El euro no tiene problemas; las clases populares sí que los tienen

Vicenç Navarro

Una de las frases frecuentemente repetida en los círculos económicos en Estados Unidos (y en menor medida en Europa) es “el euro va a desaparecer”. Las personas que repiten esa frase una y otra vez parecen ignorar cómo se fundó el euro, por quién y para beneficio de quién.

 Si supieran la historia del euro, se habrían dado cuenta de que a las fuerzas principales que hay detrás del euro les ha ido muy bien y así les sigue yendo. Mientras ellos sigan beneficiándose de la existencia del euro, el euro va a seguir existiendo.

Empecemos con la historia del Euro y la razón principal de su creación. Después de la caída del Muro de Berlín, parecía que la Alemania Oriental y la Occidental podrían reunificarse y, como era el deseo del establishment de Alemania Occidental, volver a ser, de nuevo, una Alemania unida. Esta posibilidad no era del agrado de la Europa democrática. En dos ocasiones en el siglo XX, la mayoría de los países europeos tuvieron que ir a la guerra para detener las ansias expansionistas de la Alemania Unida. Los gobiernos europeos no estaban contentos de ver a la Alemania del post-nazismo reunificada. El presidente de Francia, François Mitterrand llegó a decir irónicamente que: “Amo a Alemania tanto que prefiero ver dos Alemanias en lugar de una.”

La única alternativa para los gobiernos de la Europa democrática era asegurarse que la Alemania unida no se convirtiera en un país aislado en frente de todos los demás. Alemania tenía que integrarse a Europa. Tenía que ser europeizada. Mitterrand pensaba que una manera de hacerlo era reemplazar la moneda alemana, el marco, por una nueva moneda europea, el euro. Así es cómo se planeó integrar la Alemania unificada del post-nazismo a la Europa democrática.

El establishment alemán puso dos condiciones para aceptar la sustitución del marco alemán por el euro. Una condición fue establecer una autoridad financiera, el Banco Central Europeo, el BCE, que gestionara el euro con el único objetivo de mantener la inflación baja. El BCE debía estar bajo la fuerte influencia (es decir bajo el control) del Banco Central de Alemania, el Bundesbank. La otra condición era establecer el Pacto de Estabilidad, que impone la disciplina financiera a los Estados miembros de la Eurozona. Sus déficits públicos tendrían que mantenerse por debajo del 3% de su PIB, incluso en momentos de recesión.

Para entender por qué los otros países aceptaron estas condiciones, uno tiene que entender que el neoliberalismo (que se inició con el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y con la primer ministro Margaret Thatcher en el Reino Unido) era la ideología dominante en esos países. Un objetivo importante dentro de ese dogma neoliberal era reducir el papel del Estado tanto como fuera posible, fomentar la financiación privada y restar importancia a la demanda doméstica como la manera de estimular la economía. En este punto de vista, el principal motor de la economía debía ser el crecimiento de las exportaciones. Éstas son las raíces del problema, no del euro, que está en buen estado de salud, sino del empeoramiento del bienestar de la población en esos países.

El Banco Central Europeo no es un Banco Central

¿Qué hace un Banco Central? Entre otras cosas imprimir dinero  y, con ese dinero, comprar bonos públicos del Estado, asegurándose que las tasas de interés de esos bonos son razonables y no llegan a ser excesivas. Un Banco Central protege a los Estados contra la especulación de los mercados financieros. El BCE, sin embargo, no lo hace. Las tasas de interés sobre la deuda pública de los Estados, en algunos países, se ha disparado debido a que el BCE no ha comprado deuda pública desde hace bastante tiempo. España e Italia son plenamente conscientes de ello.

Lo que hace el BCE, sin embargo, es prestar un montón de dinero a los bancos privados a una tasa de interés muy baja (inferior al 1%) y con este dinero compran bonos públicos emitidos a un interés muy alto (6% a 7% en Italia y España). ¡Se trata de una oferta fantástica para estos bancos!

Desde el pasado mes de diciembre, el BCE ha prestado más de 1 billón de euros  a los bancos privados, la mitad (500.000 millones de euros) a los bancos españoles e italianos. Esta transferencia de fondos públicos (el BCE es una institución pública) para el sector financiero privado se justifica argumentando que esta ayuda era necesaria para salvar a los bancos y, por tanto, asegurar el crédito que se ofrece a la pequeña y mediana empresa y a las familias. Este crédito, sin embargo, no ha aparecido y tanto los individuos como las medianas y pequeñas empresas siguen teniendo dificultades para obtenerlo.

En ocasiones, el BCE compra bonos públicos en los mercados secundarios de los Estados que están en problemas, pero los compra de manera casi clandestina, en dosis muy pequeñas y por períodos muy cortos de tiempo. Los mercados financieros son conscientes de esta situación. Esta es la razón por la que los intereses de los bonos públicos bajan, cuando el BCE los compra, pero luego vuelven a subir, siendo así muy difícil para los Estados poder mantener bajos los intereses de su deuda pública.

El BCE debería anunciar abiertamente que no permitirá que el interés de los bonos públicos sobrepase un cierto nivel, lo que haría imposible para los mercados financieros poder especular con ellos. Pero el BCE no lo hace, dejando a los Estados sin protección frente a los mercados financieros.

En esta situación, el argumento de que España e Italia deben reducir su déficit público para recuperar la confianza de los mercados financieros no es creíble. España ha estado reduciendo su déficit público, mientras que los intereses de su deuda pública ha ido en aumento, lo que demuestra que es el BCE, no los mercados financieros, quien determina el valor de la tasa de los intereses de la deuda.

¿Quién controla el sistema financiero europeo?

En teoría, se suponía que el BCE era el gerente del euro. Pero quien realmente controla el Euro y el sistema financiero europeo es el Bundesbank, el Banco Central alemán. Se diseñó de esa manera, como he señalado anteriormente. Pero ha habido otro hecho que ha incrementado el control del sistema financiero europeo por el Bundesbank y los bancos alemanes: el conjunto de decisiones tomadas por el gobierno alemán, en concreto por el gobierno de Schroeder socialdemócrata (Agenda 2010), y continuada por los gobiernos conservadores de Merkel, que hicieron hincapié en el sector exportador como el principal motor de economía. Oskar Lafontaine, el exministro de Finanzas de Schroeder, quería situar la demanda doméstica como el principal motor de la recuperación económica alemana. Para ello propuso aumentar los salarios y el gasto público. Él perdió y dejó el partido socialdemócrata, formando un nuevo partido, Die Linke  (La Izquierda), y ganó Schroeder (que ahora trabaja para una industria orientada a la exportación). Como consecuencia de que la actividad económica centró el énfasis en las exportaciones (la mayoría a la zona del euro), los bancos alemanes acumularon una enorme cantidad de euros. En lugar de utilizar estos euros para aumentar los salarios de los trabajadores alemanes (lo que habría estimulado no sólo la economía alemana, sino la economía europea en su conjunto), los bancos alemanes optaron por exportar euros, invirtiéndolos en la periferia de la zona euro.

Esa inversión fue la causa de la burbuja inmobiliaria en España. Sin el dinero alemán, los bancos españoles no podrían haber financiado esta burbuja, basada en una especulación enorme.

¿Cuándo aparece la crisis en España?

Cuando los bancos alemanes dejaron de prestar dinero a España como resultado de su pánico (al enterarse de que ellos mismos estaban contaminados con productos tóxicos procedentes de los bancos de Estados Unidos), la burbuja inmobiliaria se derrumbó, creando un agujero en la economía española equivale al 10% de su Producto Interior Bruto (PIB), todo ello en tan solo unos meses. Se trataba de un tsunami económico, un desastre auténtico. Inmediatamente, se pasó de un superávit a un déficit público enorme, como consecuencia de la caída de los ingresos a los Estados. Tal déficit no fue un resultado del crecimiento del gasto público (España tiene una de las tasas más bajas de gasto público per cápita entre la UE-15), sino del dramático descenso de los ingresos debido al colapso económico. El énfasis de la “troika” (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) en que España necesita reducir su gasto público está profundamente equivocado, pues el déficit público no ha sido causado por un crecimiento de los gastos (como han sugerido los comentarios frívolos de la Canciller Merkel sobre la “extravagancia del sector público español”). Esos recortes están dando lugar a otra recesión.

¿Cuál es la finalidad de la ayuda financiera?

La retórica oficial afirma que las autoridades financieras de la zona euro han puesto a disposición de España 100.000 millones de euros para ayudar a sus bancos. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los bancos españoles y el Estado español están profundamente en deuda. Le deben mucho dinero a los bancos extranjeros, incluidos los bancos alemanes, que han prestado casi 200.000 millones de euros a España. Estos bancos están gritando al cielo para recuperar su dinero. Es por eso que los 100.000 millones de euros han sido aprobados por el Parlamento alemán. Peter Bofinger, asesor económico del gobierno alemán, lo expresó muy claramente:

“Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España), sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en esos países.” (Pratap Chatterjee “Bailing out Germany: The Story Behind the European Financial Costs” [28/05/42]). No se podría haber dicho mejor.

Si las autoridades europeas hubieran querido ayudar a España deberían haber prestado ese dinero a un interés muy bajo a las agencias de crédito públicas españolas (como el ICO, Instituto de Crédito Oficial), a fin de resolver el enorme problema de la falta de crédito en España. Esta alternativa, por supuesto, nunca fue tenida en cuenta.

¿Dónde está el supuesto problema con el euro?

El hecho de que España tiene un enorme problema de falta de liquidez no significa que el euro esté en problemas. Muchos gobiernos regionales no pueden pagar sus servicios públicos debido a la falta de dinero. Es un hecho que las enormes diferencias en la disponibilidad de crédito dentro de la zona del euro están beneficiando a los bancos alemanes. Hoy en día, hay un flujo de capital desde España a Alemania, enriqueciendo a los bancos alemanes y determinando que los bonos públicos alemanes sean muy seguros. El hecho de que hay una crisis enorme, con grandes tasas de desempleo en los países periféricos no significa, sin embargo, que el euro esté en crisis. Estaría en crisis sólo si estos países periféricos, entre ellos España, abandonaran el euro. Eso significaría el colapso de los bancos alemanes y del sistema financiero europeo. Pero esto no va a suceder. Las medidas que se están adoptando en España y otros países de la periferia (con el apoyo de la Troika) por sus gobiernos son las medidas que las fuerzas conservadoras que tales gobiernos representan siempre han soñado: recortar los salarios, eliminar la protección social, desmantelar el Estado del Bienestar, y así sucesivamente. Tales gobiernos dicen que lo están haciendo debido a las instrucciones que reciben de Bruselas, de Frankfurt y/o de Berlín. Ellos están transfiriendo la responsabilidad a los agentes extranjeros, que supuestamente les están obligando a hacerlo. Es la exteriorización de la culpa. Su lema principal es: “No hay alternativa”.

Cuando el Sr. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pide al Sr. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español (el gobierno más conservador en la Unión Europea, próximo a la ideología del grupo ultraneoliberal conocido como  el Tea Party de los Estados Unidos), él le dice que con el fin de ayudarlo, tendrá que hacer reformas en el mercado de trabajo (es decir, facilitar a los empleadores a despedir a los trabajadores). Rajoy está muy abierto a tal instrucción. En una reciente conferencia de prensa (9 de agosto de 2012), el Sr. Draghi fue muy claro. El BCE no va a comprar bonos públicos españoles a menos que el gobierno español tome medidas difíciles, impopulares como la reforma del mercado laboral, la reducción de las prestaciones de jubilación, y la privatización del Estado del Bienestar. El gobierno de Rajoy estará encantado de seguir estas instrucciones. Ya ha hecho muchos recortes y tiene proyectados 120.000 millones de euros más en recortes dentro de los próximos dos años.

El euro y su sistema de gobierno están trabajando muy bien para aquellos que tienen la voz principal dentro de la Eurozona hoy en día. El BCE está instruyendo a los gobiernos de la zona monetaria a desmantelar la Europa social y lo están haciendo. Es lo que mi buen amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute en Washington, solía llamar “las alianzas de las clases dominantes a nivel internacional”, es decir, la alianza entre las clases dominantes de todo el mundo. Esa alianza está claramente operando en la zona del euro en la actualidad. Es por ello que el euro va a existir  por mucho, mucho tiempo.

Cómo se comportan y cómo son los súper ricos

  Vicenç Navarro, en Público

Uno de los argumentos más utilizados para no aumentar los impuestos de las personas con mayores rentas es que tales impuestos desincentivan el ahorro y la inversión productiva de tal ahorro, una inversión productiva que crea empleo. Este argumento se reproduce constantemente, una y otra vez, en la mayoría de medios de información y persuasión del país, subrayando que no hay que penalizar a los productores de riqueza y puestos de trabajo.

El problema con este argumento es que, por mucho que se repita, no tiene evidencia que lo avale. Un estudio reciente de una empresa de análisis de mercados (Market Watch) analizó recientemente qué hacen los súper ricos con su dinero (“Where the Rich are Keeping their Money”). Y aunque no es fácil encontrar esta información, algo sí que se pudo ver. Pues bien, la enorme cantidad de dinero que tienen los súper ricos no se invierte en lo que se llama economía productiva, es decir, donde se producen puestos de trabajo. El 90% estaba en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o actividad especulativa. Sólo un 1% se invertía en el establecimiento de nuevas empresas que produjeran empleo. Otros estudios han llegado a conclusiones semejantes. En la encuesta Mendelsohn Affluent Survey alcanza un porcentaje sólo ligeramente superior, un 2%. En realidad, en un sorprendente momento de franqueza del medio más cercano al mundo financiero, el Wall Street Journal, indicó que el gran impacto positivo para las rentas superiores que supuso el gran recorte de impuestos para los súper ricos que aprovó la administración Bush “condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país” (citado en “Three Big Lies of the Super-Rich”, de Paul Buchheit).

De estos datos debería deducirse que una mejor manera de crear empleo hubiera sido gravar a los súper ricos y con este dinero el Estado debería crear puestos de trabajo, propuesta que, a pesar de ser razonable y justa, nunca se verá en los medios de mayor información y persuasión del país que transmiten la imagen de que hay que mimar a los súper ricos para que no se vayan a otros lugares.

¿Hay que estimular la aparición de grandes empresarios? 

Otro argumento que también se reproduce constantemente en la cultura neoliberal, ampliamente dominante en los medios de información y persuasión de mayor difusión, es la necesidad de estimular la creatividad individual empresarial, enfatizando la gran importancia que tal esfuerzo individual ha tenido en el progreso de un país. Constantemente se cita a grandes emprendedores, como Bill Gates, para señalar la importancia de tal creatividad empresarial individual. Paul Buchheit señala, sin embargo, que la historia real difiere considerablemente de la imagen idealizada de tal emprendedor. Bill Gates adaptó con gran oportunismo el conocimiento generado por muchos ingenieros que le precedieron, copiando a otros expertos, sin que estos otros nombres aparecieran en su biografía. Lo que se considera un acto individual fue una producción de conocimiento colectivo, que en otro tipo de sociedad se hubiera reconocido y presentado como un esfuerzo de equipo y no cómo personal. La historia del mundo empresarial está llena casos como éste. Lo que se presenta como una iniciativa individual empresarial está basado en un esfuerzo colectivo, utilizado, manipulado (y a veces explotado) sólo por un individuo cuyo conocimiento deriva y/o está expropiado de otros. Buchheit también se refiere al caso del supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, quien recibe todos los honores, cuando muchas otras personas habían contribuido y sabían como establecer el teléfono, pero no tenían el dinero para poder patentarlo antes que Bell.

La falsedad del concepto de capitalismo popular 

Otro argumento que se ha estado promoviendo en defensa del sistema económico actual es que hoy estamos viviendo en la época del capitalismo popular, como consecuencia de que la mayoría de la ciudadanía tiene acciones en la Bolsa. En este argumento se asume que todo el mundo sigue con gran interés los vaivenes de la Bolsa, porque les afecta personalmente. Cuando la Bolsa se dispara se nos dice que todos nos beneficiamos.

De nuevo, la evidencia cuestiona tal argumento. La propiedad de las acciones está enormemente concentrada. Así, por ejemplo, en EEUU, sólo el 10% de propietarios de acciones tiene más del 80% de todas ellas. La gran mayoría de accionistas tiene un número muy menor de acciones. Es más, los grandes cambios de la Bolsa afectan primordialmente al 5% de los accionistas que ganan más de 500.000 euros al año. Al resto, tales variaciones les afectan mucho menos. Y últimamente, los cambios fiscales han beneficiado enormemente a estos grupos minoritarios. En general, pagan en impuestos sólo el 15% de su renta derivada de la propiedad de las acciones, lo cual ha facilitado que en sólo seis años (2001-2007) doblaran sus ingresos. Mientras, el trabajador promedio (que cobra 34.500 dólares al año) paga en impuestos un 32%. Una consecuencia de este hecho es que las desigualdades de renta se han disparado.

¿Son los súper ricos los mejores?

Todo ello lleva a otro argumento que los neoliberales sostienen: que aquellos que están en las cúspides superiores de poder –los súper ricos- están ahí porque son mejores que los demás. El mérito es lo que les ha llevado a donde están (ver mi artículo “El fin de la mal llamada meritocracia”, publicado en El Plural, 28.07.12, y colgado en mi blog www.vnavarro.org).

Pues bien, la evidencia no avala tal postura. En realidad, la evidencia científica muestra que los súper ricos son gente menos ética, menos solidaria y menos considerada hacia otras personas, y más inclinada a sostener comportamientos incívicos que la mayoría de la ciudadanía. En lugar de la imagen que se promueve, de que las élites tienen mayor calidad y valor humano, la evidencia muestra claramente lo contrario.

En un artículo en Scientific American, Daisy Grewal cita los trabajos de dos psicólogos, Paul Piff y Dacher Keltner, que muestran que los súper ricos muestran comportamientos menos solidarios, menos compasivos, más egoístas y más propensos a saltarse las normas y reglas que las clases populares. Las clases populares han desarrollado unas culturas de solidaridad que se encuentran ausentes entre las élites ricas y súper ricas (Daisy Grewal, “How Wealth Reduces Compassion”, Scientific American, 10.04.12).

Una conclusión semejante se ha publicado por la Asociación para la Psicología Científica (Press Release, 08.02.12) en la que señala la cultura egocéntrica existente entre las personas de rentas superiores y su menor capacidad emotiva hacia otras personas con  necesidad de apoyo o solidaridad. La famosa frase de “nobleza obliga”, simplificando que los de arriba sienten la necesidad de cuidar de los otros no existe ya (en caso de que hubiera existido). Es cierto que personas muy ricas dan mecenazgo, pero son siempre las excepciones.

A resultados parecidos han llegado estudiosos de la cultura empresarial, como la famosa Bloomberg Newsletter. Así, tal revista publica los hallazgos del citado Paul Piff, de la Universidad de California, publicados también en la Academia de Ciencias de EEUU, que muestra como los ricos y súper ricos obedecen menos las leyes de tráfico y las normas de conducta aprobadas por la sociedad, son más egoístas y piensan menos en otras personas, son menos capaces de  expresar solidaridad o compasión y se saltan otros tipos de leyes con mayor frecuencia. Por cierto, tales comportamientos poco solidarios aparecen también con mayor frecuencia entre estudiantes de Economía y Empresariales en EEUU, los cuales indican que el egoísmo y egocentrismo son atributos favorables para la eficiencia económica, observación que ha motivado una demanda de cursos de ética y comportamiento cívico en las facultades de Economía. Sería interesante que estudios y análisis de esta naturaleza se hicieran también en España, pero hasta ahora no se han hecho. Teniendo en cuenta el enorme fraude fiscal de los súper ricos y su continua oposición a reformas que facilitaran el bienestar social de la ciudadanía y muy en especial de las clases populares, es casi seguro que los súper ricos españoles están entre los menos solidarios y más incívicos entre los súper ricos de los países semejantes por el nivel de desarrollo económico a España.

EL POR QUÉ DE LOS RECORTES

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 12 de julio de 2012

Este artículo señala que una de las causas reales de los continuos y constantes recortes de gasto público incluyendo el gasto público social que están debilitando enormemente el Estado del Bienestar español es la exigencia de que España pague la deuda a los bancos europeos, y muy en especial, a la banca alemana.

Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).

Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años 2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46% al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario Internacional.

En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual, medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder ver que están profundamente equivocados?

Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas, entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.

Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia, Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia. Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno, presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda financiera”a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el dinero prestado.

El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana

Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times, el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les debe. Así de claro.

Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España. Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados, sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes. Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán, Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).

En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos 100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores problemas que existe hoy en la España endeudada.

Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto, alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la deuda en sí).

Y así estamos.

¡¡Nos mienten!!

El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública

Vicenç Navarro* – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo cuestiona la sabiduría convencional en los círculos del establishment español que asume que el problema mayor de la economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. El artículo cuestiona tal tesis, señalando que los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes pues contribuyen a la recesión de la economía española.

En sus continuas reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy ha acentuado que el objetivo principal de su gobierno es el de reducir el déficit público, y supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central, autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado tal endeudamiento como la causa de que el país esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante referencia a que “España no puede gastarse más de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.

Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis. Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este país habría tenido un enorme déficit público y una elevada deuda pública cuando comenzó la crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis empezó, España tenía superávit en sus cuentas del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las más bajas de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de riqueza que España), y muy por debajo de lo establecido por el Tratado de Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda pública neta (que es la que debería utilizarse aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda bruta menos los intereses que el Estado se debe a si mismo al incluir deuda pública poseída por diferentes ramas del Estado). No es cierto, por lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto público no era el problema, pues ni el déficit ni la deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo el gasto público social) no pudieran justificarse bajo el argumento de que nos gastábamos más de lo que teníamos. En realidad, el gasto público español (incluyendo el social) por habitante era y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.

El crecimiento notable del déficit no se debió al aumento del gasto público, sino a la bajada de los ingresos al Estado resultado de la recesión y elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los recortes de aquel gasto público. Fue el elevado crecimiento de desempleo (España ha tenido durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de ocupación y de la masa salarial lo que disparó el déficit público del Estado, alcanzando en 2009, sólo dos años después del inicio de la crisis, la cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy poco de las rentas del capital. Las políticas de recortes contribuyeron a la recesión. Si España hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría disminuido más rápidamente que de la manera en que se ha intentado conseguir, es decir, a base de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a base de disminuir salarios), la economía no se ha recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5% (es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5% del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).

Pero incluso estas cifras desfavorables en el caso del déficit público (aunque no inquietantes en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017 será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del rescate financiero, los 100.000 millones de euros aumenten esta deuda pública diez puntos más del PIB (90% del PIB).

Un tanto semejante ocurre en cuanto a los intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI, España en 2011 pasará de pagar en intereses un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que no está fuera de lo común entre los países de la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un mayor problema. El que sí es un problema (que crea grandes incertidumbres entre los mercados financieros) es el escaso crecimiento económico y elevado desempleo. Éste es el mayor problema que tiene la economía española y que requiere una serie de intervenciones públicas que el gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando. El gobierno debería estimular la economía y facilitar la creación de empleo, lo cual puede hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse a base de aumentar el crecimiento económico y el descenso del desempleo. Y para ello deberían aumentarse los ingresos al Estado mediante reformas fiscales que permitieran ingresar más fondos al Estado para estimular la creación de empleo. Y ahí el espacio es enorme.

España tiene los recursos para crear empleo. Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las granes empresas citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español y(o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y con ello estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar otras (recortes y más recortes) se impongan se debe a la creencia errónea de que el gasto público es el problema, y así estamos.

* Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Artículo publicado en el diario digital EL PLURAL
Fuente: ATTAC 

LA BANCA NO SOMOS TODOS

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Existe una percepción bastante generalizada en España que considera que “el banco somos todos”. El dinero de la banca es el dinero de todos. Tal dinero son los depósitos de la mayoría de la ciudadanía que tiene sus ahorros depositados en la banca. En otras palabras, se asume que el dinero que existe y/o se utiliza por el banco es el depositado por cada uno de los ciudadanos, resultado de su ahorro, de sus nóminas o de sus pensiones, sean éstas públicas o privadas. Ésta percepción es promovida por los propios bancos que quieren transmitir el mensaje de que ellos desempeñan una función social, la de guardar el dinero de la ciudadanía, pagándoles unos intereses como incentivo, a la vez que ofrecen crédito a las personas y a las empresas que lo necesiten. La existencia de tal crédito es la función social que justifica su existencia. De esta percepción se deriva el mensaje que la banca y el Banco de España transmiten a los medios y que está calando en la población: intervenir y penalizar a la banca es penalizarnos a todos nosotros.

Esta percepción, sin embargo, es profundamente errónea. En realidad, la mayoría de ciudadanos no tiene mucho dinero en la banca, ni directa ni indirectamente (como en pensiones). Sería muy interesante poder corroborar los hechos con los datos pero, no podemos hacerlo en España, donde la opacidad estadística, tanto en temas de distribución de la renta como de la propiedad, hacen difícil conseguirlos. Además, los existentes no son creíbles. Fíjese el lector que, según los últimos datos de la OCDE (que extrae sus datos de las cifras oficiales del Estado español), el nivel de renta de la decila superior de España es de 32.000 euros. Cualquier persona que va por las partes alta de las grandes ciudades puede ver que los súper ricos tienen muchos más ingresos que los que constan en sus declaraciones de renta. (Tal opacidad es incluso más acentuada en el sistema financiero, como bien ha mostrado el colapso de Bankia).

Estados Unidos, sin embargo, sí que tiene datos más fiables. Y es más que probable que la distribución de la renta y de la propiedad en España sea bastante semejante a la de EEUU (España, junto con EEUU, es uno de los países más desiguales de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo). Pues bien, la gran mayoría de estadounidenses tienen muy poca propiedad financiera. Ésta está muy concentrada. La decila superior de la población estadounidense posee el 90% de todos los bienes financieros, siendo los más comunes sus acciones bancarias y sus pensiones. En realidad los súper ricos, el 1% de la población, posee el 38% de estos bienes financieros. La mayoría de la población sólo posee su casa, aunque poseer, poseer, es un decir. El banco es el que la posee, y el que vive en ella le paga al banco la hipoteca.

Cuando estamos hablando de los bancos, por lo tanto, estamos hablando predominantemente del dinero de una minoría: de los ricos y de los súper ricos. De ahí que sería razonable decir que cuando hablamos de los bancos no estamos hablando del conjunto de la población sino de los sectores más adinerados y de los gestores de su dinero (los banqueros). De ahí que también sería aconsejable que –tal como propone el que fue Secretary of Labor (Ministro de Trabajo) durante la Administración Clinton, y hoy Profesor de Políticas Públicas de la Universidad de California, el Sr. Robert Reich, se gravara a los banqueros, a los accionistas, y a los que tienen la mayoría de depósitos, haciéndoles pagar un 2% en sus bienes financieros, justificándose tal medida por los enormes beneficios que la banca ha alcanzado durante todos estos años de bonanza, beneficios conseguidos predominantemente de la especulación, incluida la especulación bancaria. Ello conseguiría en EEUU 70.000 millones de dólares más para el Estado (haciéndoles pagar tal 2% a los que tuvieran más de 7.2 millones de bienes financieros).

No estaría de más que se implementara esta política aquí en España, donde la concentración de la propiedad es igualmente acentuada. Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito. Por cierto, es difícil de entender que estos 100.000 millones de euros que se gastarán supuestamente en la reestructuración del sistema financiero (a unos intereses que pueden significarle a la banca, según el Comisario de la Unión Europea, el Sr. Joaquín Almunia, casi un 8%) consigan lo que no han conseguido los casi 500.000 millones de euros que los bancos españoles e italianos han recibido desde el pasado diciembre del BCE a unos intereses de sólo un 1%. Tal rescate no resolverá el problema de la banca española, pues no se está tocando el problema clave que provocó la crisis: la burbuja inmobiliaria.

Todavía hoy hay más de tres millones de pisos vacíos (3.417.064 viviendas, según el Ministerio de Fomento). Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca. Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca. Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos. En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.

El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

  • Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
  • Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

  • El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.

Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.

El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.

Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo considera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

  • ¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetico con el que se llevará cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.

Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

  • El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica.

En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.

Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.

La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.

Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

  • ¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.

Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.

Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

– Quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.

– Se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

– Volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.

– Nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.

– No bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros.

¿Por qué las políticas de austeridad son profundamente erróneas?

Vicenç Navarro en Público

Una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia a la crisis financiera actual que sufren los países GIPSI (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) es la que indica que los Gobiernos de tales países han gastado más de lo que deberían haber gastado, endeudándose demasiado. De ahí la respuesta a la crisis dada por la Troika -el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- así como por el Consejo Europeo y el Gobierno alemán presidido por la canciller Angela Merkel, exigiendo a los Gobiernos que reduzcan su déficits y su deuda pública, medida fundamental para que los países recuperen su crecimiento económico. Esta explicación ha alcanzado niveles de dogma en los últimos años, dogma reproducido en la mayoría de los medios de mayor difusión donde la sabiduría convencional se transmite. Dentro del mundo económico, el mayor defensor de este dogma ha sido Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), fundación financiada por los mayores bancos y mayores empresas del país.

El mayor problema que tiene tal explicación es que la evidencia científica no la sustenta. Si hubiera sido cierta, tendríamos que haber encontrado en todos estos países, cuando la crisis se inició, déficits y deudas públicas elevadas, lo cual no es cierto.

En realidad, España, al inicio de la crisis, en 2007, tenía un superávit en sus cuentas del Estado (+2.23% del PIB) y una deuda pública del 36,2% del PIB, que estaba muy, muy por debajo del límite permitido por el Pacto de Estabilidad (60%), y muy por debajo del promedio de los países de la Eurozona. La deuda neta (es decir, eliminando la deuda que el Estado se debe a sí mismo) era sólo un 26,7%. No puede, por lo tanto, argumentarse que el Estado español se hubiera endeudado demasiado.

Una situación semejante aparece en Irlanda, donde también había superávit (+0,1% del PIB) en las cuentas del Estado y una deuda pública del 24,8% del PIB, por debajo del nivel máximo permitido por el Pacto de Estabilidad (con una deuda neta del 11,1% del PIB). Portugal sí que tenía un déficit público (-3,2% del PIB), pero era muy cercano al nivel permitido por el Pacto de Estabilidad (-3%), y una deuda pública, 68,3% del PIB, muy cercana al nivel permitido (60%). A ninguno de estos tres países, España, Irlanda y Portugal, se les puede atribuir la crisis a su excesivo endeudamiento público.

Italia tenía un déficit público minúsculo (-1,5% del PIB) en 2007 y una deuda pública de 103,1% del PIB, mayor de la permitida por el Pacto de Estabilidad.

Grecia, sin embargo, sí que tenía un déficit público elevado (-6,7% del PIB) y una deuda pública también elevada (105% del PIB). Ahora bien, estas cifras eran asumibles si se le hubiera permitido crecer económicamente. El crecimiento económico es una manera de reducir el déficit y la deuda pública, pues el crecimiento genera más recursos al Estado. Pero en lugar de permitir que siguiera unas políticas expansivas de gasto público, se le impusieron unas reducciones draconianas de tales gastos, de manera que crearon una caída de tal crecimiento, cayendo en una gran recesión. Como consecuencia, en Grecia el déficit público aumentó, alcanzando un 10,6% del PIB en 2011. Y lo mismo ocurrió con su deuda pública, que aumentó a un 160,8% del PIB (también en el 2011).

A la luz de estos datos es imposible sostener que la causa de la enorme recesión, que tales países han estado sufriendo, se deba a que los Estados se han endeudado demasiado. Sólo Grecia y en parte Italia (debido a su elevada deuda pública) podrían mostrarse como prueba de tal tesis. Ni a España, ni a Portugal ni a Irlanda, se les puede acusar de tal comportamiento público. No es cierto que el Estado fuera excesivamente prolijo y que el gasto se hubiera descontrolado, tal como afirman, errónea o maliciosamente, los autores neoliberales.

En realidad, han sido las políticas impuestas por la Troika, así como por el Consejo Europeo y por el Gobierno Merkel, con la ayuda, hasta hace poco, del Gobierno Sarkozy, las que han causado la recesión existente en estos países y en la Eurozona. Sus políticas de austeridad, con recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social, así como su énfasis en disminuir los salarios (lo que llaman devaluación doméstica), han creado un descenso de la demanda, y con ello un descenso muy marcado del crecimiento económico. Como ha mostrado Mark Weisbrot, co-director del Center for Economic and Policy Research, hay una relación directa entre la austeridad seguida en un país y el descenso del crecimiento económico. A mayor austeridad, menor crecimiento (y con ello mayor crecimiento del déficit y de la deuda pública). Grecia ha sido el país al cual le han impuesto mayores recortes y donde ha habido un mayor descenso de su PIB. Una situación semejante ha ocurrido en España, Portugal, Irlanda e Italia. Los países nórdicos han sido los que han tenido menos recortes y han crecido más rápidamente.

¿Por qué EEUU está creciendo y la Eurozona no?

Y ahí está gran parte del problema. Las políticas de austeridad han sido la mayor causa de la recesión, no sólo en estos países sino en toda la Eurozona. Es ilustrativo en este sentido comparar el estancamiento de tal zona monetaria con una recesión que está afectando muy negativamente al bienestar de la población en la mayoría de países, con la mayor recuperación que ha experimentado EEUU, resultado de seguir distintas políticas publicas. En EEUU, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria, la economía casi colapsó, perdiendo nada menos que 1,5 trillones (1.500 billones) de dólares. La Administración Obama aprobó un plan de estímulo económico aumentando el gasto público 300 billones (una cantidad muy insuficiente para cubrir el enorme agujero creado por aquel estallido, como bien han criticado muchos autores como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Mark Weisbrot, Dean Baker, y muchos otros) que se gastaron en crear empleo en los servicios sanitarios y sociales públicos y a crear infraestructuras físicas en el país.

El Gobierno federal, a través de su Banco Central (el Federal Reserve Board), también redujo los intereses bancarios de una manera muy acentuada, e inyectó 2,3 trillones de dólares en la economía. Inyectar quiere decir que el Banco imprimió dinero y con él compró deuda pública, ayudando así al Estado federal a que dependiera menos de los préstamos de la banca privada (como ocurre en la Eurozona). Hoy, los bonos públicos del Estado federal tienen los intereses más bajos de todos los bonos públicos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) mostrando la falacia de los autores neoliberales que cuestionan la viabilidad de tal deuda pública estadounidense.

El contraste con el comportamiento en la Eurozona es enorme. En primer lugar, las políticas de estímulo han brillado por su ausencia en la Eurozona. Sólo ahora el nuevo Presidente de Francia, el señor François Hollande, ha pedido que se desarrolle una política de estímulo. Pero incluso ahora, las cantidades citadas en sus propuestas, 30.000 millones de euros, son dramáticamente insuficientes para estimular las economías de la Eurozona en recesión, sobre todo teniendo en cuenta que se mantienen –en tales propuestas- las políticas de austeridad que han sido responsables de la recesión. Las políticas de crecimiento complementan en tales propuestas, no sustituyen, a las políticas de austeridad, lo cual es un profundo error.

La segunda gran diferencia es el comportamiento del Banco Central Europeo, que ha impreso mucho menos dinero que el FRB, y otra gran diferencia es que tal Banco ha prestado dinero a la banca privada de los países de la Eurozona a intereses muy bajos (1%), los cuales han comprado la deuda pública (los bonos públicos del Estado) con un interés repercutido mucho más elevado (6% en el caso de España), con lo cual la banca privada se ha beneficiado enormemente a costa de los Estados. Es más, esta banca ha especulado con la deuda pública, creando artificialmente la sensación de crisis a fin de que los Estados se vean forzados a pagar intereses muy elevados.

Los resultados de este comportamiento diferencial en las políticas fiscales y monetarias son claros. EEUU salió de la crisis ya en 2009, dos años después de que se iniciara, con un crecimiento anual del 2,4% del PIB. En los países de la Eurozona, el crecimiento no ha alcanzado ni el 1,5% y con una previsión negativa para el próximo año (-0.3%).