Los grupos parlamentarios han aprobado una moción para que sólo los jueces puedan cerrar páginas webs. Una iniciativa del PP apoyada por todos los grupos parlamentarios después de las protestas y la presión de los internautas contra la medida recogida en la ley de economía sostenible y promovida por esa magnífica guionista y pésima ministra que es Angeles González Sinde.
PNV, ERC y BNG han reclamado la redefinición de unos derechos sobrepasados por la tecnología y que deben adecuarse a la realidad del mercado y el consumo de contenidos en la era digital.
Todavía habrá que ver cómo se materializa el cambio en la propuesta de ley, que en su última versión necesitaba de la autorización de la Audiencia Nacional para tomar medidas cautelares pero el texto de la moción exige «la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos».
No obstante el desafío es eliminar esta disposición que colaron de rondón en la “Ley de Economía Sostenible” y abordar un cambio profundo de la arcaica legislación de propiedad intelectual, en discusión en estos momentos en el Parlamento.
Como era de esperar, en su permanente labor de carroñerismo cultural, tanto la SGAE como otras gestoras de derechos, han reclamado ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual un endurecimiento de las restricciones de acceso y uso de contenidos.
"Mis aspiraciones en la vida" 