Noam Chomsky firma una carta australiana en apoyo a Julian Assange

El reconocido académico y activista Noam Chomsky firmó una carta abierta dirigida a la Primer Ministro de Australia Lulia Gillard el martes instándola a hacer una “declaración fuerte en apoyo a Julian Assange.

Chomsky, profesor de linguistica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y un prominente crítico de la política exterior de EEUU, unió esfuerzos de abogados australianos de alto perfil, autores y periodistas para firmar la carta.

Señalando que “el aumento de la retórica violenta” dirigida hacia el australiano Assange, el asediado fundador del sitio web Wikileaks, los firmantes afirmaron que habían “graves preocupaciones” por su seguridad.

“Por lo tanto exhortamos a condenar, por parte del Gobierno australiano, las llamadas al daño físico a infligir al señor Assange, y declarar públicamente que ustedes asegurarán que el señor Assange reciba los derechos y protección los cuales le corresponden, independientemente de que si las amenazas ilegales en su contra vinieran de individuos o países”, indica la carta.

Escrita por el académico de la Universidad de Victoria Jeff Sparrow y por la abogada en derechos humanos Lizzie O’shera, la carta hace una llamada a Gillard para que públicamente confirme el compromiso de Australia a una comunicación política libre y sostener los derechos básicos de Assange.

También la exhorta a “suministrar asistencia y apoyo al señor Assange; y hacer todo lo que esté en su poder para asegurar que cualquier procedimiento legal tomado en su contra cumplan completamente con los principios de la ley y equidad procesal”.

Sparrow, editor del diario Australia’s Overland, dijo que la idea comenzó con unas pocas invitaciones pero pronto se multiplicó, atrayendo una respuesta abrumadora.

“Chomsky nos contactó porque imagino que alguien se lo envió a él”, expresó Sparrow a la AFP.

“Pienso que este sentimiento y esta sospecha de que Assange no recibirá un tratamiento justo es algo… que se extiende más allá de Australia generalmente”, añadió.

También firmada por el Senador australiano Bob Brown, el denunciante del ejército Lance Collins y anfitrión de los autores de Australia incluyendo a Raimond Gaita, Christos Tsiolkas y Helen Garner, la carta indicó que el caso de Assange “marcaba un hito” para la libertad de expresión.

“Si estas incitaciones a la violencia en contra de Assange… se dejan reposar, un nuevo perturbador precedente habría sido establecido en el mundo de habla inglesa”, indicó la carta a Gillard.

‘En estos tiempos cruciales, una declaración fuerte hecha por usted y su gobierno pude hacer una importante diferencia”.

Gillard criticó la publicación de Assange de cables confidenciales diplomáticos estadounidenses filtrados como “extremadamente irresponsable”, diciendo que la información fue recabada a través de un “acto ilegal”.

El fundador de wikileaks ha respondido hoy a una sesión de preguntas on line de los lectores del diario británico The Guardian

Julian Assange, fundador y director de Wikileaks, dijo hoy que ha recibido «amenazas de muerte» a consecuencia de las filtraciones de material confidencial de EEUU y que está adoptando las medidas apropiadas al respecto.

Assange respondió a preguntas de los lectores durante una sesión on line con el diario británico The Guardian, uno de los cinco medios que han tenido acceso a los documentos clasificados de EEUU relevados por esa web.

Preguntado si temía por su seguridad, el director del polémico portal respondió: «Las amenazas contra nuestras vidas son asunto de dominio público, aunque estamos adoptando las precauciones apropiadas hasta el grado en que somos capaces cuando se trata de lidiar con una superpotencia».

Assange también reveló que los cables diplomáticos de EEUU filtrados, junto con «material significativo de EEUU y otros países», habían sido copiados en un fichero codificado a más de 100.000 personas de todo el mundo por si algo le sucediera a él o a su equipo.

«Si algo nos ocurriera a nosotros, las partes cruciales (de esos cables) se publicarán de forma automática», explicó.

«Es más, los archivos del cablegate -como se conoce el caso en EEUU- se encuentran en manos de múltiples organizaciones de noticias. La historia ganará. El mundo será elevado a un lugar mejor. ¿Sobreviviremos? Eso depende de vosotros», agregó Assange.

Ciudadano australiano

El fundador de Wikileaks, que actualmente es requerido en Suecia en relación con supuestos delitos de agresión sexual que él niega, y quien se encuentra viviendo, al parecer, en el sureste de Inglaterra, también cree que le será «imposible» regresar a su país.

«Soy ciudadano australiano y echo muchísimo de menos mi país». «Sin embargo, durante las últimas semanas, la primera ministra australiana, Julia Gillard, y el fiscal general, Robert McClelland, han dejado claro no sólo que mi regreso es imposible, sino que están trabajando de forma activa para ayudar al gobierno de EEUU en sus ataques contra mí mismo y contra nuestra gente», indicó Assange.

También hizo alusión al portal estadounidense Amazon (AWS), que dejó de acoger la página web en sus servidores: «Desde el 2007 hemos colocado nuestros servidores de forma deliberada en jurisdicciones que sospechamos sufrían de un déficit en su libertad de expresión para separar la retórica de la realidad. Amazon fue uno de esos casos».

Fuente: diario Público

El Gobierno español aprovechó el cierre del penal de Guantánamo para mejorar sus relaciones con Estados Unidos y para ganarse la confianza del presidente Obama, pero no todos los ministros veían clara la operación. Ante las dilaciones para recibir a los cinco presos acusados de terrorismo que España se había comprometido a acoger, EE UU ofreció 85.000 dólares por cada uno de ellos, insistió en que sería importante para España colaborar en aras de lograr un mayor liderazgo dentro de la UE y puso a distintos países europeos a competir por los presos menos peligrosos, según consta en los telegramas emitidos por la embajada de Madrid durante los dos últimos años. Al final, tras un año de negociación, los estadounidenses se impacientaron. El embajador Alan D. Solomont acabó diciendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que iba a ser «claro y contundente» con su mensaje: Washington esperaba del Ejecutivo español que cumpliera su promesa.

España reorientó su política sobre el acogimiento de presos de Guantánamo en cuanto Barack Obama llegó al poder. Todavía con George Bush en la Casa Blanca, el director general para América del Norte y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Pons, se reunió el 2 de abril de 2007 en Madrid con el segundo de la Embajada de Estados Unidos, Hugo Llorens. Este preguntó a Pons por la posibilidad de que algunos reclusos del penal recalaran en España. «Casi imposible», respondió Pons, según el cable confidencial enviado ese mismo día (102848), «por la situación política en España y el riesgo de que la opinión pública se ponga en contra».

El entonces ministro Miguel Ángel Moratinos censuró públicamente el 16 de diciembre de 2008 que EE UU tratara de trasladar el problema de Guantánamo a los demás, pero en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero ya se planteaba colaborar con el futuro presidente. Cuando Obama juró el cargo, todo cambió. Su primera orden ejecutiva fue el cierre del penal, el 22 de enero de 2009. Moratinos modificó rápidamente el discurso: «Si podemos hacer algo, lo haremos», dijo entonces. La Embajada informó al Departamento de Estado de esas declaraciones el día 23 (telegrama 188592). Necesitaban con urgencia la colaboración de los países europeos para acoger presos que no podían repatriar a sus lugares de origen por posibles violaciones de derechos humanos, unos 60 de los 241 que había en los campos de prisioneros.

La reunión entre Moratinos y Clinton

España confirmó oficialmente a EE UU que recibiría detenidos de Guantánamo un mes después, el 24 de febrero, en la reunión celebrada en Washington entre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tras la que se anunció una «nueva etapa» en las relaciones bilaterales que pasaba por la colaboración de España en el cierre de Guantánamo.

La primera reunión para tratar seriamente el tema se celebró el 23 de marzo. El director de la oficina para crímenes de guerra, el embajador Clint Williamson, se reunió con cuatro directores generales de tres ministerios (Exteriores, Justicia e Interior) que plantearon varios problemas. En primer lugar, los representantes del Gobierno español recordaron lo ocurrido con los dos presos que habían sido trasladados a España con anterioridad, el ceutí Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikassrien. El primero fue absuelto en 2006 por el Supremo, que consideró que las pruebas recogidas durante los interrogatorios en la base eran inadmisibles, y la Audiencia Nacional tomó la misma decisión con el segundo. Desde entonces no están precisamente «quietos en su casa», dijo a Willliamson uno de los directores generales de Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña.

El embajador estadounidense respondió que las medidas de seguridad eran una cuestión que debía decidir cada país y empezó a presionar a un Gobierno que necesitaba mejorar la relación con EE UU diciendo que había ya «negociaciones muy avanzadas» con algunos Estados europeos. En el comentario final del cable, clasificado como secreto y firmado por el encargado de negocios Arnold A. Chacon (200357), se recomienda al Departamento de Estado «tomar ventaja» de la posible preocupación del Ejecutivo español por quedar por detrás de otros que sí se están comprometiendo con EE UU.

El enviado especial para el cierre del penal Daniel Fried, apodado el zar de Guantánamo en su país, presentó los primeros expedientes el 17 de junio de 2009 a dos directores generales de Exteriores y de Interior, Fernández de la Peña y Arturo Avello, y a un representante de Justicia. Los candidatos eran cuatro tunecinos y un yemení. «No son santos pero tampoco terroristas duros», defendió, según un cable secreto de la embajada de fecha 24 de junio (213748). España mostró su preocupación porque pudieran convertirse en «iconos» dentro de las comunidades islámicas más radicales e insistió en que, «más que la rapidez», lo importante era elegir bien el perfil de los presos.

¿Cuánto pagaría EE UU

Los directores generales aprovecharon la reunión para preguntar por la cuestión económica. ¿Cuánto dinero pagaría EE UU? Williamson explicó que la información publicada sobre que la isla de Palau había cobrado 200 millones de dólares por aceptar a detenidos chinos de etnia uigur no era cierta, y que, teniendo en cuenta que España no era un país pobre, 85.000 dólares por preso era una cantidad razonable «para sufragar los gastos».

Fernández de la Peña hizo notar, según el cable secreto, que Túnez era importante para España y que aceptar presos de ese país podía ser interpretado como si el Gobierno de Zapatero admitiera el argumento de los estadounidenses de que existían «razones poderosas» relacionadas con el respeto a los derechos humanos por las que no era posible repatriar a los tunecinos. Dejó claro que no aceptarían chinos uigures (había 17 en el penal en ese momento) para no perturbar las relaciones con el gigante asiático.

Se habló también del problema que podría suponer que los presos acogidos acudieran a los tribunales para demandar a EE UU. Tras la reunión, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, confirmó a la Embajada, según el cable secreto, que Madrid estaba dando los pasos necesarios para limitar la posibilidad de los prisioneros de acudir a los tribunales alegando las normas de jurisdicción universal españolas.

Rubalcaba confirmó en Washington el 23 de junio que España aceptaría hasta cinco presos. Pero, para la embajada, lo más importante era que se decidieran pronto. Habían pasado ya casi seis meses desde la promesa de Obama de cerrar el penal, y todo iba demasiado lento. Zapatero, en todo caso, estaba decidido. «Tienen nuestra palabra», dijo el presidente del Ejecutivo español a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, el 8 de julio de 2009 en Madrid, según un despacho confidencial emitido ese mismo día.

Exteriores pidió reservar cuatro presos

El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió entonces reservar cuatro presos: un sirio, dos palestinos y un yemení. Habían rechazado a los tunecinos. EE UU aceptó las «reservas», pero dejó claro que no eran para siempre. Si otro Estado se interesaba por ellos, tendrían que decidir en ese momento si se los quedaban o los dejaban marchar. Otros países pidieron al yemení y al sirio. España bloqueó al primero, pero dejó marchar al segundo, según un cable secreto de fecha 22 de julio de 2009 (217648).

España tardaba en hacer efectivos los acogimientos, y EE UU comenzó a impacientarse. Tras el encuentro en Washington entre Hillary Clinton y Moratinos el 14 de diciembre, el telegrama confidencial emitido cuatro días después por la Secretaría de Estado afirma que el ministro de Exteriores había expresado, de una forma «resignada y apagada», que Zapatero quería cumplir con su promesa («su palabra es su palabra», habría dicho Moratinos).

Más tarde comenzaron las reuniones en España. El embajador Alan D. Solomont se encontró en enero de 2010 con el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León. Le preguntó por las recientes declaraciones de Moratinos en las que sugería que quizá España no aceptaría ningún yemení y le recordó que tenían a uno ya bloqueado. Solomont vio también a Moratinos y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le explicó que España tendría que retrasar la llegada del preso yemení por la preocupación de la opinión pública tras el intento de atentado contra un vuelo de Northwest Delta por parte de un nigeriano instruido en Yemen. Pero aclaró que acelerarían el acogimiento del palestino y de un segundo prisionero. El embajador respondió que quería ser «claro y contundente»: EE UU esperaba que España cumpliera sus compromisos con los presos. Añadió que era una «importante oportunidad» para mostrar que era un país serio y con liderazgo dentro de la Unión Europea, según consta en un cable clasificado como confidencial de fecha 19 de enero de 2010 (244215).

El siguiente encuentro fue con el presidente Zapatero, el 22 de enero, para tratar distintos asuntos. Entre ellos, Guantánamo. Estaban preocupados por las declaraciones públicas contradictorias sobre el acogimiento de presos de distintos miembros del Gobierno. Zapatero aseguró finalmente a Solomont que hablaría con Rubalcaba para que el Gobierno hablara con una sola voz en este tema.

Los presos empezaron a llegar después de detallados estudios de los expedientes y entrevistas en la base para verificar su idoneidad. El palestino Walid Hijazi aterrizó en Torrejón el 24 de febrero; el yemení Yasim Basardah, el primero que reservaron, lo hizo en mayo. Un afgano que no habían barajado en las primeras negociaciones viajó a España el 20 de julio. Pero no aparecen dentro de los telegramas filtrados los relacionados con esta última fase de negociación. El proceso de acogimiento no ha sido fácil por el estado mental en que han llegado algunos. Aún quedan, en principio, otros dos prisioneros por venir.

Fuente: El País

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA.

La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso Wikileaks. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

«Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU», advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como se recoge en los informes «confidenciales» de la legación fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.

El día 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, habían pactado una proposición no de ley para condenar esa guerra «unilateral y al margen de la ONU». Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón había publicado en EL PAÍS un artículo en el que abogaba por una investigación judicial sobre esa guerra. «650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación», argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, se había sumado a la idea -«alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y de ese horror», declaró- y el segundo de Aguirre recibió la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso «similar» del descontento estadounidense, como se especifica en el documento «confidencial» del día 21.

La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Torturas en Guantánamo

Similares actuaciones se han producido tras la apertura en 2009, también en la Audiencia, de un tercer procedimiento judicial por torturas en Guantánamo . En este caso, además, EE UU ha puesto de relieve la preocupación de Washington por la posible aplicación en España de la «jurisdicción universal» a la hora de enjuiciar crímenes cometidos en otros países. Así se pone de relieve, por ejemplo, en el documento «secreto» redactado el 26 de junio del año pasado con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, fiscal general de EE UU, ya con Alan D. Solomont como nuevo embajador nombrado por la Administración Obama: «Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de EE UU por su presunta implicación en torturas en Guantánamo».

En los tres casos judiciales ha habido colaboración de fiscales españoles con la embajada, siempre según los informes de la legación. A veces han informado con celeridad a la embajada de que pedirían el archivo de las causas, como hizo el fiscal Zaragoza el 14 de mayo de 2007 para anunciar al consejero político que se había opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte de Couso dictado por el juez Santiago Pedraz dos semanas antes. La noticia de tal recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo en varios periódicos, que coincidieron en asegurar que tal apelación la había presentado el fiscal Jesús Alonso el día anterior.

Zaragoza se reunió en su propio despacho con dos altos cargos de la embajada el 14 de abril del año pasado (cable «confidencial» del 17 de abril de 2009) para explicarles las claves del caso de Guantánamo. La noticia de ese encuentro, que se produjo solo tres días después de conocerse la existencia de la demanda, fue publicada en EL PAÍS el 18 de abril de ese año bajo este titular: «El fiscal rechaza investigar Guantánamo tras hablar con EE UU». La fuente era la cadena de televisión Cuatro.

En enero de 2007, el fiscal Vicente González Mota (considerado «estrictamente protegido» en esta mención) informó con antelación al agregado jurídico de la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre vuelos de la CIA porque estaba convencido de que en los mismos no había nada «incriminatorio» (informe «confidencial» del 1 de febrero de 2007).

Acertó González Mota, entre otras cosas porque esos documentos llegaron a la Audiencia unas semanas después llenos de tachaduras. Ese comentario atribuido al fiscal se produjo una semana antes de que el Consejo de Ministros acordara desclasificar los informes del CNI que fueron enviados a la Audiencia. Esa decisión del Gobierno se produjo el 9 de febrero de 2007.

Entorpecer actuaciones judiciales

En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. El 14 de abril del año pasado, el fiscal Zaragoza telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes (informe «no clasificado, solo de uso oficial» del 5 de mayo de 2009). La amenaza de Zaragoza quedó reflejada en EL PAÍS el 30 de abril de 2009, el día siguiente a la decisión de Garzón de abrir su propio caso sobre Guantánamo, en una información que concluía: «Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón por considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas» que le había denunciado un preso de Guantánamo en 2004.

«No es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo», agregaba el diplomático americano autor de ese documento.

En un cuerpo tan jerarquizado como el del ministerio fiscal, Zaragoza estaba en línea con su máximo jefe, Cándido Conde-Pumpido. En un informe «confidencial» de la embajada fechado el 26 de enero de 2007, se cuenta que el embajador Aguirre y su adjunto se habían entrevistado el día anterior con el fiscal general «para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EE UU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa». El documento añadía que Conde-Pumpido («estrictamente protegido» en esta cita) les dijo que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales «seguirían oponiéndose» a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz.

Medio año después, el 18 de julio, Conde-Pumpido dijo al embajador Aguirre que él deseaba el archivo del caso Couso (documento «confidencial» del 19 de julio de 2007) y añadía: «En cuanto a los vuelos de la CIA, [el fiscal general] dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa». El año pasado, y con respecto a la causa sobre Guantánamo, Conde-Pumpido declaró públicamente el 16 de abril que él no apoyaría la causa abierta por las torturas en esa base americana.

En febrero de 2007, la propia embajada hace el siguiente balance sobre los peligros que ve para el caso de los vuelos de la CIA: «Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier información desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinación existente entre el juez Moreno (el instructor) y los fiscales alemanes del caso El-Masri (el alemán de origen libanés secuestrado por la CIA y que presuntamente pasó por el aeropuerto de Palma)». «Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno» (informe «confidencial» del 1 de febrero de 2007).

«Buenas relaciones»

Conde-Pumpido explicó ayer así a EL PAÍS sus relaciones con el embajador Aguirre: «La Fiscalía General del Estado siempre ha mantenido una buena relación con la Embajada de EE UU. Desde hace años tenemos un equipo conjunto con la fiscalía de EE UU que se reúne una vez cada seis meses para intercambiar información. Dentro de ese esquema de colaboración, y en ese contexto, a veces se han interesado por alguna información y nosotros se la hemos dado. Esa información siempre ha correspondido a la posición jurídica de la Fiscalía que ya figuraba en el procedimiento, era pública y se había expresado por escrito. Siempre fue a petición suya y se la ofrecimos como una información más y en ningún caso como una información reservada pues era la posición jurídica de la Fiscalía, que en el caso Couso consistía en que entendíamos que no había base para seguir adelante con el procedimiento. Así se lo trasladé. También le trasladé la necesidad de que el Gobierno de EE UU respondiera a las peticiones de información del juez porque, de lo contrario, le advertí que la respuesta del juez podría ser negativa para los intereses que ellos defendían. El embajador Aguirre me dijo que transmitiría ese mensaje».

La embajada también mantiene contactos con jueces españoles, aunque en los informes secretos figuran escasas referencias. Se recoge, por ejemplo, un encuentro en Madrid del director del FBI, Robert Mueller, con el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, el 9 de mayo de 2005. «Del Olmo», señala el informe «confidencial» fechado tres días después, «puede participar en el futuro en importantes investigaciones sobre terrorismo, lo que hace de él un importante contacto que merece la pena cultivar». De hecho, le preparan una visita a EE UU.

Los documentos también reflejan un encuentro del embajador Aguirre con Garzón el 14 de diciembre de 2007. El informe «confidencial» al respecto, redactado el 21 de diciembre de ese año, está encabezado con esta frase: «Encuentro del embajador con el famoso y controvertido juez Baltasar Garzón». Garzón aconsejó al embajador en esa entrevista, según el documento, que contactara también con otros jueces de la Audiencia como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan Del Olmo.

El consejero jurídico, señala ese mismo informe, «ha intentado profundizar en las relaciones con los seis magistrados de la Audiencia con diferente grado de éxito». La nota incluye estos comentarios sobre Garzón: «Es una figura controvertida cuya ambición y afán de notoriedad no tiene rival». «No nos hacemos ilusiones sobre el tipo con el que estamos tratando», añade.

Un asunto muy grave

Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; Agustín Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.

El primer colaborador de Aguirre, por ejemplo, llamó el 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 a Agustín Santos y a Aurora Mejía, directora de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, para trasladarles la opinión de EE UU sobre la apertura en la Audiencia del caso de torturas en Guantánamo. «El adjunto al embajador les puso de relieve que el asunto era muy grave para el Gobierno de EE UU y les pidió que tuvieran informada a la embajada de cualquier novedad» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).

Dentro de la misma estrategia, el Gobierno de EE UU utiliza las visitas oficiales de personalidades del país para influir en los procesos judiciales abiertos en la Audiencia. Los senadores estadounidenses Judd Gregg y Mel Martínez llegaron a España, por separado, solo dos semanas después de abrirse la causa de Guantánamo. Ambos fueron explícitos en sus protestas en los encuentros que mantuvieron en Exteriores. Martínez espetó el día 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado Ángel Lossada que esa investigación judicial «no sería entendida ni aceptada en EE UU y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).

Losada respondió al senador que «el Gobierno español comunicaría a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia» en la causa por torturas en Guantánamo. Dos días después de esa entrevista, el fiscal general declaró públicamente que la causa abierta era «fraudulenta».

Un mes más tarde, y en un documento «confidencial» fechado el 14 de mayo, se informó de que el fiscal de la Audiencia había recurrido la acusación de «crímenes contra la comunidad internacional» contra tres militares estadounidenses por el caso Couso y añadía: «El adjunto al director general de Política de Defensa comunicó la semana anterior a la embajada que su ministerio apoya totalmente la posición oficial norteamericana».

Visita Condoleezza Rice

En la primavera de 2007, y dentro de los preparativos para la visita a España de Condoleezza Rice, la legación diplomática le envió con antelación un documento fechado el 25 de mayo de ese año en el que advertía a la entonces secretaria de Estado: en el encuentro que tendrá el 1 de junio con Moratinos, «usted debería destacar la constante preocupación del Gobierno de EE UU sobre la causa abierta contra tres militares acusados de crímenes de guerra por la muerte del cámara español José Couso en el Hotel Palestina en 2003 [Rice y Aguirre negaron en público haber tratado el problema en sus entrevistas con Moratinos o Zapatero]. Queremos una continua vigilancia y cooperación por parte del Gobierno español hasta que el caso sea archivado».

El documento destacaba que el Gobierno español estaba ayudando en el caso Couso. El 30 de abril, Aguirre se vio con la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien, tras destacar la independencia de los jueces, «le aseguró al embajador que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atención los más altos cargos del Gobierno español» (informe «confidencial» del 14 de mayo de 2007). De la Vega señaló al embajador que «una de las opciones que se estaba sopesando era la de presentar un recurso» (informe «no clasificado» fechado el 11 de mayo de 2007).

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió el 7 de febrero de 2007 en una sesión de control en el Congreso que el Gobierno facilitaría a la Audiencia «toda la información» sobre los vuelos de la CIA y que el Ejecutivo tenía «la mayor voluntad y disponibilidad de colaboración con la justicia». Fue dos días después cuando el Consejo de Ministros decidió desclasificar los documentos del espionaje español sobre el caso. El CNI, dependiente de Defensa, remitió media docena de documentos. No solo estaban llenos de tachaduras -se habían borrado hasta los nombres de hoteles de Palma donde se hospedaban los americanos de paso hacia Guantánamo-, sino que se limitaban a analizar viejas informaciones de prensa sobre el tema. En un documento se precisa que no hay dato alguno «que suponga vinculación directa de los aviones con organismos oficiales de EE UU». O sea, que el CNI descartaba a la CIA.

Tras la protesta del embajador Aguirre a La Moncloa a través del embajador Casajuana, este le devolvió la llamada la noche de aquel 21 de marzo de 2007 para transmitirle el contenido de su conversación con Zapatero. «Dijo que Zapatero entiende las preocupaciones del Gobierno de EE UU y que intentará aportar moderación a los dirigentes del PSOE. Zapatero agregó que apreciaba los esfuerzos del Gobierno de EE UU para permanecer al margen del debate político y que trabajará para que EE UU siga fuera de ese debate. En definitiva, el mensaje es que Zapatero no echará leña al fuego» (informe «confidencial» del 23 de marzo de 2007).

Fuente: El País

Los 3.620 documentos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid analizados por este periódico (103 secretos, 898 confidenciales y 2.619 sin clasificar) ofrecen una visión única del tablero de prioridades, estrategias, conflictos y presiones ocultas de Washington en España desde 2004 hasta este mismo año, un periodo que corresponde casi en su totalidad al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los cables iluminan los momentos más agitados y desconocidos de la relación entre la superpotencia y un aliado de tamaño medio con el que no existe riesgo de ruptura, aunque sí zonas de fricción. Son esas áreas de desacuerdo, repletas de sombras, como la retirada de las tropas de Irak, la crisis de Kosovo, los vínculos con Cuba o Venezuela, las relaciones comerciales con países sospechosos de terrorismo o determinados asuntos bajo investigación judicial, donde los papeles secretos y confidenciales permiten acercar el ojo a la cerradura y descubrir por primera vez las maniobras entre bastidores («behind the scenes» es una de las expresiones más repetidas) de la poderosa legación. Esta operativa, siempre discreta y plasmada en una literatura de línea clara, incluye llamadas, reuniones, avisos, presiones y amenazas que tienen como destinatario a personajes con poder de decisión o información privilegiada.

En esta agenda figuran el Rey (mencionado en 145 cables, incluidos los de otras embajadas), José Luis Rodríguez Zapatero (111), Mariano Rajoy (129), Felipe González (76), José María Aznar (53), ministros, jueces, fiscales, empresarios y representantes de las más altas instituciones del Estado. Todos esos contactos de primer nivel quedan recogidos en detallados informes enviados para su análisis a la maquinaria de Washington (el año cumbre es 2007, con 928 cables, un 80% más que la media anual) y que reproducen conversaciones que los interlocutores españoles no esperaban ver difundidas y cuyo contenido les deja en zonas éticamente fronterizas o comprometidas ante la opinión pública. Así ocurre en los cables sobre los casos judiciales que afectan a intereses estadounidenses. En otros episodios, de índole política y empresarial, se repite el esquema, con el consiguiente deterioro para el interlocutor, muchas veces situado en la cúspide del poder. En este punto no hay que olvidar el sesgo de los informes que, lejos de cualquier neutralidad, valoran los hechos siempre en función de los intereses de la Embajada, un observador que no es independiente ni aséptico, sino un gestor puro de las directrices del Departamento de Estado.

Objeto primordial del trabajo de la Embajada es el Gobierno socialista. Los tres embajadores de los últimos seis años (el multimillonario George L. Argyros, el cubanoamericano Eduardo Aguirre y, ya con la Administración de Obama, el filántropo Alan D. Solomont) retratan en sus múltiples escritos secretos enviados a Washington, a menudo con copia a la CIA, los vaivenes de la relación con Zapatero y su equipo. El dibujo saca a la luz los entresijos de la alta política española y facilita una radiografía inédita de los intereses americanos en España, a veces muy distantes de los nacionales. Temas incandescentes en la Península como ETA se consideran asuntos domésticos y en su curso habitual apenas suscitan una curiosidad burocrática en el Departamento de Estado, excepto cuando se abre la tregua y el tema adquiere un significado político de primer orden, capaz, a su juicio, de derribar al Gobierno.

Ya desde los albores advirtieron problemas con el área latinoamericana, pero ante todo con una posible retirada de las tropas de Irak, que en poco tiempo se confirmó. Esta decisión enfrió las relaciones hasta el punto de que Bush ni siquiera atendió la llamada de felicitación que le hizo Zapatero por su segunda victoria electoral. Desde ese punto cero, los papeles de la Embajada muestran cómo la recuperación de la confianza avanzó lentamente, con una España volcada en recomponer las relaciones, pero sin que Washington, sabedora del deseo español de ganar el terreno perdido, olvidara sus objetivos centrales ni su política del palo y la zanahoria.

En un informe elaborado por el embajador Eduardo Aguirre y enviado a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se afirma que «Zapatero juega mirando a una base electoral izquierdista y pacifista, y usa la política exterior para ganar puntos en la política española, más que para atender las prioridades básicas de la política exterior u objetivos estratégicos más amplios (…) Esto ha derivado en una relación bilateral errática y en zigzag».

Esta desigual correlación de fuerzas se refleja en el trato que dispensan los informes a los políticos españoles. Ninguno despierta entusiasmo, excepto el Rey (de quien hasta se dan consejos sobre cómo resultarle simpático) y quizá el estamento militar. Mucho más distante es la descripción del presidente del Gobierno. Ya desde el inicio de su mandato se le considera un problema para algunas líneas maestras de la política exterior estadounidense, y se le define como un político cortoplacista que supedita los intereses comunes al cálculo electoral.

Otro tanto ocurre con sus ministros. En los papeles se les ve recibir todo tipo de admoniciones del embajador estadounidense de turno, sobre todo en la época de Aguirre.

Las respuestas a estas presiones abarcan un amplio espectro, muchas son conciliadoras, otras conniventes y algunas rotundamente negativas. Ocurre, por ejemplo, con un secretario de Estado, sondeado confidencialmente para lograr la extradición acelerada de un traficante de armas y que, sin perder el tono, recuerda al representante de la nación más poderosa del planeta que jamás pondrá al personaje en cuestión «a las tres de la madrugada en un avión» rumbo a Estados Unidos, porque en España los procesos se cumplen con garantías y transparencia.

Es una escena más dentro de los cientos de maniobras ocultas (y muchas veces no tan tranquilizadoras) que descubren los papeles de la Embajada de Madrid. En ocasiones son reuniones aparentemente distendidas, otras presiones directas y duras, y otras informes demoledores sobre altas personalidades del Estado. Lo esperable en un mundo presidido por la confidencialidad y el secreto. Solo que esta vez todo queda al descubierto.

Fuentes: EL PAIS y PÚBLICO