¿SUICIDIOS o CRIMEN DE ESTADO?

JUAN  TORRES en su blog "Ganas de Escribir"

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis.

Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero’ (Espasa, 2012), que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

JUAN TORRES es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. 

Desahucios: Otro suicidio

La desesperación que lleva a las víctimas a suicidarse ante un desahucio, tiene dos claros grupos RESPONSABLES DIRECTOS:
– Cada BANCO que inicia un proceso de desahucio.
– Cada POLÍTICO con capacidad legislativa que lo ampara y lo permite. Y en España son dos PP y PSOE.

  •  La INDUCCIÓN AL SUICIDIO es un delito que consiste en ejercer una influencia física o mental sobre la víctima para conseguir que en un momento dado ésta cometa suicidio. Es una conducta penada por tratarse de una figura muy similar al HOMICIDIO o ASESINATO.
    ¿Podría ser una vía de acusación a la BANCA?

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  • Son 18.000 millones es la “deuda familiar” acumulada en España. Una verdadera miseria en relación a la deuda de los bancos que SÍ estamos sufragando entre todos.
    ¡¡POR LA CONDONACIÓN DE LAS DEUDAS HIPOTECARIAS FAMILIARES, YA!!

 

 

¿Suicidarse o matar?

LUCIDEZ EN SYNTAGMA

“El gobierno de Tsolakoglou* ha aniquilado toda esperanza para mi supervivencia, que estaba basada en una pensión muy digna que, yo solo, pagué durante 35 años sin ayuda del Estado. Y ya que mi avanzada edad no me permite un modo de responder activamente —aunque si un compañero griego fuera a coger un kalashnikov, yo estaría detrás de él—, no veo otra solución que darle este final digno a mi vida, ya que no me quiero ver buscando en los cubos de basura mis medios de subsitencia. Creo que esa juventud sin ningún futuro se levantará algún día en armas y colgarán a los traidores de este país en la plaza Syntagma, justo comohicieron los italianos con Mussolini en 1945”

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Este es el texto manuscrito de la lúcida nota que este farmaceútico jubilado de 77 años llevaba en un bolsillo de su abrigo y que le ha acompañado en su suicidio en la plaza de Syntagma frente al Parlamento griego, en Atenas.

Testigos han contado que el hombre se disparó en la cabeza después de gritar: “¡Tengo deudas, no puedo soportar más!”. Un transeúnte ha declarado a una televisión griega que el pensionista dijo: “No quiero dejar mis deudas a mis hijos”.

¿Qué mecanismo de lucidez hace que una persona desesperada, dispuesta a morir y con un arma en la mano no vaya a ajustar cuentas con alguno de los causantes de su situación y sin embargo se inmole en pública acusación?

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* La alusión a Georgios Tsolakoglou establece un paralelismo entre la actual situación y la que se vivió bajo el mandato del primer presidente griego colaboracionista con el régimen nazi, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.

Fuentes: Público, "Acampadabcninternacional"