¿QUE TRAIGAMOS LA PASTA?

Estimados miembros del Gobierno Mariano;

Nosotros, los emprendedores-defraudadores habituales, estamos viendo con perplejidad y regocijo esa pueril iniciativa que habéis puesto en marcha para tratar de que traigamos esos dinerillos que tenemos repartidos por el mundo y de esta forma para que coticemos por ellos, aquí en España de donde somos y nos sentimos.

Ya sabéis que a nosotros, a patriotas no nos gana nadie, pero como es sabido “el dinero no tiene patria”, y éste -siempre con mucha iniciativa- se mueve allá donde menos desgaste y mayor crecimiento pueda encontrar.

Con esta amnistía fiscal  o “regularización extraordinaria” como con elegancia y disimulo la llamáis, leo que pretendéis recaudar 2.500 millones y que finaliza el 30 de noviembre.

Eso está bien pero, además de “regularizar” nuestras fortunas a cambio de pagar un 10 % y sin ser sancionados por nuestros trapicheos financieros, nosotros, los artesanos de la “pasta” nos preguntamos:

  • ¿Qué me motiva a mí o a los demás que junto a mí tenemos 90.000.000.000. de euros en paraísos fiscales para cotizar donde nuestra rentabilidad va a estar sujeta una fiscalidad más severa?
  • ¿Qué me obliga a ello?, nada ¿no? ya que sólo nos lo pedís pero sin ninguna capacidad coercitiva para conseguirlo.
  • ¿Cómo queréis que hagamos eso con el riesgo de que aprendáis la ruta de nuestras evasiones fiscales?
  • ¿Como esperáis que lo hagamos, si para las siguientes ocasiones vamos a estar más controlados?

En definitiva, ¿no veis que sois unos inocentes manzanillos que hacéis el ridículo pidiendo limosna por la calle, además de prevaricadores por hacer “leyes que van contra la Ley”?.

Bueno ya, esto es una broma nuestra. Es verdad que a nosotros los emprendedores, lo que nos importa es la pasta y nos encanta el fraude de ley, pero ¿vosotros, que se os llena la boca con la “legalidad”?

En fin, que sí, esperad sentados, que ya si eso…, vamos por ahí y tomamos unas cañas.

Don Emprendedor-Defraudador y otros

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Gráfico: Plataform against  the BBVA

El botín del mayor banquero español

EnfoquesLA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme.

Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En España sobran defraudadores

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

Juan Torres en "Ganas de Escribir"

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.