“LO HE ESCRITO AQUÍ Y… NO ENTIENDO MI LETRA”

Llega Mariano, el brazo tonto de la ley

Probablemente será el presidente más simple que ha conocido España


Sinceramente no sé si la simpleza de su discurso responde a que nos trata a los ciudadanos como a tontos o a que es él el afectado por una profunda idiocia pero, que un personaje tan plano en ideas y de análisis tan simplones tome la máxima responsabilidad de este país…  me preocupa profundamente.

– El pasado viernes 2 de Septiembre, y tras perpetrar junto al partido del gobierno la aprobación de una fraudulenta reforma constitucional en el Congreso de los Diputados, a la salida del hemiciclo, por todo discurso político le oí decir con su borbotante y característica dicción,  ¡¡ESTOY MUY CONTENTO!!

“Estoy muy contento”… esta simpleza no es casual, es coherente con su trayectoria reciente. Denota que este señor tiene una arquitectura mental muy básica y que salvo que se lo hayan escrito otros -ya nos dijo que lo suyo no entiende- le impide analizar con prontitud y con una mínima profundidad los hechos, lo que a mi juicio le incapacita para ser un presidente de gobierno.

Por otro lado, su discurso político no pasa de “caca, culo, pedo, pis”;  “ese malo, yo bueno”, o machacones eslóganes aprendidos como el aburrido “HAY QUE CREAR CONFIANZA”

  • Es muy conocida y significativa de esta personalidad suya esta “perla” de Febrero de 2011 en Tv.:

“¿Medidas para crear empleo?…  mmm… mmm… es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra”

¿Es posible que este señor, que se ve en un aprieto con una pregunta como esta, pueda ser el próximo presidente de este país y no sepa descifrar su propia letra?. Bueno, aún siendo así, lo grave y vergonzoso es que para una pregunta tan básica no tenga la respuesta en su… ¿cerebro?

  • Significativa también es la patética transformación de su cara entre dudas y resoplidos, cuando en Junio de 2010 le preguntan algo tan “complicado” como “cómo frenar la escalada del paro”

  • Refiriéndose a la profunda crisis que sufrimos, el 10 de Sept. de 2011 dijo hablaré con los bancos para ver lo que se puede hacer con el crédito…,   por favor…
  • Proverbiales son también sus vaguedades en respuestas ante todo tipo de preguntas, comprometidas o no. Veamos un ejemplo ante una muy sencilla pregunta de Luis del Olmo:
  • Hace pocos días, también en Septiembre, Mariano se lanzó a la Red -sin red- y se hizo esta foto con Santiago Segura, con quien coincidió en un avión. Exhibió esta actitud de fan cutre en su recién estrenado Twiter y terminó un en embrollo.
  • Para finalizar, no fue menos sonrojante cuando en Ciudad Real en 2007, y queriendo glosar Mariano los magníficos caldos de Castilla-La Mancha, soltó -por todo elaborado pensamiento final- aquél grito tan reproducido…

En fin, que si nos abstraemos de detalles “sin importancia” como que este deficiente personaje va a gobernar nuestra vida y haciendas durante unos años y va a aplicarnos con su ideología y sumo gusto nuevos recortes sociales sobre lo ya recortado en la patética última época de su antecesor … nos lo vamos a pasar muy bien,  ¡viene una época divertida!

Falsedades sobre la reforma

VICENÇ NAVARRO Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra / Ilustración de Mikel Jaso

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas:

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.
No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.
Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit publico, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.
Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.
Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.
Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.
No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

¿SON NECESARIAS LAS ELECCIONES?

La nueva redacción del Artículo 135 de la Constitución

Las tenemos convocadas para el próximo 20 de Noviembre, pero dadas las circunstancias económicas que atravesamos -más bien que nos atraviesan-, quizá pudiéramos ahorrarnos una pasta gansa si la Junta Electoral Central reconociera y bendijera lo que de facto ya ha sucedido y que no es otra cosa que la entrega gratuita del poder por parte de Zapatero a Rajoy.

¿Exagero?  Quizá pero, sin contar con lo que proclaman insistentemente las encuestas respecto a la inevitable y segura victoria de la derechona, hemos visto en los últimos días cómo el partido gobernante (antiguamente de izquierdas) está precipitando un cambio constitucional que venía pidiendo Mariano y su cuadrilla de monosabios y que pone en bandeja de plata -constitucional eso sí- cualquier recorte de derechos sociales con sus correspondientes prestaciones cuando este hombre deje de dedicarse a la molicie y empiece a trabajar al frente de este país llamado España.

Tal y como sus aventajadas alumnas Cospedal y Aguirre han abierto la vía, Rajoy tendrá las manos absolutamente libres para meternos tijera a nosotros sus recortables en todo lo que constituyen las políticas sociales de las que nos hemos venido dotando en las últimas décadas y que como es natural no son ni pueden ser “rentables” desde la óptica economicista.

Y todo ello será además fruto del lógico ejercicio al que Mariano “se verá obligado” en virtud del mandato constitucional que incomprensiblemente Zapatero le ha puesto en suerte.

¡¡Bendita crisis ésta que permite a algunos poner en práctica su miserable ideología bajo el pretexto de una situación de fuerza mayor!!

Entrevista al profesor VICENÇ NAVARRO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA REFORMA ENCAMINADA A INCLUIR EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA EL LIMITE DE GASTO PUBLICO

Entrevista realizada por los Estudiants Progressistes de Catalunya al Profesor Vicenç Navarro

Pregunta (P.) ¿Por qué considera usted la medida propuesta por el Presidente Zapatero, medida que parece contar con el apoyo del Partido Popular, como negativa? El argumento que utilizan los proponentes de tal medida es que un estado no debe gastar por encima de sus posibilidades. Y de ahí deducen la necesidad de impedírselo.

Respuesta (R.) El estado español no gasta por encima de sus posibilidades. Antes al contrario, los datos muestran que el gasto público por habitante de España está muy por debajo de tales posibilidades. En realidad, es el más bajo de la UE-15.  Los datos muestran que no es cierto que exista un despilfarro de gasto público y que haya que frenarlo. La mayoría del gasto público es gasto público social, es decir, gasto en transferencias públicas como pensiones y servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, ayudas a las familias, y otros servicios que tienen una enorme importancia en determinar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. El gasto público social, que cubre estas diferentes dimensiones del estado del bienestar español, es muy bajo, muy por debajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza del país.

(P.) Pero el Estado está en déficit. ¿No es ello un indicador de que se gasta demasiado?

(R.) No. El déficit público no es un buen indicador de que el Estado se gaste demasiado. En el déficit se miden dos dimensiones. Una es el gasto. Pero la otra dimensión son los ingresos. Cuánto dinero un Estado ingresa en sus arcas determina también el tamaño del déficit público. Y ahí radica el problema. No es que en España el gasto sea demasiado grande. Lo que ocurre es que los ingresos al Estado son demasiado bajos. Representa sólo el 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de los países de la UE-15, que es el 44%. En Suecia, el país que tiene el estado desarrollado más avanzado de la UE-15, el porcentaje es 54% del PIB.

(P.) ¿Y porque es tan bajo? ¿Se debe ello a que los impuestos sean muy bajos?
(R.) La categoría de impuestos es muy amplia. Para responder a su pregunta hay que conocer y ser conscientes de quién paga impuestos y qué tipo de impuestos. En España, la mayoría de la ciudadanía que trabaja y que está en nómina ya paga impuestos (sobre la renta), en cantidades que, proporcionalmente, son comparables a las de sus homólogos en el promedio de la UE-15. Fíjese que el trabajador de la manufactura, por ejemplo, ya paga en impuestos un porcentaje que
es aproximadamente el 74% de los impuestos que pagan nada menos que sus homólogos en Suecia, el país donde los impuestos son más elevados. No puede, por lo tanto, decirse que la mayoría de españoles no pagan suficientes impuestos.
La gran diferencia en España con el promedio de la UE-15 es, sin embargo, en las rentas superiores, en las grandes empresas y en la banca. Ahí sí que la diferencia entre lo que pagan estos colectivos en España y lo que pagan sus homólogos en el promedio de la UE-15 es muy sustancial. El 1% de la población de renta superior de España paga sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia.

(P.) Pero se nos dice por las autoridades fiscales que el nivel de progresividad fiscal en los impuestos sobre la renta en España es semejante al resto de la UE.
(R.) No es cierto. Pero incluso más importante que las diferencias nominales son las diferencias reales, es decir, lo que en realidad tributan. Las deducciones y el fraude fiscal están muy extendidos en estos sectores. El sindicato de los Inspectores de Hacienda del Ministerio ha publicado recientemente un informe que muestra claramente el grado de regresividad de la carga fiscal. Las grandes empresas pagan mucho menos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores pagan unos porcentajes menores que la mayoría de la ciudadanía. Y las rentas derivadas del capital tributan en la práctica sólo el 10%, mucho menos que el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%)

(P.) Entonces no es cierto que no existan recursos. Parece, pues, que sí existen. ¿Qué pasa?
(R.) Que el Estado no los recoge. No tiene la voluntad política de enfrentarse con estos grupos de presión y con estos colectivos. El problema de la deuda pública no es un problema económico o fiscal. Es un problema político.

(P.) No es cierto, pues, que nos estemos gastando más de lo que tenemos.
(R.) No. No es cierto. Y además es fácil de demostrarlo. El PIB per cápita de España ya es el 94% del promedio de la UE-15, pero en cambio el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más. Otro dato, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa.

(P.) Otro argumento que se utiliza es que otros países han constitucionalizado el límite de gasto. Parece que esta propuesta se está generalizando en la mayoría de países de los dos lados del Atlántico. En EEUU, los estados, por ejemplo, tienen que tener sus presupuestos en equilibrio. ¿Por qué no España?
(R.) En primer lugar no es cierto que todos los países tengan escrito en su Constitución tal propuesta. Al revés, sólo Alemania lo tiene. Está gobernada por una coalición conservadora-liberal, que ha aprobado en su Parlamento tal propuesta. Hoy la Unión Europea está gobernada por las derechas y quiere imponer estas medidas a todos los estados miembros de la UE a fin de reducir la dimensión social de la UE. En EEUU tal propuesta de constitucionalizar un límite de gasto la está haciendo el Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es una formación de ultraderecha.

(P.) Pero en EEUU, a los Estados no se les permite tener un déficit.
(R.) A los Estados de EEUU no se les permite tener déficits en gastos corrientes, pero sí que se les permite endeudarse en inversiones. Aquí en la UE no se hacen estas distinciones. Todo el gasto público se pone bajo la misma categoría. Pero mucho más importante que esto es que los estados de EEUU son estados de un sistema federal que si que tiene déficit público. Hoy, por ejemplo, es el 8,9% del PIB, más alto que el que tiene España. Y existe en este estado federal un Banco Central, el Federal Reserve Board, que compra deuda pública de los estados, imprimiendo dinero que transfiere a los estados En la UE, el Banco Central tiene prohibido comprar deuda pública y proveer liquidez a los bancos privados, pero
no a los Estados. De ahí que los Estados de la Eurozona sean muy vulnerables a la especulación de los mercados financieros, pues no tienen herramientas para defenderse. Ello no ocurre en EE.UU., el Estado Federal asiste a los estados. California tiene una deuda semejante a Grecia, y sin embargo, la situación de aquel estado no es comparable a la de Grecia o España, debido a la existencia del gobierno federal que la ayuda.

(P.) ¿Cómo es que se hace esta propuesta de limitar el gasto ahora?
(R.) Esta propuesta ha sido una constante en las propuestas de la derecha española, que siempre ha intentado reducir el Estado y la protección social para debilitar al mundo del trabajo. Surge de la percepción equivocada de que el Estado ha crecido demasiado y es responsable de la crisis actual. Así lo ha dicho el Sr. Rajoy, presidente del partido Popular, en muchas ocasiones. Escríbase como se escriba la propuesta final pactada entre Zapatero y Rajoy, el objetivo central de tales reformas es reducir el rol del Estado. De ahí que sea hoy la bandera de las derechas neoliberales en todas partes.

(P.) Pero en España la está proponiendo un gobierno socialista.
(R.) En España, el que hizo primero esta propuesta fue el Sr. Rajoy, Presidente de una coalición conservadora-neoliberal, cuyo liderazgo es muy cercano al pensamiento del Partido Republicano, hoy controlado por el Tea Party. La derecha en España y en la Unión Europea se ha ido radicalizando, invadiendo el terreno de la ultraderecha. Esto está muy claro en las áreas de política económica. La diferencia entre, por ejemplo, el Canciller Kohl, y Angela Merkel, es enorme.
En cuanto al PSOE, éste es un partido de centroizquierda, cuyas bases electorales están más a la izquierda que su dirección, sobre todo de su equipo económico, el cual tiene claramente una orientación neoliberal. El gran error del presidente Zapatero ha sido la elección de sus asesores económicos, la mayoría muy próximos a la banca o a la gran patronal. Muchos de ellos proceden de estos grupos y vuelven a integrarse en ellos cuando dejan el poder, tal como ocurre en EEUU. Hay una puerta giratoria entre los poderes económicos y financieros y los asesores económicos del gobierno.
Ocurre también en los gobiernos conservadores del PP, pero se nota menos porque es lo que uno ya espera de un gobierno de derechas. Es más llamativo, sin embargo, en un gobierno de centroizquierda, y naturalmente, más preocupante. Todos los miembros del equipo económico, ya sean en el Ministerio de Economía, ya sean en La Moncloa, han compartido una ideología neoliberal que domina la cultura económica en nuestro país. Recuerde la famosa frase del
Ministro Solbes, que indicó “que la medida de la cual él estaba más orgulloso era el de no haber aumentado el gasto público en España”, dicho por un Ministro de un gobierno socialista, en el país que tenía, y continúa teniendo, el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la Unión Europea. De ahí que el Sr. Rajoy dijera que era el único Ministro del gobierno Zapatero que él aprobaba. Y ahora, vemos como Rajoy apoya la propuesta de limitar el gasto público, acentuando y proclamando que él fue el que la había propuesto, y muy orgulloso de ello.

(P.) ¿Y cómo explica que el gobierno Zapatero haga esta propuesta?
(R.) Se dice mucho que debido a la presión de los mercados financieros. Y es más que probable que el gobernador del Banco Central Europeo le pusiera al gobierno español esta medida como condición de que el BCE comprara deuda pública. Ahora bien, no hay que olvidar o ignorar que la mayor preocupación que estos mercados están expresando hoy no es el tamaño del déficit, sino el estancamiento de la economía. La falta de crecimiento económico es el mayor problema que existe en España y en Europa. Creerse que la reducción del déficit y el límite del gasto público estimulará el crecimiento económico -que es lo que el pensamiento neoliberal asume- es permitir que el dogma tome prioridad sobre los datos empíricos y el conocimiento histórico. Nunca antes en el mundo se ha remontado una Gran Recesión o Depresión sin un aumento significativo del gasto público. Y existe ahora una clara relación entre recortes de gasto público y caída de nuevo en la recesión. El caso de Grecia es el más claro, pero no el único.

(P.) Entonces, ¿cree usted que hay más en lo que ocurre que la famosa “presión de los mercados”?
(R.) Lo que están haciendo las derechas es utilizar el argumento de “la presión de los mercados” para conseguir lo que siempre han deseado, es decir, el descenso de los salarios y de la protección social y la privatización del Estado del Bienestar. No ignoren que el liderazgo de la avalancha neoliberal lo ofrece la banca que siempre ha deseado la privatización de la Seguridad Social y de los servicios públicos del Estado del Bienestar, desde la sanidad a la educación. De ahí que sea incoherente que un gobierno socialista acepte como suya tal propuesta.

(P.) Usted ya había predicho que ello ocurriría
(R.) Así es. No hay plena conciencia en grandes sectores de la intelectualidad española de lo sesgado hacia la derecha que está el Estado español, resultado del dominio que las fuerzas conservadoras, herederas del franquismo, tuvieron en el proceso de la transición.
Fíjese lo que ha estado ocurriendo estos días. El gobierno español ha sido el primero en seguir las instrucciones de Merkel y Sarkozy y pedir la inclusión de la limitación del gasto público en su Constitución.
No hay ningún otro país que lo haya hecho. Como en otras ocasiones, el Estado español es el discípulo más aventajado de la ortodoxia neoliberal. Y, por otra parte, es el último país en considerar el aumento de los impuestos de los ricos y súper ricos como manera de reducir el déficit. Por fin, sólo lo están considerando, cuando todos los demás ya lo han hecho. Incluso David Cameron y Silvio Berlusconi lo habían hecho. Y aquí, Elena Salgado dijo hace sólo unas semanas que
consideraba tal medida innecesaria. Hoy la proponen porque otros lo hacen.

(P.) Mientras, se promueve el mensaje de que el sector público está hipertrofiado
(R.) Como ya le he dicho anteriormente, los datos muestran que, al revés, está muy poco desarrollado. Insisto en que el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. España está a la cola de la Europa Social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos (www.vnavarro.org). En realidad, el hecho de que el debate se centre en la reducción el déficit en lugar de una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos al estado es, en sí, el mejor indicador del poder de los grupos y clases dominantes en España y en Europa.

(P.) Por último, ¿qué le parece la propuesta que acaba de salir en la prensa de que se aprobará por Ley que el máximo déficit tolerable sea el 0.4% del PIB?
(R.) Como bien documenta David Lizoain en su web (lizoain.tumblr.com), y que yo he puesto en mi blog, ninguno de los mayores países de la Unión Europea ha tenido ese déficit en los últimos veinte años. Me parece de un dogmatismo que raya en lo irreal, que se exija este déficit que imposibilita cualquier política fiscal. Es el triunfo del dogma neoliberal que alcanza dimensiones totalmente irreales.

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University


			

PRIORIDAD ABSOLUTA al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado

Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC

No hace ni siquiera un mes Mariano Rajoy decía a los cuatro vientos que cuando ganase las elecciones “volverá el déficit cero” (es decir, que en ningún caso la administración pública podría gastar más de lo que ingresara). Antes, le había propuesto a Rodríguez Zapatero reformar la Constitución para introducir la obligación de alcanzarlo y el Presidente del Gobierno se rió de la propuesta en el debate sobre el Estado de la Nación de 2010: “Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis. Ésa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad”. El ahora candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba terció en el debate y también descalificó la propuesta de reforma constitucional diciendo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis” y en marzo de 2011, durante una sesión de control al Gobierno, Rubalcaba recalcó de que “no vamos a imponer por ley del Estado un techo de gasto a las comunidades autónomas, no lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución”.

Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución. *

Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.

Veamos qué es lo que ha ocurrido.

El Pacto que no es lo que decían que iba a ser

El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).

En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.

Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.

Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al “déficit estructural”, un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.

El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía). El acuerdo político que ampara la reforma lo define como “aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales”.

En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean “estructurales” (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos “anormales” que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.

Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4% ) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es “una política radicalmente aberrante para una economía avanzada”. En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe ((What is a “structural” deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.

Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.

Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.

El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo

Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da “prioridad absoluta” al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.

Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.

Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma. Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.

En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?

“Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (…)

Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático”.

La alternativa, Asamblea Constituyente

Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.

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* Anexo:   El artículo 135 de la Constitución Española quedará redactado como sigue:

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.
Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España”.

LA IDEOLOGÍA LIBERAL, A LA CONSTITUCIÓN

JOSÉ LUIS DE ZÁRRAGA
Sociólogo
Ilustración por Federico Yankelevich

Es la medida menos dura de las que podía haber tomado”, parece que dijo Zapatero cuando la anunció. Quizá la menos dura –a saber qué otras medidas le habrán pedido–, pero sin duda la más significativa.

La medida se presenta como “un mensaje claro a los mercados” y respondería a una exigencia de estos, “para calmarlos”. Es lo mismo que se ha dicho con cada medida antipopular, sin que de ellas se siguiese calma alguna, sino el fortalecimiento y la exacerbación de las exigencias de los mercados. A diferencia de las reformas laborales y los recortes en las prestaciones sociales, la introducción en las constituciones de una limitación futura de los déficits públicos carece de consecuencias económicas a corto y medio plazo, que es donde se mueven los mercados. Hasta dentro de ocho años no empezaría a obligar a los gobiernos y es imposible anticipar cuál será entonces la situación y, sobre todo, la correlación de fuerzas que harán que esa declaración se aplique, se modifique o se derogue.

La estabilidad presupuestaria es un principio general asumido por los países de la zona euro en el Pacto de Estabilidad de 1997, en el que se fijaba también un límite del 3% al déficit público. Ahora se reclama elevar a las constituciones ese principio, modificado y reiteradamente incumplido durante estos años, pero vigente hasta hoy. ¿Por qué esa exigencia y qué se pretende con ella?

La reforma constitucional es una decisión social del máximo rango que sitúa la cuestión en el terreno de los principios, por encima de las leyes y las políticas. Que en este momento preciso, en esta coyuntura de crisis, se pretenda elevar la limitación del déficit a ese rango es muy significativo.

Desde que la crisis ha entrado en su segunda fase, tras el rescate del sistema bancario, se enfrentan en política económica dos posiciones: una partidaria de reactivar la economía con inversiones públicas estratégicas, aunque ello implique asumir déficits presupuestarios, y otra partidaria de reducir el endeudamiento y recortar drásticamente el gasto público, aun a riesgo de provocar una larga recesión. La primera es defendida por economistas keynesianos y políticos progresistas; la segunda, por neoliberales y conservadores.

Esas posiciones se enmarcan en una polémica más general sobre la relación entre política y economía, el papel del Estado y la intervención pública en la economía. Para la ideología neoliberal, el Estado debe gastar lo mínimo indispensable para asegurar las condiciones de reproducción del sistema y no debe interferir en su dinámica porque este se autorregula.

El endeudamiento público sólo tiene sentido si el Estado ha de intervenir en la economía y mantener el nivel de los servicios a los ciudadanos. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del Estado del bienestar en las coyunturas en que su financiación ordinaria es insuficiente pueden requerir endeudamiento. Para los progresistas, es un instrumento legítimo, incluso esencial, de la política económica. Para los conservadores, es ilegítimo, porque rechazan la intervención del Estado en la economía y son siempre partidarios de recortar el gasto social si escasean los recursos.

La sostenibilidad fiscal es un requisito a largo plazo de la economía pública. Es una obviedad que, dentro de sus límites, ninguna sociedad, cualquiera que sea su sistema económico, puede indefinidamente consumir más de lo que produce. Tal cosa sólo es posible drenando los recursos de otras sociedades, lo que sólo logrará mientras ejerza un dominio imperial sobre ellas, como es el caso de Estados Unidos durante las últimas décadas. A largo plazo, los estados –cualquiera que sea su régimen político– no pueden gastar, en términos reales, más de lo que ingresan de su sociedad; para gastar más tendrán que ingresar más, sea porque la economía social se expanda, sea porque aumente la carga tributaria impuesta a los ciudadanos. Esto no excluye, sin embargo, los desequilibrios y el endeudamiento en el corto y medio plazo, en el que han de actuar las políticas económicas.

Pero no nos dejemos confundir. No se discute si el Estado debe equilibrar ingresos y gastos, si debe o no haber déficits y superávits en las cuentas públicas, en qué condiciones y qué ha de hacerse con ellos. Esta no es ya una discusión de política económica, que sólo tendría sentido en relación con la coyuntura y en la perspectiva del ciclo. Cuando una cuestión técnica como esta se eleva a la categoría de principio, se entra en el terreno de la ideología.

¿Qué significado tiene una declaración constitucional como la que se pide? No tiene un significado económico, ni siquiera en relación con los mercados de deuda pública. Tiene un significado ideológico fundamental: es una confesión de fe. Como al hereje ante la hoguera de la inquisición, se exige a gobiernos y países que abjuren de sus ídolos y reconozcan que el único dios es el mercado, que a él nos debemos y hemos de someter nuestra voluntad.

Con muchas de las medidas adoptadas en estos últimos años, los estados se han sometido a los mercados; lo que hay de nuevo en esta exigencia no son sus consecuencias prácticas –mucho más remotas e inconcretas que aquellas medidas–, sino que representa el acto de sometimiento mismo, la ceremonia de la sumisión. No se trata ya de forzar a los gobiernos a hacer una política neoliberal –que ya la hacen–, sino de que hagan confesión pública de neoliberalismo.

La crisis está siendo la oportunidad histórica para el afianzamiento de la ideología neoliberal. Reformar las Constituciones para introducir en ellas el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación del déficit público no es una medida de racionalidad económica, sino un acto político. Y no lo exigen los mercados, lo exigen quienes, como Merkel, representan hoy, en el ámbito político, la ideología y los intereses del capital financiero internacional.

Publicado en Diario Público