Gerardo Pisarello y Jaume Asens –  Sin Permiso

Mientras más se agudiza la crisis en la periferia de la zona euro, mayor es la impresión de que sus principales causantes se han propuesto convertirse, sin práctica oposición, en sus grandes beneficiarios.

La gran finanza no sólo no ha sido objeto de controles y sanciones efectivos, sino que ha visto reforzado su poder, convirtiéndose en una auténtica espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares en general. En ese contexto, la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella penal contras las agencias de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales supone una pequeña grieta en este panorama sombrío. Por vez primera, Moody’s, Standard & Poors y Fitch deberán responder ante un tribunal español por la alteración del precio de la deuda pública y por la utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio (arts. 284 y 285 del Código Penal). Esta iniciativa debería verse, desde luego, como un intento de poner coto a la impunidad de los más fuertes, cuando la mayoría de instituciones públicas se ha rendido a la impotencia o ha optado por la complicidad. Pero también como la respuesta ante un modus operandi que, de no detenerse, acabará por arrasar no sólo con los endebles cimientos democráticos de nuestras sociedades sino también los derechos básicos de la mayoría de la población.

Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios. Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como Enron o Lehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra. Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. Las agencias intentaron sostener que sus informes eran una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sus impugnadores, no obstante, sostuvieron que habían actuado sin rigor ni transparencia, que se habían beneficiado de información reservada procesándola de manera fraudulenta y favoreciendo a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se dictaron algunas sentencias en su contra y se impusieron nuevas regulaciones. Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras recibieron ingentes cantidades de ayuda que permitieron convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligara, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que habían contribuido a crear. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todavía hoy la legislación española impide a las familias que han contraído hipotecas impagables entregar el inmueble y liberarse, al menos, de su deuda con los bancos. Es más, cuando la ejecución se realiza y la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. Esta situación, en la que podrían verse indicios de un enriquecimiento ilícito y de una estafa castigada por el Código Penal, ha sido considerada por los poderes públicos como una garantía para la recuperación del sistema financiero.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez. En el momento de expansión del boom inmobiliario, su negocio había consistido en sobrevalorar activos, empresas y solvencias con frecuencia vinculados a activos tóxicos. A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

Si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda y del empleo de miles de familias, el pesimismo de hoy alimenta sin cesar la espiral de recortes en el resto de derechos sociales. Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1].En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan. Lo que sí parece evidente es que las agencias no califican del mismo modo a las empresas y a las instituciones públicas. Ni a los gobiernos conservadores, de derechas, que a aquéllos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes.

Al igual que cuando calificaban al alza los activos tóxicos, las agencias insisten en que al juzgar la deuda pública sólo actúan como una suerte de periódico económico: emiten opiniones que nadie está obligado a contratar, cuya credibilidad, en última instancia, depende de lo que decidan los inversores. En parte esto es cierto. Un gobierno dispuesto a controlar con rigor la banca privada, obligándola a asumir responsabilidades por sus actuaciones, a fortalecer la banca pública y a realizar políticas fiscales progresivas, seguramente sería mucho menos dependiente de la financiación externa y, en consecuencia, de las agencias. El ejemplo de Islandia sigue siendo una prueba de que la sumisión total a los poderes financieros no es la única alternativa.

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla. En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado. O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. La situación de los gobiernos socialistas de la periferia europea –Portugal, España o Grecia– no es exactamente ésta, pero guarda algunas semejanzas. Al carecer de una agenda política y económica alternativa, se han visto forzados a contratar a las grandes agencias e incluso a asumir los recortes sociales que éstas utilizan como indicio de solvencia. En 2009, ante una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el gobierno español sostuvo que la contratación de estos servicios era necesaria porque muchos inversores internacionales requerían que la deuda tuviera una calificación mínima para adquirirla. En la misma respuesta, informó que la Dirección General del Tesoro y Política, dependiente del Ministerio de Economía, pagaba 280.000 euros al año a Standard and Poors, mientras que con Moody’s desembolsaba 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión en divisas, sin superar los 250.000 euros. Sin embargo, su disposición al ajuste nunca ha sido considerada suficiente y su deuda pública ha sido calificada a la baja en más de una ocasión [3].

El problema, como consta en la querella presentada en la Audiencia Nacional, es que no es inusual que esta evaluación se produzca minutos antes del cierre de las operaciones en bolsa. Este tiempo es más que suficiente para que aquellos que cuenten con información puedan beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Esta hipótesis no es descabellada. Algunas de las entidades que más deuda pública española tienen, como Deutsche Bank, Hypo Real Estate o Barclays, son clientes de las grandes agencias. Lo mismo que ocurre con otras importantes tenedoras europeas de deuda española como DZ Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, WGZ, Postbank, West LB, Sociéte Generale, Rabobank o The Royal Bank of Scotland.

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país. Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad. La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual. No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara[4].

Uno de los principales propietarios de la agencia Moody’s es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffet e integrado por otros magnates como Bill Gates. Además de Moody’s, Berkshire Hathaway controla un amplio espectro de negocios vinculados a energía, telecomunicaciones, transportes, materiales de construcción, además, claro, de seguros y productos financieros. En 2008, tanto Barack Obama como John McCain mencionaron a Buffet como posible Secretario del Tesoro o como Asesor Financiero, una tarea que éste había desarrollado ya en 2003 para el gobernador de California por el Partido Republicano, Arnold Shwarzeneger. El otro grupo económico con peso en Moody’s es Davis Selected Advisers, una empresa de inversores presidida por Shelby Davis. Su padre, Shelby Cullom Davis, también era un banquero vinculado al Partido Republicano que fue embajador en Suiza durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford.

Standard and Poors, por su parte, está controlada por la compañía Mc Graw Hill. Aunque fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, Mc Graw Hill también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold “Terry” Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.

La agencia Fitch es la más pequeña de las tres grandes, y está fuertemente vinculada al grupo Fimalac S.A., con sede en Francia. Además de ocuparse de servicios financieros, Fimalac se dedica también a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. La presencia gala es aquí determinante. El presidente del holding es F. Marc Ladreit de Lacharrière, administrador además de empresas como L’Oréal, Renault o Casino, miembro del consejo asesor del Banco de Francia y Miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Frania. Estrechamente ligado al Grupo Bilderberg, Ladreit de Lacharrière también se ha prodigado, al igual Buffet o Mc Graw Hill, por sus actividades filantrópicas y sus compromisos con la educación. En 2009, de hecho, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y colaborador del programa Educación para Todos. Eso no le ha impedido mantener estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo duro de la Unión Europea. “Francia y Alemania” –declaró el influyente propietario de Ficht en 2010- “disponen de credibilidad ante los inversores, que deciden y son los dueños del juego, porque tienen dos pilotos en el avión: Nicolás Sarkozy y Angela Merkel”.

En realidad, la tragedia de nuestra época reside en que los gobiernos que hoy padecen ataques especulativos carecen de autoridad para combatirlos, puesto que la connivencia con sus perpetradores ha sido todo menos excepcional. Como bien ha explicado el jurista y economista William Black, han sido las instituciones públicas las que han autorizado la desregulación de los mercados financieros, las que se han negado a aplicar con contundencia las medidas anti-trust que todavía existen y las que han despenalizado las actuaciones fraudulentas ocurridas antes, durante y después del estallido de la crisis. Estas medidas han generado un sistema de incentivos perversos basado en la búsqueda de elevadísimos beneficios en el corto plazo al precio de pérdidas seguras en el futuro. Todo ello en un ambiente criminógeno en el que los diferentes actores –bancos, agencias, reguladores públicos- tienen buenas razones para no decir nada y mirar hacia otro lado [5].

Es en este contexto, precisamente, donde la acusación popular contra las agencias cobra más sentido. Como una iniciativa jurídica, ciudadana, dirigida a cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población. Y a forzar, naturalmente, una discusión de fondo sobre la depuración y democratización radical del sistema financiero actual. Haciendo gala del enorme poder que ha conseguido acumular gracias a la ausencia de límites jurídicos efectivos, Buffet ha podido declarar: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. No en vano, tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia Nacional, las agencias han contraatacado y han enviado a miembros de dos de los grandes despachos de abogados españoles especializados en defender a este tipo de empresas a presionar a la justicia. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándolos a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus criminales maniobras.