La imparable e impagable deuda

Antes o después, algún responsable tiene que decidir y decir que esta deuda no se puede pagar

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  • El reloj no se detiene. Cada minuto la deuda crece casi 300.000 euros, y una de las consecuencias directas de esa ingente cantidad de dinero a pagar es que necesita ser refinanciada a intervalos regulares con nuevo endeudamiento, por lo que esa “bola de nieve” deviene en imparable, y por muchos empeños y abusos gubernamentales infligidos sobre la población, todo el mundo ha de saber que resulta impagable.

Sólo en 2012 la deuda pública española pasó del 69,3 % al 84,2 % del PIB merced a cuestiones como el rescate del sistema financiero y el pago a los proveedores por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La suma de estos factores, junto con la fuerte vinculación al crédito de nuestra economía, hace que en los últimos cinco años la deuda pública española haya crecido en medio billón de euros.

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El botín del mayor banquero español

EnfoquesLA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme.

Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En España sobran defraudadores

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

Juan Torres en "Ganas de Escribir"

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.

GUÍA CONTRA LOS QUE NOS DEFRAUDAN

Diario PÚBLICO

En el país del “con IVA o sin IVA”, sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar de esa caja llamada Hacienda que, se supone, somos todos. En plena era de recortes, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria porque, si el fraude cumple las condiciones de delito (supera los 120.000 euros y hay intención), no es posible ejecutar hasta que no hay sentencia en firme. El que defrauda a lo grande, tiene recursos para prolongar esa situación años. Sus abogados argumentan a veces en favor de que se considere delito para retrasar el pago, demostrando que miedo, lo que se dice miedo,


a que la sentencia sea de prisión, no tienen. Pero si a usted Hacienda le coge en un renuncio en el IRPF, pague o tendrá embargada su cuenta en meses. ¿Está todo mal? Hay mucho que cambiar, según los expertos. Lo primero: querer combatir el fraude.

1. Delito prescrito.  De cinco a diez años

Un delito fiscal prescribe a los cinco años. Los expertos insisten en que hay que alargar el plazo y ha habido amagos, incluida la aprobación por un Consejo de Ministros. Pero, al final, nada. La tramitación en el Parlamento de la modificación del Código Penal que incluía un aumento de las penas por delito fiscal y con ello del periodo de prescripción de cinco a diez años, mató el intento. “Una enmienda de CiU aceptada por el PSOE volvió a reducir el plazo con el argumento de que podía afectar a la competitividad de las empresas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo”, explica Francisco De la Torre, secretario general de la asociación de los inspectores de Hacienda. “La prescripción no se ha alargado, alegando la simplificación de las exigencias a los contribuyentes”, lamenta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económico confederal de CCOO. El director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, ha pedido estos días que se amplíe a diez años al menos para “los grandes defraudadores”.

2. Paraísos fiscales.  Gravar la transferencia

Se trata de un concepto que parece llevar una palmera adosada pero que afecta desde a las vecinas Gibraltar y Andorraa Mónaco, pasando por el estado de Delaware en EEUU, aunque también islas lejanas. Uno de los países germen de la construcción europea, Holanda, sirve de puente al dinero desde los países trasparentes y con una estructura fiscal desarrollada hacia los que no cumplen ninguna de esas dos características. ¿Cómo se lucha contra el envío de cantidades desconocidas de dinero desde bancos en el Paseo de la Castellana a estos agujeros negros? Los expertos creen que hay que exigir al banco o que no trabaje con paraísos fiscales o que dé la misma información que la que da sobre su actividad en España.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, propone “un impuesto del 25%, por ejemplo, a toda transferencia que se realice con un paraíso fiscal” y explica que “Francia penaliza fuertemente con un gravamen cualquier dividendo pagado desde un territorio que no colabora”. Añade que hay que hacer campaña a nivel internacional para que cambie la forma de catalogar un territorio como paraíso fiscal. “Lo que ha hecho la OCDE es una pantomima. Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países”, añade. Ejemplo: Mónaco no es paraíso fiscal por los acuerdos, entre otros, con Bahamas, Liechtenstein, Qatar, Samoa o San Marino.

De la Torre está de acuerdo con implantar una tasa similar a la Tobin para envío de dinero a paraísos fiscales y propone, además, “no reconocer la estructura jurídica de sociedades que estén radicadas en estos territorios”. Cualquier arma que sirva “para presionar la entrada y salida del dinero a través del sistema financiero. Que se vean obligadosa hacerlo con maletines, que es mucho más complicado”.

3. Falta personal.  Policía fiscal

La Agencia Tributaria cuenta con 28.000 empleados. Según ha reconocido Meseguer estos días, en 2012, serán 3.000 menos por las jubilaciones que ahora no se cubren. De nuevo el recorte del gasto por encima de la búsqueda de aumento del ingreso. “En Francia cuentan con 150.000 personas. España, según la OCDE, es uno de los países que más recauda por euro de gasto en inspección. Eso significa que somos muy eficaces, pero lo somos para las retenciones en nómina, no para buscar el fraude más sofisticado”, comenta De la Torre. “El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha disminuido un 15% en tres años, sin incluir la reducción del salario de los funcionarios”, añade.

Además de más medios, los inspectores reclaman hace tiempo una Policía fiscal.

Esta semana, el candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescataba esta idea que él mismo vetó en diferentes ocasiones desde el Ministerio del Interior.

Según los inspectores, sería más fácil con ese mecanismo luchar contra las grandes redes de IVA, así como poner en pie planes para detectar testaferros y personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad de los titulares de rentas y bienes; detección de sociedades pantalla investigando de forma sistemática a quienes figuren como administradores de una red de firmas y llevar a cabo el plan de signos externos, que busca la ostentación de riqueza (coches de lujo, etc.) para comprobar los ingresos que declara quien los utiliza.

4. Cumplir la norma.  La burla de las Sicav

Para luchar contra el fraude, “tiene que haber una aplicación efectiva de las normas legales. Un sistema contra el delito fiscal aplicado de forma contundente”, comenta Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El primer ejemplo que surge son las Sicav, vehículos de inversión que tributan al 1%, que son los únicos que no puede controlar la Inspección de Hacienda y que incumplen sistemáticamente sus condiciones. De la Torre considera que se “debe cumplir la ley”, con respecto al número de partícipes, su capacidad de decisión, en qué invierten,”y que esto sea verificado por la Inspección de Hacienda. “La hipocresía del sistema” con este tipo de instrumentos “lo contamina todo. Es un espectáculo bochornoso que no contribuye a formar la conciencia fiscal de España”.

5. Módulos.  Nido de facturas falsas

El sistema de módulos es una de las fórmulas de la fiscalidad española más criticada por los expertos. Consiste básicamente en pagar una cantidad fija tanto por IVA como por IRPF en función del tipo de negocio o actividad y una serie de características que van desde número de camareros contratados por un bar a kilómetros recorridos por la furgoneta de un autónomo.

Este sistema, pensado en principio para facilitar la vida de quienes no están obligados a llevar una contabilidad, es más rentable cuanto más ingresos se tiene. Eso lo convierte, según De la Torre, “en un nido de facturas falsas que genera un daño muy alto al sistema. Hay delegaciones de la Agencia Tributaria en las que más de la mitad de sus efectivos se dedica a perseguir las facturas falsas del régimen de módulos. Es una situación cada vez más preocupante. Según la Fiscalía General del Estado, en 2010 se dieron un 40% más casos que en el ejercicio anterior”.

Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), coincide en que los módulos suponen “un incentivo al fraude”. En su opinión, “deben suprimirse totalmente. La fórmula sólo responde a que la Administración quiere garantizarse un mínimo de recaudación. Al que no le sale bien, se va del régimen de módulos. El que gana más, tiene un incentivo al fraude. Me da igual lo que dicen los autónomos de la sencillez. Todo el mundo sabe sumar y restar”, añade.

6. Otros culpables.  Bancos, abogados…

“Nadie defrauda solo”, comenta Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco. “Bancos, despachos de abogados, asesoran sobre cómo esquivar el pago de impuestos. Todo el que ayude a defraudar debería ser corresponsable. Todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también”, añade.

7. Castigo ejemplar.  Endurecer las penas

Los expertos piden que se incrementen las penas, situadas en un máximo de cuatro años de prisión para los fraudes más graves, así como que los tribunales no sean tan renuentes a imponer penas de cárcel a quien defrauda. “Medidas ejemplarizantes y también penalización social”, comenta Miguel Ángel García. “Hay que multiplicar las sanciones por cuatro”, comenta Zubiri. “No puede ser rentable defraudar”, añade.