La Unión Europea sancionará a España por no consagrar la neutralidad de la red por ley mientras Telefónica empieza a esquivarla.

Cuando diseñaron el protocolo de la incipiente internet, los informáticos del California Institute of Technology tomaron una decisión técnica que debía de tener consecuencias políticas. Decidieron que todos los datos que iban a transitar en la red tenían que viajar en “paquetes” de bit, que cada paquete tenía que indicar la dirección del ordenador a que quería ir, y que todos los “nodos” intermedios de la red, todos esos ordenadores en que nuestros datos pasan antes de alcanzarnos, tenían que transmitirlos sin curarse ni de los datos que contenían, ni de su origen, ni de su destino.

Se trata de la llamada neutralidad de la red: la infraestructura de comunicación de internet no interpreta lo que pasa por ella, sino que se ocupa sólo de transmitir “bits”. Interpretarlos es el papel de quien los recibe. A nivel técnico, esta decisión fue fundamental para la evolución de la red, ya que permitió la inclusión de datos no previstos originariamente, como videos o sonido. Con una red no neutral, internet sólo podría transmitir texto.

A nivel social y político, la neutralidad supone que la infraestructura de la red sea verdaderamente democrática: todos los paquetes son iguales simplemente porque el protocolo no tiene instrumentos para poder discriminar entre ellos. Los paquetes de los mensajes del movimiento 15M viajan por los mismos cables, y reciben el mismo tratamiento, que los paquetes de los bancos o del ministerio de interior. No sé si el clima progresista típico de la universidad californiana de los años ‘60 ha influido en estas decisiones, pero es cierto que, en la infraestructura de comunicación de la red, todos somos, de verdad, iguales.

La neutralidad de la red es un requisito imprescindible para que la red sea un bien público, y no un negocio en mano de las empresas. Algunos países, como Finlandia, han entendido tan bien este concepto que han declarado el acceso a una red neutral como un derecho de sus ciudadanos. Incluso en EE UU, patria del neoliberalismo, el regulador de telecomunicación de Telefónica (FCC) se ha resistido a cualquier presión de los operadores de red para privilegiar ciertos contenidos sobre otros. Si los países con una gran cultura tecnológica toman la neutralidad muy en serio otros, donde esta cultura falta, no tanto. En España, la ley sobre la neutralidad de la red no se aprobará en esta legislatura y es muy improbable que salga adelante si el PP gana en noviembre. La UE nos abrirá un expediente.

Mientras tanto, Telefónica estrena Content Delivery Network (CDN), una red “preferencial” para ciertos usuarios y, sobre todo, para ciertos proveedores de contenidos dispuestos a pagar para publicar allí sus páginas. Con esta red, los contenidos de los proveedores que pagan más nos llegarán de manera más rápida y segura. Telefónica está consiguiendo la cuadratura del círculo: cobrar dos veces (a los usuarios y a los proveedores) por el mismo servicio. Mientras tanto, Telefónica ganará el control del tráfico en la red: decidirá quién transitará bien y quién deberá conformarse con una infraestructura más lenta y congestionada.

Para vender esta idea de control, Telefónica está usando una estrategia vieja pero, lamentablemente, siempre eficaz: al principio implementará la novedad simplemente como una mejora sobre el viejo sistema. La “vieja” internet seguirá allí, y la nueva CDN será simplemente una opción para proporcionar un servicio mejor a quien lo quiera, y sólo a quien lo pague. Sabemos muy bien que con el tiempo estas “mejoras” se transforman siempre en camisas de fuerza. Una vez implantado el sistema, y establecido el principio de que los proveedores de Red pueden controlar el tráfico en sus infraestructuras, nada impedirá a Telefónica excluir de sus servicios sitios web que no responden a los criterios que la empresa establece. Durante la próxima JMJ los laicos podrían descubrir que Telefónica se niega a transmitir sus paquetes y que tiene los instrumentos técnicos y legales para hacerlo.