Nuestros muros I

Denunciamos con la mayor energía la desvergonzada iniciativa del nuevo presidente de los EE.UU. en su empeño por seguir avanzando en la construcción de ese muro que ya parcialmente tienen levantado en la frontera con México, así como a su cínica reivindicación de la validez del la tortura “porque funciona”. Pero esto no nos puede hacer olvidar que España es pionera en esa perversa política de tratar de segregar a las personas más pobres y desvalidas tras criminales y desgarradores muros y vallas

.

Así es, ya que a partir de mediados de los años 90 el Gobierno español levantó 8,2 km. de alambrada en Ceuta y 12 km. en Melilla que se han ido “perfeccionando” para ser más eficaces en su brutal misión.  Gran parte de esa tarea se la confían a la empresa European Security Fencing radicada en Cártama (Málaga), que presume de ser la “única fabricante de concertina en Europa” y que tiene la miserable misión productiva de imaginar, diseñar y fabricar las “concertinas” más asesinas capaces de desgarrar la piel y órganos de las personas que, sabemos -que a pesar de su peligrosidad pero movidas por la desesperación-, van a intentar escalar tales vallados.

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Creo no exagerar lo más mínimo, en cuanto que es esta misma perversa empresa malagueña la que sin ningún pudor presenta su amplia gama de asesinas cuchillas en su página web:

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Estas asesinas alambradas, forman parte fundamental de las vallas de Ceuta y Melilla que como sabemos están situadas de la siguiente manera:

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Fuentes:

Concertinas: European Security Fencing
Mapas: Wikipedia

Trump, un malvado de cómic, en el mundo real

Un personaje atrabiliario, machista, misógino, homófobo, racista, xenófobo, islamófobo, aporófobo, violento, iletrado (confiesa que no lee), y con muchas despreciables características más, ha alcanzado la presidencia de los EE.UU.
En definitiva, el más perverso y retorcido de los personajes imaginados por cualquier buen guionista, se ha encumbrado al poder real del país más poderoso de la tierra.

Su primera semana, plagada de disparates como la propuesta de legalizar la tortura y otras barbaridades más se resume así:

¿A quienes indultan los gobiernos?

O, como evitar la aplicación de la ley “a los míos”

Unos Mossos d'Esquadra durante la jornada de huelga general. EFE/Alejandro García

A propósito del escándalo motivado por el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos D’Esquadra condenados por torturas, que ha provocado el rechazo de 200 jueces que han firmado un manifiesto público por considerar que supone una “afrenta al Poder Judicial” y una actuación contra la dignidad humana, “impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible”.

Se evidencia con el indulto a estos mossos, tras varias maniobras previas para “rescatarlos de manos de la Justicia” (ver *) que la tortura no es algo excepcional en España, ya que si lo fuera no habría más que señalar este episodio como excepcional. El empecinamiento en no criminalizar estas probadas torturas y otras anteriores dejan bien claro cómo el gobierno “comprende” y ampara estas prácticas.

Volviendo a la utilización del indulto como fraude político, repasamos la perversa utilización de esta prerrogativa del poder Ejecutivo que viene utilizándose con un descarado interés de evitar la aplicación de la ley al ejercicio del poder que ejercen.

En 2012

En 2011

*  El Consejo de Ministros ha acordado la concesión de un nuevo indulto a cuatro mossos d’Esquadra, por el que se conmuta la pena privativa de libertad, pendiente de cumplimiento, por otra de dos años de multa.

Este nuevo indulto ha sido aprobado por el Gobierno después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto por el que se conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de prisión para cada uno de ellos.

La concesión de este segundo indulto, que establece una multa con una cuota diaria de diez euros (lo que equivaldría a 7.300 euros de multa en total), está condicionada a que no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cinco años.

Estos cuatro mossos d’Esquadra fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009, por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones.

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d’esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses y al quinto a seis meses de cárcel por los delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato.

 El Tribunal Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que los agentes se libraran de entrar en prisión.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona rechazó en mayo la suspensión de la pena de prisión que solicitaba la defensa de los mossos, una medida de la que, de acuerdo con la ley, pueden beneficiarse las personas condenadas a hasta dos años de cárcel que carezcan de antecedentes.

Los condenados solicitaron entonces un nuevo indulto que les permitiera eludir su ingreso en prisión, ante la negativa de la Audiencia Provincial de Barcelona de conceder la suspensión de la pena de dos años de prisión.

Fuentes: 15Mpedia y Diario Público

ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA

Informe sobre la tortura policial en España

En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente.

Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos
órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía
Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación,
así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía
en relación con estos delitos.
Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos
a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido
objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos
psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida.
Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.
Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades
españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran
la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la
introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas
de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre
el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para
introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos
tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

España: Sal en la herida

sal_herida01.gifEn España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manosde agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendiday persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.

Este informe integral documenta casos de tortura y malos tratos infligidos a personas bajo custodia en distintas partes del país. Las víctimas han sido objeto de agresiones, insultos y amenazas que les han causado sufrimientos psicológicos, lesiones graves y, en algunos casos, les han costado la vida. Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al no tomar medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos, llevar a cabo investigaciones eficaces en aquellos casos en los que hay motivos para sospechar que tales actos han tenido lugar y garantizar justicia para las víctimas.

Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades españolas sobre medidas para poner fin a la impunidad, entre las que figuran la creación de mecanismos de investigación independientes e imparciales, la introducción de cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de las comisarías de policía y el establecimiento de protocolos claros sobre el uso adecuado de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras las autoridades españolas no tomen medidas urgentes para introducir reformas, investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y poner a los responsables a disposición de la justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguirán estando por encima de la ley.

Puedes ver o descargar el informe en formato PDF:

Completo (440 KB)

  • Índice:
  • INTRODUCCIÓN
  • La obligación jurídica de España de prevenir la tortura y otros malos tratos
  • LOS MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA
  • Mecanismos internos de investigación policial
  • Mecanismos de supervisión externa
  • CAUSAS DE LA IMPUNIDAD EFECTIVA
  • Obstáculos a la presentación de denuncias
  • Falta de investigaciones independientes
  • Ausencia de investigaciones
  • Informes médicos y forenses incompletos o inexactos
  • Pruebas insuficientes
  • Intimidación de denunciantes
  • Ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad en las investigaciones
  • No imposición de sanciones adecuadas
  • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  • APÉNDICE 1
  • APÉNDICE 2