Los empresarios quieren que les paguemos su multa

La Hacienda Foral de Bizkaia está empezando a reclamar a las empresas la devolución de las subvenciones fiscales a la inversión de las que se vieron favorecidos -ahora sabemos que ilegalmente- durante la década de los 90.

Eran las denominadas «Vacaciones Fiscales».

Como ya temíamos en otro artículo relacionado de hace casi un año, ahora nuestros simpáticos empresarios SE NIEGAN A DEVOLVER esas subvenciones y quieren que paguemos todos la enorme multa que la Comisión Europea ha puesto a las haciendas vascas por este motivo.

CRISIS II: Las Mentiras de la Crisis

«Una crisis de verdad y muchas mentiras como respuesta»

Juan Torres López*

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz titula los capítulos cuatro y cinco de su libro sobre la crisis Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial de forma bien significativa: «El fraude de las hipotecas» y «El gran atraco estadounidense». Me parece que lleva razón porque los engaños y las mentiras continuadas que vienen acompañando a la crisis son su principal característica.
En este texto quisiera referirme a algunas de estas mentiras, a las que me parecen más escandalosas y que más han circulado precisamente porque eran las más efectivas para lograr el fin que se pretendía divulgándolas: la desmovilización ciudadana ante el reforzamiento del poder de los de siempre. Algo que sólo se puede conseguir si se le oculta a la gente lo que de verdad sucede y si al mismo tiempo se desvía su atención de los asuntos capitales a los más intrascendentes o si se crea un clima de shock, de temor y de incertidumbre.

Mentira 1
«ESTO ES POCA COSA, UNA SIMPLE PERTURBACIÓN FINANCIERA»
Los dirigentes y responsables políticos y económicos más poderosos trataron de quitar importancia desde el primer momento a la crisis que se venía encima. El presidente del Gobierno español negó durante largo tiempo que hubiera crisis; una desaceleración si acaso, decía. En el mes de junio de 2007, cuando ya se había empezado a mostrar la calamitosa situación de la banca hipotecaria de Estados Unidos, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional hablaba de «la favorable situación económica mundial» y el director gerente, el español Rodrigo Rato, afirmaba en agosto que la economía internacional hacía frente a «turbulencias en los mercados financieros» pero que «mantendrá su buena marcha». En octubre de ese mismo año el Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional expresaba en un comunicado que la economía mundial «continúa estando respaldada por puntales económicos sólidos» (Las referencias de estas declaraciones y de los datos que ofrezco en este texto pueden encontrarse en mi libro «La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?», 2010).
El Banco de España también difundía este tipo de opiniones. En el Informe Anual de 2007 (escrito a mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un «episodio de inestabilidad financiera» y sólo señalaba «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía» pero «en horizontes más alejados».
¿Estaban en la inopia los funcionarios mejor pagados del mundo, los economistas más reputados eran simplemente ignorantes e incompetentes o sencillamente mentían? Seguramente sufran una mezcla de todo ello.
Como dice Joseph Stiglitz, es lógico que los banqueros centrales no hicieran un análisis realista de la situación porque sólo leen lo que les da la razón. El análisis diferente al suyo simplemente no existe para ellos. Como tampoco cuenta para los economistas pagados por las grandes empresas y los bancos (como en España ocurre con los 100 famosos que trabajan financiados por ellos en torno a FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que no tienen en cuenta más que el pensamiento que les da la razón y nunca el que muestra tesis diferentes a las suyas. Es muy fácil comprobar que hay una doctrina económica oficial que se repite en los centros de poder, en las universidades y en los medios de comunicación sin dar entrada a enfoques que la pongan en cuestión. Eso es lo que explica que esos dirigentes y economistas liberales se hayan acostumbrado a mirar el mundo sólo a partir de sus postulados y que al llegar la crisis no tuvieran en cuenta a quienes, desde otro tipo de análisis más realistas, advertían del peligro.
Pero aun así es difícil creer que se trate sólo de un simple desconocimiento si se tiene en cuenta que insistían en quitar importancia a los hechos cuando esas advertencias eran ya casi un clamor generalizado.

Mentira 2

«NADIE PUDO PREVER LA CRISIS.  SE NOS ECHÓ ENCIMA DE REPENTE»
La crisis se podía prever fácilmente y se previó por muchos economistas por la sencilla razón de que no ha sido un caso aislado ni mucho menos. De 1945 a 1970, cuando había control de capitales y un claro predominio del capitalismo nacional basado en la producción de bienes y servicios, las crisis financieras se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. Pero desde esa fecha, y sobre todo a medida en que se fueron liberalizado los mercados financieros para dar plena libertad a los movimientos de capital, las crisis financieras de todo tipo se han hecho casi una constante: los economistas Gerard Caprio y Daniela Klingebiel han contabilizado en un estudio para el Banco Mundial 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países desde 1970 hasta 2003, y 113 episodios de estrés financieros en 17.
Muchos economistas adelantaron lo que iba a ocurrir o incluso advirtieron a sus autoridades de lo que se estaba gestando. Pero lo que ocurrió fue que éstas se cruzaron de brazos sencillamente porque lo que buscaban no era servir a los intereses públicos sino a las grandes empresas y corporaciones financieras que sólo querían cada vez más libertad de movimientos y menos control y supervisión, es decir, que las autoridades miraran a otro lado. Dos casos individuales pueden servir como prueba de lo que digo para no tener que mencionar docenas de referencias bibliográficas.
El primero es el de Brooksley Born, que fue presidenta de la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos a finales de la década de 1990. Compareció numerosas veces ante el Congreso de Estados Unidos para reclamar la regulación de los llamados productos derivados (como las hipotecas basura que se iban transformando en sucesivos productos para los mercados especulativos) por considerar que estaban resultando excesivamente peligrosos para la estabilidad financiera. Pero no obtuvo nada más que negativas y votos en contra de los dirigentes económicos conservadores de las administraciones de Clinton y Bush. Era mujer y sensata y la despreciaban: «Greenspan dijo a Brooksley que ella esencialmente no sabía lo que estaba haciendo y que podía causar una crisis financiera», reconoció más tarde uno de los directivos de esa Comisión, según hemos narrado Lina Gálvez y yo en nuestro libro «Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera» (2010).
El segundo caso es el del gobernador del Banco de España nombrado por el Partido Popular, Jaime Caruana, y del ministro español de Economía Pedro Solbes. Ambos negaron en su momento que los problemas económicos que aparecían en el horizonte tuvieran excesiva gravedad a pesar de que, según se ha sabido después, los dos habían sido advertidos del peligro nada más y nada menos que por los inspectores del Banco de España. Es cierto que éstos no les anunciaron expresamente una crisis como la que poco después se produjo pero ¿qué otra cosa se podía esperar cuando se estaba produciendo lo que ellos denunciaban?: la «complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato» (El Mundo, 21 de febrero de 2011).
Curiosamente pocas semanas después de que los inspectores denunciaran ese comportamiento de Caruana, éste fue sustituido y destinado al Fondo Monetario que ya dirigía Rodrigo Rato. ¿Porque ninguno de los dos se enteraba de nada o porque ambos sabían demasiado?

Mentira 3

«ESTAMOS DECIDIDOS (…) A ALCANZAR LAS REFORMAS NECESARIAS EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS MUNDIALES»
La frase aparece en el documento de conclusiones de la primera reunión del G20 sobre la crisis. Parecía muy firme pero lo cierto es que también los líderes mintieron entonces cuando se mostraban tan decididos a actuar porque casi dos años y medio después las reformas necesarias brillan por su ausencia.
En aquella primera cumbre del G20 dijeron: «Las instituciones financieras deben cargar asimismo con su responsabilidad en la confusa situación actual y deberían asumir la parte que les corresponda para superarla, lo que incluye reconocer sus pérdidas, aumentar su transparencia y mejorar sus prácticas de gobierno interno y gestión del riesgo».
Un año después el propio Fondo Monetario reconocía que la mitad de las pérdidas de los bancos no habían aflorado. Tras la cumbre, y en lugar de aumentar la transparencia de la banca, las autoridades permitieron que valorase sus activos deteriorados a precio de adquisición y no al actual de mercado, lo que supone un engaño gigantesco a sus clientes y al conjunto de la sociedad. Los cambios acordados para dar algo más de solvencia al sistema bancario pero sin cambiar su modus operandi se han dejado para dentro de algunos años, si es que se llegan a adoptar; y, como todo el mundo sabe, en lugar de hacer que los bancos cargaran con su responsabilidad se adoptó el criterio de que había que salvarlos. Los líderes que dijeron a la sociedad que estaban decididos a poner fin a «la era de la irresponsabilidad», palabras de Obama, terminaron por «no tocar nada» (según una persona tan poco sospechosa como Felipe González) y dar billones de dólares y euros a los irresponsables que han terminado por endeudar a los Estados y por «incubar una nueva crisis dentro de cinco años», según el ex presidente socialista (El Economista, 28 de octubre de 2009).
En su discurso sobre el estado de la Nación de 2009 Obama afirmaba con grandilocuencia: «No podemos volver al statu quo. Tenemos que poner fin a la especulación irresponsable». Año y medio más tarde los especuladores siguen practicando terrorismo financiero (la expresión es del presidente de la Junta de Andalucía), han puesto contra las cuerdas a naciones soberanas y los organismos internacionales denuncian que de nuevo provocan en los mercados de materias primas subidas especulativas de precios que darán lugar a millones de muertes adicionales por falta de alimentos. Pero siguen campando a sus aires sin que las autoridades hagan nada para pararles definitivamente los pies.
El G20 también prometió «erradicar los paraísos fiscales», en palabras de Rodríguez Zapatero al iniciarse una de las cumbres, y «acabar con la era del secreto bancario». En lugar de hacerlos desaparecer lo que se ha conseguido es suavizar la definición más estricta de paraíso fiscal que elaboró la OCDE en 2000 mientras que el secreto bancario sigue practicándose sin problemas.
Era mentira que esos líderes estuvieran decididos a acabar con la «irresponsabilidad» de la banca, de las grandes empresas y de los especuladores. Lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, han trabajado para ellos y el resultado está a la vista: todo sigue prácticamente igual y sus beneficios se disparan mientras que bajan los salarios y aumenta y se encarece la deuda que habrán de pagar las personas corrientes por su culpa.

Mentira 4

«HAY QUE SALVAR A LOS BANCOS»
El origen más inmediato de la crisis y su desarrollo es bien sabido. Aprovechando la burbuja inmobiliaria y para obtener cada vez más recursos para seguir creando deuda, que es el negocio de los bancos, éstos vendían los contratos hipotecarios. Pero lo que se inició como un negocio bueno y seguro que daba rendimientos extraordinarios a inversores de todo el mundo comenzó a cambiar cuando los bancos empezaron a colocar en los mercados millones de hipotecas muy arriesgadas de personas que dejarían de poder pagar las si cambiaba a peor su situación. Cuando esto ocurrió, las iniciales hipotecas y los sucesivos productos que se iban creando a partir de ellas se convirtieron en basura financiera que arruinaba a quien hubiera invertido en ellas como les pasó a miles de bancos e inversores.
En lugar de dejar que los bancos que habían actuado irresponsablemente quebrasen, como le suele ocurrir a cualquier empresa, las autoridades cedieron a su poder y los salvaron: les proporcionaron cientos de miles de millones de euros para que resolvieran lo que decían que era un problema pasajero de liquidez y pudieran volver a ofrecer crédito a las empresas y consumidores. Pero eso era un diagnóstico equivocado o, mejor dicho, concebido sólo para hacer lo que convenía a los bancos. En realidad éstos no tenían una carencia temporal del liquidez sino que habían perdido en la ruleta financiera todas sus apuestas, estaban quebrados y el dinero que recibían de los gobiernos y los bancos centrales caería en saco roto, sólo serviría para tapar de forma parcial el agujero gigantesco que tenían y siguen teniendo, y no se destinó a financiar la creación de actividad y empleo. Eso provocó que miles de empresas cerraran y que aumentara el desempleo en todo el mundo, una situación que en España se agravó porque la falta de financiación y de demanda hizo estallar la burbuja inmobiliaria y que se perdiera gran parte del empleo que se había creado en el sector de la construcción y en actividades afines.
Cuando salvar a la banca (a los banqueros que habían provocado la crisis) no sólo resultó insuficiente sino que agravó el problema de falta de actividad y desempleo, los gobiernos no tuvieron más remedio que poner en marcha programas masivos de gasto para evitar el colapso de las economías. Con ellos se frenó su caída pero, al ser insuficientes y no estar acompañados de la recuperación del crédito bancario, ni de controles del capital especulativo, ni de las reformas financieras necesarias, no lograron que la actividad volviera a los niveles anteriores a la crisis. Es más, se provocó así un problema adicional: una nueva explosión de la deuda, es decir, un nuevo meganegocio bancario.
El incremento del gasto público para salvar a la banca, por un lado, y para evitar el colapso, por otro, añadido a la pérdida de ingresos públicos como consecuencia de la menor actividad económica, produjeron un incremento extraordinario del déficit y de la deuda pública. Los Estados recurrieron a fuentes de financiación igualmente extraordinarias.
En Estados Unidos y Reino Unido sus respectivos bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, se dispusieron enseguida a financiar a sus gobiernos, proporcionando créditos de diferentes tipos, comprando su deuda o simplemente creando más dinero. El Banco Central Europeo, dominado por tesis mucho más torpes, fundamentalistas y cómplices con los bancos privados, no lo hizo y obligó a que los gobiernos tuvieran que resolver esa circunstancia extraordinaria recurriendo a los mercados, es decir, a los mismos bancos y fondos financieros que provocaron la crisis y que, al contrario que los gobiernos, tenían barra libre en el Banco Central Europeo para disponer de liquidez. Sólo cuando la presión especulativa había hecho caer a Grecia e Irlanda, y Portugal y España estaban amenazadas en firme, decidió intervenir el Banco Central Europeo comprando deuda, aunque de forma tardía, tímida y vergonzante.
Con la abundante liquidez que recibían de los bancos centrales al 1 por ciento los bancos y los fondos especulativos pudieron disfrutar de una posición de privilegio y de poder frente a los gobiernos y eso les permitió imponerles condiciones para suscribir su deuda. Los obligaron a abandonar los programas de rescate de la economía y a que en su lugar aplicaran las medidas liberalizadoras que venían esperando conseguir desde hace años a pesar de que no tenían nada que ver con los problemas que habían originado la crisis: o se aplicaban nuevas reformas del gasto público recortando derechos sociales, del mercado de trabajo para facilitar la posición y el beneficio de las grandes empresas, de las pensiones para incentivar al máximo la presencia de los bancos y seguros privados, o de los servicios públicos para ponerlos a disposición del capital privado o no habría financiación. Y si no la daban ellos, se tendría que recurrir al Fondo Monetario que la prestaría pero con las mismas o peores condiciones.
Al final ha quedado demostrado que la idea de que era necesario salvar a los bancos para poner a salvo a la economía era otra mentira. Con ello no se iba a garantizar que se recuperase la actividad y el empleo sino sólo que se reforzara el poder financiero y político de los banqueros y los especuladores que era lo que éstos buscaban y lo que finalmente se ha conseguido. Cuando lo han recuperado con la ayuda de los gobiernos y con el dinero de la gente, han vuelto a las andadas, renovando sus ataques especulativos e imponiendo a los gobiernos nuevas medidas de reformas y sometimiento.

Mentira 5

«PARA SALIR DE LA CRISIS Y CREAR EMPLEO HAY QUE REFORMAR EL MERCADO DE TRABAJO, LIMITAR EL GASTO PÚBLICO Y REFORMAR LAS PENSIONES»
Otro engaño que acompaña la crisis consiste en decir a la población que lo que hay que hacer para superarla es llevar a cabo las reformas orientadas a recortar los derechos sociales que se vienen realizando.
Es mentira que haya que disminuir el gasto para salir de la crisis porque los déficit y la deuda no se han producido porque los gobiernos sean unos manirrotos y el gasto social sea excesivo, como suele divulgar la opinión neoliberal predominante. En España había superávit presupuestario antes de que estallase la crisis y nuestro gasto social está casi veinte puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Es al revés, para salir de la crisis hace falta más demanda, más capital social y más gasto orientados, eso sí, con equidad y hacia una actividad económica y un modo de vida sostenibles.
Es también mentira que la reforma laboral que se aprobó siguiendo las propuestas de la gran patronal y la banca sea conveniente para disminuir el paro y salir de la crisis.

Puede ser que a una empresa en concreto le convenga que el coste del trabajo (salario y cotizaciones sociales) sea más reducido. Pero para todas las empresas en su conjunto la caída de la masa salarial es perjudicial porque el salario se transforma prácticamente en su totalidad en demanda para las empresas, de modo que cuanto menor sea menos ventas y menos beneficios tendrán.
A diferencia de lo que sostienen los economistas neoliberales financiados por la banca y la gran empresa, es mucho más razonable asumir que por mucha reforma laboral que se haga para abaratar el despido o para facilitar la negociación a las empresas o la contratación, si las empresas no disfrutan de demanda, si no venden lo que producen porque no hay poder adquisitivo suficiente, no crearán empleo alguno. Las grandes empresas pueden encontrar demanda en mercados internacionales y por eso apuestan por bajar la masa salarial en España pero las pequeñas y medianas (que son las que crean prácticamente la totalidad del empleo) resultan en realidad perjudicadas cuando se beneficia a las grandes con este tipo de reformas porque ellas necesitan un amplio mercado interno para salir adelante.
Además es mentira que el problema del empleo en España esté en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de actividades de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del gran poder que tienen las más grandes que operan preferentemente en mercados globales, en la falta de formación de gran parte de la población y en la escasez de capital social que pueda dinamizar la formación y la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, o en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Los problemas que hay que plantear para poder crear empleo son éstos y no los del coste salarial o del despido.

También se ha aprovechado la situación de amenaza de los mercados para sacar adelante nuevos recortes en el sistema público de pensiones, siempre con el objetivo de disminuir su poder adquisitivo y así hacer más necesario el ahorro privado que controlan los bancos.
Detrás de los argumentos que de forma habitual oímos para recortar las pensiones hay también numerosas mentiras que se quieren convertir en verdades sólo a base de repetirlas.
Es cierto que el gasto público en pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad de la población, y de la cuantía de la pensión que reciban, lo que suele venir de la mano del desarrollo social. Pero también ocurre, aunque esto se lo suelen callar quienes difunden el alarmismo demográfico, que a medida que se va dando este proceso de desarrollo aumenta también la productividad, de modo que un volumen de personas empleadas cada vez menos numeroso puede sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.
Se engaña a la gente cuando en lugar de contemplar esas dos circunstancias de manera conjunta (aumento del gasto y de la productividad) se insiste en la primera como el origen de un futuro desastre financiero afirmando que el envejecimiento continuado de la población hará que llegue un momento (ahora dicen que en torno a 2050) en el que el gasto público en pensiones (dado el número de pensionistas y la «generosidad» de nuestras pensiones) será insoportable, deduciendo entonces que no queda más remedio que empezar ya a reducir la cuantía de la pensión (ampliando el periodo de cálculo) y el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).
Se miente porque, si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, que depende tanto de sus gastos y de sus ingresos, no se deberían poner sobre la mesa sólo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Lo lógico sería hablar también de los factores de los que dependen estos últimos: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para hacer ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.

SE MERECEN QUE LES DIGAMOS ¡BASTA!
Todas éstas no son las únicas mentiras. Las autoridades y los financieros mintieron antes de la crisis cuando afirmaban que los mercados serían capaces por sí solos de hacer frente a cualquier riesgo financiero.

Mintieron las agencias de calificación al calificar como buenas las hipotecas basura que difundían sus clientes.

Mienten los líderes políticos y los economistas que trabajan financiados por la banca y las grandes empresas cuando dicen que hay que privatizar las cajas de ahorros para salvarlas, cuando han sido los bancos privados los causantes de la crisis y lo que hay que hacer, por el contrario, es disponer de una banca pública que no reproduzca sus irresponsabilidades.

Mienten los que no han acertado nunca haciendo previsiones ni adelantándose a la crisis y ahora nos dicen que saben lo que pasará con las pensiones dentro de cincuenta años o lo que hay que hacer para salir de ella.

Mienten sin parar.

Pero no han sido sólo los poderosos los que han engañado. Se han engañado también a sí mismas todas las personas que permanecen impasibles frente a tanta mentira creyendo que sólo se trata de un incidente, de una mala noche en una mala posada, del que nos sacarán los gobiernos como lo han hecho en otras ocasiones porque, al fin y al cabo, nunca pasa nada y siempre se termina volviendo a vivir como antes. Pueden cerrar los ojos y seguir engañándose pensando que a ellas no les va a afectar o que sus problemas se solucionarán pronto. Pero más les vale ser realistas y darse cuenta de que tienen que reaccionar porque lo que ocurre es que se nos está viniendo encima el edificio que ingenuamente creímos que era confortable y seguro.

Vienen a por todos nosotros y no van a parar hasta que lo tengan todo si no les hacemos frente.

Las mentiras y el fraude están claros así que lo que conviene hacer también lo está: dar la vuelta a lo que nos vienen diciendo. Es decir, frenar el poder político de la banca impidiendo que acumule privilegios económicos y que se adueñe de medios de comunicación y de universidades.

Hay que poner firmes a los banqueros y someterlos al poder representativo, es urgente someter las finanzas a la voluntad ciudadana y a las necesidades sociales, primar la creación sostenible de riqueza tasando las transacciones financieras y controlando los movimientos especulativos del capital, imponer principios imperativos de justicia fiscal global y someter todas las decisiones económicas al debate social auténticamente democrático y participativo. Hemos de reclamar que se investigue el comportamiento y la responsabilidad de los banqueros que produjeron la crisis y que engañaron a miles de clientes y el de las autoridades, como el mencionado Caruana, que ocultaron lo que se gestaba y permitieron que la economía se viniera abajo para que los bancos y las grandes empresas siguieran saliendo a flote. Hay que impedir que miles de familias sigan perdiendo sus casas y sus patrimonios por la avaricia y los engaños de la banca y hay que poner fin a las políticas de recortes de derechos porque no es verdad que nos vayan a sacar del hoyo donde nos han metido los multimillonarios y los grandes capitales, sino que nos van a hundir más aún. Hay que salir a la calle a reclamar justicia y poner fin a tanta mentira.

Aún está usted a tiempo. ¡No se deje engañar más y reaccione de una vez!

*Juan Torres López es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Málaga ha sido director de Departamento, vicedecano en dos ocasiones, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Ha ocupado también el cargo de secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Sobre la crisis actual ha escrito los libros Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz, y La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, y más de un centenar de artículos descubriendo y divulgando sus entresijos. Además de publicar otros libros y numerosos artículos científicos y de divulgación y análisis político, ha impartido clases y ha dictado conferencias en diversas universidades e instituciones y colabora de forma habitual con sindicatos y organizaciones sociales y políticas de todo tipo.
Blog. Ganas de escribir: http://www.juantorreslopez.com
 
 
Publicado en «REACCIONA»

LA TASA TOBIN

¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)?

Se trata de un impuesto. Es el nombre actual para denominar a la Tasa Tobin propuesta por ATTAC desde su fundación; ambos tienen el mismo contenido. Reivindica el papel de los impuestos en la búsqueda de la justicia económica, tanto en su función reguladora como redistributiva de la actividad económica.

Se aplica a las transacciones. Esto quiere decir que grava a las operaciones de compra y venta.

Se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, nacionales y extranjeras; aquellas que suponen la compra-venta de activos financieros. Debe ser global porque los movimientos de capitales son globales.

¿Qué no es el Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?

  •  No es un impuesto a las inversiones financieras; no grava por tanto al patrimonio invertido en activos financieros.
  • No es un impuesto a los beneficios financieros; no grava los rendimientos del capital financiero.
  • No es una tasa cobrada a los bancos; se trata de un impuesto a los instrumentos financieros, no a las instituciones financieras.

 

¿Qué transacciones quedan fuera del Impuesto a las transacciones financieras (ITF)?

El ITF no incluye las transacciones financieras en las que participen familias y empresas; se limita a las transacciones entre instituciones financieras.

  •  Se excluyen las operaciones de contado, para no distorsionar la economía real.
  • Se excluyen los préstamos interbancarios que dotan de liquidez al sistema en su conjunto y que suponen enormes movimientos de dinero por razones coyunturales de desequilibrios bancarios.
  • Se excluyen las operaciones entre bancos centrales que se llevan a cabo en función de las respectivas políticas monetarias de los diferentes países…..

DEUTOCRACIA

Jaume Asens & Gerardo Pisarello 
  Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona Ilustración por Iker Ayestaran (artículo publicado en PÚBLICO)

A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?

La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.

Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.

No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.

Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

La Doctrina del Shock – Naomi Klein

Basada en el libro de Naomi Klein, «La doctrina del shock» trata del auge del llamado ‘capitalismo del desastre’

Éste insta a los gobiernos a aprovechar períodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias, para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado. Medidas tan despiadadas que sólo han podido imponerse mediante el miedo, la fuerza y la represión.

La película rastrea los orígenes de este capitalismo salvaje en las teorías radicales el Premio Nobel de Economía Milton Friedman y su posterior implementación en todo el mundo, desde las dictaduras en Chile o Argentina de los años 70, a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, la Rusia de Yeltsin, o las no tan lejanas invasiones neoconservadoras en Afganistán e Irak.

http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg

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Texto:  Enlace privado

Repudio de la deuda odiosa. La experiencia de Ecuador

DICIEMBRE de 2008:   El gobierno de Ecuador acaba de declararse en moratoria de pagos internacionales. Es la segunda vez en menos de 10 años que ese país se decide por la cesación de pagos, así que en el contexto de la crisis financiera global quizás no sorprenda.

Pero hay algo nuevo en el paisaje. Esta vez no se trata de una moratoria por falta de capacidad para enfrentar el calendario de pagos. La decisión del gobierno ecuatoriano está basada en las recomendaciones de una comisión especial de auditoría de su deuda externa. La principal conclusión de la comisión: la deuda ecuatoriana es ilegítima e inmoral.

En sus deliberaciones, la comisión revisó la historia de la deuda externa ecuatoriana desde que el Parlamento fue excluido de todas las decisiones sobre endeudamiento en 1978. Esto dio pie a un sinnúmero de irregularidades y a un excesivo endeudamiento a través de la expedición de bonos Brady (1) y otros. También durante los años 80 el gobierno rescató al sector privado de la crisis con la llamada “sucretización”, transformando deuda privada en deuda pública, en lo que debió haber sido un atraco sin piedad al pueblo ecuatoriano. Por fin, en 2000, el gobierno decidió canjear los bonos Brady, que ya estaban muy devaluados en el mercado real, por una nueva serie de bonos Global 2012, 2015 y 2030.

Salomon Smith Barney (hoy parte del vapuleado Citigroup) realizó esa última restructuración con tasas de 10 y 12 por ciento sin la autorización explícita de Ecuador. Un año después se aprobó una nueva ley mediante la cual los pagos de estos bonos estarían garantizados por los ingresos petroleros. De este modo, la deuda vieja, de origen especulativo y producto de prácticas crediticias predadoras, quedó garantizada por el Estado.

La deuda externa acumulada por Ecuador rebasa los 29.9 mil millones de dólares (mmdd) y en promedio se utilizan unos 388 millones de dólares para pagar intereses. En los últimos 30 años, Ecuador ha destinado en promedio 22 por ciento de su presupuesto de ingresos anual al pago de intereses sobre deuda externa. A pesar del empeoramiento de los indicadores sobre pobreza, este país nunca fue admitido en las iniciativas de reducción de deuda.

En cambio, se le admitió en numerosos procesos de restructuración, cuyo único resultado fue el aumento del monto de recursos presupuestales destinados al servicio de la deuda: de 11 por ciento en 1981 a 36 por ciento en 2006. En contraste, el monto promedio destinado a educación ronda 10 por ciento del presupuesto, mientras el rubro salud apenas alcanza 5 por ciento. En total, el gasto social recibió 22 por ciento del presupuesto.

Desde 1976, Ecuador pagó más de 35 mmdd como servicio de su deuda externa. De ese monto, la mitad ha sido por concepto de intereses. Decidido a romper el ciclo perverso de endeudamiento y restructuración, el gobierno convocó la comisión de auditoría con el fin de revisar el origen, legitimidad e impacto social de la deuda externa. El viernes pasado el presidente Rafael Correa hizo suyas las conclusiones de la comisión, anunciando que la deuda era ilegítima y que su país dejaría de hacer los pagos del cupón de 31 millones de dólares de los bonos Global 2012 (con vencimiento el 15 de diciembre).

La medida era esperada por el mercado financiero. Muchos de los tenedores de estos bonos son fondos de cobertura y algunos fuertes especuladores. Los swaps de moratoria de pagos (CDS) ya estaban aumentando en las últimas semanas. Esta decisión probablemente presionará todavía más al alza los diferenciales de los CDS en América Latina. Por lo pronto, la calificadora Standard & Poor colocó el riesgo país de Ecuador en el nivel CCC-. Pero el gobierno parece dispuesto a enfrentar las consecuencias.

El proceso de endeudamiento ecuatoriano es parecido al de muchos países latinoamericanos. Su base de recursos naturales condujo a préstamos predatorios de bancos y gobiernos de los países ricos. La crítica a esas prácticas no es muy diferente a los reproches que hoy se dirigen contra el sistema financiero estadunidense en el contexto de la crisis del mercado hipotecario. La decisión del gobierno ecuatoriano puede ser la clave de una relación menos injusta entre deudores y acreedores en el contexto de una nueva arquitectura financiera que podría emerger de la crisis.

Quizás lo más interesante de este episodio es que la comisión especial concluyó que la deuda era ilegítima y no sólo ilegal. Eso la acerca al concepto de Deuda Odiosa del derecho internacional. Hay que recordar que en su obra Del derecho de la guerra y la paz, Hugo Grocio afirmó en 1625 que los contratos celebrados por un soberano que no benefician al Estado, o incluso lo perjudican, no deben ser respetados, especialmente cuando involucran dineros públicos y no entrañan beneficios para la sociedad. Los países ricos han establecido muchos precedentes de esta doctrina. Ahora deben acatarla.

1 Un bono Brady generalmente es un eurobono o bono nacional emitido por el gobierno de un país en desarrollo para refinanciar su deuda con bancos comerciales extranjeros

Accionistas de S&P y Moody’s se preparan para COMPRAR BARATO EN LAS PRIVATIZACIONES


Diario Público
En mayo de 2010, inmediatamente después de la decisión de la UE de emprender un duro ajuste coordinado en todos los países, el jefe de deuda soberana de Moody’s, Pierre Cailleteau, dejaba su puesto en la agencia que, con sus rebajas de calificación, había desempeñado un papel clave en la crisis de la zona euro. Y en septiembre, Cailleteau estaba ya en Lazard, uno de los grandes bancos de inversión estadounidenses.

Un año después de aquella dramática decisión, que puso contra las cuerdas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la privatización de las cajas una de las consecuencias imperativas del giro de mayo de 2010, está a punto de iniciar una nueva fase con la salida a Bolsa de Bankia, prevista para julio y que marcará el tono del proceso de privatización de las cajas de ahorros en España. Y el principal asesor de la operación será precisamente Lazard, el banco donde recaló Rodrigo Rato tras salir del FMI y que en septiembre fichó a Cailleteau, el hombre que año tras año colocaba a España como el peor país en su «índice de miseria».

Lazard no es la única conexión con Moody’s de la OPV: los cuatro bancos elegidos para colocar el tramo institucional Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS también controlan fondos que tienen acciones de la agencia, entre el 0,22% y el 0,43%. Y todos participan del accionariado de su principal competidor, Standard & Poor’s, que se reparte con Moody’s más del 80% de la cuota de mercado mundial. Si se agregaFitch Ratings, acaparan el 95% de la torta.

Ola de privatizaciones

Pero si el foco se coloca en los compradores potenciales de acciones, las vinculaciones con las agencias aún son mayores. Ante la ola de privatizaciones en marcha Bankia, Banca Cívica, Loterías, Aena y las cajas compitiendo a la desesperada por capital todos los analistas sitúan en la parrilla de salida a los grandes fondos estadounidenses, que llevan meses catando el sector y estudiando comprar acciones de cajas, cuanto más baratas, mejor: BlackRock, que mueve una cantidad que dobla y supera el PIB español, y sus mayores rivales, Capital Group y Fidelity.

Tanto BlackRock como Capital son accionistas importantes de Moody’s, con el 6,3% y el 16,3%, respectivamente. Y también de S&P, de la que controlan el 5,3% y el 12,3%. Fidelity llegó a controlar en 2010 el 8% de Moody’s.

La importancia que para el proceso de privatización tienen estos fondos de inversión accionistas de las agencias de rating que han forzado precisamente ese proceso es tal que el pasado octubre el rey recibió en la Zarzuela al consejero delegado de BlackRock, Lawrence Fink.

En realidad, estos fondos ya hace tiempo que son muy activos en España. También en los sectores donde se obtienen ganancias gracias a la crisis.

BlackRock, por ejemplo, es uno de los actores más importantes de la Bolsa española, pero también le saca partido cuando cae: es de las entidades que apuesta a corto; es decir, que gana si la acción baja. Y es el dueño de iShares, una de las principales herramientas de ETFs, el vehículo de moda precisamente para hacer apuestas a la baja.

Estos fondos con acciones significativas en Moody’s y S&P tienen también participaciones en los principales bancos españoles, clientes todos de las agencias de rating y también víctimas cuando les rebajan la calificación: tanto BlackRock como Vanguard tienen más del 1% de los cuatro grandes Santander,BBVA, Popular y Sabadell y Capital Group suma hasta el 7% del Santander. El sector bancario lleva años exigiendo la privatización de las cajas, ahora encarrilada en parte por la presión de las calificadoras.

BlackRock, Vanguard yT. Rowe Price tienen asimismo inversiones significativas en deuda pública: en este momento, suman un mínimo de 7.500 millones se euros. Y en este mercado, las calificadoras desempeñan igualmente un papel clave: si rebajan la nota de la deuda soberana, el Estado se ve obligado a pagar un interés mayor para poder colocar sus bonos.

En 2010, España tuvo que pagar más por su deuda. Según el último Informe Anual del Mercado de Deuda Pública, el bono español a 10 años pasó del 4% al 5,45%. Y los grandes beneficiarios fueron los inversores extranjeros, que ya acaparan el 55% del saldo total tras ganar este año tan rentable 8,6 puntos.

Aunque las entidades de crédito perdieron globalmente peso, los mayores fondos individuales con deuda pública española pertenecen al Banco Santander y al BBVA, grandes clientes de las agencias de rating: los ingresos de estas proceden de las entidades cuyos productos califican.

«El conflicto de intereses de las calificadoras es múltiple e increíble y uno de los más descarnados es que los fondos participen de su accionariado», afirma el economista Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Y añade: «El problema es que son demasiado poderosas y el que trate de limitar su poder tiene muchos números para salir chamuscado».

Cautela del Gobierno

El último que lo ha pedido, la semana pasada, es la Eurocámara, que exige la creación de una euroagencia pública. Pero ningún gobierno de la UE los que deben lidiar con el encarecimiento de la deuda lo apoya: «Nos guste o no, necesitamos a las calificadoras porque una agencia pública no tendría credibilidad en los mercados», afirma un portavoz de Economía.

La Eurocámara también ha advertido contra el «conflicto de intereses», al igual que el Congreso y la SEC en EEUU, el G-20, la Comisión Europea, el FMI, y, el pasado viernes, el mismo presidente de la CNMV, Julio Segura. Pero el marco general sigue siendo la autorregulación, como antes de la crisis. Ante este escenario de bloqueo han empezado a surgir iniciativas para que sean los tribunales los que examinen el «conflicto de intereses»: en España, se presentó a finales de febrero una querella contra Moody’s, S&P y Fitch.

Ninguna de las tres grandes agencias ha contestado a las preguntas de Público sobre el supuesto «conflicto de intereses», ni sobre la querella presentada en España. Pero las agencias siempre los niegan con el argumento de las «murallas chinas» que supuestamente se levantan alrededor del área de rating.

«En las agencias hay unas murallas chinas muy estrictas entre el departamento de rating y las otras divisiones, puesto que el primero trabaja con información privada de las empresas que califica y el resto únicamente con información disponible públicamente», explica un exdirectivo en España de una de las grandes agencias de rating.

Pero incluso si las «murallas chinas» funcionaran dentro, no está tan claro que se perciban fuera: todas las calificadoras tienen también otros negocios de consultoría, que ofrecen servicios alternativos a las mismas entidades cuyos productos luego evalúan.

Este negocio es cada vez más importante y también ha crecido con la crisis: Algorithmics, la firma de soluciones financieras vinculada a Fitch Ratings, ingresó 121 millones en 2010, un 10% más que en 2009. En el mismo año, Fitch Ratings facturó 487,5 millones, con un crecimiento inferior: del 6,3%.

El pasado 21 de diciembre, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) renovó su contrato con Algorithmics. Y la nota de prensa de Algorithmics lo justificaba porque sus herramientas, insistía, iban a ayudar a los miembros de laCECA «en un periodo de consolidación en el mercado español motivado por la crisis financiera».

Golpe al Banco de España

Sin embargo, uno de los mayores golpes a las cajas en dificultades lo propinó apenas dos meses después Moody’s. El 10 de marzo, sólo unas horas antes de que el Banco de España cifrara en 15.152 millones las necesidades extra del sistema financiero español, Moody’s rebajó la calificación de deuda española y cifró las necesidaes del sistema financiero en 120.000 millones, casi 10 veces más. La comparecencia en el Banco de España estaba prevista de antemano. Pero la nota de Moody’s, difundida al abrir la Bolsa, la reventó.

Dos semanas después, Moody’s degradó a todas las cajas, salvo La Caixa. Fuentes del sector explican que cada degradación agrava los problemas financieros en una doble vía: encarece la financiación y acorta el plazo para pagar la deuda ya existente.

La suerte estaba echada: todas las cajas deben acelerar su privatización y probablemente a precios más baratos del que aspiraban, en beneficio de los fondos interesados en comprar, casi todos accionistas o clientes de Moody’s.

En ocasiones, esta frontera tan difusa con potencial polémico, donde supuestamente se levantan «murallas chinas», trasciende incluso al propio grupo de la firma de rating y se extiende a sus trabajadores o consejeros. En España, Jesús Betrian, secretario no consejero de Fitch Ratings desde 1996, es al mismo tiempo consejero de siete empresas de sectores que van de la consultoría a la publicidad, pasando por la auditoría. Una de ellas, la multinacional Ketchum Pleon ha realizado campañas en España para ING.

Otro ejemplo, entre muchos posibles: el currículum del ejecutivo del sector Matias Torrellas incluye el paso de Lehman Brothers (1994-2000) a Merril Lynch (2000-2003), luego a Fitch Ratings (2003-2007), donde fue director senior, y desde 2007, Caixa Catalunya. Es decir, de los bancos de inversión que lanzaron los complejos productos estructurados que llevaron a la crisis a las agencias de rating que dieron la máxima calificación a estos productos y, finalmente, a las entidades que pagan a las agencias de rating para que les evalúe y que aspiran a obtener la mejor calificación posible.

Como el sector se autoregula, el tránsito es legal. Como también el del jefe de Moody’s, que en tres meses ya estaba en Lazard.

Un negocio muy rentable también en España

Las tres grandes agencias de rating son negocios muy rentables, cuyos ingresos proceden básicamente de lo que pagan las entidades financieras interesadas en que les asignen una calificación a los productos que sacan al mercado. Este es uno de los mayores «conflictos de intereses» del que advierten los expertos: en los años del boom, el mayor factor de crecimiento de los ingresos de las agencias eran los complejos productos financieros que acabarían explotando. Y todos recibieron la máxima calificación.

En España, el negocio es también muy rentable, con una ratio entre ingresos y gasto en salarios que llega al 6 a 1, un nivel equiparable sólo al sector petrolero. En 2009, último año en que han presentado las cuentas, S&P ingresó en España 24 millones y gastó 3,6 en personal, con unos beneficios declarados de 7,1 millones. Moody’s tuvo una cifra de negocios de 24,2 millones, 4,8 de gasto de personal y 9,8 millones de beneficios. Fitch Ratings declaró 4,6 millones de beneficios en España.

STRAUSS-KAHN, UN NUEVO AL CAPONE

Dominique Strauss-Kahn acostumbrado a joder a muchos estados, intenta lo mismo con una empleada de hotel

Como es sobradamente conocido, Alphonse Gabriel Capone fué un famoso ganster estadounidense que «cayó» no por sus grandes delitos sino por cuestiones fiscales menores.

Hoy, de una forma que recuerda mucho a aquél, ha sido detenido Dominique Strauss-Kahn acusado de diversas agresiones sexuales a una empleada del «modestito» hotel Sofitel de Nueva York en el que ocupaba una suite de tres habitaciones.

Este reconocido amante del lujo y estrangulador de países a través del organismo que aún dirige, el Fondo Monetario Internacional (FMI), es responsable de muchísima de la miseria del mundo, de aplicar medidas que están ahogando a muchos estados y de connivencia en la génesis de la actual crisis que padecemos.

Pero este sujeto no ha caído por sus fechorías a gran escala sino que -provocado o no- ha caído víctima de una de sus descontroladas pasiones de bragueta, que como delito me parece menor, pero que sea bienvenido para poder meterle entre rejas o al menos para apartarlo de su puesto de mando para gobernar el mundo.