El Gobierno español aprovechó el cierre del penal de Guantánamo para mejorar sus relaciones con Estados Unidos y para ganarse la confianza del presidente Obama, pero no todos los ministros veían clara la operación. Ante las dilaciones para recibir a los cinco presos acusados de terrorismo que España se había comprometido a acoger, EE UU ofreció 85.000 dólares por cada uno de ellos, insistió en que sería importante para España colaborar en aras de lograr un mayor liderazgo dentro de la UE y puso a distintos países europeos a competir por los presos menos peligrosos, según consta en los telegramas emitidos por la embajada de Madrid durante los dos últimos años. Al final, tras un año de negociación, los estadounidenses se impacientaron. El embajador Alan D. Solomont acabó diciendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que iba a ser «claro y contundente» con su mensaje: Washington esperaba del Ejecutivo español que cumpliera su promesa.
España reorientó su política sobre el acogimiento de presos de Guantánamo en cuanto Barack Obama llegó al poder. Todavía con George Bush en la Casa Blanca, el director general para América del Norte y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Pons, se reunió el 2 de abril de 2007 en Madrid con el segundo de la Embajada de Estados Unidos, Hugo Llorens. Este preguntó a Pons por la posibilidad de que algunos reclusos del penal recalaran en España. «Casi imposible», respondió Pons, según el cable confidencial enviado ese mismo día (102848), «por la situación política en España y el riesgo de que la opinión pública se ponga en contra».
El entonces ministro Miguel Ángel Moratinos censuró públicamente el 16 de diciembre de 2008 que EE UU tratara de trasladar el problema de Guantánamo a los demás, pero en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero ya se planteaba colaborar con el futuro presidente. Cuando Obama juró el cargo, todo cambió. Su primera orden ejecutiva fue el cierre del penal, el 22 de enero de 2009. Moratinos modificó rápidamente el discurso: «Si podemos hacer algo, lo haremos», dijo entonces. La Embajada informó al Departamento de Estado de esas declaraciones el día 23 (telegrama 188592). Necesitaban con urgencia la colaboración de los países europeos para acoger presos que no podían repatriar a sus lugares de origen por posibles violaciones de derechos humanos, unos 60 de los 241 que había en los campos de prisioneros.
La reunión entre Moratinos y Clinton
España confirmó oficialmente a EE UU que recibiría detenidos de Guantánamo un mes después, el 24 de febrero, en la reunión celebrada en Washington entre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tras la que se anunció una «nueva etapa» en las relaciones bilaterales que pasaba por la colaboración de España en el cierre de Guantánamo.
La primera reunión para tratar seriamente el tema se celebró el 23 de marzo. El director de la oficina para crímenes de guerra, el embajador Clint Williamson, se reunió con cuatro directores generales de tres ministerios (Exteriores, Justicia e Interior) que plantearon varios problemas. En primer lugar, los representantes del Gobierno español recordaron lo ocurrido con los dos presos que habían sido trasladados a España con anterioridad, el ceutí Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikassrien. El primero fue absuelto en 2006 por el Supremo, que consideró que las pruebas recogidas durante los interrogatorios en la base eran inadmisibles, y la Audiencia Nacional tomó la misma decisión con el segundo. Desde entonces no están precisamente «quietos en su casa», dijo a Willliamson uno de los directores generales de Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña.
El embajador estadounidense respondió que las medidas de seguridad eran una cuestión que debía decidir cada país y empezó a presionar a un Gobierno que necesitaba mejorar la relación con EE UU diciendo que había ya «negociaciones muy avanzadas» con algunos Estados europeos. En el comentario final del cable, clasificado como secreto y firmado por el encargado de negocios Arnold A. Chacon (200357), se recomienda al Departamento de Estado «tomar ventaja» de la posible preocupación del Ejecutivo español por quedar por detrás de otros que sí se están comprometiendo con EE UU.
El enviado especial para el cierre del penal Daniel Fried, apodado el zar de Guantánamo en su país, presentó los primeros expedientes el 17 de junio de 2009 a dos directores generales de Exteriores y de Interior, Fernández de la Peña y Arturo Avello, y a un representante de Justicia. Los candidatos eran cuatro tunecinos y un yemení. «No son santos pero tampoco terroristas duros», defendió, según un cable secreto de la embajada de fecha 24 de junio (213748). España mostró su preocupación porque pudieran convertirse en «iconos» dentro de las comunidades islámicas más radicales e insistió en que, «más que la rapidez», lo importante era elegir bien el perfil de los presos.
¿Cuánto pagaría EE UU
Los directores generales aprovecharon la reunión para preguntar por la cuestión económica. ¿Cuánto dinero pagaría EE UU? Williamson explicó que la información publicada sobre que la isla de Palau había cobrado 200 millones de dólares por aceptar a detenidos chinos de etnia uigur no era cierta, y que, teniendo en cuenta que España no era un país pobre, 85.000 dólares por preso era una cantidad razonable «para sufragar los gastos».
Fernández de la Peña hizo notar, según el cable secreto, que Túnez era importante para España y que aceptar presos de ese país podía ser interpretado como si el Gobierno de Zapatero admitiera el argumento de los estadounidenses de que existían «razones poderosas» relacionadas con el respeto a los derechos humanos por las que no era posible repatriar a los tunecinos. Dejó claro que no aceptarían chinos uigures (había 17 en el penal en ese momento) para no perturbar las relaciones con el gigante asiático.
Se habló también del problema que podría suponer que los presos acogidos acudieran a los tribunales para demandar a EE UU. Tras la reunión, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, confirmó a la Embajada, según el cable secreto, que Madrid estaba dando los pasos necesarios para limitar la posibilidad de los prisioneros de acudir a los tribunales alegando las normas de jurisdicción universal españolas.
Rubalcaba confirmó en Washington el 23 de junio que España aceptaría hasta cinco presos. Pero, para la embajada, lo más importante era que se decidieran pronto. Habían pasado ya casi seis meses desde la promesa de Obama de cerrar el penal, y todo iba demasiado lento. Zapatero, en todo caso, estaba decidido. «Tienen nuestra palabra», dijo el presidente del Ejecutivo español a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, el 8 de julio de 2009 en Madrid, según un despacho confidencial emitido ese mismo día.
Exteriores pidió reservar cuatro presos
El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió entonces reservar cuatro presos: un sirio, dos palestinos y un yemení. Habían rechazado a los tunecinos. EE UU aceptó las «reservas», pero dejó claro que no eran para siempre. Si otro Estado se interesaba por ellos, tendrían que decidir en ese momento si se los quedaban o los dejaban marchar. Otros países pidieron al yemení y al sirio. España bloqueó al primero, pero dejó marchar al segundo, según un cable secreto de fecha 22 de julio de 2009 (217648).
España tardaba en hacer efectivos los acogimientos, y EE UU comenzó a impacientarse. Tras el encuentro en Washington entre Hillary Clinton y Moratinos el 14 de diciembre, el telegrama confidencial emitido cuatro días después por la Secretaría de Estado afirma que el ministro de Exteriores había expresado, de una forma «resignada y apagada», que Zapatero quería cumplir con su promesa («su palabra es su palabra», habría dicho Moratinos).
Más tarde comenzaron las reuniones en España. El embajador Alan D. Solomont se encontró en enero de 2010 con el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León. Le preguntó por las recientes declaraciones de Moratinos en las que sugería que quizá España no aceptaría ningún yemení y le recordó que tenían a uno ya bloqueado. Solomont vio también a Moratinos y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le explicó que España tendría que retrasar la llegada del preso yemení por la preocupación de la opinión pública tras el intento de atentado contra un vuelo de Northwest Delta por parte de un nigeriano instruido en Yemen. Pero aclaró que acelerarían el acogimiento del palestino y de un segundo prisionero. El embajador respondió que quería ser «claro y contundente»: EE UU esperaba que España cumpliera sus compromisos con los presos. Añadió que era una «importante oportunidad» para mostrar que era un país serio y con liderazgo dentro de la Unión Europea, según consta en un cable clasificado como confidencial de fecha 19 de enero de 2010 (244215).
El siguiente encuentro fue con el presidente Zapatero, el 22 de enero, para tratar distintos asuntos. Entre ellos, Guantánamo. Estaban preocupados por las declaraciones públicas contradictorias sobre el acogimiento de presos de distintos miembros del Gobierno. Zapatero aseguró finalmente a Solomont que hablaría con Rubalcaba para que el Gobierno hablara con una sola voz en este tema.
Los presos empezaron a llegar después de detallados estudios de los expedientes y entrevistas en la base para verificar su idoneidad. El palestino Walid Hijazi aterrizó en Torrejón el 24 de febrero; el yemení Yasim Basardah, el primero que reservaron, lo hizo en mayo. Un afgano que no habían barajado en las primeras negociaciones viajó a España el 20 de julio. Pero no aparecen dentro de los telegramas filtrados los relacionados con esta última fase de negociación. El proceso de acogimiento no ha sido fácil por el estado mental en que han llegado algunos. Aún quedan, en principio, otros dos prisioneros por venir.
Fuente: El País
"Mis aspiraciones en la vida" 