¿A quienes indultan los gobiernos?

O, como evitar la aplicación de la ley “a los míos”

Unos Mossos d'Esquadra durante la jornada de huelga general. EFE/Alejandro García

A propósito del escándalo motivado por el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos D’Esquadra condenados por torturas, que ha provocado el rechazo de 200 jueces que han firmado un manifiesto público por considerar que supone una “afrenta al Poder Judicial” y una actuación contra la dignidad humana, “impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible”.

Se evidencia con el indulto a estos mossos, tras varias maniobras previas para “rescatarlos de manos de la Justicia” (ver *) que la tortura no es algo excepcional en España, ya que si lo fuera no habría más que señalar este episodio como excepcional. El empecinamiento en no criminalizar estas probadas torturas y otras anteriores dejan bien claro cómo el gobierno “comprende” y ampara estas prácticas.

Volviendo a la utilización del indulto como fraude político, repasamos la perversa utilización de esta prerrogativa del poder Ejecutivo que viene utilizándose con un descarado interés de evitar la aplicación de la ley al ejercicio del poder que ejercen.

En 2012

En 2011

*  El Consejo de Ministros ha acordado la concesión de un nuevo indulto a cuatro mossos d’Esquadra, por el que se conmuta la pena privativa de libertad, pendiente de cumplimiento, por otra de dos años de multa.

Este nuevo indulto ha sido aprobado por el Gobierno después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto por el que se conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de prisión para cada uno de ellos.

La concesión de este segundo indulto, que establece una multa con una cuota diaria de diez euros (lo que equivaldría a 7.300 euros de multa en total), está condicionada a que no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.

Estos cuatro mossos d’Esquadra fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009, por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones.

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d’esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses y al quinto a seis meses de cárcel por los delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato.

 El Tribunal Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que los agentes se libraran de entrar en prisión.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona rechazó en mayo la suspensión de la pena de prisión que solicitaba la defensa de los mossos, una medida de la que, de acuerdo con la ley, pueden beneficiarse las personas condenadas a hasta dos años de cárcel que carezcan de antecedentes.

Los condenados solicitaron entonces un nuevo indulto que les permitiera eludir su ingreso en prisión, ante la negativa de la Audiencia Provincial de Barcelona de conceder la suspensión de la pena de dos años de prisión.

Fuentes: 15Mpedia y Diario Público

Los maderos no son obreros… y jamás compañeros

por Andrea Benites-Dumont / Codo a Codo
Son una fuerza represiva del Estado que garantiza la dominación social y la política del capitalismo sobre las clases trabajadoras y desposeídas.

Más allá que sus salarios, dietas, extras y plus, devengan de fondos públicos que pagamos los ciudadanos en diferentes acápites, los efectivos de las fuerzas policiales, no son por su naturaleza  “empleados públicos” como los docentes o los trabajadores estatales, porque se estaría ignorando que son una fuerza represiva del Estado que garantiza la dominación social y la política de los capitalistas sobre las clases trabajadoras y desposeídas.

Y también más allá de su extracción social, aún cuando obrera, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, y dado que la existencia determina la conciencia, es un defensor de patrones y burgueses, y por ende, nunca un obrero.

El trabajo de un policía no es una actividad productiva, es un accionar represivo. Las policías de diferentes ámbitos se han enfrentado a trabajadores y estudiantes para custodiar tanto los intereses patronales o los estatales. La sindicalización de la policía no transforma ni mucho menos, su esencia represiva; más aún las demandas de esos sindicatos policiales, han tenido que ver en equipar los diferentes cuerpos con mejor armamento e instrucción en nuevas técnicas de control y represión.

Lejos de una expresión de deseos, la posibilidad eventual de un compromiso efectivo de una parte de la policía para no reprimir a los trabajadores e incluso rebelarse ante esa orden, sólo sería posible en una situación de lucha de clases aguda, es decir revolucionaria, que produzca el quiebre y descomposición del Estado y de sus instituciones coercitivas y la radicalización política y social de las grandes masas.  Sólo bajo esas condiciones la clase trabajadora podría establecer un acuerdo favorable a sus intereses en pos de romper la cadena de mandos, suprimiendo la disciplina vertical a la media y alta oficialidad, debilitando así el poder represivo del Estado burgués, sobre la base de la movilización revolucionaria, lo que presupone la autoorganización y el armamento obrero y popular, el factor de persuasión sobre las fuerzas represivas.

El Estado ha inducido en la población el mensaje del papel de custodio de la seguridad y el orden, indispensables para el funcionamiento social; y aún cuando una gran mayoría de la sociedad ha asumido este mensaje intrínsecamente perverso, los policías que se suman a las manifestaciones sociales contra los recortes del gobierno del PP, contaminan y tergiversan el sentido de la suma de demandas de los diferentes sectores.

Los médicos, enfermeros y personal sanitario, educadores, trabajadores del metro, de trenes, funcionarios administrativos, parados, trabajadores en precario, interinos, bomberos… etc., no tienen puntos en común con quiénes emplean armas y ensañamiento en las manifestaciones, con quiénes se hacen los heridos cuando la represión es salvaje y dar así a los medios de comunicación los titulares falaces de batallas y encontronazos; asimismo el movimiento obrero y los movimientos sociales además de la violencia permanente, soportan la infiltración de secretas y soplones.

Produce náusea intelectual y emocional compartir la calle y no enfrente como es tradicional, natural y, por sobre todo digno. Como indigno es pensar que existen policías buenos.

Con el desempleo creciendo a diario,  se han incorporado a inicios de este mes de julio,  1.178 nuevos agentes en la Comunidad de Madrid,  con el objetivo de  “garantizar la paz social”… Los policías que acosan a los inmigrantes, los que se emplean a fondo en los desahucios, son de igual calaña de los que cargan contra los mineros, contra los parados, contra los jóvenes, contra los yayos….  Custodian el orden y la ley de los banqueros, de los parásitos sociales, de la oligarquía, son los esbirros de las clases dominantes.

No sólo es deseable que acorten los salarios, pagas y dietas de los represores, ya que por reivindicativa que sea una manifestación obrera, va implícita en ella, el ansia y la lucha por la disolución de todas las fuerzas de seguridad, al tiempo que se defiende y se promueve las formas de autodefensa obrera y popular, enfrentando la violencia centralizada del Estado y sus bandas de matones armados.

No se puede permanecer indiferente y tolerante que en las multitudinarias manifestaciones contra los planes devastadores de la derecha y sus secuaces, los sicarios del capital sean manifestantes comunes. No lo son, no lo han sido y no lo serán, porque son maltratadores y mamporreros,  su cometido es vil, despreciable e infame, su función es sostener a los grupos dominantes, a los poderosos, mafiosos y corruptos con todos los medios a su alcance.

La clase obrera ha sido golpeada tremendamente con la reforma laboral, el recorte de derechos y servicios, en educación, en sanidad, en investigación, en ayudas sociales, la subida de impuestos, la reducción de salarios. En las masivas respuestas se contagia y multiplica la rebeldía, se  acrecienta la rabia, se remienda la maltrecha economía individual en una suerte de trueque fraternal que se acumula en las calles sin, hasta ahora, condicionamientos, ya que se ha colado en las marchas, la infame policía. Para evitar el envilecimiento de tamaña proximidad, es indispensable expulsarlos de la marchas obreras y populares, tenemos sobradas razones e inalterables sentimientos. Y es sin ninguna duda una cuestión innegociable de principios. No tenemos ni queremos otros principios, porque en ellos nos va la vida, toda la vida, la nuestra y la de generaciones anteriores que libraron heroicas batallas para destrozar las cadenas y todos los mecanismos embaucadores de sometimiento.

- Actualización, 25 de Septiembre de 2012:

El secretario general del SUP: “Apoyamos que la policía no lleve identificación. Leña y punto”

Sánchez Fornet en twitter

Imagen de la cuenta de Twitter de José Manuel Sánchez Fornet, criticado por su defensa de que los policías no lleven identificación en las manifestaciones, defendiendo que se actúe con “leña y punto”. (Twitter)

ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA

Informe sobre la tortura policial en España

En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente.

Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos
órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía
Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación,
así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía
en relación con estos delitos.
Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos
a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido
objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos
psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida.
Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.
Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades
españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran
la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la
introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas
de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre
el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para
introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos
tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

España: Sal en la herida

sal_herida01.gifEn España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manosde agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendiday persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.

Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida. Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

Puedes ver o descargar el informe en formato PDF:

Completo (440 KB)

  • Índice:
  • INTRODUCCIÓN
  • La obligación jurídica de España de prevenir la tortura y otros malos tratos
  • LOS MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA
  • Mecanismos internos de investigación policial
  • Mecanismos de supervisión externa
  • CAUSAS DE LA IMPUNIDAD EFECTIVA
  • Obstáculos a la presentación de denuncias
  • Falta de investigaciones independientes
  • Ausencia de investigaciones
  • Informes médicos y forenses incompletos o inexactos
  • Pruebas insuficientes
  • Intimidación de denunciantes
  • Ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad en las investigaciones
  • No imposición de sanciones adecuadas
  • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  • APÉNDICE 1
  • APÉNDICE 2

AQUÍ TAMBIÉN SE TORTURA

Tal como confirma la reciente sentencia que condena a cuatro guardias civiles:

Según la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, los cuatro guardias civiles amenazaron a los miembros de ETA y los trasladaron por separado a un río, del municipio de Aramaio, para buscar un lugar que, “facilitando su impunidad, les permitiera humillar, castigar y vengarse de los detenidos, física y moralmente, por su pertenencia a ETA. A Sarasola le colocaron una pistola en la sien con la que hicieron el ademán o gesto de dispararle, y le tiraron explanada abajo, momento en que aprovecharon para golpearle”. Según el tribunal, los agentes le subieron después hasta donde estaban los patrol, cuyas puertas utilizaron para golpearle en el hemitórax: “El castigo físico gratuito a quien ya estaba detenido”.
Según la sentencia, Portu también fue conducido “a empujones, fuera del vehículo, hasta llegar a la altura del río, donde, en dos ocasiones al menos, le sumergieron la cabeza en el agua (…) Este episodio tuvo una duración prolongada de media hora más o menos, sólo destinada a agredirle, física y psicológicamente, en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA”.

LO VENÍA DICIENDO AMNISTÍA INTERNACIONAL EN SUCESIVOS INFORMES ANUALES:

“En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.