo, para las empresas mineras, energéticas e industriales; siguen con los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y el agua… y acaban con enseñanza, salud y la amenaza sobre las pensiones públicas donde se pueda y las haya. Se pretende acabar no sólo con lo que se convino en llamar «economía mixta» o convivencia de un sector público más o menos subsidiario con un sector privado más o menos dominante, sino con derechos de ciudadanía, con los servicios del Estado del Bienestar (más adecuadamente llamado por Llamazares «Estado del medio estar») y que se dirige a marchas forzadas hasta un malestar perfectamente descriptible.
DE PARAÍSOS FISCALES, CORRUPCIÓN Y CORRUPTORES
No fue demasiado original Carlos Solchaga cuando, inmerso en el proceso de reconversión y privatización, dijo algo así como que «España era el país en el que uno podía hacerse rico más rápidamente». Como comentaba Michael Krätke, seguía la consigna de la gran burguesía francesa de la primera mitad del siglo XIX: «Enrichissez vous!» («¡Enriquézcase!»), un programa imbatible en su genial laconismo que no perdió poder de convocatoria. También los que escucharon con atención a Solchaga podían creer que prestaban un servicio inestimable a la patria moderna y modernizada mientras sus cuentas corrientes engordaban. Sin embargo, esta moral abrió las puertas de la corrupción. Krätke se apoya en la literatura para resaltar que buena parte del atractivo de las novelas de Flaubert y de Balzac va más allá de sus innegables méritos literarios: nos enseñan cómo el capitalismo socavó la sociedad civil. No se trata de una excepción o de una desviación a la norma intachable. Los expedientes por fraude y manipulación recorren Europa de la mano de empresas o instituciones que deberían estar por encima de toda sospecha: Volkswagen, Siemens, BMW, Gescartera y el Palau de la Música. Tampoco se trata del folclorismo aceptado de una Marbella de charanga y pandereta o de las revelaciones que pueda hacer algún sastrecillo más o menos valiente. Los escándalos se acumulan, se repiten, en todas las ramas, en todos los países. Y no se trata de ovejas negras ocasionales, sino del gran rebaño negro cuya transmutación en bandadas de cuervos está a la orden del día. El conocido informe, hecho público en 2011, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa demostraba que directamente o a través de sus dueños más importantes todas las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Y, como Arcadi Oliveres nos recuerda, buena parte de lo que paga ExxonMobil a Teodoro Obiang por la explotación del petróleo no beneficia a la población de Guinea, sino que acaba (supuestamente) en Madrid, en el Banco de Santander del señor Emilio Botín. Desde Marx sabíamos que el capitalismo ha sido desde sus comienzos una economía de la expropiación, pero con el paso del tiempo ha refinado su engaño, su creatividad financiera, ha perfeccionado la capacidad de compra o chantaje de los lobbies, la compra de medios de comunicación, de sindicalistas, ONG y políticos, aumentando la desazón y la sensación de estafa que aleja las personas de la política. Como afirma Krätke, el capitalismo de nuestros días tiene las manos sucias: es la corrupción cotidiana, el fraude sistemático, el crimen internacionalmente organizado.
CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA 
La crisis del Estado español es más intensa, más difícil de superar y provoca mayor desempleo porque la construcción ha sido, durante demasiado tiempo, uno de los refugios preferidos de los capitales especuladores. Recompensó comportamientos mafiosos con beneficios rápidos, hasta que llegaron los desequilibrios bursátiles provocados, en gran medida, por ellos mismos: por haberse transmutado en una inmensa lavadora de dinero negro. Aquella época registró consecuencias negativas nada desdeñables: una alta tasa de accidentes de trabajo y el destrozo del paisaje y del medio. Tras desencadenarse la crisis podemos ver además la desesperación de las personas que pierden su vivienda al no poder hacer frente a la hipoteca. Una injusta ley entrega la propiedad a los bancos manteniendo la deuda de las personas hipotecadas. Todos los riesgos son para los compradores.

La alta carga de corrupción política permitió algo tan sui géneris como que en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre llegara al poder gracias al transfuguismo recompensado (también presuntamente) del señor Tamayo y la señora Sáez. La traición dio tan buenos rendimientos que el PP sigue en el poder en la Comunidad madrileña desde entonces, ensayando incesantemente fórmulas privatizadoras en la sanidad e ideando ahora cómo hacerlo con el Canal de Isabel II, el agua de la ciudadanía madrileña, una empresa pública con ganancias a pesar de la progresiva externalización de sus servicios.

LOS POLÍTICOS «REHENES»DEL MERCADO Y LAS GRANDES EMPRESAS
 Aunque no debe leerse de manera alguna como fórmula exculpatoria, las grandes empresas han conseguido convertir en rehenes a los propios gobiernos del Estado y las Comunidades, y no sólo en España. El argumento para justificar sus grilletes es que sin sus «obsequios» fiscales, sus políticas contra los trabajadores, sus privatizaciones y su manga ancha con los chanchullos del mercado negro y los paraísos fiscales el capital y sus gestores se fugarían en masa al extranjero. Pero ni subvenciones ni prebendas ni desgravaciones han logrado impedir que las grandes fortunas y empresas depositaran dinero a manos llenas en los paraísos fiscales. De hecho la evasión fiscal organizada es un fenómeno cotidiano. Algunos países en Europa, de manera destacada Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Andorra empezaron cobrando bajos impuestos sobre la renta y el patrimonio para atraer las fortunas. Y ya, durante la crisis de la década de 1930, Suiza y Liechtenstein instituyeron su sistema de secreto bancario para facilitar la fuga de capitales.  Pero sólo durante el largo boom de posguerra, después de 1945, y con el ascenso de las corporaciones empresariales transnacionales empezó a ser
un negocio lucrativo y cada vez más naciones aprendieron la manera de crear sus paraísos fiscales interiores.  ¿Qué otra cosa no son, si no, las SICAV? El G8 se atiene a una lista oficial de 42 oasis fiscales (la OCDE habla de 47), pero los especialistas fiscales suponen que al menos existen 70 refugios para los grandes fraudes. Krätke considera que, como media, los ricos y los muy ricos tienen más de un 30 por ciento de su patrimonio colocado en refugios fiscales. Se calcula que un 23 por ciento de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales. Entre 11 y 13 billones de dólares en capital y patrimonios de todo tipo están escondidos en centros offshore:
islas como las Caimán, las Vírgenes, las Cook, pero también la isla de Man, en las costas británicas. Casi el 50 por ciento de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos (las islas Caimán son el quinto centro bancario del mundo). De hecho una estimación cautelosa considera que las fugas de capitales a los paraísos fiscales suponen que los Estados dejen de ingresar entre 250 y 300.000 millones de dólares anuales. Es el gran robo organizado a gran escala. Y consentido. Incluso bendecido por el Vaticano, a su vez también paraíso fiscal. Es difícil pensar que la Unión Europea pueda combatirlos, porque tiene como miembros de pleno derecho países que juegan fuerte a los paraísos, como Luxemburgo, Austria, Holanda, Gran Bretaña y Francia por su protectorado sobre Mónaco.
LOS DESARRAIGOS OCULTOS,  LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS
El neoliberalismo no sólo oculta sus piraterías, también se esfuerza por hacer invisible el mundo imprescindible, fundamental y complejo, de los trabajos de cuidados, afectos, solidaridades y redes sociales. En él las mujeres actúan como imprescindibles estabilizadores sociales al aportar calidad de vida a una convivencia cada vez más imposible. Se agudiza la división del empleo por género a nivel internacional en la que las mujeres de los países más expoliados (Ecuador, Filipinas, Perú…) han abandonado el cuidado de sus hijos y sus mayores para ir a cuidar de los hijos y los mayores de las personas de países más ricos. Y muchas veces en las peores condiciones. Un informe de UNIFEM de 2006 denuncia que una de las actividades más rentables del mundo es el tráfico de personas con todas sus derivaciones: inmigración para mano de obra barata (ya sea con o sin papeles) y trasiego de mujeres. Según datos de las Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo son trabajadoras inmigrantes, un 73 por ciento de los inmigrantes asiáticos son mujeres y en la misma Unión Europea la feminización de la inmigración es un hecho relevante. La inmigración representó, hasta el estallido de la crisis, el 80 porciento del crecimiento global de la población de la Unión Europea y en los tramos de edad más productivos de la pirámide de la población. Y mientras los movimientos de capitales disfrutan de total libertad y se mueven sin cortapisas por el mundo, las migraciones se suceden con peligro de exclusión y xenofobia, mostrando la cara más hipócrita de legisladores y políticos y las consecuencias más turbias de la explotación sobre las personas a las que no se les reconocen sus derechos. Es tarea urgente reconocerlo: el trabajo no remunerado, las redes sociales y los cuidados son una parte fundamental de la economía y aportan calidad de vida a las personas y sustentan a la misma democracia. Cuando los beneficios crecen de forma desmesurada sobre los salarios —como es el caso—, las mujeres deberán dedicar muchas más horas a sus tareas en el hogar para compensar la pérdida de ingresos salariales. Las mujeres son, pues, quienes con su responsabilidad y sus trabajos insuficientemente valorados representan un amortiguador importante de las tensiones sociales. Hasta que el abuso del sistema llega también a su límite y no dudan en llenar también las plazas Tahrirde todas las revoluciones importantes que en el mundo son o han sido (desde la Comuna de París hasta Túnez, Egipto, Marruecos…  y sigue).
A MANERA DE LLAMADA A LA INVERSIÓN Y LA INSURGENCIA 
 Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo sin frenos ni cortapisas, desigual e inestable, muy lejos del equilibrio que pretende y sujeto a dramáticas tensiones que desemboca en desarraigos, violencia, separaciones de familias y de afectos… y un indudable incremento de la explotación. Un pequeño número de instituciones financieras y corporaciones multinacionales manipulan el mercado y determinan el nivel de vida y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. Con el visto bueno de los principales organismos supranacionales que han sido, además, agentes activos a su servicio. Las directrices neoliberales que dan cobertura política a la coyuntura económica de crisis se confunden peligrosamente con la xenofobia y el racismo y significan retrocesos casi centenarios en los derechos sociales, las conquistas obreras y del feminismo, los derechos humanos y el proceso civilizador. La clase obrera industrial —que lideró movimientos de cambio hasta hace unas pocas décadas— se agrieta y transforma con las deslocalizaciones, los cambios del modelo productivo, las nuevas tecnologías, la segmentación de los mercados de trabajo. Mientras, la formación se confunde con un buscado equívoco en «capital humano» (¿por qué «capital»?), introduciendo mayores desigualdades y segmentación. Imponiendo también costosos requisitos que deben asumir las personas jóvenes, con esfuerzo y créditos que les aseguran deudas antes que trabajo.
Toca reaccionar. Y quiero en este libro hacer un llamamiento concreto a las mujeres. Porque ahora, más que nunca, el hilo rojo del movimiento obrero de nuestros tiempos se une al verde y al violeta que trenzan las mujeres, los colectivos altamente feminizados de trabajos y contratos en precario que tienen pleno derecho a pan y rosas mientras cubren las vergüenzas del sistema trabajando por sueldos indignos en los servicios privat-izados. Es preciso que las mujeres que se mueven en el difícil equilibrio entre la marginalidad y la conciencia de clase sigan tejiendo autonomía y solidaridad con las personas jóvenes, con las más explotadas, con los pueblos del mundo. En pie por la dignidad y una vida sin explotación. Ahora tienen más que nunca su lugar, como colectivo, en la vanguardia plural, radical, insurgente, por otro mundo posible.
* Àngels Martínez i Castells ha sido doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelonadesde 1976 hasta 2008. Ha escrito sobre género, deslocalizaciones industriales, salud pública, inmigración y ciudadanía. En la actualidad es presidenta de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
Publicado en "REACCIONA"

LA TASA TOBIN

¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)?

Se trata de un impuesto. Es el nombre actual para denominar a la Tasa Tobin propuesta por ATTAC desde su fundación; ambos tienen el mismo contenido. Reivindica el papel de los impuestos en la búsqueda de la justicia económica, tanto en su función reguladora como redistributiva de la actividad económica.

Se aplica a las transacciones. Esto quiere decir que grava a las operaciones de compra y venta.

Se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, nacionales y extranjeras; aquellas que suponen la compra-venta de activos financieros. Debe ser global porque los movimientos de capitales son globales.

¿Qué no es el Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?

  •  No es un impuesto a las inversiones financieras; no grava por tanto al patrimonio invertido en activos financieros.
  • No es un impuesto a los beneficios financieros; no grava los rendimientos del capital financiero.
  • No es una tasa cobrada a los bancos; se trata de un impuesto a los instrumentos financieros, no a las instituciones financieras.

 

¿Qué transacciones quedan fuera del Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?

El ITF no incluye las transacciones financieras en las que participen familias y empresas; se limita a las transacciones entre instituciones financieras.

  •  Se excluyen las operaciones de contado, para no distorsionar la economía real.
  • Se excluyen los préstamos interbancarios que dotan de liquidez al sistema en su conjunto y que suponen enormes movimientos de dinero por razones coyunturales de desequilibrios bancarios.
  • Se excluyen las operaciones entre bancos centrales que se llevan a cabo en función de las respectivas políticas monetarias de los diferentes países…..

Acuerdo para el segundo «rescate» a Grecia. ¿Quién gana y quién pierde?

El plan acordado la pasada semana en la eurozona, intenta también salvar al euro. A quién beneficia y a quien perjudica:

¿A quién beneficia el plan?

Aunque el principal beneficiario parece Grecia, la gran ganadora es la zona del euro en su conjunto, si las medidas adoptadas consiguen frenar la sangría en los mercados de deuda. A priori, es una solución buena para todos, porque hasta la banca, que tiene bonos de Grecia, sale ganando con el cambio. Cobrará menos y más tarde, pero cobrará, algo que no tenía garantizado hasta ahora.

¿Quien pierde con esto?

Pierden los bolsillos de los ciudadanos europeos, porque, de nuevo, los gobiernos tendrán que poner más dinero sobre la mesa para estabilizar los mercados. Ese dinero, cómo no, saldrá de las arcas públicas de cada país. Además, se dará el caso de que el dinero público que se destinará al macrofondo que operará en Europa servirá para recomprar (a su vez) deuda pública de algunos países. También se destinará parte de este dinero a recapitalizar instituciones financieras.

¿Cómo operará el Fondo?

Nicolas Sarkozy lo ha comparado con una suerte de Fondo Monetario Europeo por los superpoderes que va a tener. En realidad, es un instrumento financiero que tendrá capacidad para intervenir en los mercados comprando, por ejemplo, deuda. Para hacerlo, tendrá que recibir la autorización previa del Banco Central Europeo, en la que se reconozcan las circunstancias excepcionales para intervenir en los mercados. También se darán «créditos preventivos» a los países que se encuentren en dificultades financieras, para que no tengan que llegar al punto de pedir un rescate. El texto no detalla cómo se activará esta línea de financiación.

¿Cómo se salva a Grecia?

El plan incluye una reestructuración de la deuda griega que contiene la conflictiva participación de la banca privada. Así, los inversores que tengan deuda de Grecia que venza en los próximos años la irán canjeando por nuevos títulos de renta fija con una fecha de vencimiento posterior. Con la operación, los títulos pierden parte de su valor. Además, se rebajan los tipos de interés de los préstamos concedidos por la UE y el FMI, que se podrán pagar hasta en 30 años.

Fuente:  PÚBLICO

DEUTOCRACIA

Jaume Asens & Gerardo Pisarello 
  Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona Ilustración por Iker Ayestaran (artículo publicado en PÚBLICO)

A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?

La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.

Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.

No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.

Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

La Doctrina del Shock – Naomi Klein

Basada en el libro de Naomi Klein, «La doctrina del shock» trata del auge del llamado ‘capitalismo del desastre’

Éste insta a los gobiernos a aprovechar períodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias, para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado. Medidas tan despiadadas que sólo han podido imponerse mediante el miedo, la fuerza y la represión.

La película rastrea los orígenes de este capitalismo salvaje en las teorías radicales el Premio Nobel de Economía Milton Friedman y su posterior implementación en todo el mundo, desde las dictaduras en Chile o Argentina de los años 70, a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, la Rusia de Yeltsin, o las no tan lejanas invasiones neoconservadoras en Afganistán e Irak.

.

Texto:  Enlace privado

Los poderes económicos exigen más, SIEMPRE MÁS

El 18 de Julio el diario El País, vocero de un importante sector de la banca y poderes económico-financieros, y padrino de los sectores más socioliberales del partido del Gobierno, inició una nueva ofensiva.

Carlos Martínez García – ATTAC Andalucía.

El editorial del periódico de los Polanco y Carlos Slim -así como diversas y poderosas empresas, y que cuenta con Felipe González y Juan Luis Cebrían como principales ideólogos- exige el adelanto de las elecciones generales.

Pero ¿con que intención lo hace? me pregunto, pues sus dueños (los de “El País”) saben que, de producirse estos comicios, los vencerá casi seguro la extrema derecha, es decir el PP. Pues muy sencillo: Zapatero ya está amortizado por los mercados y los bancos. Zapatero ya se ha quemado haciendo reformas, pero no lo que significa reformas para un socialdemócrata verdadero, es decir avances socio-políticos constantes, graduales, continuos y tratando de  mejorar las condiciones de las clases trabajadoras. No, para los socioliberales españoles actualmente en el poder, reformas son retrocesos. Recortes de pensiones y sueldos públicos, privatizaciones, ese es el nuevo significado de la palabra reforma.

Los poderes económicos, por boca de Juan Luis Cebrían y la derecha socioliberal, exigen más “reformas” y estas solo las puede garantizar un nuevo gobierno, es decir Rajoy y sus políticas de “austeridad”, lo que significa aún más recortes y privatizaciones que, dado que casi todo ha sido ya vendido a los privados, deberán ser las que afecten directamente al estado del bienestar, como servicios de salud y educativos, culminando con despidos de funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas.

Pero claro, PRISA también apoya a la vez a Rubalcaba que es uno de sus niños mimados hace años. ¿Quiere esto decir que le está indicando el camino? Pues claro, aunque con esto cualquier analista vislumbra claramente que le pone en un serio aprieto y descubre sus servidumbres si es que llegara al poder, cosa harto difícil.

Los sectores que representa PRISA están marcando ya lo que debe ser y será la política económica, gane quien gane, pues los mercados no están dispuestos a aceptar ninguna veleidad social y democratizadora. Las mismas políticas ya fracasadas, serán las que se impongan si las clases populares no lo impedimos y no en las urnas, o no solo en las urnas, sino en la calle.

Las medidas económicas y sociales a tomar, están marcadas a fuego por la Banca, la Unión Europea y el FMI, y ningún político del sistema se saldrá de ellas. De hecho, aunque honradamente lo intentara no se lo consentirían. Así pues, solo las clases trabajadoras, el precariado, las paradas y parados podemos frenar tanta injusticia y tanto sufrimiento. Si no reaccionamos con más rotundidad, estamos avocados y avocadas al copago sanitario, educativo, a las pensiones miserables que todo periodo de “estrategia de shock” -y este lo es- produce entre los pueblos que lo sufren.

Así pues, no tenemos más remedio que seguir movilizadas y, aunque nos fastidiemos el día 23, acudir masivamente a Madrid, hacernos ver y seguir construyendo nuestra alternativa en la lucha y proponer soluciones, que las tenemos.

Por ahora en el reino de España, digan lo que digan y llenen páginas de sus periódicos sobre el Movimiento 15M, en realidad no se le está haciendo ni caso. Como mucho, están estudiando ver cómo nos dividen, como cooptan a sectores más liberales o moderados, o jaleando la supuesta hegemonía de los más ultra-radicalizados. De este modo, intentan aceptar lo que el sistema y los mercados pueden ver como asumible de nuestras reivindicaciones, pero sin tocar lo esencial y es que las políticas neoliberales son sagradas para los poderosos. El euro, el pago de la deuda y el Pacto por el Euro no se tocan, y el PP advierte: habrá más austeridad, pero ¿con quién más austeridad? ¿Con el protocolo y los sueldos de los políticos? Mentira, ya se ha visto que no. Austeridad con la sanidad, las pensiones, el crédito a PYMES y autónomos, entre otras austeridades varias que siempre pagará poca ropa.

En mi opinión, el Movimiento 15M debe avanzar hacía concreciones más allá del método, pues tenemos demasiados frentes de lucha abiertos y no podemos dejar ninguno, pues si de capital importancia es lograr defender la soberanía popular y una nueva ley electoral, no menos lo es enfrentarse contra el Pacto por el Euro, los planes del FMI, al pago indiscriminado y fraudulento de la deuda, la reforma laboral, la sequía del crédito y a la exigencia de un sector financiero público y denunciar el gran atraco al ahorro popular que se está llevando a cabo con la privatización y salida a bolsa de las Cajas de Ahorros.

El 18 de Julio PRISA ha demostrado que, en lo sustancial, junto con “El Mundo” e “Intereconomía”, “La Razón” o “La Vanguardia”, son lo mismo, pues sus intereses sustanciales son coincidentes: son los de sus dueños, muchos de ellos también coincidentes.

Repudio de la deuda odiosa. La experiencia de Ecuador

DICIEMBRE de 2008:   El gobierno de Ecuador acaba de declararse en moratoria de pagos internacionales. Es la segunda vez en menos de 10 años que ese país se decide por la cesación de pagos, así que en el contexto de la crisis financiera global quizás no sorprenda.

Pero hay algo nuevo en el paisaje. Esta vez no se trata de una moratoria por falta de capacidad para enfrentar el calendario de pagos. La decisión del gobierno ecuatoriano está basada en las recomendaciones de una comisión especial de auditoría de su deuda externa. La principal conclusión de la comisión: la deuda ecuatoriana es ilegítima e inmoral.

En sus deliberaciones, la comisión revisó la historia de la deuda externa ecuatoriana desde que el Parlamento fue excluido de todas las decisiones sobre endeudamiento en 1978. Esto dio pie a un sinnúmero de irregularidades y a un excesivo endeudamiento a través de la expedición de bonos Brady (1) y otros. También durante los años 80 el gobierno rescató al sector privado de la crisis con la llamada “sucretización”, transformando deuda privada en deuda pública, en lo que debió haber sido un atraco sin piedad al pueblo ecuatoriano. Por fin, en 2000, el gobierno decidió canjear los bonos Brady, que ya estaban muy devaluados en el mercado real, por una nueva serie de bonos Global 2012, 2015 y 2030.

Salomon Smith Barney (hoy parte del vapuleado Citigroup) realizó esa última restructuración con tasas de 10 y 12 por ciento sin la autorización explícita de Ecuador. Un año después se aprobó una nueva ley mediante la cual los pagos de estos bonos estarían garantizados por los ingresos petroleros. De este modo, la deuda vieja, de origen especulativo y producto de prácticas crediticias predadoras, quedó garantizada por el Estado.

La deuda externa acumulada por Ecuador rebasa los 29.9 mil millones de dólares (mmdd) y en promedio se utilizan unos 388 millones de dólares para pagar intereses. En los últimos 30 años, Ecuador ha destinado en promedio 22 por ciento de su presupuesto de ingresos anual al pago de intereses sobre deuda externa. A pesar del empeoramiento de los indicadores sobre pobreza, este país nunca fue admitido en las iniciativas de reducción de deuda.

En cambio, se le admitió en numerosos procesos de restructuración, cuyo único resultado fue el aumento del monto de recursos presupuestales destinados al servicio de la deuda: de 11 por ciento en 1981 a 36 por ciento en 2006. En contraste, el monto promedio destinado a educación ronda 10 por ciento del presupuesto, mientras el rubro salud apenas alcanza 5 por ciento. En total, el gasto social recibió 22 por ciento del presupuesto.

Desde 1976, Ecuador pagó más de 35 mmdd como servicio de su deuda externa. De ese monto, la mitad ha sido por concepto de intereses. Decidido a romper el ciclo perverso de endeudamiento y restructuración, el gobierno convocó la comisión de auditoría con el fin de revisar el origen, legitimidad e impacto social de la deuda externa. El viernes pasado el presidente Rafael Correa hizo suyas las conclusiones de la comisión, anunciando que la deuda era ilegítima y que su país dejaría de hacer los pagos del cupón de 31 millones de dólares de los bonos Global 2012 (con vencimiento el 15 de diciembre).

La medida era esperada por el mercado financiero. Muchos de los tenedores de estos bonos son fondos de cobertura y algunos fuertes especuladores. Los swaps de moratoria de pagos (CDS) ya estaban aumentando en las últimas semanas. Esta decisión probablemente presionará todavía más al alza los diferenciales de los CDS en América Latina. Por lo pronto, la calificadora Standard & Poor colocó el riesgo país de Ecuador en el nivel CCC-. Pero el gobierno parece dispuesto a enfrentar las consecuencias.

El proceso de endeudamiento ecuatoriano es parecido al de muchos países latinoamericanos. Su base de recursos naturales condujo a préstamos predatorios de bancos y gobiernos de los países ricos. La crítica a esas prácticas no es muy diferente a los reproches que hoy se dirigen contra el sistema financiero estadunidense en el contexto de la crisis del mercado hipotecario. La decisión del gobierno ecuatoriano puede ser la clave de una relación menos injusta entre deudores y acreedores en el contexto de una nueva arquitectura financiera que podría emerger de la crisis.

Quizás lo más interesante de este episodio es que la comisión especial concluyó que la deuda era ilegítima y no sólo ilegal. Eso la acerca al concepto de Deuda Odiosa del derecho internacional. Hay que recordar que en su obra Del derecho de la guerra y la paz, Hugo Grocio afirmó en 1625 que los contratos celebrados por un soberano que no benefician al Estado, o incluso lo perjudican, no deben ser respetados, especialmente cuando involucran dineros públicos y no entrañan beneficios para la sociedad. Los países ricos han establecido muchos precedentes de esta doctrina. Ahora deben acatarla.

1 Un bono Brady generalmente es un eurobono o bono nacional emitido por el gobierno de un país en desarrollo para refinanciar su deuda con bancos comerciales extranjeros

«DEUDA ODIOSA»

http://vimeo.com/26101405

Conceptos:

LEY DE LA DEUDA ODIOSA (vigente desde los años 20 del pasado siglo).

Requisitos para que una deuda sea odiosa:

  • – el gobierno del país recibe un prestamo sin el conocimiento y la aprobación de sus ciudadanos.
  • – el prestamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.
  • – el prestamista es conocedor de estas dos circunstancias anteriores.


Cuando se declara que una deuda es Odiosa, SE ANULA
En ese momento se considera que la deuda es una deuda personal del régimen o gobernante anterior y …
caído aquél, caída la deuda.
Sin embargo, no interesa (a los grandes poderes) que el concepto «DEUDA ODIOSA» se utilice oficialmente porque muchos países podrían recurrir  a este termino para anular sus deudas.

Se ha usado varias veces y a conveniencia, por ejemplo:

  •     – EEUU anexionó a Cuba. Como está tenía deuda, se declaró odiosa y así EEUU no se responsabilizó de ella ni tuvo que pagarla.
  •     – Invasión de Irak. El Departamento de Estado de EE. UU. tuvo que lidiar con la enorme deuda nacional de Iraq, y como no  interesaba se declaró odiosa bajo el argumento de que el régimen de Hussein es dictatorial, y que había malgastado el dinero de su pueblo  y que por lo tanto a «este pueblo» no le correspondía pagar esa deuda ilegitima.
  • Ecuador (con Rafael Correa), se enfrentó a todo esto mediante UNA AUDITORIA, se demostró que gran parte de su deuda era odiosa y se cesó gran parte de la deuda de bonos (70%).

La deuda GRIEGA tambien muestra profundas ilegitimidades:

  • – Caso Siemens, sobornando a ministros y funcionarios durante al menos una década con el fin de obtener contratos.
  • – Contratar a Goldman Sach como asesor y pagarlo con el dinero del pueblo.

Ahora mismo,
– Alemania pide reducir las prestaciones sociales pero no las importaciones de armas  (quiere seguir operando a pesar de la crisis).
– En Europa (en general) les damos dinero para que compren nuestras propias armas.
– Juegos Olimpicos- (se gastó -dilapidó- dinero público, explotaron el presupuesto.

GRECIA JAMÁS PODRÁ DEVOLVER SU DEUDA, A NO SER QUE LA DECLARE ODIOSA (al menos la parte que así corresponda)

Caso de España:

Igualmente España debería investigar si tiene DEUDA ODIOSA.  Para ello tendría que crear un «COMITÉ DE AUDITORÍA»
Para ello habría que movilizar la opinión pública (personas, organizaciones, sindicatos, jueces, intelectuales, artistas…)
No pueden ser los propios políticos porque acabaríamos en las mismas.

Fuentes: "Debtocracy" y Paula Ugidos

Ante las deudas ilegítimas ¡¡Hay que nacionalizar los bancos!!

Comunicado de ATTAC España sobre los ataques especulativos al euro

El 9 de mayo de 2010 ATTAC España emitió un comunicado con el título “Ciudadanía griega somos todos y todas” [i]. Mientras el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministra Elena Salgado inauguraba la letanía de que “España no es Grecia”, que con las variantes de Irlanda y Portugal se mantiene todavía, ATTAC España ponía de manifiesto que la cobardía y la sin razón de la ideología neoliberal eran y son ineficaces para frenar a los especuladores financieros internacionales. Estos tienen nombre y rostro. La denostada y demonizada agencia de calificación Moody´s es en la practica el multimillonario Warren Buffet a quién Esperanza Aguirre puso la sanidad pública de la Comunidad Autónoma de Madrid a sus pies, y la propia Ministra Salgado fue a visitar en un claro signo de pleitesía a EE UU. La crisis del euro es el traspaso de los servicios públicos como la sanidad y bienes de propiedad social como las Cajas de ahorros a manos de estos mismos especuladores financieros internacionales, que todo lo quieren para ellos. Hasta quieren apropiarse de las islas griegas y el Partenón, todo un símbolo de la cuna de la democracia.

La actual situación de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Letonia, etc. pone de manifiesto la inutilidad de la Europa neoliberal para defender a su ciudadanía de los efectos letales de la crisis del capitalismo financiero, agudizados ahora con los ataques especulativos contra el euro. La pequeña, aislada e indefensa Islandia crece en PIB y crea empleo. También promueve una nueva Constitución antineoliberal creciendo igualmente en Buen Vivir.

Los ideólogos neoliberales de la Comisión Europea y la ministra Elena Salgado con su equipo creen que la austeridad produce confianza, y que la confianza produce crecimiento. Pero la austeridad frena el desarrollo, empeorando la situación fiscal del gobierno, se socava la confianza y pone en marcha una espiral descendente, como pone de manifiesto la bajada de perspectivas sobre Grecia hecha pública por el FMI este 13 de Julio.

Lo que está ocurriendo en Grecia, en toda la zona periférica del euro y en la mayoría de países de la OCDE, es que la disminución de los ingresos del estado, consecuencia del descenso muy marcado de la actividad económica y la bajada o eliminación de la tributación directa a rentas y patrimonio, ha causado el crecimiento del déficit. Lo que callan es que el problema del déficit se basa más en la redistribución tributaria a favor de las clases altas, bajando los ingresos de los Estados, que en la subida del gasto. Lo que callan es que estamos ante una verdadera batalla por el Poder. La inestabilidad del sistema financiero internacional que actualmente vivimos anula todas las políticas de reequilibrio fiscal de los Estados. Por eso podemos decir que la crisis de la deuda es una crisis artificialmente provocada.

La Comisión Europa y el FMI no rescatan a los países ni a la ciudadanía. Rescatan a la banca alemana, francesa y a otras en menor medida, que son poseedoras de la deuda en bonos soberanos de los Estados sin querer modificar ninguna de las causas estructurales que nos han abocado a esta situación. De ahí que se nieguen a hacer público su riesgo en deuda soberana. Cada “rescate” traspasa deuda de bancos y aseguradoras privadas a deuda pública de los Estados, que abocados a la quiebra arrastran tras de si al propio Banco Central Europeo. La barra libre a la banca privada, avalada por los propios Estados a través de la garantía a los depósitos bancarios, hasta 100.000€ en el caso de España, y la deuda de los propios Estados con el BCE arrastra a este en caso de quiebra de cualquiera de ellos en un efecto dominó. La deuda total pública y privada de Grecia, Irlanda y Portugal, asciende a más de 900.000 millones de euros, de los que tan sólo la cuarta parte son de los Estados soberanos. En España a 31 de mayo pasado sólo 566.000 millones eran deuda pública, en torno al 18% del total.

El crecimiento incesante de los intereses de los bonos nos lo trasladan para que lo paguemos a la ciudadanía para cumplir con el Pacto de Estabilidad vigente en la Europa neoliberal. Lo que se nos dice es que tenemos que ser más austeros, vivir con menos transferencias y servicios públicos y reducir los beneficios sociales y laborales. Todo ello para que se pueda pagar a los bancos privados sus escandalosamente altos beneficios basados en mera especulación.

Esta política de reducción del gasto público es suicida, pues acentúa más la recesión y dificulta la recuperación en todos los países de la eurozona y no sólo en los países mediterráneos e Irlanda, sino también en los países centrales, incluida Alemania.

El Poder soberano de emisión de monedas corresponde en exclusiva a los Estados que en la eurozona se ha delegado, sin ningún tipo de control político, al Banco Central Europeo, a la vez que se le prohíbe dar préstamos a los Gobiernos directamente. La aberración de esta medida está en la raíz de los problemas actuales. Y la consecuencia más directa es la debilidad de los Estados y la fortaleza de los bancos privados.

ATTAC España manifiesta que hay otra forma de enfrentarse a los mercados financieros especulativos en defensa de la ciudadanía. Tan sólo hace falta que los Jefes de Estado acuerden modificar la norma que impide al Banco Central Europeo dar directamente prestamos a los Gobiernos al 0% o al 1% como se ha hecho y se sigue haciendo con los bancos privados.

ATTAC España solicita que no se reconozca y pague la deuda soberana de ningún país de la eurozona sin que previamente se haga una auditoria de esta depurándola del exceso de la especulación. Hay que salvar para la ciudadanía el necesario e imprescindible sistema financiero, pero no el sistema especulativo privado ni a los delincuentes financieros. Es la oportunidad de volver a crear un fuerte sistema financiero público. ¡¡Hay que nacionalizar los bancos y gestionarlos como un bien público!!

ATTAC España constata que los planes de austeridad no son el camino, como ha demostrado la realidad y advertíamos hace más de un año. Nos envuelve en una espiral de más miseria. Que la solución pasa por incrementar los ingresos y que esto puede hacerse ya desde el BCE, estableciendo urgentemente un impuesto a la especulación financiera con deuda soberana de los países del euro, como hizo Lula en Brasil en 2003.

La salida real y definitiva a la crisis para la ciudadanía existe, es posible y está al alcance de nuestras posibilidades, pero necesariamente ha de encaminarse hacia el desarme de los especuladores internacionales y la regulación del sistema financiero. No se conseguirá nada cediendo, intentando “calmar a los mercados”, sino enfrentándonos a ellos.

ATTAC España manifiesta que tan sólo con una movilización solidaria y conjunta de toda la ciudadanía europea se podrá vencer a los especuladores y sus cómplices de la Comisión Europea.

El establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras especulativas verdaderamente disuasivo, el control real de toda transacción con los Paraísos Fiscales, una política firme de lucha contra la economía sumergida y delictiva, unida con una política de más Europa política y social y fuerte política de renta que creen demanda en el mercado interior es el camino para atajar el déficit fiscal de los Estados, y encauzar la salida de la crisis para las personas, enfrentándonos con un mínimo de posibilidades de éxito a los especuladores internacionales, que son entre otros los propios bancos privados de la zona euro. En concreto ATTAC España plantea:

1º Auditoria de la deuda Pública de cada estado miembro.

2º Reestructuración de la deuda, y cesación inmediata de toda deuda pública dolosa, ilegítima u odiosa.

3º Acuerdo que obligue al BCE a emitir a bajo precio para cualquier estado que lo necesite para sanear su deuda pública legítima.

4º Armonización fiscal en toda la zona euro, que incluya:

a) Descenso de impuestos indirectos y un incremento de los impuestos directos y progresivos, especialmente a las rentas del trabajo más altas y a las rentas del capital, tanto empresariales como mobiliario e inmobiliario.

b) Impuesto a las Transacciones Financieras especulativas (ITF) contundente.

c) Erradicación de los Paraísos Fiscales (PPFF) en Europa y prohibición de cualquier transacción financiera y/o productiva con cualquiera de los restantes en el mundo.