LO QUE HAY QUE SOLUCIONAR: AGENDA PARA UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA Y EFICIENTE
Las causas de la crisis que hemos analizado en los dos capítulos anteriores nos muestran que no estamos ante una perturbación cualquiera porque, se mire por donde se mire, esta crisis es el resultado de defectos muy profundos, arraigados y extendidos en la economía y la sociedad capitalistas.
Y esto no lo decimos solamente los economistas más progresistas y críticos. Incluso tuvo que ser reconocido por los propios dirigentes conservadores cuando la crisis empezó a manifestarse con toda su crudeza. Quizá las declaraciones que se hicieron más famosas fueron las del presidente francés Sarkozy cuando reiteraba que la crisis obligaba nada más y nada menos que a «refundar el capitalismo», a «moralizarlo» o a instaurar «un nuevo orden», palabras hasta entonces más propias de personas de izquierdas que de líderes moderados y de derechas que no suelen caracterizarse por su animadversión hacia el capitalismo.
COMPROMISOS EN SACO ROTO
Pero no fue sólo Sarkozy. Las cumbres del G-20 de Washington de noviembre de 2008 y la de Londres de abril de 2009 reconocieron también claramente que la crisis afectaba a lo más profundo de las economías capitalistas y los líderes que se reunieron allí no escatimaron palabras rimbombantes para calificar la situación y decir al mundo que arreglarían el problema sin dilación. En el comunicado final de la de Londres dijeron que «nos enfrentamos al mayor reto para la economía mundial de la era contemporánea», reconocían que «los grandes fallos en el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras […] fueron causas fundamentales de la crisis» y que asumían un «compromiso inquebrantable de cooperar» para «hacer lo que sea necesario para restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo, reparar el sistema financiero para restaurar el crédito, reforzar la regulación financiera para reconstruir la confianza, financiar y reformar nuestras instituciones financieras internacionales para superar esta crisis y evitar crisis futuras, fomentar el comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar la prosperidad, y construir una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible».
Sabían lo que había ocurrido, al menos en sus manifestaciones más importantes, y se atrevieron a decir al mundo que iban a hacer cualquier cosa para salir de la crisis de manera («inclusiva, verde y sostenible») que hubiera satisfecho incluso a los más radicales. Lo malo fue que no cumplieron su palabra y que al final sus propuestas de reforma se han quedado en casi nada.
Dos o tres años después de ese «compromiso inquebrantable» lo cierto es que el sistema financiero sigue actuando básicamente bajo los mismos principios. Se sigue permitiendo que se generen burbujas especulativas y que los bancos las alimenten desatendiendo la financiación a empresas y consumidores. Se ha dejado que financieros con los mismos pocos escrúpulos que los que difundieron las hipotecas basura ahora arruinen países enteros apostando especulativamente contra su deuda soberana (que ellos mismos provocaron).
Se han hecho algunos cambios de fachada pero los paraísos fiscales siguen actuando y la mayoría de los bancos y las grandes empresas (28 de las 35 más grandes españolas según un informe reciente) los utilizan para facilitar la evasión fiscal y los delitos económicos de sus clientes. Se han modificado las normas que regulan las exigencias de capital de los bancos en los llamados Acuerdos de Basilea pero de forma tan moderada y descafeinada que ni serán de aplicación rápida ni completa.
No sólo no se han tomado medidas efectivas para lograr la transparencia prometida o que eviten en el futuro nuevas recaídas de la banca internacional, sino que se han acordado normas que van por la vía contraria: por ejemplo, permitir que los bancos valoren en sus balances sus propiedades a precios de adquisición, mucho más altos, y no a los actuales de mercado, mucho más bajos, para así disimular sus pérdidas. O se han realizado pruebas de estrés bancario para saber si los bancos están o no en buena situación patrimonial, claramente manipuladas también para ocultar la realidad. Así lo demuestra el hecho de que los bancos irlandeses las pasaran con éxito en 2010 y semanas después hubiera que inyectarles 80.000 millones de euros porque resultó que estaban en la ruina.
Es verdad que gracias a los programas de gasto masivo de los gobiernos se pudo evitar un desastre y que se apreciaran los llamados «brotes verdes» pero, como analizamos anteriormente, durante muy poco tiempo y con fuerza tan escasa, sobre todo en Europa, que, en lugar de acabar de verdad con la crisis, lo que provocaron fue que detrás de ellos viniera el gravísimo problema de la deuda y la intervención de Estados soberanos.
MÁS DE LO MISMO Y EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
La prueba de que no se han tomado las medidas adecuadas es que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el número de personas desempleadas en el mundo registró un récord histórico de 205 millones de desempleados al inicio de 2011, que haya aumentado también la pobreza o las personas que pasan hambre y que la actividad económica no se haya recuperado aún con suficiente consistencia como consecuencia de que las autoridades no han logrado lo principal: que fluya de nuevo el crédito para la creación de empleo y riqueza productiva. Aunque, por el contrario, lo que sí viene ocurriendo es que aumenta el número de personas con grandes fortunas, el de las que tienen al menos un millón de dólares subió el 8,3 por ciento hasta los 10,9 millones de personas en 2010, lo que significa que el 0,16 por ciento de la población mundial se apropia ya del equivalente al 66 por ciento de los ingresos mundiales anuales.
Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la crisis y las medidas que se están tomando están incrementando la desigualdad social en el mundo. Lo que, dicho de otra manera, significa simplemente que con la excusa
de salir de la crisis lo que en realidad ha conseguido es favorecer aún más a los propietarios del gran capital y a las clases más ricas.
Esto es igualmente evidente en España, en donde las reformas que se han adoptado no han logrado disminuir el paro ni mejorar el crédito ni aumentar la actividad pero sí aumentar el contraste entre las ganancias de los trabajadores y las de los bancos y de las grandes empresas.
Los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron de 51.613 millones de euros en 2010, lo
que supone una subida del 24,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los salarios perdieron 2 puntos porcentuales de poder adquisitivo en ese mismo año, cuando sólo subieron alrededor del 1 por ciento frente al 3 por ciento de la tasa de inflación.
Así, mientras que los bancos y las grandes empresas logran esos beneficios elevadísimos, las pequeñas y medianas siguen
sufriendo la escasez de crédito y la exigencia de tipos y condiciones de garantía más elevada. Así lo señalaba a principios de 2011 un estudio de las Cámaras de Comercio al indicar que el 87,3 por ciento de las pequeñas y medianas empresas declaran problemas para acceder a la financiación.
En definitiva, los líderes mundiales no han aplicado ni a nivel global ni en sus respectivos países ni siquiera las medidas que se habían comprometido a poner en marcha. En lugar de ello rápidamente se limitaron a volver a aplicar las políticas
neoliberales de austeridad y recortes salariales que han procurado que aumenten los beneficios pero no el empleo ni la creación de riqueza. Y se ha podido comprobar, por ejemplo en el caso de Irlanda, que los países que han sido alumnos más aventajados a la hora de aplicar estas últimas han sido los que están sufriendo peores resultados en sus economías, mientras que los que optaron por separarse de la ortodoxia neoliberal han podido evitar con mayor facilidad las consecuencias de la crisis.
Por eso, frente a la impotencia, o la falta de voluntad, de las autoridades para resolver los auténticos problemas que han dado lugar a la crisis, es más urgente que nunca proponer y aplicar otras medidas y políticas alternativas que de verdad puedan hacernos salir de hoyo en el que se encuentran nuestras economías.
A nuestro juicio estas políticas deben estar encaminadas a hacer frente a cuatro cuestiones principales cuya resolución nos parece imprescindible para salir de la crisis.
La primera se refiere a la reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad bancaria para garantizar que la creación de empleo y riqueza disponga de recursos y financiación suficientes.
La segunda se orienta a crear las condiciones que permitan volver a crear empleo de modo sostenible y decente, algo que
no va a ser posible manteniendo el modo de producir y de consumir que ha predominado hasta ahora.
La tercera se refiere a la imperiosa necesidad de poner fin a la causa última que provoca la crisis y que, como hemos señalado, no es otra que el impresionante incremento de la desigualdad en todas sus manifestaciones.
La última tiene que ver con un aspecto que igualmente tiene un papel fundamental como desencadenante de los problemas económicos que sufrimos en nuestra época: el necesario cambio de nuestra posición en el mundo de la economía, de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestros comportamientos personales.
A continuación abordaremos las cuestiones más generales que plantea todo ello y en los siguientes capítulos analizaremos las cuestiones más concretas.
REFORMAS FINANCIERAS PENDIENTES, REFORMAS INEVITABLES
Para salvaguardar los intereses de los bancos más poderosos del mundo las autoridades económicas nacionales y los grandes organismos internacionales evitan llevar a cabo reformas fundamentales en el sistema financiero y en el conjunto de la economía, y eso a pesar de que ellos mismos reconocieron algunas como inevitables. Aunque, eso sí, lo reconocieron cuando estaban asustados al inicio de la crisis, con los bancos sobre la lona como boxeadores completamente groguis, para olvidarlas cuando los banqueros empezaron a recuperarse y a retomar el poder de siempre.
Si se quieren evitar los problemas de inestabilidad y perturbaciones financieras constantes y poner fin a la permanente carencia de recursos financieros para crear la actividad que satisface las necesidades humanas, es imprescindible, a nuestro entender, llevar a cabo, al menos, reformas que persigan objetivos como los siguientes.
Someter a las finanzas
La primera de ellas es la orientada a someter a las finanzas y a los financieros a la legalidad y a principios de comportamiento semejantes a los que habitualmente se exigen al resto de las personas y empresas, de responsabilidad, transparencia, simetría, veracidad, etcétera.
La crisis que estamos viviendo es en realidad la historia de una serie de estafas cometidas por banqueros y entidades financieras en los últimos años que culminaron con la difusión masiva de un producto cargado de falsedad y riesgo estratégicamente disimulados.
Sólo en España se han producido casos como los de Gescartera, una trama política, financiera y eclesiástica, que hizo desaparecer más de 20.000 millones de euros, o el engaño sistemático de los bancos a miles de personas al incorporar cláusulas engañosas en sus contratos hipotecarios en forma de swaps, clips o diferentes formas de «seguros» que en realidad eran productos financieros opacos y muy arriesgados que finalmente les han hecho perder docenas de miles de euros. En muchos casos los propios directores de las sucursales reconocen que ni ellos mismos sabían la naturaleza real del arriesgado producto financiero que colocaban de cualquier manera a sus clientes.
Es de dominio público que casi cualquier sucursal bancaria se ofrecía en España a blanquear cualquier cantidad de dinero
a sus clientes, sobre todo si éstos eran adinerados, que los bancos han sido los principales cómplices de las personas que han evadido dinero a Hacienda y que la mayoría de ellos ha dispuesto y sigue disponiendo de sedes en paraísos fiscales para ello. Y las autoridades monetarias de todo el mundo son perfectamente conscientes de que los bancos llevan a cabo de forma habitual operaciones financieras que no aparecen en sus balances o que sirven de canal para que se realicen los negocios más sucios y deleznables de tráfico de armas, de drogas o de personas. Sin embargo, prácticamente nadie, salvo personajes de segunda fila y en los casos menores, ha pagado por ello.
Esta forma de actuar y la impunidad que suele acompañarla constituyen, además, un problema que no es sólo financiero o económico, sino también político y social puesto que los financieros que ganan cada vez más dinero rápida y fácilmente de esa forma adquieren a su vez un poder extraordinario al margen de los gobiernos y de los demás poderes representativos, y así logran una capacidad completamente antidemocrática de decidir y de imponer su voluntad al resto de los ciudadanos.
Acabar con la desnaturalización del negocio bancario
Para evitar que las fuentes de inestabilidad financiera crezcan sin parar haciendo saltar constantemente las bases de toda la economía mundial, como viene sucediendo en los últimos años, es también inevitable poner fin a la actuación de los bancos y del sistema financiero en general como mecanismos a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la actividad especulativa y como creadores artificiales de una deuda que está a punto de hacer que se colapse la economía mundial.
Y no basta, como la experiencia ha demostrado, con aumentar tímidamente sus exigencias de capital, es decir, con elevar un poco la cobertura real de las operaciones de naturaleza ficticia que han convertido en su negocio principal, tal y como se ha hecho en la revisión de los acuerdos de Basilea que regulan el funcionamiento de la banca internacional 1.
Hay que ir mucho más lejos. Se trata de acabar con la situación absurda a la que ha llevado el capitalismo convertido en un casino financiero de nuestros días. Cada día hay más recursos circulando en torno a operaciones financieras ficticias (actualmente 4 billones de dólares diarios sólo en los mercados de divisas según el Banco Internacional de Pagos) que no aportan riqueza material alguna, sino sólo cifras más abultadas en las cuentas bancarias de los grandes financieros. Y, mientras tanto, la actividad productiva, los empresarios y los emprendedores, los trabajadores autónomos, los consumidores y los organismos y las organizaciones internacionales que luchan contra la pobreza y el hambre tienen restricciones de crédito para poder generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.
¿De qué sirve, por ejemplo, que haya cada vez menos bancos y cada vez más grandes bancos globales que operan en decenas de países y que usan sus beneficios multimillonarios para comprar nuevos bancos si a la hora de poner en marcha los pequeños o medianos negocios, que son los que crean empleo, es cada vez más difícil y más caro disponer de la financiación necesaria?
En el capítulo VII comentaremos con más detalle las medidas concretas que se pueden adoptar para avanzar en este camino, que es fundamental, puesto que mientras no se aborde será imposible que se recobre el necesario flujo de crédito a la economía real y que no vuelvan a darse nuevas crisis como la actual.
Poner fin al terrorismo financiero
Casi todas las crisis financieras que se han producido en los últimos cuarenta años han estado ligadas, o han terminado por estarlo, con ataques de fondos financieros contra intereses nacionales, contra monedas o contra la deuda soberana de los países.
Eso es justamente lo que está ocurriendo hoy día en Europa, porque se ha dejado, como ha ocurrido antes en otros lugares del mundo, que grandes bancos y fondos financieros, mediante rumores que ellos mismos extienden o con la complicidad criminal de las agencias de calificación, generen las condiciones que les permiten ganar más dinero especulando contra la deuda de los Estados.
De esa manera la encarecen artificialmente y además utilizan para ello los recursos que deberían usar para financiar a empresas y consumidores, y así provocan un verdadero caos económico de terribles consecuencias, sobre todo para la población, a quien luego los propios especuladores impone las políticas que les convienen para seguir ganando dinero sin
cesar.
Es preciso evitar esta forma de terrorismo o de «crímenes económicos contra la humanidad» 2. Existen fórmulas para ello y sabemos, además, que han funcionado en otras épocas. E incluso organismos tan apegados a los poderes financieros como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han tenido que reconocer, aunque haya sido con la boca pequeña, que estarían justificadas y que si se adoptaran en momentos de gravedad evitarían daños muy graves, como los que viene sufriendo la economía desde hace tiempo. Entre ellas, las que nos parecen más importantes y urgentes son las siguientes:
1. Control de los movimientos de capital para evitar que su volatilidad desmedida cuando sólo persiguen fines especulativos se traslade al conjunto de la financiación y de la economía.
2. Establecimiento de impuestos y tasas internacionales, por supuesto sobre los movimientos especulativos para desincentivarlos y obtener financiación urgente para financiar el desarrollo, pero también sobre el conjunto de las actividades económicas puesto que si la economía es global debe serlo también la justicia fiscal.
3. Prohibición del uso como instrumento especulativo de los llamados derivados de incumplimiento crediticio o credit default swaps (CDS), que con toda razón fueron calificados por el financiero Warren Buffet como «armas financieras de destrucción masiva». Se trata de unos productos financieros muy sofisticados que se asimilan a los seguros pero que en realidad no lo son porque se establecen sobre algo que no es propiedad del asegurado y por eso producen resultados catastróficos: si por ejemplo alguien va a cobrar mediante este seguro en caso de que arda la casa del vecino, no sólo no le va a importar que arda sino que incluso puede interesarle hacer lo posible para que se incendie cuanto antes.
4. Control de la actuación de los financieros que a su vez controlan los mercados de derivados (que supone unos 700 billones de dólares) y los hedge funds. Algo que no es difícil si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de estos últimos está radicado en la City de Londres y que el mercado de los primeros está controlado, según The New York Times, por una élite que se reúne el tercer miércoles de cada mes en algún lugar del Midtown de Manhattan que, aunque sea secreto, no debe resultar muy difícil para las autoridades dar con él 3.
5. La separación de la banca comercial, es decir, la que se dedica a financiar la actividad económica, de la que se dedica a llevar a cabo inversiones financieras y, como veremos, poner fin al privilegio que tiene la banca privada de crear dinero y, por tanto, de obtener beneficio y poder cada vez que concede un préstamo.
Vigilar a los vigilantes
Como hemos señalado, gran parte de los problemas que viene sufriendo la economía internacional, y la española en particular, se debe a que los vigilantes no vigilaron con la debida diligencia. Por torpeza, por ceguera ideológica o por simple complicidad con los banqueros privados, los bancos centrales y los gobiernos han dejado hacer de todo durante estos años.
Significativamente, a medida que los negocios financieros se iban haciendo más complejos y poco transparentes, y por tanto más peligrosos, las autoridades han relajado la vigilancia en lugar de reforzarla. En Europa, por ejemplo, ya se regula y controla a nivel comunitario casi cualquier tipo de actividad por secundaria que sea y, sin embargo, en lugar de haber dispuesto de una única y potente supervisión financiera se ha permitido que hubiera ¡27 supervisores bancarios!, justamente lo que conviene a entidades que, como casi todas las de hoy día, operan en varios países y así pueden aprovecharse de los distintos criterios de supervisión.
El Banco Central Europeo fue incapaz de prevenir la crisis, tomó las primeras medidas con retraso, dio señales contradictorias, ha impuesto medidas de austeridad que han paralizado la salida de la crisis y se empeñó en no intervenir hasta que era demasiado tarde y ya era casi imposible evitar los daños provocados por los ataques especulativos a Grecia, Irlanda, Portugal o España y ha hecho que los costes de la crisis ahora resulten dramáticos para estos países.
Puede decirse con pleno fundamento que el Banco Central Europeo es responsable de que las consecuencias de la crisis sobre la población y en general sobre la economía europea hayan sido especialmente graves y de que los especuladores hayan realizado primero una extorsión y luego un verdadero saqueo de esos países.
Con toda la razón, el premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson escribía en uno de sus últimos artículos que «las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo tienen relación directa con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de Bush»4.
En nuestro país ha ocurrido prácticamente lo mismo. El presidente Aznar afirmaba que «España va bien» cuando se estaba gestando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia gracias a las medidas que tomaba su gobierno; el gobernador del Banco de España no hacía caso alguno, como indicamos antes, a las advertencias de sus inspectores sobre el endeudamiento gigantesco que promovían irresponsablemente los bancos españoles, y el presidente Zapatero se empecinó en afirmar durante meses que no había crisis alguna y así perdió un tiempo precioso y favoreció al mismo tiempo que los banqueros levantaran cabeza y se recuperaran 5.
Y, aunque también gracias a la influencia que la banca tiene en los medios de comunicación se ha conseguido hacer creer a la población que el Banco de España ha actuado con gran acierto frente a la crisis, lo cierto es que, como explicamos en el capítulo anterior, esa opinión no tiene mucho fundamento. A pesar de disponer de grandes recursos materiales y personales no sepercató del peligro que se cernía sobre la economía española. En el Informe Anual de 2007 (escrito a mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un «episodio de inestabilidad financiera», y un año antes no advirtió nada especialmente peligroso. En su página 25 se escribía que «en los primeros meses de 2007 ha proseguido la fase de expansión de la economía española y las perspectivas apuntan a su continuidad en el horizonte más inmediato» y sólo señalaba «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía» pero «en horizontes más alejados».
Los que se consideran a sí mismos los economistas capaces de decir a la sociedad lo que debe hacer, los que dicen que ahora hay que recortar salarios y pensiones porque presumen de que saben lo que va a pasar dentro de cincuenta años, resulta que no se dieron cuenta de la crisis que se nos venía encima cuando ya casi todo el mundo la sentía sobre sus espaldas.
En nuestra opinión todos estos comportamientos indican que para salir de la crisis es preciso también un cambio radical en el estatuto que tienen las autoridades monetarias y establecer un control social mucho más directo y auténtico sobre la clase política y sobre los poderes públicos, como la magistratura (que en tantas ocasiones ha sido aliada del poder financiero), para evitar que las finanzas se conviertan en un auténtico territorio sin ley. Es decir, para salir de la crisis hace falta también mucha más democracia, democracia real, como veremos en el capítulo IX.
LOS NECESARIOS CAMBIOS ESTRUCTURALES
La causa más inmediata de la crisis es, tal y como hemos señalado, la falta de financiación a empresas y consumidores. Por tanto, es cierto que si no se garantiza que vuelva a fluir será imposible que se salga de la crisis con suficiente seguridad y fortaleza, tal y como estamos viendo que ocurre claramente en España.
Pero lo grave de esta crisis es que esta primera e inmediata condición no es suficiente para salir adelante, en ningún lugar del mundo pero de un modo especial en nuestro país. Si se consiguiera que hubiera financiación suficiente pero se dirigiera al mismo tipo de actividad productiva y para llevarla a cabo de la misma forma y con el mismo uso que hasta ahora, los problemas estructurales que han coadyuvado a que la crisis se produzca volverán a aparecer y de nuevo nos encontraríamos en una situación insostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Como vimos en el capítulo anterior, la crisis singularmente grave de España, sobre todo desde el punto de vista del empleo, es el resultado de la combinación de varios factores de perturbación que tienen su origen en la prevalencia de un modelo de crecimiento que provoca la insuficiencia estructural de recursos endógenos, la utilización demasiado intensiva de recursos naturales y gran desigualdad y endeudamiento. Tres circunstancias que a medio, e incluso a corto plazo, son insostenibles y, por tanto, incapaces de soportar la generación de la actividad y el empleo a lo largo del tiempo. Si queremos salir de la crisis con más empleo y bienestar social, debemos empezar a sostener la actividad económica en otro tipo de actividades caracterizadas por un uso diferente, más equitativo, racional y sostenible de los recursos materiales, humanos y naturales.
Nuevas actividades productivas
Nos guste o no, es completamente imposible que España vuelva a recobrar los niveles de crecimiento y empleo de años anteriores basándose de nuevo en actividades vinculadas a la construcción, tanto en el sector inmobiliario como en el de
infraestructuras de carácter tan claramente antieconómico y antisocial como los trenes de alta velocidad, las autovías o incluso los transportes de metro de la mayoría de las ciudades, concebidos y diseñados casi en exclusiva para proporcionar beneficio a sus constructores.
Por tanto, es imprescindible orientar los recursos a la generación de otro tipo de actividades de las que hoy día son capaces de generar mayor valor añadido y, al mismo tiempo, empleo, como, entre otras, las que tienen que ver con las energías renovables, con la innovación y las nuevas tecnologías, con la cultura, el ocio y la creación, con el reciclaje y el medio ambiente, con la agricultura, con los servicios sociales y los cuidados y, siempre, con las que permiten la producción más directa y descentralizada de los bienes y servicios que necesita la población o un componente más humano y cercano de conocimiento, habilidades personales o materiales y formación.
El problema para el desarrollo de esta nueva gama de actividades es que no hacen falta solamente muchos recursos financieros y humanos e incentivos potentes para promocionarlas y ponerlas en marcha. También se necesitan mercados, sinergias productivas y sectoriales, es decir, interrelaciones y apoyos de unas actividades con otras, experiencia, transportes adecuados, conocimientos previos para diseñarlas y materializarlas, empresas y organizaciones adecuadas para crearlas y desarrollarlas. Y, por supuesto, demanda solvente, no sólo con ingresos suficientes sino con preferencia hacia este tipo de nuevas actividades. Es decir, necesitan en realidad un nuevo tipo de sociedad, lo que nos enfrenta a una gran disyuntiva: cambiar es difícil pero continuar por el mismo camino es sencillamente suicida.
El difícil cambio de modelo
España se enfrenta a esta exigencia de cambio con tres grandes dificultades. La primera que, salvo en casos singulares, carece de casi todos esos requerimientos, al menos con la dotación o la generalidad necesarias.
Esta insuficiencia impide que el proceso de cambio productivo pueda ser solamente el resultado de fuerzas anónimas o impersonales de mercado. Se trata de una carencia más bien de capital social que de capital físico o financiero, en el sentido de que lo que se necesita es un tipo específico de contribución a la creación de renta nacional y de interrelación entre los sujetos económicos más que «dinero» o recursos materiales. Y, por esa razón, sólo puede ser el final de un proyecto social compartido, negociado, prediseñado y combatido porque, lógicamente, habría de enfrentarse a los intereses económicos y financieros que apuestan por un modo de entender la economía que lleve simplemente a la ganancia privada y de la forma más rápida y segura. Por eso un cambio como éste no es posible sin una presencia muy importante de los poderes públicos (en el sentido más estricto y radicalmente democrático de la expresión) como reflejo de las preferencias sociales y como garantía de que éstas se respetan a la hora de tomar decisiones. Y por eso es fundamental oponerse a la estrategia de debilitar el sector y la iniciativa pública que promueven los intereses que sólo buscan el beneficio. Lejos de ello, hay que fortalecerlos no sólo económicamente incrementando el gasto público, sino también políticamente, reforzando sus competencias y ampliando la forma en que la ciudadanía puede formar parte de ellos.
La segunda dificultad proviene de que España tiene hoy día la mayoría de sus recursos, una gran parte de su inteligencia colectiva, las grandes organizaciones y las empresas necesarias para servir de base a nuevas actividades (en energía, telecomunicaciones, transportes, distribución y finanzas, sobre todo), su sistema formativo y las actividades hasta ahora más capaces de generar ingresos vinculados a intereses foráneos como resultado de las privatizaciones ya llevadas a cabo y de la compra masiva de empresas y grupos de empresas españolas por capital extranjero.
Esto plantea la necesidad de poner sobre la mesa algo sobre lo que muy pocos quieren o se atreven a hablar pero que es crucial para el futuro de la economía española: la recuperación para la sociedad de las empresas que fueron privatizadas inútilmente, siguiendo simples criterios ideológicos neoliberales que sólo buscan beneficiar a grupos e intereses privados, y produciendo un perjuicio gravísimo, del que algún día tendrían que responder sus responsables políticos a la ciudadanía española.
A nuestro juicio será prácticamente imposible que España pueda corregir su rumbo económico y que pueda salir de la crisis sin sufrir durante muchos años sus consecuencias si no se devuelven al Estado estas empresas privatizadas y creemos firmemente que luchar por recobrarlas debe ser un objetivo patriótico al que no podemos renunciar para poder levantar nuestra economía y hacerla descansar sobre bases mucho más sólidas y equitativas.
La tercera dificultad es que una estrategia de esta naturaleza es contraria, como comentaremos en otros capítulos, a las dinámicas neoliberales dominantes en la Unión Europea y, sobre todo, a la idea según la cual lo que deben buscar las economías nacionales es ser competitivas en el exterior aunque eso, como veremos más adelante, lleve a un deterioro aún mayor de la demanda interna y al empobrecimiento generalizado.
En nuestra opinión la tendencia debe ser la contraria. No ha habido a lo largo de la historia economías que hayan llegado a ser competitivas de un modo sostenido y auténtico sin haber consolidado antes el más amplio posible y potente mercado interno. Tratar de ocupar posiciones de fortaleza en los mercados internacionales sin asegurar con anterioridad una fuente de ingresos endógenos potentes es completamente inviable, salvo que se trate de un país de dimensiones o recursos excepcionales, como pueda ser China en estos momentos.
Por eso creemos que la única estrategia capaz de lograr el cambio de modelo productivo del que casi todos los grupos políticos y sociales hablan no puede ser, como casi todos dicen, la de volcarse sin red (es decir, reduciendo nuestros salarios) en el exterior, sino la que consiga que la economía española dé la vuelta para concentrarse en sí misma, algo que de ninguna manera implica una tentación autárquica o aislacionista. Simplemente significa que se ha de anteponer a cualquier otro objetivo el de la satisfacción de la población, el del equilibrio territorial, sectorial y personal y, para que ello sea posible, el de distribuir de modo mucho más equitativo el ingreso y la riqueza.
La economía de la igualdad
Ya hemos comentado que la causa última que está detrás de la hipertrofia de las actividades financieras especulativas es la enorme desigualdad que se ha ido produciendo en los últimos cuarenta años. La continua pérdida de peso de los salarios y la concentración de las rentas en una proporción cada vez más pequeña de la población es lo que ha permitido, por un lado, que creciera el negocio bancario y, por tanto, el poder político de los banqueros como consecuencia del inevitable mayor endeudamiento que sufren principalmente las familias, los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Y, por otro, que se acumulara una cantidad tan grande de dinero ocioso, que no dirige al consumo de bienes y servicios sino sólo a la inversión ficticia en papel y productos financieros muy rentables pero de alto riesgo.
Como comentaremos con más detalle a la hora de hacer propuestas más concretas en otros capítulos, reducir la desigualdad no es sólo una cuestión de deseo moral, que ya de por sí es importante. Además es la forma de hacer que las economías, incluso las capitalistas, funcionen mejor puesto que la distribución más igualitaria proporciona ingresos más repartidos que se destinan en mayor medida a la adquisición de bienes y servicios, lo que proporciona mayor oportunidad de ventas y, por tanto, de beneficios a las empresas. Cuanto más concentrada esté la renta, menor será el volumen de producción necesario para satisfacer la demanda de consumo (que en el capitalismo sólo puede realizar quien tenga dinero) y el número de empresas necesarias para realizarla.
Los datos, como ya mencionamos, no dejan la menor duda sobre este asunto. En 1976 el 1 por ciento más rico de Estados
Unidos recibía el 9 por ciento de los ingresos brutos y en los años de gobierno de Bush recibía el 20 por ciento de los ingresos brutos, apropiándose del 75 por ciento de la riqueza generada 6.
Además este incremento de la desigualdad no se manifiesta solamente en la concentración tan exagerada de la renta que se canaliza hacia los mercados financieros sino que tiene una manifestación multidimensional que afecta de forma negativa a todos los aspectos de la vida social.
Por eso la única forma de salir con certeza de la crisis y de evitar que otras más graves vuelvan a producirse con mayor fuerza de las que se vienen produciendo, y, por supuesto, la mejor y más auténtica vía para avanzar hacia una sociedad más justa y humana, es combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones.
Desde el punto de vista económico eso implica actuar de forma inevitablemente complementaria en dos frentes.
Por un lado, en los procesos en donde se originan los ingresos, es decir, en la retribución por el uso del trabajo y del capital del que disponga cada uno.
Por otro, en el campo de la llamada redistribución de la renta, que es la que lleva cabo el Estado a través de su gasto público (mediante pensiones, servicios públicos, ayudas, becas, subvenciones, etcétera) o de los impuestos para tratar de corregir la distribución «originaria» anterior.
La actuación debe ser complementaria en ambos campos porque si la distribución originaria es muy desigual será muy costoso reducirla, no sólo financieramente sino también políticamente porque los más beneficiados adquirirán de esa forma mucho poder y podrán evitar que se tomen medidas correctoras. Y además porque, aunque la distribución originaria sea más o menos igualitaria, siempre habrá circunstancias personales, accidentales o no deseadas que requieran la acción correctora o paliativa del Estado.
Lograr que en los mercados de factores productivos, donde se retribuye al trabajo y al capital, se produzca una distribución más igualitaria no es fácil y la experiencia nos dice que resulta casi imposible si se deja que los trabajadores que intervienen no tengan protección alguna, por la sencilla razón de que parten de una posición muy desigual a la hora de negociar.
Los factores que desprotegen a los trabajadores y que los llevan a tener que aceptar condiciones salariales o retributivas más desfavorables (disminuyendo tanto su salario individual como su salario colectivo, protección social), y por tanto los que aumentan la desigualdad originaria, son muy variados y no sólo económicos: escasa presencia de sindicatos, negociación «uno a uno» o poco centralizada, desempleo abundante, falta de formación, carencia de normas o leyes laborales que fijen derechos laborales, etcétera. Todos ellos dejan más solos a los trabajadores frente a sus empleadores y, por tanto, hace que éstos dispongan de mayor poder para imponerles peores condiciones de salario y trabajo.
Lo que precisamente ha ocurrido en los últimos años es que los propietarios del gran capital han logrado imponer a través de políticas y reformas legales estas circunstancias que son las que han hecho que disminuyan los salarios en el conjunto de las rentas, la participación de los trabajadores en el reparto de la tarta y que, en consecuencia, aumente la desigualdad. Y lo que a corto plazo resulta, por tanto, imprescindible es invertir esta tendencia para lograr una distribución de los ingresos más equitativa porque sólo de esa forma se va a poder conseguir que se amplíe la demanda solvente, lo que, en las condiciones de economías capitalistas de mercado en las que nos encontramos, se necesita para que se puedan producir más bienes y servicios.
Nuestra propuesta en este sentido es que para salir de la crisis y poder poner en marcha el cambio en el modelo productivo, que no afecta solamente al tipo de actividad económica a llevar a cabo sino también al tipo de uso que se haga de los factores productivos, se hace imprescindible un gran pacto nacional de rentas orientado a garantizar, como comentaremos más concretamente en el capítulo VI, una participación más elevada de los salarios en la renta nacional, única forma de sostener la demanda interna, de fortalecer el mercado, de evitar la deriva especulativa y de garantizar, por tanto, el cambio hacia el modelo productivo al que hemos hecho referencia con anterioridad.
Para lograr un objetivo de esa naturaleza hay que tener en primer lugar preferencia (social) y voluntad (política) para alcanzarlo. La primera se crea mediante estímulos, incentivos, cultura y, sobre todo, garantizando y promoviendo el debate social democrático. La segunda es el resultado del pulso que constantemente echan entre sí los diferentes grupos sociales.
Pero, además de ello, se necesitan instrumentos, medidas de actuación.
Entre las más importantes de las relativas a las rentas originarias se encuentran, por encima de cualquier otra, establecer
las condiciones que permitan la generación de empleo decente y estable, que analizamos en el siguiente capítulo, y otras como la política de salarios mínimos, el fomento del empleo indefinido, la negociación de las ganancias de productividad, la participación de los trabajadores en las empresas, las políticas de igualdad y las medidas de responsabilidad y corresponsabilidad en su seno, la promoción de nuevas formas de propiedad cooperativa y social. Y en relación con la redistribución de la renta, tal y como veremos en los capítulos siguientes, es imprescindible recuperar el valor y el aprecio a los impuestos como instrumento de cohesión social, la generación de capital social suficiente y crear un modo de producir y de consumir que no sea a la postre depredador de los recursos que utiliza y de los ecosistemas en los que actúa.
OTRA ECONOMÍA, OTRAS RELACIONES SOCIALES, OTROS SERES HUMANOS
No podemos soslayar el hecho fundamental de que los problemas que estamos viviendo son en realidad un momento de una crisis que va mucho más allá de lo puramente financiero o económico. Los acontecimientos que se han producido, la quiebra de instituciones gigantescas; el sometimiento del planeta, de cientos de millones de personas ante los designios de unos pocos inversores ocultos ante la máscara de «los mercados», como si en realidad no fueran nada ni nadie, sino una especie de fuerza impersonal y aséptica; la ignominia que supone que entidades bancarias (también personas normales y corrientes sabiendo o no lo que hacen) inviertan para lograr que suban los precios de los productos alimenticios (como antes hacían con las viviendas), lo que da lugar a que mueran de hambre docenas de millones de personas; el engaño civil que supone la puesta en marcha de reformas laborales, de las pensiones o de los servicios públicos a sabiendas de que lo que van a conseguir no es lo que se le dice a la población sino el mayor beneficio de unos pocos; la destrucción del planeta, la indiferencia ante su degradación o ante la generalización de un modo de producir que genera más desechos que bienes; la generalización de situaciones de exclusión y de discriminación que son realmente las que permiten la sumisión necesaria para que todo esto pueda darse… Todo ello, la mitificación del dinero, la universalización de lo mercantil que lleva a que todas las dimensiones de nuestra vida humana se hayan puesto en venta, la avaricia descontrolada, el cultivo del egoísmo y el fomento de la desinformación o la constante manipulación de las conciencias, nos indica que si todo lo que hemos comentado se ha podido producir es porque alguien con demasiado poder ha logrado poner el mundo «patas arriba», invertir los valores y las prioridades y llevarnos a los seres humanos por un camino que no es el que nos permite alcanzar plenitud como tales y que no es otro que aquel en el que predomina la cooperación y no la competencia agresiva, la solidaridad y no el combate, la paz y no la violencia.
Por eso en la nueva agenda que debemos abrir para tratar de salir con más bienestar de la situación en la que estamos debemos incluir, como haremos en el penúltimo capítulo, una estrategia apropiada que nos permita ir cambiando de rumbo y encaminarnos hacia horizontes de mayor humanidad y armonía con la naturaleza.
1. Un análisis de las nuevas medidas de regulación que se han adoptado, incluidas las de Basilea, en Juan Torres López, La crisis de las hipotecas basura…., op. cit., p. 138 y siguiente
2. Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, «Crímenes económicos contra la humanidad», El País, 29-III-2011.
3. Según este diario «los miembros de esta élite de Wall Street se reúnen el tercer miércoles de cada mes en el Midtown de Manhattan y comparten un objetivo común: proteger los intereses de los grandes bancos en el mercado de derivados, uno de los ámbitos más lucrativos y controvertidos de las finanzas, que tienen un secreto común: los detalles de esos encuentros y sus identidades han sido estrictamente confidenciales». «A Secretive Banking Elite Rules Trading in Derivatives», The New York Times, 11-XII-2010.
4. Paul. A. Samuelson, «Bush y las actuales tormentas financieras», El País, 28-
I-2008.
5. Una estrategia que ha resultado nefasta para él y para su formación política. Curiosamente, al principio de la crisis los ciudadanos respondían de forma mayoritaria en las encuestas que la responsable de la crisis era la banca. Poco a poco la influencia de la banca en los medios de comunicación fue decisiva y la opinión predominante en las encuestas terminó siendo que el responsable era Zapatero.
6. David DeGraw, «The Economic Elite vs. People of the USA», Ampedstatus Report 2010.
"Mis aspiraciones en la vida" 