El pacto de las pensiones: el reconocimiento de una derrota

Lourdes Lucía – ATTAC Madrid

Se acaba de firmar el gran pacto social sobre las pensiones, que ha sido suscrito por el Gobierno, empresarios y los sindicatos con mayor afiliación, CC OO y UGT. En este pacto quizás se hayan paliado, de una forma casi inapreciable, las durísimas medidas propuestas en un principio por los mercados (es decir, los bancos, multinacionales y entidades de inversión financiera y sus organismos: FMI y BM, con el apoyo y complicidad de los Gobiernos), pero el resultado no ofrece dudas: Es una victoria del capital financiero y una derrota para la mayoría de la población. No reconocerlo así es engañarse y engañar a los demás.

Muchos son los factores que han llevado a esta situación y posiblemente uno de los más importantes es la escasa respuesta social en España ante las duras consecuencias que para la población han tenido las medidas impuestas ante la crisis: más de 4.500.000 de parados, cierre de pequeñas y medianas empresas, condena a la desaparición de muchos autónomos, desahucios por impagos de hipotecas, privatización de empresas públicas y de las cajas de ahorro, recorte del gasto social y ahora… una legislación sobre pensiones que pone muy negro el futuro especialmente a las generaciones más jóvenes, pero muy prometedor a los bancos que harán grandes negocios con los fondos privados de pensiones.

Conocer y reconocer la realidad. Por dura y terca que sea, es el primer principio en que debe basarse cualquier organización que quiera ser una fuerza progresista que pretenda transformar la sociedad. Es cierto que las condiciones de negociación no han sido las mejores para los sindicatos que han firmado el pacto, precisamente por esta falta de respuesta social, a la que no es ajena actividad realizada por estos sindicatos durante muchos años. Pero ello no nos puede llevar a considerar un logro lo que no lo es.

Hace tres años explotó una crisis largamente gestada y que, como viene denunciando Attac desde hace más de 10 años, tiene su origen en la falta de regulación de los movimientos de capitales, en la existencia de los paraísos fiscales y en haber puesto en el centro de la economía mundial la especulación como principal y casi única actividad económica, convirtiendo al planeta en un gran casino financiero en el que muy pocos son los que ganan y muchos los que salen perdiendo.

El propio análisis realizado recientemente por la comisión encargada por el Congreso de EE UU de hacer la autopsia de la crisis acusa de avaricia a la banca (Goldman Sachs, Merryll Linch, Lehman Brothers o Citigroup) y atribuye la crisis al apetito desmesurado de los bancos por el riesgo y la ineptitud de las agencias de calificación, a la falta de regulación y la actuación laxa de los supervisores, como la Reserva Federal, y a la falta de iniciativa política para exigir responsabilidades a Wall Street.

Las primeras reacciones llevaron a algunos gobiernos a esbozar tímidas medidas de control y regulación del mercado de capitales, pero sin tomar nunca una decisión resuelta para imponerlas. Por el contrario, salieron en tromba a rescatar a los bancos con miles de millones de euros, de forma que la gran banca se siente hoy más fuerte que nunca, como lo demuestra el hecho de que en Davos haya pasado al ataque con una ofensiva conjunta contra la regulación.

De esta forma y si no se le para, el capital financiero seguirá imponiendo sus normas; y su avaricia sin límites les llevará a imponer nuevas medidas más duras todavía que las aplicadas hasta ahora.

A pesar de lo que los grandes medios de comunicación dicen sobre que no hay más alternativas a la crisis que estas duras medidas, ATTAC dice que SÍ hay soluciones: en lugar de recortar el gasto social, los Gobiernos deben incrementar los ingresos. Y esto se puede hacer: obligando a los grandes especuladores a que paguen un impuesto por las transacciones financieras: 1 de cada 1.000 euros usados en este tipo de operaciones (se trata de controlar y regular los millones de operaciones que se realizan las 24 horas de día, es decir de disuadir y sancionar a los grandes especuladores), suprimiendo los paraísos fiscales y estableciendo políticas fiscales progresivas, que recauden más entre los que más tienen.

Está demostrado por excelentes economistas (que no se han equivocado de la forma escandalosa en la que lo han hecho los que hoy se presentan como “expertos”) e incluso por numerosos inspectores de Hacienda, que con medidas de este tipo se obtendrían los recursos necesarios para afrontar políticas económicas que creen puestos de trabajo y afronten los gastos sociales necesarios para el bienestar social, incluyendo el mantenimiento y mejora de un sistema público de pensiones, que garantice el derecho a la jubilación a partir de los 65 años.

Pero de nada de esto se ha hablado en la negociación.

ATTAC, una organización plural e independiente, no desiste y llama, hoy más que nunca, a todas las personas y fuerzas sociales (sindicales, partidos, movimientos sociales…) para unirse y movilizarse reclamando políticas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

No es un brindis al sol, frente a esta dictadura de los mercados no cabe más respuesta que la presión y la movilización social. Y por difícil que parezca, es posible. La indignación que hoy sienten muchas personas se puede tornar en una gran marea colectiva que desenmascare a los causantes de la crisis y sus portavoces y obligue a los gobiernos a cambiar de rumbo.

Este es nuestro reto.

Pensiones y mentiras

A continuación, algunas reflexiones e ideas respecto a la reforma de las Pensiones por parte de varios críticos con el sistema, y otras del autor de este blog:

El argumento demográfico que se viene dando para justificar la reforma de las pensiones lo puso en marcha el Banco Mundial hace casi tres décadas cuando se comprobó que la propuesta de privatizar completamente los sistemas públicos que deseaban las entidades financieras era demasiado cara y que podía acarrear gran rechazo y conflictos sociales.(Juan Torres López)


Vicens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España:

Hace unos días el nuevo Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en una entrevista dijo que, aún cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible seguir con el sistema de pensiones sin reformar.

Ello no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera 2%, el PIB en 2050 sería 2.20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora 9 unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar de 52% fuera 72% o 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma en la que se basa la REFORMA de las PENSIONES es totalmente infundada. Lo que el estado debiera hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco:

Se están aceptando como hechos incontestables posiciones puramente ideológicas.

Se ligan los cambios a la actual crisis cuando las pensiones no tienen nada que ver con la crisis actual.

El sistema sólo es “insostenible” si nos empeñamos en que debe financiarse exclusivamente con cotizaciones. ¿Por qué ha de ser así?

No me gusta la reforma del sistema de pensiones del Gobierno español, porque no hay ningún compromiso. El Gobierno no se compromete a mantener unas pensiones del 80% o el 70% del último salario, lo que dice es: “si el Señor provee habrá pensiones como hasta ahora y si no provee te dejaré la pensión en la mitad y te aguantarás”


Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla:

En España, un puñado de economistas financiados siempre por la banca han hecho un buen número de predicciones con resultados muy alarmistas que anunciaban déficits en las cuentas de la Seguridad Social en 1995, 2000, 2005, 2010 y hasta 2050. Nunca han acertado, ni siquiera en éste último ejercicio de 2010, en el que a pesar de que hay más de cuatro millones de parados, el sistema ha tenido un mínimo déficit de 278 millones de euros pero compensado sobradamente por el ingreso de los intereses del fondo, obteniendo finalmente un superávit de 2.383 millones de euros.

“Cuando el Gobierno, la patronal, los bancos y los economistas liberales hablan de pensiones, razonan al revés. Primero habría que reflexionar sobre qué parte del PIB se considera adecuada para garantizar una vida digna de los jubilados y luego estudiar cómo alcanzar la financiación necesaria”.


Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona

“El debate se ha planteado sobre una gran cantidad de trampas y de verdades a medias, encaminadas siempre a recortar derechos y fomentar las pensiones privadas”.

“Si el Gobierno quiere mejorar las pensiones, ¿por qué no presenta un plan de medidas de empleo para que los jóvenes empiecen a cotizar antes? ¿Por qué se tolera este altísimo paro juvenil?”

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Otras ideas al respecto:

– El discurso de la hipotética falta de financiación de las Pensiones parte de una premisa errónea, la de considerar a la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado. También a las Pensiones.

– No es creíble que en 30 años no habrá dinero para pagar las pensiones con el sistema actual. Es cierto que habrá más pensionistas, pero también habrá más trabajadores, no en vano la población española ha aumentado en cinco millones en los últimos años y debemos tener en cuenta que hay un 20% de paro, otros 4 millones que algún día tendrán que trabajar, a quienes deberemos sumar los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado laboral cada año de los 30 que quedan para que supuestamente el sistema sea inviable.

– El colapso de las pensiones se ha pronosticado en muchas  ocasiones y el sistema público de pensiones aún no ha caído en ninguna de las crisis anunciadas.

– Las posibles soluciones de mejora al sistema no tienen porqué suponer un retroceso en los derechos adquiridos por la clase trabajadora. ¿Por qué no aumentar las cotizaciones sociales de las empresas con mayores beneficios y de los empleados con mayores salarios y construir de este modo un sostenible sistema de pensiones público, que no dependa de la avaricia de financieros que se puedan jugar en la Bolsa el dinero de nuestros fondos de pensiones? ¿Y qué decir de aumentar la presión fiscal a las rentas del capital y a las transacciones financieras, de perseguir el fraude fiscal, de aumentar los impuestos a los ricos, de no gastarse el dinero de los contribuyentes en armas y en guerras, y de tantas medidas que se tildan de demagógicas? Y cuanto más larga sea la agonía, más publicidad para que los Bancos y las Cajas -que dentro de poco serán de estos bancos, como nuestras pensiones- vendan más y más planes de pensiones a los atemorizados trabajadores.

– Dentro de 30 años habrá dinero para lo que se quiera, tan solo es y será una cuestión de marcar prioridades. A día de hoy, la reforma de las pensiones, al igual que la reforma laboral, son resultado del oportunismo de los poderes financieros de los países de nuestra órbita para colmar su infinita avaricia y hacer negocio también con nuestra jubilación.

– No nos olvidemos de que a ésto les seguirán reformas en otros campos como la sanidad y la educación, aunque quizá para ello haya que provocar otras crisis.

– Por último me parece frívolo hablar de reformas de Pensiones sin reformar el sistema financiero y el de crédito.

Fuentes: Jordi Calvo Rufanges, Miren Etxezarreta, Ignacio Zubiri, Vicens Navarro, Juan Torres

La reforma de las pensiones públicas y el engaño de las privadas

Juan Torres López –  Consejo Científico de ATTAC

El argumento demográfico que se viene dando para justificar la reforma de las pensiones lo puso en marcha el Banco Mundial hace casi tres décadas cuando se comprobó que la propuesta de privatizar completamente los sistemas públicos que deseaban las entidades financieras era demasiado cara y que podía acarrear gran rechazo y conflictos sociales.

Se empezó a decir que la población iba a envejecer mucho y que el gasto público en pensiones iba a llegar a ser insoportable.

En España, un puñado de economistas financiados siempre por la banca han hecho un buen número de predicciones con resultados muy alarmistas que anunciaban déficits en las cuentas de la Seguridad Social en 1995, 2000, 2005, 2010 y hasta 2050. Nunca han acertado, ni siquiera en éste último ejercicio de 2010, en el que a pesar de que hay más de cuatro millones de parados, el sistema ha tenido un mínimo déficit de 278 millones de euros pero compensado sobradamente por el ingreso de los intereses del fondo, obteniendo finalmente un superávit de 2.383 millones de euros.

Es verdad que el gasto público en pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende de dos factores: del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad de la población, y de la cuantía de la pensión que reciban (así mismo, puede aumentar el envejecimiento y no el gasto si al mismo tiempo baja la cuantía de la pensión, que es lo que se busca).

Por tanto, es lógico que, a medida que un país se desarrolla y dispone de un mejor sistema sanitario y de condiciones de vida más saludables, aumenten los años de vida de su población y que eso suponga que haya un mayor número de personas que queden al margen de la vida laboral a partir de un determinado momento. También es lógico, aunque esto se lo están callando, que a medida que se va dando este proceso de desarrollo, aumente la productividad, de modo que cada vez un menor número de personas empleadas pueden sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.

En lugar de presentarnos esas dos circunstancias de manera conjunta, insisten en la primera como el origen de un futuro desastre financiero afirmando que el envejecimiento continuado de la población hará que llegue un momento (ahora dicen que en torno a 2050) en el que el gasto público en pensiones (dado el número de pensionistas y la “generosidad” de nuestras pensiones) será insoportable. De ahí deducen que no queda más remedio que empezar ya a reducir la cuantía de la pensión (ampliando el periodo de cálculo) y el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).

Puesto que esto implica lógicamente que la pensión será más tardía y de menor cuantía, al mismo tiempo se recomienda a la población que suscriba pensiones privadas. Así lo hizo expresamente hace unos meses el anterior ministro de Trabajo:Corbacho -informó la prensa- recomienda contratar un plan privado para completar la pensión (Cinco Días 10-3-2010).

Todo esto parece muy lógico. Tanto, que la población está asustada y tiene la convicción de que eso será lo que ocurra: nos hacemos demasiado viejos y el estado ya no podrá garantizarnos la pensión que ahora reciben los actuales pensionistas cuando nosotros nos jubilemos. Convendrá, pues, que suscribamos algún fondo de pensión privado.

Pero es importante saber que detrás de estos argumentos hay un monumental engaño. Según las predicciones más alarmistas (de esos que nunca han acertado lo que iba a ocurrir ni en los cinco años próximos) el gasto “insoportable” al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 15% o un 17% de nuestro PIB. Parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%. Es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales de las pensiones pública ha reconocido que ese no es el auténtico problema del sistema.

Pero lo más grave es que a la hora de sacar conclusiones sobre las consecuencias de ese mayor gasto público en pensiones no se tienen en cuenta otros factores o simplemente se minimizan. Si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, que depende de sus gastos e ingresos, no se deberían poner sobre la mesa solo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Tal y como se está haciendo, solo proponiendo recortar gastos, simplemente se consigue empeorar la condición de vida de la población pensionista, ahora y en el futuro, una forma bastante torticera de resolver los problemas del sistema. Lo correcto, por el contrario, sería hablar también de los factores de los que dependen sus ingresos. A saber: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para hacer ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras no se hable de todo esto sino solo de aumentar la edad de jubilación y alargar el periodo de cotización se estará planteando un debate injusto y falso que no beneficia al futuro de la seguridad social sino que lo debilita.

Y lo importante es saber que ese debate no se está haciendo así por casualidad. Se hace, como he dicho, para incentivar la suscripción de los llamados planes de pensiones privadas. Es lógico que las personas que una y otra vez oyen que cuando llegue su jubilación no van a tener suficiente pensión pública traten de ahorrar para tener una privada. Pero ahí también hay dos trampas.

La primera es obvia: no todos tienen la posibilidad de ahorrar. De hecho, es imposible que lo haga el casi 60% de las familias españolas que afirma que no llega a fin de mes. La segunda trampa es la que se está ocultando a los incautos que suscriben pensiones privadas: su rentabilidad es mínima, casi siempre negativa en términos reales al tener en cuenta la subida de precios.

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) hizo públicos el pasado 31 de diciembre los datos sobre rentabilidades medias anuales ponderadas de los Planes de Pensiones del Sistema Individual, en función de una muestra de 1.229 Planes que representa aproximadamente el 99% de su patrimonio total.

En el cuadro 1 que se presenta más abajo se resumen dichas rentabilidades y en el 2 la de los planes garantizados de algunos de los fondos de pensiones del Banco de Santander. Confirman los resultados de un estudio de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones (Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009) que comenté hace unos meses en TEMAS PARA EL DEBATE. Mostraba este estudio que en los últimos diez años, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a 10 años.

Es evidente, pues, que estos planes privados de pensiones que quieren convertirse en sustitutos de las pensiones públicas son una verdadera engañifa financiera. La inversión que se hace en ellos solo se puede llegar a compensar, si acaso, con la desgravación fiscal tremendamente injusta (porque la disfrutan solo los contribuyentes de rentas más altas) que llevan consigo, y que supuso en 2010 un gasto fiscal de 1.443 millones de euros, casi la misma cantidad del recorte en las pensiones (1.500 millones de euros) que sufrieron, sobre todo, las clases de menos ingresos.

Los bancos crean primero el alarmismo sobre la solvencia de las pensiones públicas financiando estudios que realizan economistas con muy poca capacidad predictiva y difundiendo luego sus conclusiones por todos los medios además de obligar a los gobiernos a recortar los derechos de los pensionistas. Así atraen miles de millones de los que pueden ahorrar algo de sus sueldos. Colocan esos recursos en los mercados financieros con altas ganancias pero no devuelven esa rentabilidad a los clientes. Y eso, si es que tratando de ganar lo máximo posible no llevan a la quiebra a los fondos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, y obligan a los gobiernos, como recientemente en Estados Unidos, a que pongan cientos de miles de millones para salvarlos. Un negocio redondo para los bancos.

Y así, a base de mentiras y medias verdades, es como se llevan a cabo las reformas de las pensiones públicas.

NOS JUBILAREMOS MÁS POBRES

Juan Carlos Escudier en Público

Podemos vestirlo de Prada, pero lo que el Gobierno ha conseguido en su maratón negociador sobre pensiones es que los sindicatos acepten que la edad legal de jubilación se retrase a los 67 años y que su cuantía se reduzca considerablemente.

La inmensa mayoría seguirá jubilándose como lo hace ahora pero cobrando menos, por mucho que se haya introducido la excepción para aquellos raros especímenes que puedan acreditar 38,5 años de cotización, a los que se permitirá recibir la pensión íntegra a los 65 años. A esto en pintura se le llama trampantojo. Estamos ante un artificio, ya que en un país que tiene al 20% de su población activa en paro el reto de trabajar ininterrumpidamente desde los 26 años para alcanzar la meta de la jubilación a los 65 es sencillamente una quimera. No lo conseguirán los menos preparados, cuyas vidas laborales suelen asemejarse a dientes de sierra, y menos aún quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo para completar sus estudios con doctorados o másteres, aunque computen por un máximo de dos años a efectos de cotización los períodos transcurridos como becarios. No se ha sido sincero con la reforma.

Retrasar la edad de jubilación no implica que se trabajen más años para sostener el sistema, y la prueba es que se arbitrarán otras excepciones para aquellos oficios considerados penosos. Lo que se consigue al endurecer los requisitos para cobrar la pensión máxima o aplazar dos años el derecho a la jubilación anticipada es demorar el acceso de los trabajadores a la nómina de la Seguridad  Social y, paralelamente, recortar sus prestaciones. Los que prolonguen su actividad hasta los 67 años o más allá serán los mismos que lo hacen ahora, fundamentalmente profesionales dedicados actividades liberales. Nadie trabajará más tiempo en un mercado laboral que expulsa por norma a los mayores de 50 años y cuya tasa de paro entre los menores de 24 años ronda el 45%.

¿Que qué han hecho los sindicatos? Pues lo que han podido, dada su increíble fuerza menguante. Muchos de los que les criticarán por el pacto jamás secundarían sus acciones de protesta. Las centrales se han ahorrado una huelga general a la que temían más que el Gobierno y, por lo que parece, han conseguido mantener la ultraactividad de los convenios colectivos. Es lo que hay.

El mito de negociar

Con compradores así da gusto regatear

Isaac Rosa en Público

“La reforma no supone un recorte de derechos sino una ampliación de derechos, pues consolida el sistema de pensiones.” -Jesús Caldera, secretario de Ideas y Programa del PSOE-

Ayer me llamó mi casero y me dijo que me subía el alquiler quinientos euros. Yo le dije que teníamos un contrato que respetar, y que iba a denunciarle, y entonces él me propuso negociar. Tras varias horas reunidos, he conseguido que sólo me suba trescientos euros, así que estoy muy satisfecho, pues me ahorro doscientos. Otra prueba de que el diálogo es la mejor solución a los conflictos.

A falta de pasarle la lupa al acuerdo de pensiones, a muchos se nos ha quedado la misma cara de tonto que se le puso a mi mujer cuando le enseñé la foto del apretón de manos con el casero: nos han retrasado la edad de jubilación, nos han metido más años de cotización para la pensión completa, y nos han aumentado el período de cálculo. Ah, pero eso sí, con acuerdo; y como además la propuesta del gobierno era todavía peor, hasta tenemos que alegrarnos.

La vistan como la vistan, la reforma es un recorte de derechos, y gordo. Si hace unos meses nos dice el gobierno que va a aumentar la edad de jubilación a 67 años, que habrá que cotizar 37 años para tener el 100%, que para quedarte en los 65 necesitarás tres años y medio más que hasta ahora, y que usarán los últimos 25 años para calcular la pensión, nos habría parecido un atraco. Y eso es lo que tenemos hoy.

Sí, es verdad que podía haber sido peor, que la propuesta del gobierno era aún más dura. Pero lo acordado hay que compararlo con lo que teníamos, y hemos perdido.

Como la negociación ha tenido mucho de regateo (“Yo digo 39”, “No, 38”, “Vale, ni para ti ni para mí: 38 y medio”), hay que recordar cómo funciona el viejo arte del regateo: el vendedor pide el máximo, el comprador ofrece el mínimo. Que el gobierno propuso su máximo está claro. ¿Por qué los sindicatos pusieron su mínimo tan alto? Es más: ¿por qué aceptaron ese regateo, si no se sentían con fuerzas?

Y todavía querrán convencernos de que han hecho un buen negocio. Me recuerda a los que van al Rastro, entran en un chamarilero y pagan quinientos por una chatarra por la que el vendedor pedía mil. Y se van contentos presumiendo de que se lo han sacado por la mitad.

¡¡LO HAN HECHO!!

Reforma de las Pensiones

Reforma Pensiones

Algunos queríamos creer que no era posible, pero hoy nos hemos despertado del sueño y finalmente se ha perpetrado:  Sin crear la más mínima expectativa de empleo y sin exigir responsabilidades a los artífices de la crisis, el gobierno ha decidido hipotecar el futuro de todos los que hoy son jóvenes con trabajo precario o sin él, que son la mayoría*, y que muy difícilmente van a poder llegar a alcanzar, con la nueva ley que van a dictar, una pensión máxima.

Ahora, una vez perpetrada una de las más vergonzantes agresiones a las capas más humildes, que nadie podía imaginarse en un gobierno socialista, como es el recorte de las Pensiones  y con UGT y CC. OO. ejerciendo de mamporreros, Zapatero sacará pecho y se presentará con los “deberes cumplidos” ante su superior Merkel.

He de decir en descargo de los sindicatos, que ante esta nueva medida de empobrecimiento que como mucho han forzado a conseguir migajas, que con esta sociedad anestesiada -que es capaz de “salir a la calle” por la Ley del Tabaco e incapáz en extremo ante graves desafueros como éste- su fuerza y su capacidad de presión se aproximan a cero.

Zapatero se examina ante Merkel

Ha de señalarse que las prisas y las amenazas del gobierno para tratar de aprobar esto -de cualquier manera- en el consejo de ministros de mañana viernes se explica en lo que va a suceder la próxima semana en la que veremos una nueva escena de vasallaje cuando venga la Merkel a examinar los deberes que Obama y ella impusieron a Zapatero en aquellos fatídicos días de Mayo del pasado año en los que fuimos objeto de uno de los ataques de codicia más feroces por parte de los que mandan a los tres anteriores, los Mercados.

Y todo ello ante el PP haciendo el tancredo y frotándose las manos para que le hagan el trabajo sucio que ellos desean para su próximo gobierno, sin descartar que guiados por su ideología -éstos sí- profundicen aún más en la destrucción de aquello que antes se llamaba “estado de bienestar” y que a partir de ahora nadie recordará.

* El 43,6% de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años ni estudia ni trabaja.

EL DOGMA NEOLIBERAL Y LAS PENSIONES

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Estamos viendo una avalancha mediática por parte del establishment financiero que tiene como objetivo convencer a la ciudadanía española de que existe un consenso entre los expertos de que hay que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación en España, utilizando argumentos que se presentan como científicos, cuando en realidad son profundamente ideológicos, lo cual es fácil de demostrar.

Si el debate que se está realizando sobre las pensiones fuera un debate científico, la dinámica del mismo sería distinta.

En un debate científico, si un autor presenta datos que nieguen la validez de los que han sido utilizados por otros autores en defensa de sus tesis, estos autores, en su continua defensa de sus argumentos, no pueden ignorar estos nuevos datos aportados por sus críticos. Tienen que cambiarlos o responder a sus críticas indicado su desacuerdo. De no hacerlo así, correrá el riesgo de perder su credibilidad. Es así como la ciencia se construye. Aparecen tesis y contratesis que deben contrastarse para ver su validez científica.

Pues bien. Esto no está ocurriendo en el debate sobre las pensiones.Los autores que sostienen la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación continúan utilizando datos para apoyar sus tesis de inviabilidad del sistema de pensiones públicas españolas, a pesar de que otros autores han demostrado la falsedad de tales datos. La primera voz que utilizó datos erróneos para justificar el retraso obligatorio de la edad de jubilación fue la Comisión Europea en su informe sobre las pensiones en España. En tal informe se escribía que “las pensiones pasarán de representar un 8.4% del PIB en el año 2007 a un 15.2% del PIB en el año 2060, lo cual convierte el sistema público de pensiones en insostenible”. Esta postura, utilizando la misma narrativa y los mismos datos, ha sido reproducida por el Banco de España, por los informes del BBVA y del Banco de Santander, por la Fundación de las Cajas de Ahorro, por el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por los mayores bancos y grandes empresas de España) y últimamente por la OCDE. Todas estas instituciones no son instituciones científicas sino instituciones financieras o próximas a la banca y al mundo de las grandes empresas. Tienen un enorme poder en configurar la sabiduría convencional económica del país, la cual promueven a través de fundaciones, revistas académicas, prensa diaria, y otros medios. Establecen así la ortodoxia económica, con su propia Inquisición, que margina o ignora a las voces críticas que no comulgan con su ideario neoliberal. (Por cierto, acaba de estrenarse un excelente documental en EEUU, “Inside Job”, sobre como se generó la crisis financiera en EEUU, mostrando el papel clave que la banca jugó en establecer la ortodoxia neoliberal que llevó al desastre. El documental también muestra como los departamentos de economía y escuelas de negocio de las universidades estadounidenses más conocidas crearon tal ortodoxia, analizando las conexiones de estos centros universitarios con el mundo financiero. Un tanto igual podría escribirse sobre las conexiones entre el mundo universitario y las instituciones financieras y empresariales en la creación del argumento de la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en la Unión Europea, incluyendo España).

Esta observación no quiere decir que todos los que utilicen aquel argumento y aquellos datos de insostenibilidad sean neoliberales o estén defendiendo los intereses del mundo financiero. En realidad, como firmas del manifiesto de los 100, hay economistas que no encajan dentro del ideario neoliberal. Y el propio Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en respuesta a una pregunta de una periodista de El País (12.12.10), la cual le preguntó si el aumento de la productividad no invalidaba el argumento de insostenibilidad, el Ministro respondió que incluso si la productividad aumentara un 2 o un 2.5% por año, el sistema de pensiones públicas sería insostenible en el 2050, pues tales pensiones absorberían el 15% del PIB, una cifra, según él, inviable. Y pocos días después, un economista de credenciales progresistas, el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, acentuaba el mismo argumento, con parecidas cifras. El hecho de que incluso tales autores reproduzcan estos datos y argumentos muestra el grado de dominio de tal pensamiento en la cultura económica del país.

El que existan también personas progresistas no neoliberales que sostengan aquellas tesis de inviabilidad, se presenta como el “consenso” entre expertos. Pero se ignora deliberada y maliciosamente, que hay muchas voces críticas de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Autores como Dean Baker, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington, y el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en EEUU, y el Catedrático de Economía Juan Torres y yo (entre otros) en España hemos criticado tales argumentos, documentando el error de los supuestos que cuestionan la insolvencia de la Seguridad Social. En el caso español, he mostrado como las pensiones pueden representar un 15% del PIB en 2060 y no ser ningún problema. Y he explicado porque esto no es un problema. Lo hago ahora de nuevo.

Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año (una cifra razonable), esto querría decir que en el año 2060 el PIB sería 2.20 veces mayor que ahora, cifra que se calcula elevando el 1.5% a la 53 potencia (2060-2007= 53 años). Esto quiere decir que si el PIB fuera 100 en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Naturalmente que el PIB en 2060 será mucho mayor que 2.20 veces que ahora, debido predominantemente a la inflación. Pero es importante comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, que cuando digo 2.20 veces mayor, estoy utilizando monedas con la misma capacidad de compra. O sea que el PIB de 2060 que utilizo es el que España tendría descontando la inflación.

Pues bien, en el año 2007 nos gastábamos 8 unidades en pensionistas y 92 en no pensionistas. Y en el año 2060 nos gastaríamos el 15% de 220, es decir, 33, en pensionistas y para los no pensionistas 220-33=187. Resultado del incremento de la productividad, habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. En realidad, hace cincuenta años nos gastábamos en España menos de la mitad que ahora en pensiones públicas, y aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones se ha más que doblado, ello no ha implicado que haya menos recursos para los no pensionistas. Si ustedes leen las hemerotecas de hace cincuenta años, verán que se utilizaban los mismos argumentos que se utilizan ahora por los catastrofistas.

El silencio frente a las críticas

Frente a estos datos, los que sostienen la tesis de inviabilidad del sistema de pensiones público (en el caso de que sus argumentos fueran científicos) debieran responder y decir porque estos datos no invalidan sus tesis. Lo que no pueden hacer (repito, si es que se consideran científicos) es ignorarlos y continuar repitiendo como papagayos las mismas tesis y utilizando los mismos datos, tal como están haciendo. Y ahí está la prueba de que no son científicos, sino ideólogos, lo cual aparece incluso más claramente cuando ignoran y nunca citan los trabajos y los datos de los autores que muestran sus falacias o errores.

Los datos que he mostrado se han publicado en muchos forums, tanto en revistas científicas, como en diarios y prensa escrita. Pues bien, no han sido en su mayor parte contestados.

En un debate científico serio uno esperaría que los autores que utilizan aquellos datos catastróficos cuestionaran varios supuestos de mis tesis. Uno, por ejemplo, podría ser el de estar en desacuerdo en que la economía española pudiera crecer un 1.5% por año. Me parecería un debate productivo y relevante. ¿Cuánto puede aumentar la productividad en España, y cómo aumentarla? ¿Y cómo ello afectaría los recursos futuros para sostener la Seguridad Social? Otro debate podría ser como el impacto de la entrada de la mujer en el mercado laboral podría afectar las cifras que se utilizan para analizar el incremento de la riqueza y, por lo tanto, los recursos de 2060. Y muchos otros temas.

Sin embargo, ha habido un silencio ensordecedor sobre estos temas (excepto un grito histriónico de un portavoz del manifiesto de los 100 economistas negando que la productividad crecerá en España, lo cual, de ser cierto –que no lo es- sería un problema gravísimo, mucho mayor que el de la sostenibilidad de las pensiones). Y ahí es donde se muestra el carácter ideológico de tales argumentos. Presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal, como la OCDE, la Comisión Europea, o Fedea (todas ellas instituciones que tienen escasa credibilidad científica) como instituciones que gozan de credibilidad científica es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización de preservativos (como medida protectora contra el SIDA) tiene credibilidad científica. En todos estos casos la motivación de sus argumentos es la fe (católica) en el caso de la Iglesia, y neoliberal en el caso de aquellas instituciones.

¿Quiénes son los supuestos expertos?

Otro ejemplo de la campaña propagandística neoliberal es la presentación de economistas próximos a la Banca (tales como los analistas de Fedea) por parte de los medios de mayor difusión del país como “expertos en pensiones”, tal como hace El País en un análisis sobre las pensiones. Uno de tales expertos es José A. Herce, que ha ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada diez años. En 1995 predijo que la Seguridad Social tendría un déficit del 0.62% del PIB en el año 2000 y del 0,77% en el 2005. Un año más tarde, 1996, predijo que el déficit sería de 1.35% del PIB en el 2000, y del 1.80% en el 2005. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. Ello no frenó al Sr. Herce que, en su testimonio en el 2009 en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, aseguró a la Comisión que la Seguridad Social entraría en déficit en el año 2020. Aconsejo al lector que vea lo poco creíbles que han sido las predicciones de tal llamado “experto” y otros, detallado en el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, distribuido por Attac.

Es sorprendente la relajación del rigor y excesiva tolerancia de algunos medios en la reproducción del dogma neoliberal. ¿Se figura usted que un médico errara sistemáticamente sus diagnósticos dañando al paciente como consecuencia de ello, y que continuara siendo presentado como un gran clínico? Pues esto es lo que está ocurriendo.

Artículo publicado en EL PLURAL

La financiación de las pensiones

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO en Público

02-12.jpgDesde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.
En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.
Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?
Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.
Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.
Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.
La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Ilustración de Patrick Thomas

Jubilaciones: QUE NO NOS ENGAÑEN

Esta es la realidad de las pensiones en nuestro contexto europeo:

Uno de los MENORES GASTOS en relación al PIB y una edad real de jubilación de las MÁS ALTAS.

Fuente:  El Correo


En los cambios que están adoptando otros países, además de las edades se ha de observar sus fechas de aplicación:

  • Austria, incrementará de los 60 a los 65 años entre 2024 y 2033.
  • Bélgica, para las mujeres, de los 64 a los 65 años desde 2009.
  • La República Checa, incrementará hasta los 63 años para los hombres y de 59 a 63 años para las mujeres, para el año 2013.
  • Dinamarca, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2027.
  • Alemania, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2029.
  • Hungría, incrementará de los 65 a los 67 años en 2020 para las mujeres y de los 62 a los 65 años para los hombres. Además, en una segunda fase, a 68 años para las mujeres y a 69 años para los hombres en 2050.
  • Italia, incrementará de los 57 a los 58 años en 2008 y a 61 años en 2013.
  • Reino Unido, incrementará a los 65 años en 2020 sin diferenciar entre hombres y mujeres y aumentará a los 68 años entre 2024 y 2046.
  • Francia, pasará de los 60 años actuales a los 62

Las pensiones que no se revisan

por Javier Alfonso

En pleno debate sobre el recorte de las pensiones, conviene recordar las que disfrutan los diputados y senadores que manejan la tijera, aprobadas sin luz ni taquígrafos por un puñado de ellos un día de verano de 2006, mediante un reglamento publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (PDF).

Mientras los españoles deben cotizar 15 años para tener pensión contributiva y 35 para alcanzar el 100% de su pensión, a los legisladores les basta calentar el escaño 7 años para obtener pensión y 11 para alcanzar el 100%. Dos números primos frente a los redondos 15 y 35 años, pero nada es casual: 7 y 11 años son casi dos y tres legislaturas, respectivamente. Otra prerrogativa les libra de pensar en su futuro al alargar el período de cálculo. No tienen que calcular nada porque tienen garantizada la pensión máxima. Y hay más. Por explicarlo con un ejemplo, un diputado que ejerciera 11 años y dejara el escaño a los 55 sin haber cotizado ni un día más tendría derecho a un sueldo del Parlamento hasta su jubilación y, después, a la pensión máxima.

El reglamento justifica la desigualdad en la necesidad de “situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno”. ¿No debería ser parte del debate de las pensiones equiparar las de los diputados no al entorno alemán, sino al de los españoles?