EL DOGMA NEOLIBERAL Y LAS PENSIONES

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Estamos viendo una avalancha mediática por parte del establishment financiero que tiene como objetivo convencer a la ciudadanía española de que existe un consenso entre los expertos de que hay que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación en España, utilizando argumentos que se presentan como científicos, cuando en realidad son profundamente ideológicos, lo cual es fácil de demostrar.

Si el debate que se está realizando sobre las pensiones fuera un debate científico, la dinámica del mismo sería distinta.

En un debate científico, si un autor presenta datos que nieguen la validez de los que han sido utilizados por otros autores en defensa de sus tesis, estos autores, en su continua defensa de sus argumentos, no pueden ignorar estos nuevos datos aportados por sus críticos. Tienen que cambiarlos o responder a sus críticas indicado su desacuerdo. De no hacerlo así, correrá el riesgo de perder su credibilidad. Es así como la ciencia se construye. Aparecen tesis y contratesis que deben contrastarse para ver su validez científica.

Pues bien. Esto no está ocurriendo en el debate sobre las pensiones.Los autores que sostienen la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación continúan utilizando datos para apoyar sus tesis de inviabilidad del sistema de pensiones públicas españolas, a pesar de que otros autores han demostrado la falsedad de tales datos. La primera voz que utilizó datos erróneos para justificar el retraso obligatorio de la edad de jubilación fue la Comisión Europea en su informe sobre las pensiones en España. En tal informe se escribía que “las pensiones pasarán de representar un 8.4% del PIB en el año 2007 a un 15.2% del PIB en el año 2060, lo cual convierte el sistema público de pensiones en insostenible”. Esta postura, utilizando la misma narrativa y los mismos datos, ha sido reproducida por el Banco de España, por los informes del BBVA y del Banco de Santander, por la Fundación de las Cajas de Ahorro, por el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por los mayores bancos y grandes empresas de España) y últimamente por la OCDE. Todas estas instituciones no son instituciones científicas sino instituciones financieras o próximas a la banca y al mundo de las grandes empresas. Tienen un enorme poder en configurar la sabiduría convencional económica del país, la cual promueven a través de fundaciones, revistas académicas, prensa diaria, y otros medios. Establecen así la ortodoxia económica, con su propia Inquisición, que margina o ignora a las voces críticas que no comulgan con su ideario neoliberal. (Por cierto, acaba de estrenarse un excelente documental en EEUU, “Inside Job”, sobre como se generó la crisis financiera en EEUU, mostrando el papel clave que la banca jugó en establecer la ortodoxia neoliberal que llevó al desastre. El documental también muestra como los departamentos de economía y escuelas de negocio de las universidades estadounidenses más conocidas crearon tal ortodoxia, analizando las conexiones de estos centros universitarios con el mundo financiero. Un tanto igual podría escribirse sobre las conexiones entre el mundo universitario y las instituciones financieras y empresariales en la creación del argumento de la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en la Unión Europea, incluyendo España).

Esta observación no quiere decir que todos los que utilicen aquel argumento y aquellos datos de insostenibilidad sean neoliberales o estén defendiendo los intereses del mundo financiero. En realidad, como firmas del manifiesto de los 100, hay economistas que no encajan dentro del ideario neoliberal. Y el propio Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en respuesta a una pregunta de una periodista de El País (12.12.10), la cual le preguntó si el aumento de la productividad no invalidaba el argumento de insostenibilidad, el Ministro respondió que incluso si la productividad aumentara un 2 o un 2.5% por año, el sistema de pensiones públicas sería insostenible en el 2050, pues tales pensiones absorberían el 15% del PIB, una cifra, según él, inviable. Y pocos días después, un economista de credenciales progresistas, el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, acentuaba el mismo argumento, con parecidas cifras. El hecho de que incluso tales autores reproduzcan estos datos y argumentos muestra el grado de dominio de tal pensamiento en la cultura económica del país.

El que existan también personas progresistas no neoliberales que sostengan aquellas tesis de inviabilidad, se presenta como el “consenso” entre expertos. Pero se ignora deliberada y maliciosamente, que hay muchas voces críticas de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Autores como Dean Baker, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington, y el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en EEUU, y el Catedrático de Economía Juan Torres y yo (entre otros) en España hemos criticado tales argumentos, documentando el error de los supuestos que cuestionan la insolvencia de la Seguridad Social. En el caso español, he mostrado como las pensiones pueden representar un 15% del PIB en 2060 y no ser ningún problema. Y he explicado porque esto no es un problema. Lo hago ahora de nuevo.

Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año (una cifra razonable), esto querría decir que en el año 2060 el PIB sería 2.20 veces mayor que ahora, cifra que se calcula elevando el 1.5% a la 53 potencia (2060-2007= 53 años). Esto quiere decir que si el PIB fuera 100 en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Naturalmente que el PIB en 2060 será mucho mayor que 2.20 veces que ahora, debido predominantemente a la inflación. Pero es importante comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, que cuando digo 2.20 veces mayor, estoy utilizando monedas con la misma capacidad de compra. O sea que el PIB de 2060 que utilizo es el que España tendría descontando la inflación.

Pues bien, en el año 2007 nos gastábamos 8 unidades en pensionistas y 92 en no pensionistas. Y en el año 2060 nos gastaríamos el 15% de 220, es decir, 33, en pensionistas y para los no pensionistas 220-33=187. Resultado del incremento de la productividad, habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. En realidad, hace cincuenta años nos gastábamos en España menos de la mitad que ahora en pensiones públicas, y aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones se ha más que doblado, ello no ha implicado que haya menos recursos para los no pensionistas. Si ustedes leen las hemerotecas de hace cincuenta años, verán que se utilizaban los mismos argumentos que se utilizan ahora por los catastrofistas.

El silencio frente a las críticas

Frente a estos datos, los que sostienen la tesis de inviabilidad del sistema de pensiones público (en el caso de que sus argumentos fueran científicos) debieran responder y decir porque estos datos no invalidan sus tesis. Lo que no pueden hacer (repito, si es que se consideran científicos) es ignorarlos y continuar repitiendo como papagayos las mismas tesis y utilizando los mismos datos, tal como están haciendo. Y ahí está la prueba de que no son científicos, sino ideólogos, lo cual aparece incluso más claramente cuando ignoran y nunca citan los trabajos y los datos de los autores que muestran sus falacias o errores.

Los datos que he mostrado se han publicado en muchos forums, tanto en revistas científicas, como en diarios y prensa escrita. Pues bien, no han sido en su mayor parte contestados.

En un debate científico serio uno esperaría que los autores que utilizan aquellos datos catastróficos cuestionaran varios supuestos de mis tesis. Uno, por ejemplo, podría ser el de estar en desacuerdo en que la economía española pudiera crecer un 1.5% por año. Me parecería un debate productivo y relevante. ¿Cuánto puede aumentar la productividad en España, y cómo aumentarla? ¿Y cómo ello afectaría los recursos futuros para sostener la Seguridad Social? Otro debate podría ser como el impacto de la entrada de la mujer en el mercado laboral podría afectar las cifras que se utilizan para analizar el incremento de la riqueza y, por lo tanto, los recursos de 2060. Y muchos otros temas.

Sin embargo, ha habido un silencio ensordecedor sobre estos temas (excepto un grito histriónico de un portavoz del manifiesto de los 100 economistas negando que la productividad crecerá en España, lo cual, de ser cierto –que no lo es- sería un problema gravísimo, mucho mayor que el de la sostenibilidad de las pensiones). Y ahí es donde se muestra el carácter ideológico de tales argumentos. Presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal, como la OCDE, la Comisión Europea, o Fedea (todas ellas instituciones que tienen escasa credibilidad científica) como instituciones que gozan de credibilidad científica es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización de preservativos (como medida protectora contra el SIDA) tiene credibilidad científica. En todos estos casos la motivación de sus argumentos es la fe (católica) en el caso de la Iglesia, y neoliberal en el caso de aquellas instituciones.

¿Quiénes son los supuestos expertos?

Otro ejemplo de la campaña propagandística neoliberal es la presentación de economistas próximos a la Banca (tales como los analistas de Fedea) por parte de los medios de mayor difusión del país como “expertos en pensiones”, tal como hace El País en un análisis sobre las pensiones. Uno de tales expertos es José A. Herce, que ha ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada diez años. En 1995 predijo que la Seguridad Social tendría un déficit del 0.62% del PIB en el año 2000 y del 0,77% en el 2005. Un año más tarde, 1996, predijo que el déficit sería de 1.35% del PIB en el 2000, y del 1.80% en el 2005. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. Ello no frenó al Sr. Herce que, en su testimonio en el 2009 en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, aseguró a la Comisión que la Seguridad Social entraría en déficit en el año 2020. Aconsejo al lector que vea lo poco creíbles que han sido las predicciones de tal llamado “experto” y otros, detallado en el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, distribuido por Attac.

Es sorprendente la relajación del rigor y excesiva tolerancia de algunos medios en la reproducción del dogma neoliberal. ¿Se figura usted que un médico errara sistemáticamente sus diagnósticos dañando al paciente como consecuencia de ello, y que continuara siendo presentado como un gran clínico? Pues esto es lo que está ocurriendo.

Artículo publicado en EL PLURAL

La financiación de las pensiones

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO en Público

02-12.jpgDesde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.
En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.
Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?
Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.
Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.
Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.
La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Ilustración de Patrick Thomas

Jubilaciones: QUE NO NOS ENGAÑEN

Esta es la realidad de las pensiones en nuestro contexto europeo:

Uno de los MENORES GASTOS en relación al PIB y una edad real de jubilación de las MÁS ALTAS.

Fuente:  El Correo


En los cambios que están adoptando otros países, además de las edades se ha de observar sus fechas de aplicación:

  • Austria, incrementará de los 60 a los 65 años entre 2024 y 2033.
  • Bélgica, para las mujeres, de los 64 a los 65 años desde 2009.
  • La República Checa, incrementará hasta los 63 años para los hombres y de 59 a 63 años para las mujeres, para el año 2013.
  • Dinamarca, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2027.
  • Alemania, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2029.
  • Hungría, incrementará de los 65 a los 67 años en 2020 para las mujeres y de los 62 a los 65 años para los hombres. Además, en una segunda fase, a 68 años para las mujeres y a 69 años para los hombres en 2050.
  • Italia, incrementará de los 57 a los 58 años en 2008 y a 61 años en 2013.
  • Reino Unido, incrementará a los 65 años en 2020 sin diferenciar entre hombres y mujeres y aumentará a los 68 años entre 2024 y 2046.
  • Francia, pasará de los 60 años actuales a los 62

EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 16 de diciembre de 2010

Este artículo critica la propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación de 65 a 67 por no tener en cuenta las enormes diferencias de longevidad que existe en España por clase social. Cuestiona también los supuestos sobre los cuales se construye la tesis de que el sistema de pensiones públicas es insostenible a no ser que se reduzcan las pensiones.

El alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación de los 65 a los 67 años afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años. El promedio de la UE-15 es de 7 años. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la  burguesía, pequeña burguesía y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).

A partir de estas cifras puede concluirse que puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchos cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo, tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar la salud de la persona. En EEUU, por ejemplo, un Catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad exige a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como medicina), donde hay una enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce, sino un medio a partir del cual la persona obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra persona que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a la mujer de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para parar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra. Y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos treinta años, ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto su vida alargada mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos treinta años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker and David Rosnick. The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement. Center for Economic and Policy Research. October 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores que con 58 años trabajan en ocupaciones físicamente exigentes y/o en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos treinta años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han hecho una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo hizo hace unos días el nuevo Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, en que utilizó el mismo argumento. Es más este último indicó que, aún cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Ello no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera 2%, el PIB en 2050 sería 2.20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora 9 unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar de 52% fuera 72% o 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el estado debiera hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

LAS PENSIONES EN DIEZ CLAVES

  • Ignacio Escolar

1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los 70 pero después la natalidad se hundió de golpe.

2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década –mi generación– nos empecemos a jubilar, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.

3. A largo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está –donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros– porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.

4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: sólo el 8,4% del PIB, cuando la media europea es del 10,1%.

5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la Unión Europea, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1%.

6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de 50 años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.

7. No es la primera vez que estas previsiones fallan estrepitosamente.

8. Pero incluso dando por buenas estas cifras –todas salen del último informe de la UE (PDF)–, ese 15,1% del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que HOY (y no en 2060) gastan países como Francia (13%) o Italia (14%).

9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas –en eso están–. O que la diferencia se pague por medio de impuestos, cómo ya hacen otros países, como Austria o Dinamarca.

10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.

Fuente:   Diario Público

Jubilación dorada para los comisarios europeos

diario Público

Reciben un mínimo de 96.000 euros anuales durante tres años después de dejar el cargo

Se llama sistema de indemnización transitoria y de él se benefician 17 antiguos comisarios europeos. El Ejecutivo de la Unión Europea se vio obligado ayer a reconocer una información del diario The Financial Times Deutschland, según la cual los ex comisarios cobran hasta el 65% de su sueldo hasta tres años después de haber dejado el cargo. De esta forma, reciben un mínimo de 96.000 euros al año. Además, pueden seguir percibiendo esa indemnización incluso cuando ya han encontrado otro trabajo.

El ex comisario de Pesca, el maltés Joe Borg, recibe 11.000 euros al mes, pese a haber pasado a formar parte de un grupo de interés (o lobby) en el sector pesquero, al que ofrece sus contactos e influencia. El que ocupó la cartera de Mercado Interior, Charlie McCreevy, también se beneficia de este sistema de indemnización -cobra también 11.000 euros al mes-, destinado a «ayudar a los comisarios a reintegrarse en el mercado laboral sin tener que agarrarse a cualquier empleo que aparezca», según explicó ayer Michael Mann, el portavoz comunitario. McCreevy, criticado por negarse a reglamentar el mercado financiero antes del estallido de la crisis, encontró trabajo en la aerolínea irlandesa Ryanair.

La Comisión Europea puntualizó que «en el caso de que, con la indemnización y su nuevo sueldo ganen más que cuando eran comisarios, lo que perciben se reduce».

Código ético

Bruselas tiene un código ético y de incompatibilidades que funciona mal. Varios comisarios pasaron de dirigir a un cuerpo de centenares de funcionarios a empresas o lobies. Por eso, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, prometió en plena campaña por su reelección investigar si era necesario reformar este sistema. A preguntas de los periodistas, el portavoz comunitario se negó a revelar si actualmente se está preparando un cambio en la ley.

El conflicto de intereses que surge cuando los responsables de vigilar por la legislación comunitaria pasan al sector privado es un tema que viene de lejos. Uno de los casos más sonados fue el del alemán Martin Bangemann, ex vicepresidente y Comisario del Mercado Interior, de Empresa y de Industria. En junio de 1999, cambió la Comisión de Bruselas por el consejo de administración de Telefónica. El entonces presidente de la empresa española, Juan Villalonga, presumía de haber fichado al «Ronaldo de las telecomunicaciones».

La revelación del sistema de indemnización viene en un momento poco oportuno para la Comisión. El Ejecutivo comunitario mantiene un litigio con los 27 gobiernos de los estados miembros al reclamar una subida salarial para los funcionarios comunitarios de un 3,7% en 2010, algo que fue vetado a principios de año por el Consejo de Ministros de la UE.

EL NEOLIBERALISMO, CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS

Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

Para muchos, incluso entre la izquierda, el uso de la palabra neoliberalismo debería cesar por ser inapropiado. Según esta visión, el neoliberalismo es un concepto más ideológico que teórico, y sobre todo más político que económico. No es útil y tiene más de panfletario que de riguroso. A pesar de esa renuencia explícita por tantos, se trata, sin embargo, de un término ampliamente extendido y aceptado por incluso bastantes de quienes lo critican.

Sin negar que se ha convertido en un lugar común en el discurso de los militantes de izquierdas, formando parte demasiadas veces de discursos realmente vagos y ciertamente con poca base teórica, el concepto es para mí plenamente válido y adecuado. Eso es lo que trataré de hacer ver en este post, cuyo objetivo es, por lo tanto, reivindicar el uso del neoliberalismo como concepto e instrumento de análisis en economía.

Neoliberalismo como ideología y como configuración económica

Para la mayoría de los economistas críticos y las corrientes de pensamiento económico alternativo la crisis estructural de los años setenta marcó el inicio de una nueva etapa que se ha convenido en llamar neoliberal. Hablamos entonces de un cambio en la configuración de la economía capitalista, que desde el final de la segunda guerra mundial y hasta los años setenta había estado gestionada a partir de un ideario obtenido de las enseñanzas de Keynes. Esa etapa del capitalismo, apellidada dorada entre otras cosas por la inexistencia de crisis graves y por responder a un círculo virtuoso de crecimiento de salarios y crecimiento económico, entró en crisis y abrió la puerta a una nueva forma de comprender la sociedad.

El neoliberalismo es evidentemente una ideología, con un proyecto más o menos definido de cómo tiene que ser la sociedad, y sus bases pueden encontrarse en F. Hayek o M. Friedman. Pero el neoliberalismo es también la configuración resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por aquella ideología. El capitalismo no se articula siempre de la misma forma y sus instituciones cambian (las relaciones entre capital-trabajo, entre Estado-trabajo y otras…) bien como respuesta a su propia dinámica (como se suele postular desde la teoría marxista) o bien como resultado de políticas concretas (como afirman los teóricos poskeynesianos).

Desde la teoría económica marxista puede explicarse el neoliberalismo a partir de la óptica de clases, como el proyecto de las clases más ricas para recuperar unos espacios de poder político y económico que perdieron tras la segunda guerra mundial. Desde otros enfoques, complementarios en todo caso, el neoliberalismo es un nuevo régimen de acumulación (teoría regulacionista) o una nueva estructura social de acumulación (teóricos de la escuela radical). Hay diferencias al respecto de qué llevó al surgimiento del neoliberalismo como nueva forma de configuración capitalista y sobre su estabilidad a medio o largo plazo, pero no hay disensiones importantes a la hora de definir como tal una etapa muy bien caracterizada.

Caracterización del neoliberalismo

El neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en Reino Unido (aunque se experimentó previamente en el Chile de Pinochet), y su aplicación es muy distinta entre los países del mundo. No obstante, el patrón es el mismo y los efectos más similares que diferentes. Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil, por ser la forma canónica del proyecto, para comprender esta nueva configuración. Para D. Kotz (2008), el neoliberalismo estadounidense tiene una serie de nueve características principales.

  1. La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional.
  2. La privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado.
  3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo.
  4. Brusca reducción en el gasto social.
  5. Reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias.
  6. Ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores.
  7. Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos.
  8. Competición desenfrenada entre las grandes empresas, en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra.
  9. Introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder.

Esta caracterización es, como puede intuirse, adecuada para describir los desarrollos recientes en prácticamente todo el mundo capitalista, a pesar de que está pensada para la economía de Estados Unidos. Y es la combinación de estas características la que da lugar a una serie de efectos que el propio D. Kotz (2008) enumera también: creciente desigualdad, incremento de la importancia del sector financiero y sucesión de grandes burbujas de activos.

La creciente desigualdad

La creciente desigualdad es resultado de varios desarrollos. Por una parte, de la desregulación de sectores como el transporte y la comunicación y los consecuentes descensos salariales que allí tuvieron lugar. Por otra parte, la desregulación internacional de los flujos de capital acetuó la competencia entre países y presionó los salarios a la baja. La transferencia de trabajos desde el sector público hacia el sector privado también presionó los salarios a la baja en muchos casos. El cambio de objetivos de política monetaria (concentrándose en la inflación más que en el pleno empleo), y la naturalización del desempleo, condujo a una mayor tasa de parados y a lo que Marx denominó “ejército industrial de reserva”, empujando también los salarios a la baja. La reducción de los impuestos redujo la capacidad redistributiva del Estado, el cual además redujo los programas sociales cuyos beneficiarios eran generalmente los más necesitados. Los cambios en el mercado laboral, con los sindicatos golpeados por el Estado y las grandes empresas y con la proliferación de contratos basura, agudizó el deterioro de la capacidad de negociación de los trabajadores, algo que finalmente se tradujo en menores salarios. Finalmente, la mercantilización del interior de las grandes empresas presionó al alza los salarios de los grandes ejecutivos, mientras los salarios de los trabajadores más de base se mantuvieron estancados o en retroceso.

Aunque en este blog hemos visto evidencia empírica de algunos de estos efectos, que además son fácilmente perceptibles en los países desarrollados, Kotz señala algunos datos de importancia al respecto. Así, la producción por hora creció mucho más rápido (un 1′91% entre 1979 y 2007) que las ganancias de los trabajadores no supervisores (-0′04% para el mismo período). Incluso teniendo en cuenta a todos los trabajadores, la productividad creció por encima de los salarios (1′9% frente a 1′1%), lo que refleja un desplazamiento del excedente desde el trabajo hacia el capital. Algo que se verifica al comprobar que la tasa de crecimiento de los beneficios fue de un 4′6% entre 1979-2007 frente a una tasa de crecimiento de los salarios de un 2′0% para el mismo período. Finalmente, la desigualdad personal también se agudizó en todo este tiempo, ya que el 5% de los hogares más ricos tenía un 15′3% de la renta en 1979 y un 20′9% de la misma en 2007, mientras el 20% de los hogares más pobres tenían un 5′5% de la renta en 1979 y un 4% en 2007. Para más inri, el 0′01% de las familias más ricas recibía un 5% de la renta en 2005, un pico no alcanzado desde 1929.

Incremento de la importancia del sector financiero

Producto de la desregulación financiera, de la competición desenfrenada y de la mercantilización del interior de las grandes empresas llevaría a un nuevo contexto económico donde las finanzas ganarían importancia sobre la economía real. Se ha hablado de financiarización de la economía para describir este fenómeno que incluye la proliferación de nuevos mercados financieros (especialmente el de derivados) y de nuevos productos (CDOs, CDS, etc.) y agentes financieros (fondos de inversión colectiva, por ejemplo), a la vez que tanto hogares como sobre todo familias han quedado subsumidos por la lógica financiera cortoplacista.

Los altos empleados, cuya remuneración está vinculada al valor accionarial, se han preocupado más por incrementar los valores de las empresas en bolsa que por la actividad real de la empresa y su permanencia a medio y largo plazo. A su vez, la banca se ha transformado, cambiando progresivamente su actividad desde la recepción de depósitos hacia los negocios con derivados y hacia las comisiones, y el endeudamiento de hogares y empresas se ha convertido en un instrumento propulsor de la demanda agregada.

En general, la lógica cortoplacista (espoleada por la competencia) ha llevado a las corporaciones tanto financieras como no financieras a asumir prácticas mucho más arriesgadas y más rentables, desligándose de sus funciones propias en el capitalismo. Aunque la literatura al respecto es muy amplia y documentada, Kotz apunta brevemente que el porcentaje de beneficios de las instituciones financieras en el total de instituciones era de un 21′1% en 1979 y alcanzó el 41′2% en 2002, en pleno auge de la burbuja de internet.

Las burbujas de activos

Como resultado de los dos desarrollos anteriores, las burbujas de activos han encontrado un caldo de cultivo espectacular. El crecimiento de los beneficios sobre los salarios, la concentración del ingreso en familias ricas, la reunión de flujos de capital ociosos (en fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, etc.) ha llevado a promover burbujas en todas partes. Hay que recordar que este capital financiero responde con mayor radicalidad a la lógica de la rentabilidad (el ciclo corto marxista D-D’, es decir, dinero para obtener dinero) sin preocuparse por la economía subyacente y de la cual en última instancia depende. La desregulación financiera abrió el campo para que todo este dinero, gestionado por empresas que responden ante sus accionistas, se concentrara en diversos mercados, creando burbujas, en busca de rentabilidad.

Como veremos en futuros posts, pero como es fácil intuir, estas burbujas han posibilitado un endeudamiento creciente que ha permitido al capitalismo neoliberal funcionar más allá de los propios límites que impone la economía, pues ha permitido que el consumo pueda mantenerse a pesar de que los salarios se han estancado o han incluso retrocedido. Eso significa que la crisis financiera está profundamente enraizada en la desigualdad inherente al capitalismo neoliberal.

Conclusión

En este blog hemos hablado mucho, y hablaremos aún más, de neoliberalismo y financiarización, pero también de desigualdad y clases sociales. En realidad, son todos conceptos que me parecen especialmente útiles para comprender la sociedad actual, y particularmente las causas de la crisis financiera y económica que vivimos y -previsiblemente- viviremos. No cabe duda de que son todos fenómenos muy interrelacionados, y que deben estudiarse con cuidado por la gran cantidad de variables que median entre unos y otros. Las diferentes corrientes de pensamiento económico alternativo (poskeynesianos, radicales, regulacionistas, marxistas, etc.) nos brindan la oportunidad de sacar enseñanzas que en su mayor parte pueden integrarse en una explicación coherente y cierta.

A mi entender el uso del concepto neoliberalismo está plenamente justificado, tanto en su concepción ideológica como en su concepción económica. No importa que otros lo usen con otro propósito, menos descriptivo y más político, pues ambos usos son perfectamente legítimos. La economía no es un compartimento estanco de la política, sino parte necesaria de ella y los economistas tenemos, en mi opinión, un doble papel por cumplir. El de describir (más bien revelar) la realidad que nos rodea y el de concienciar a una población a la que se le ha privado de las herramientas fundamentales para saber cómo quieren organizarse como sociedad.

GOBERNAR ES TOMAR MEDIDAS IMPOPULARES: ¿PARA QUIÉN?

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Una frase que se está generalizando en ciertos sectores del establishment político español, incluyendo el gobierno español, es que gobernar significa “no temer a tener que tomar decisiones impopulares”. Esta frase se está utilizando para alentar al gobierno a tomar medidas como la congelación de las pensiones, la destrucción de puestos de trabajo en el sector público, la reducción de los salarios de los empleados públicos, la reforma laboral que facilitará los despidos y la reducción salarial, medidas que están siendo, como es lógico, altamente impopulares entre las bases electorales del partido gobernante.

Encuentro esta frase, además de enormemente arrogante, carente de sensibilidad democrática. La función primordial de un representante político es representar a sus electores, pues es la voz de aquellos que le han elegido. El poder de tal gobernante deriva única y exclusivamente de la soberanía otorgada a él o a ella por la población a la cual representa. Y si hay un conflicto entre lo que el representante opina y lo que los representados desean, es el representante el que debe cambiar o dimitir. No es el representado el que tiene que dimitir.

La población vota a un programa con el cual el representante está comprometido. Y ninguna de estas propuestas del gobierno Zapatero, por cierto, estaba en la lista de políticas públicas en cuyas bases el gobierno fue elegido. Muchas de las voces que sostienen aquella frase de que hay que ir en contra de la opinión de los representados parecen ser conscientes de la incoherencia de tomar posturas contrarias a su electorado. De ahí que subrayen el tema de la comunicación, aduciendo que la impopularidad de las medidas se debe a la falta de comunicación entre el Gobierno y su electorado. Es el eterno argumento de que las masas no entienden a las élites gobernantes que tienen que cargar en sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones impopulares e incomprendidas. Esta actitud menosprecia, no sólo la inteligencia y madurez del electorado, sino que sobreestima las dotes del representante, creyendo que él o ella saben más lo que beneficia e interesa a su electorado que el propio electorado. La realidad es que la impopularidad de cada una de estas políticas que el gobierno ha tomado no se debe a que no se hayan explicado. En realidad, los medios de mayor difusión del país no sólo las han explicado, sino que las han promovido activamente, pues la mayoría son de ideológica neoliberal. Y, en cambio, las bases electorales del gobierno socialista español, así como la mayoría de la población, no aceptan tales medidas, y con razón. En toda esta justificación, la frase que debiera utilizarse no es si hay temor a tomar medidas impopulares, sino entre quiénes son impopulares. Lo que estamos viendo es que se están tomando medidas impopulares entres los débiles, y muy populares entre los fuertes, medidas que éstos últimos han estado deseando tomar desde hace muchos años, y ahora, con la crisis (que ellos crearon), tienen el momento para implementarlas. La congelación de las pensiones, por ejemplo, fue impopular entre los pensionistas, pues ellos tendrán que pagar un déficit que se crea en las cuentas del estado (1.500 millones de euros) que podría haberse evitado no bajando los impuestos de patrimonio (2.500 millones) que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores. El gobierno no tuvo temor en tomar medidas impopulares entre los pensionistas y muy populares entre las rentas superiores. El coraje que se exige, no es disminuir los beneficios sociales y laborales de la clase trabajadora, sino enfrentarse a los grupos más poderosos (desde la banca y la patronal a las rentas superiores). Y es ahí donde su cobardía es decepcionante, lo cual es incluso más acentuado entre las derechas españolas y catalanas, siempre muy próximas al mundo financiero y empresarial, y muy lejanas de los ciudadanos de a pie. De ahí que las derechas utilicen constantemente la cruz y la bandera para conseguir el apoyo que sus políticas económicas y fiscales dificultarían. Las izquierdas no pueden regirse por el mismo criterio de coraje que tienen las derechas, y han de tener valor para tomar medidas impopulares entre los poderosos en este país, que, por desgracia, no son las clases populares.

Artículo publicado en El Plural.
www.vnavarro.org

MITOS SOBRE LAS PENSIONES

VICENÇ NAVARRO

web-recorte-pensiones.jpgA raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos.

Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes.

En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.

Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes.

No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.

Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo.

Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Mikel Jaso