Grecia comienza la auditoria de su deuda

El pasado 4 de Abril tuvimos la suerte de llegar a Atenas en un día histórico. Porque ese día, y por primera vez en Europa, un comité de auditoría de la deuda (con participación ciudadana) se constituía bajo los auspicios de un parlamento, el parlamento griego.

Ese día, la presidenta del Parlamento, Zoe Konstanstopoulou, abrió con esta alocución la sesión inaugural del Comité de Auditoría de la Deuda, llamado allí Comité de la verdad sobre la deuda”, que contó con la presencia del presidente la República, Prokopis Pavlopoulos y del primer ministro Alexis Tsipras. La presencia en esa convocatoria de una decena de ministros del nuevo gobierno griego fue también de especial relevancia, dado que aseguraban que sus ministerios aportarán un apoyo activo al trabajo de auditoría.

El comité que va a realizar esta tarea está compuesto por un equipo de quince personas del ámbito internacional, académico, de la investigación y de los movimientos sociales comprometidas con este aspecto para determinar qué parte de la deuda es ilegítima, cuál es odiosa, cuál es ilegal, y cuál socialmente insostenible.

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Todas las deudas no se pagan

Deudas impagadas por “odiosas” a lo largo de la historia

 

Deuda “odiosa”, deuda “execrable” o deuda “ilegítima”, conceptos que en Derecho Internacional, constituyen teoría jurídica, -puestos en práctica numerosas veces a lo largo de la historia-, y sostienen -resumidamente- que la deuda externa de un gobierno, contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios podrían haber actuado de mala fe a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

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