Zapatero, en otra encrucijada

Arsenio Escolar

Los planes contra el déficit público se multiplican en Europa: Portugal, Francia, Italia… Y todos tienen algo en común que no tiene el que Zapatero presentó la semana pasada: se hace un esfuerzo en los gastos, sí, recortando cuanto se puede (y casi siempre es en derechos sociales; es decir, lo pagan los ciudadanos económicamente menos afortunados), pero se hace también en los ingresos, aumentando la presión fiscal sobre los más ricos. Lo hacen el socialista Sócrates en Portugal, pero parece que lo van a hacer también presidentes no precisamente de izquierdas, como el francés Sarkozy y el italiano Berlusconi.

Francia ya adelantó ayer que recortará en pensiones, pero que cambiará la fiscalidad de las rentas altas. El ministro italiano de Bienestar prometió ayer que el Gobierno “contendrá el perímetro del sector público”, pero también que será “fiscalmente equitativo con los ciudadanos”.

A medida que pasan los días y se conocen los planes de otros países, se entiende menos que Zapatero el Rojo, el Zapatero que había hecho de la política social su bandera estrella, haya renegado de ella de un plumazo sin, al mismo tiempo, tomar anunciar medidas fiscales de izquierdas.

Lo que no se dice de la crisis

VICENÇ NAVARRO en Público

web-loquenosedicesobrelacrisis.jpgLa crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en http://www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

Un ajuste que no toque el gasto social sí es posible

Público

Un grupo de economistas contrarios al capitalismo liberal consultados por Público han encontrado en 48 horas zonas donde ajustar el presupuesto para, si no evitar todas las medidas anunciadas, sí las más dolorosas. En una situación de emergencia como la que obliga al Ejecutivo a pedir los sacrificios que pide, es posible otro ajuste que tenga el efecto inmediato que exige Europa, aseguran. Porque, aunque la verdadera solución, según dichos expertos, pasa por una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, esos cambios no tendrían efecto hasta 2012.

Alberto Montero y Alfredo Serrano, profesores de Economía de la Universidad de Málaga y la Pablo Olavide de Sevilla, respectivamente, y miembros de la Fundación CEPS: Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones, comentan.

Si se recortan además los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este año, añaden, tampoco sería necesario modificar el cómputo de las pensiones (ahorro de 500 millones) ni eliminar la retroactividad de las prestaciones para los dependientes (670 millones).

Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, apunta también al gasto militar como la gran partida a recortar, y sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para 24 helicópteros de combate Tigre.

Otra alternativa propuesta por Montero y Serrano es la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones).

Josep González Calvet, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade la supresión de cargos de libre designación, asesores que los políticos designan a dedo. Según este profesor, en la Administración española (autonomías incluidas) hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 «sin impacto laboral». Como el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, supondría un ahorro de 1.120 millones al año.

Serrano y Montero descubren otras partidas que podrían contribuir al ajuste, como la eliminación de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir el destino de parte de la recaudación. Con su supresión se incrementarían en 250 millones los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo.

Los economistas consultados están a favor del recorte farmacéutico (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis. También defienden la supresión del cheque-bebé, que asignaba la misma ayuda a cualquier nivel de renta.

Más inversión, menos banca

Otra de las partidas más cuestionadas son los 6.045 millones que pretenden recortarse de la inversión pública entre 2010 y 2011. Con la economía saliendo a pedales de la recesión, todos los recortes del gasto público, que equivalen a restar dinero al Producto Interior Bruto (PIB), suponen jugársela a sufrir recaídas. Los más graves son los que afectan al empleo, como la inversión.

¿Cómo lograr suplir ese recorte? Montero, Serrano y la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona Miren Etxezarreta no han tardado en fijarse en el fondo dotado para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) recibió, con cargo a los Presupuestos Generales de 2009, una partida de 6.750 millones. Acudir al Frob no es gratis, de hecho tiene un alto precio para las entidades (un 7,75% mínimo a devolver en cinco años), pero los expertos citados no consideran que las arcas públicas estén para soportar esa inversión ni las emisiones de deuda posteriores hasta llegar a una dotación prevista de 90.000 millones.

La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada (aunque algunas cajas en proceso de fusión ya han pedido parte) en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas y sus pérdidas, socializadas.

¡¡VAYA CARA, AMIGO ZAPATERO!!

Zapatero, tras traicionarse a sí mismo y actuando bajo las órdenes de Obama (por cierto, el presidente del país que generó la crisis), dispara todas sus agresivas medidas supuestamente correctoras -como él mismo ha dicho- contra:

«…los ciudadanos y, especialmente, los menos favorecidos.

Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis.»

Señor presidente, ¿por qué no hace algo para evitar los ataques especulativos contra nuestra economía?

Por ejemplo… ¿por qué no cierra la bolsa? (ya, ya sé que es una locura, ¿y sus medidas no lo son?)

¿Y los beneficios de la banca del pasado ejercicio?

¡¡Vaya cara, Rodriguez!!

Sobre las pensiones: el sofisma

Juan García Caselles, en REBELIÓN
Siempre que se habla de las pensiones se parte de una petición de principio, el de que las pensiones han de ser sufragadas por los trabajadores, lo cual puede hacerse de dos maneras. Una, que cada trabajador ahorre durante su vida laboral para constituir un fondo, un seguro, con el cual se pague su pensión de jubilación. Otra, que entre los trabajadores en edad de currar se recaude lo necesario para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. El primero es el método de capitalización y el segundo, el de reparto. Tanto en un caso como en el otro, los paganos son los trabajadores.

Pero si nos fijamos en una clase especial de trabajadores, que son los funcionarios, nos daremos cuenta de que las cosas no son así. En el caso de los funcionarios, con independencia de que la pensión se fije en función de las aportaciones, es el estado sin más quien fija en sus presupuestos la cantidad que se va a pagar.

Y es que tanto las aportaciones a clases pasivas de los funcionarios, como las que hacen los trabajadores a la Seguridad Social, son, sin ninguna duda, un impuesto como otro cualquiera. Es obligatorio, regulado por la ley, ingresado en las cuentas del estado y administrado por él. Como mucho podrá decirse que es un impuesto finalista, porque su rendimiento se destina, no a los gastos generales del estado, sino a fines concretos. Otra cosa es que por las presiones de los distintos grupos sociales quiera aparentarse que son otra cosa.

Por ejemplo, en las aportaciones a la Seguridad Social se distingue entre la aportación del trabajador y la del empresario.
SIN EMBARGO, LA REALIDAD ECONÓMICA DEL ASUNTO ES QUE LA TOTALIDAD DE LA APORTACIÓN LA HACE EL TRABAJADOR, YA QUE LA EMPRESA CONSIDERA QUE TODOS LOS CONCEPTOS CONSTITUYEN UNA ÚNICA COSA, QUE ES EL COSTE REAL DEL TRABAJO
De este coste real el trabajador percibe un salario en mano y el resto es ingresado en las arcas del estado, bien como impuestos (retención del IRPF), bien como aportaciones a la seguridad social del trabajador, bien como aportaciones de la empresa. O sea, todos los pagos responden a la venta que el trabajador hace de su trabajo, no a ninguna otra cosa. Todo lo que no percibe en mano son impuestos con diversos nombres que recauda el estado. Lo demás son monsergas.

Y si, al final, todos los ingresos de la Seguridad Social o de Clases pasivas son un impuesto, ¿qué lío es éste de si somos o seremos bastantes los que trabajan para mantener las pensiones? Las pensiones, todas, se pagan con los impuestos que recauda el estado, y así va a seguir siendo, porque es la única forma de que la gente cobre pensiones. ¿O puede algún banco, tal y como se ha visto en la crisis, garantizar algo que el estado no pueda garantizar? ¿No está ocurriendo exactamente al revés,que es el estado el que garantiza a los bancos?

Pero la recaudación de impuestos no depende del número total de trabajadores, sino del importe del PIB (Producto Interior Bruto). Y si el PIB crece con un número menor de trabajadores, no sé yo donde está el peligro de que no se puedan pagar las pensiones. Hasta las previsiones más pesimistas reconocen un crecimiento de la economía hasta el 2.020 y más, por lo que sea cual sea el ritmo de crecimiento, no parece haber ningún peligro para que el estado recaude los suficiente para la realización de sus fines, incluida la Seguridad Social.

Al final, lo de prolongar la edad de jubilación parece perseguir solamente dos fines reales: uno aumentar la recaudación, porque en España los únicos que pagan impuestos de verdad son los trabajadores. Recordad que en la declaración de la renta, según los datos de Hacienda, los trabajadores ganan más que los empresarios, vaya por Dios. Y el otro crear nuevos fondos de garantía que ayuden a financiarse a la empresas. ¿Os habéis preguntado quien administra los cuantiosos fondos de la Seguridad Social? Pues eso, los bancos.