RECORTES (2ª parte): La Crisis internacional, la Estafa y su aprovechamiento. Algunas fechas clave.

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Crisis

2007

9 de agosto.  La crisis hipotecaria hace caer las bolsas de Estados Unidos y Europa. El Banco Central Europeo (BCE) inyecta 95.000 millones de euros a 49 entidades bancarias con problemas de financiación, debidos, en parte, a la crisis especulativa y crediticia en EE UU, cuyo detonante fue el estallido de la burbuja inmobiliaria con las hipotecas basura (“subprime”). Sigue leyendo “RECORTES (2ª parte): La Crisis internacional, la Estafa y su aprovechamiento. Algunas fechas clave.”

«SIN UN CAMBIO RADICAL EN LAS POLÍTICAS TARDAREMOS AÑOS EN SALIR DE LA CRISIS»

Aboga por condonar a España, Grecia, Irlanda y Portugal la deuda generada por el rescate de los bancos.

 Entrevista de Pilar Aranguren a Eric Toussaint 
  • Eric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y la de París VIII, defendió en Donostia la idoneidad de acometer una bancarrota ordenada de los bancos que se encuentren en peor situación, garantizando siempre los depósitos por parte del Estado, que tomaría el control y mantendría la actividad de los mismos. Toussaint intervino en un curso organizado por la Fundación Manu Robles Aranguiz, de ELA, y la Uned.

Reclama la anulación de la deuda de los países más golpeados, como España, Grecia, Irlanda y Portugal. ¿Es un primer paso para la salida de la crisis?

Es una solución obligada. Los países como España, Portugal, Irlanda y Grecia no pueden mejorar su situación económica y garantizar a su ciudadanía los derechos básicos con el peso de una deuda que es en gran parte ilegítima. Diría que en el caso de España hay que descartar definitivamnte la posibilidad de hacer un rescate de actores privados, como la banca, a costa del Tesoro público. Es una solución obligada pero por supuesto no es la panacea. Tiene que estar en el marco de medidas complementarias.

¿Como las encaminadas a reactivar la economía?

Es necesaria una política para incentivar la actividad económica, lo que implica tener más medios financieros en el presupuesto del Estado para aumentar el gasto público, generando empleo, demanda pública para estimular la economía y también gasto público para atender a las víctimas de la crisis que necesitan ayuda. Para hacer esto hay que anular la parte ilegítima de la deuda, pero también es fundamental aumentar los ingresos fiscales, lo que implica otra política tributaria. En los países más industrializados, como España, ha habido una política tributaria que ha hecho regalos al 1% más rico.

¿Cuando habla de parte ilegítima de la deuda a qué se refiere?

Es una deuda que se ha generado por el rescate de bancos que son responsables de su situación. Como por ejemplo, en el caso de Bankia ha recibido 4.000 millones y necesitará otros 19.000.

El juez ha imputado a la cúpula de Bankia por delito societario por la fusión y la salida a Bolsa. ¿Cree que es necesario depurar responsabilidades penales si las hubiera?

Es bueno que la Justicia adopte iniciativas contra los responsables de la crisis, tanto de la banca, como de los reguladores u organismos que deberían haber controlado si se detecta una falta de control.

Aboga por la nacionalización de los bancos. ¿No sería una medida muy radical?

Es una medida radical. Pero mi reflexión es que realmente el sector de la banca tiene que ser un servicio público, ya que recoge el ahorro de la ciudadanía, que deposita su confianza en una institución. Tiene que ser un servicio público bajo el control ciudadano. Debería haber una carta magna que regule las condiciones de dicho servicio y su control, que implica auditorías externas permanentes y rendir cuentas.

Al inicio de la crisis quedó patente que fallaron los controles de los bancos. Se habló de endurecerlos, pero otra vez se están relajando.

¿Volvemos a las andadas?

No hubo el control debido. También hay que tener en cuenta que hubo una desregulación financiera sistemática con el apoyo de grandes instituciones, como el FMI, que recomendada desregulación financiera. También el gobierno de Clinto y de Bush o la Comisión Europea. En EE UU y en Inglaterra se ha producido un proceso de más regulación, pero en los países de la zona euro no, y eso nos lleva a Bankia o a Dexia en Bélgica. La lista es larga.
Los grandes bancos privados europeos se están manteniendo a flote con crédito barato del BCE. Tendríamos que tener otra situación y no utilizar el dinero del BCE para esto, sino exigir el saneamiento de las cuentas de los bancos, que tienen muchos activos tóxicos, que son bombas que pueden explotar en cualquier momento.

¿Habría que dejarlos caer como hizo EE UU con Lehman Brothers?

No como ocurrió con Lehman Brothers. Lo que hay que hacer es llegar a una bancarrota, garantizando todos los depósitos por el Estado, que toma el control con una institución puente, manteniendo las actividades. La bancarrota quiere decir que los accionistas y los administradores del banco son fallidos y tienen que rendir cuentas ante la justicia por la gestión.

¿Cre que las medidas adoptadas en la cumbre de Bruselas van en la buena dirección?

Está bien que se otorgue crédito directo a la banca, porque no aumenta la deuda pública. Pero si no se ponen condiciones a la banca para que cambie su comportamiento y se extreman los controles, no servirá de nada.

Dice que tardaremos entre diez y veinte años en salir de la crisis. ¿No es muy pesimista?

Esta crisis es solo comparable a la del 29. Si se sigue con políticas de reducir el gasto público y la demanda privada no se hará más que empeorar y prolongar la crisis. Pero se puede reducir el periodo si se produce un viraje político radical. Pero no soy demasiado optimista porque los gobiernos europeos han decidido seguir en la misma dirección y a costa de recortar derechos sociales. La propia banca reconoce que tardará cuatro o cinco años en recuperar la actividad crediticia.

¿OTROS PAÍSES RESCATARON A SUS BANCOS?

Pues no fué así en todos los casos, Islandia no lo hizo, y es a quien mejor le va

Hace dos años atrás nadie podía prever que la situación de España sería esta. Mientras se agudizaba la crisis causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la  agencia de calificación Moody´s situaba a la banca española como la tercera más sólida de la zona euro, por detrás de Finlandia y Francia.

Pero este sábado, la situación obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a solicitar un rescate al grupo europeo que podría llegar a los 100 mil millones de euros y que será monitoreado por el FMI.

El diario español El País, ayer recordó que otros países ya pasaron por eso.

Reino Unido: El banco Northern Rock fue el primero en caer, en 2008, afectado por el veneno de los activos tóxicos inmobiliarios provocado por las hipotecas subprime. El Gobierno de Gordon Brown lo nacionalizó y abrió la vía de las ayudas públicas para rescatar a la banca. En total, se inyectaron 155.000 millones de euros para rescatar a los bancos más afectados, entre ellos el Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds.

Irlanda: Es el caso más representativo de las transferencias de dinero público para salvar al sector financiero. El país pasó de ser un milagro económico a una de las mayores decepciones en los meses que transcurrieron desde la caída de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, al momento en que el Gobierno de Dublín nacionalizó el Anglo Irish Bank y el Irish Nationwide que supuso un desembolso de 7.000 millones de euros.

Islandia: La crisis financiera derrumbó a los tres principales bancos del país. Entonces, las autoridades nacionalizaron Kaupthing, Glitnir y Landsbanki en octubre de 2008. En lugar de regarlos con miles de millones de dinero público para que afrontaran sus balances, decidió que suspendieran pagos a los acreedores internacionales, fundamentalmente entidades e inversores británicos. No obstante, garantizó los ahorros de los islandeses.

Holanda: Si bien sus bancos presentan ahora balances saneados, entre 2008 y 2009, el entonces Gobierno de centro izquierda efectuó dos grandes rescates. El primero afectó al banco y aseguradora Fortis, por 16.800 millones de euros estatales. El segundo fue el de ING. La entidad fue recapitalizada con una inyección de 10.000 millones de dinero público.

Portugal: Lisboa nacionalizó el Banco Portugués de Negocios (BPN) tras inyectar 700 millones de euros para asegurar los depósitos. Desde hace cuatro años, el Estado viene haciéndose cargo de las pérdidas de la entidad que llegan al menos 2.500 millones de euros.

De los 78.000 millones que el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) prestaron en mayo de 2011 a Portugal para salvar a este país de la bancarrota, 12.000 millones estaban destinados desde el principio a sanear la maltrecha banca portuguesa.

Estados Unidos: La caída de Lehman Brothers lo precipitó todo pero la debacle arrastró a otras entidades, obligando al presidente George Bush a poner en marcha un fondo, el TARP, para inyectar hasta 700.000 millones a la banca. El desembolsó final de dinero público fue de 431.000 millones y la nacionalización parcial de la gran banca.

infobae.com (América)

NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA

Carlos Paredes (Miembro de Democracia Real Ya)

Créditos; más o menos, la cosa funciona así:

1º Un día, usted va al banco y pide un millón para comprarse una casa.
2º El banco, le da a usted ese millón, y usted se lo entrega al dueño de la casa (para comprarla).
3º El dueño de la casa, coge ese millón y lo deposita nuevamente en el banco.

Conclusión: el banco tiene un millón igual que antes, pero usted ahora le debe otro. Acabamos de fabricar un millón de la nada.

Pregunta: ¿Cuánto dinero le ha costado al banco la operación?

Cabe la posibilidad, de que el propietario de la casa, ingrese el dinero en otro banco distinto al que le dio a usted el préstamo. Para eso, se inventó la globalización, para que ambos bancos acudan al mercado interbancario, y el que tiene dinero de menos, le pida prestado al que tiene dinero de más. El interés al que se prestan dinero los bancos en la zona Euro, se llama Euribor.  Es por eso que todos los créditos son a Euribor + algo. Es decir, lo que me cuesta traer el dinero desde otro banco, más lo que le cobro a usted por mis servicios.

Con esta manera de actuar, el banco le presta el mismo euro a decenas de personas. Ese es el gran negocio. Fabricar dinero de la nada. Por eso el gran boom inmobiliario y la explosión hipotecaria. Pero claro, en el fondo… sólo es el mismo euro prestado infinidad de veces. Es… como una estafa piramidal.

¿Sabe cuánto dinero está obligado a tener el banco en caja? Pues ni más ni menos que el 9% del dinero que presta, sí, han leído bien. Y eso, es ahora; hace sólo unos meses era el 6%. Ese cambio, del 6% al 9% ha obligado a enormes recapitalizaciones de la banca, muchas veces con dinero público. Eso, en Europa, porque en Estados Unidos, Lehman Brothers, llegó a tener en “cash” sólo una milésima parte del dinero que prestaba. Se llama “desregularización financiera” es decir, que cada uno haga lo que quiera.

Y recuerde, si usted no paga, el banco, que sigue teniendo el mismo dinero de antes (más o menos) le quita la casa, y le reclama además el 40% de la hipoteca.

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Propuesta de limitación de pagos en metálico:

Lo que esconde la medida de limitar los pagos en metálico a un máximo 1000 euros, es sobre todo, evitar que el dinero salga del circuito/dominio bancario:

Con esa medida se pretende evitar un fraude de unos 27.000 millones de euros, que es apenas una tercera parte, de los 80.000 millones de euros que evaden las grandes fortunas españolas a través de paraísos fiscales, y que continúan campando a sus anchas.

2ª Parte

Usted mete sus ahorros de toda la vida en un fondo de inversión a cambio de un interés “un producto muy bueno” como suele decirle el señor o señora con quien habla habitualmente en su banco.

Cada fondo de inversión “invierte” en diferentes cosas… pero en general, lo que hace usted cuando firma esos papeles que nunca nadie lee, es comprar la deuda de otro. Es decir, compra usted una hipoteca, o un préstamo que el banco le ha hecho a otra persona. Con lo cual, el banco se queda con su dinero (que es real) y le coloca a usted una deuda (dinero ficticio o que no existe), abonándole una parte de los intereses que cobra al hipotecado.

El banco ha conseguido dinero de verdad, a cambio de venderle a usted el crédito de otro.

Si la persona que tiene contraída la deuda con el banco, no paga, tiene usted un problema, porque puede darse el caso de que no pueda recuperar su dinero.  (Esa parte que le cuesta tanto contar a su persona de confianza en el banco)

Para evitar eso, (que usted pierda su dinero), hay un seguro de impago. Lástima que no le cubra a usted.

El banco, le vende el seguro de impago, (sacando dinero por ello) que debería cubrirle a usted, a un tercero, y además, es legal. (La ley lo permite y lo ampara).  Así es que, si el señor que tiene la deuda, no puede pagar, usted pierde su dinero, y un tercero se forra.

Los seguros de impago, (que no le cubren a usted, aunque sea el propietario de la deuda) se llaman CDS, y son un producto que cotiza en bolsa.

Cuanto más riesgo hay de impago, más suben los CDS de esa deuda/fondo, porque el propietario de los mismos, es el que va a cobrar el seguro de impago (si se produce este). Y todos los fondos de inversión tienen CDS asociados.

¿Recuerdan la crisis de las subprime en USA? Un montón de gente dejó de pagar sus hipotecas, lo que hizo que otro montón de gente perdiera el dinero que tenía metido en fondos de inversión, y que varios bancos quebraran o amenazaran con la quiebra. Por eso los gobiernos metieron dinero. Ni los propios bancos sabían (según ellos) qué deuda había comprado usted, cuando metió el dinero en un fondo de inversión. Y por eso, quebró AIG la principal aseguradora de USA, porque no había dinero suficiente para cubrir los CDS, los seguros de impago. Eso sí, hubo gente, los dueños de esos CDS que se hicieron de oro, con el dinero que el gobierno estadounidense metió en la aseguradora, que fue directamente a sus bolsillos.

¿Y qué se ha hecho desde entonces? Nada.

Ahora, en lugar de especular con el impago de las hipotecas, se hace con la deuda soberana de los distintos países.

De esta manera, hay gente que hará todo lo posible, para que un país quiebre, para poder cobrar los CDS correspondientes a la deuda soberana de ese país.

El problema es, que cuando la cantidad que tiene que abonar la aseguradora es muy grande, no hay dinero para cubrirla, (como pasó con AIG) y ese es el principal motivo por el que la señora Merkel y otros líderes europeos, se echan las manos a la cabeza y piden reducción del déficit.

Por eso todas las recapitalizaciones bancarias, o los planes de aumentar los fondos para rescates bancarios en la Unión Europea.

Y es que, esta forma de hacer dinero, es la más rentable del mundo (si sale bien).

Piénsenlo:

Primero: presto dinero (fabrico dinero de la nada a través del crédito).

Segundo: convierto el dinero ficticio en real, captando el dinero de ahorradores (fondos de inversión).

Tercero: vendo a otras personas los seguros de impago de la deuda, y creo un mercado especulativo con ellos.

Cuarto: creo también un mercado especulativo con la deuda en sí misma (no iba a ser menos).

Y todo funciona bien, hasta que quien recibió el primer préstamo, dice que no puede pagar, y todo el castillo de naipes se desmorona.

Esta forma de hacer dinero, representa, más del 80% de la economía mundial, que no es otra cosa, más que humo.

Cada vez que le recortan a usted los servicios públicos o le hablan de medidas para combatir la crisis, sepa usted que lo hacen para poder mantener esta enorme estafa piramidal, que es “el sistema financiero”.

Por cierto, el problema no tiene solución. Piense que más del 80% de la economía mundial depende de que usted pida prestado, pero si usted no puede devolver el préstamo, el sistema se cae.

¿Cuántas medidas se están tomando para que usted pida prestado? ¿Y para que pueda devolver ese crédito?

No hace fatal ser muy listo, para darse cuenta de que el punto óptimo de funcionamiento del sistema reside en conseguir que usted contraiga una deuda permanente, pero que al mismo tiempo pueda siempre ir devolviendo poco a poco. Cuando una de las dos condiciones se rompe, el sistema funciona peor, o directamente se desmorona.

“La austeridad conduce a una asfixia total de la economía”

Entrevista a Ignacio Ramonet

Como director de una de las revistas de análisis de política internacional más prestigiosas del mundo, Ignacio Ramonet critica que los Gobiernos europeos hayan hecho de la defensa del euro su única prioridad.

¿Mandan en la Unión Europea los mercados? ¿Caminamos hacia una Europa basada en los intereses?

Es casi una banalidad decirlo. La Europa que se está construyendo está orientada a una prioridad: que el euro siga siendo una moneda fuerte. Todo lo demás tiene que sacrificarse por eso. Estas medidas se presentan como una salida de la crisis, pero no lo son. El BCE adoptó una política laxa tras la caída de Lehman Brothers, después del 15 de septiembre de 2008, con la idea de que no se podía dejar al sistema sin liquidez. Hoy esa política se sanciona.

¿Cuáles son los peligros de esta política de austeridad?

En Estados Unidos se está llevando a cabo una política de amplia liquidez, lo contrario del proceso de austeridad y ajuste que se ha aplicado aquí. Evidentemente, como dice Paul Krugman, en un país en el que se acaba de padecer una de las peores crisis económicas de su historia lo peor que se puede hacer es aplicar austeridad, porque va a conducir a una asfixia general del sistema económico. No vamos a ir a una crisis que va a durar dos o tres años. No sabemos dónde va a parar.

Las últimas decisiones en materia de política económica han sacado a la gente a la calle. ¿Cuál es el sentido del movimiento del 15-M?

Lo que están diciendo es: “No queremos ser una generación perdida”. Los Gobiernos sacrifican una generación, en una Europa de 500 millones de habitantes, para defender al euro, y esos jóvenes piden que se sacrifique otra cosa. Pero también es una generación que va a acabar por creer que la política no sirve para nada. Mi sentimiento es que tienen la ilusión de que pueden renovar la política. La idea es que hay que reinventarla, y para ello hay que partir de cero. Ellos piensan que la Constitución tiene muchas carencias, y no es falso.

¿Qué opina de la reforma constitucional pactada por PP y PSOE?

Es como si el Gobierno, el PSOE y PP quisieran otorgarle la razón a los indignados cuando estos afirman que no les representan. Este Gobierno ha hablado mucho de “democracia participativa” pero cuando llega el momento de tomar una decisión capital le niega la participación a los ciudadanos. Es un caso típico de confiscación de la democracia.

Se critica que esta reforma introduce un principio económico neoliberal en la Constitución.

La introducción de la regla de oro sobre el límite al déficit público significa la inscripción en nuestra Carta Magna de un dogma neoliberal fundamental. Desde ahora la propia Constitución será el piloto automático que conducirá al país por la vía neoliberal sin que nada se pueda oponer legalmente a ello. Pero legalmente no quiere decir legítimamente. Y la ciudadanía tiene derecho a oponerse, de modo no violento pero radical.

“Los mercados no han sido elegidos”

Las decisiones tomadas por el Gobierno español y tendentes a implementar un plan de austeridad “han pillado al país por sorpresa”, afirma Ramonet. En este sentido, se muestra partidario de que el actual Ejecutivo, que había ganado las elecciones con un programa basado en la defensa de los humildes, debería haber dimitido en el momento en que dio un giro radical a su política económica. “¿Cómo un dirigente socialista, que ha ganado las elecciones sobre un programa concreto, puede seguir adelante si tiene que cambiarlo con medidas muy duras para los más desfavorecidos?”, se pregunta.

Ramonet explica que los ciudadanos se están dando cuenta de que son los mercados los que hacen la política europea, que define como una “política de los intereses”. “Los mercados no han sido elegidos, ¿qué legitimidad tienen?”.

“Estamos votando entre opciones bastante restringidas. Si dentro de todo esto tienes a los inversores, que te imponen un diferencial de tipo de interés, y se convierte en algo mucho más determinante que tu programa, tu palabra y tus ciudadanos, ¿para qué se necesita un programa y unas elecciones?”, indica.

Reflexiona que se acepta la existencia de varias familias políticas, pero solo una política económica. “Si ven solo una alternativa, tal vez deberían hacer un solo partido”, añade.

Entrevista realizada por Elena Solera para Cinco Días

Accionistas de S&P y Moody’s se preparan para COMPRAR BARATO EN LAS PRIVATIZACIONES


Diario Público
En mayo de 2010, inmediatamente después de la decisión de la UE de emprender un duro ajuste coordinado en todos los países, el jefe de deuda soberana de Moody’s, Pierre Cailleteau, dejaba su puesto en la agencia que, con sus rebajas de calificación, había desempeñado un papel clave en la crisis de la zona euro. Y en septiembre, Cailleteau estaba ya en Lazard, uno de los grandes bancos de inversión estadounidenses.

Un año después de aquella dramática decisión, que puso contra las cuerdas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la privatización de las cajas una de las consecuencias imperativas del giro de mayo de 2010, está a punto de iniciar una nueva fase con la salida a Bolsa de Bankia, prevista para julio y que marcará el tono del proceso de privatización de las cajas de ahorros en España. Y el principal asesor de la operación será precisamente Lazard, el banco donde recaló Rodrigo Rato tras salir del FMI y que en septiembre fichó a Cailleteau, el hombre que año tras año colocaba a España como el peor país en su “índice de miseria”.

Lazard no es la única conexión con Moody’s de la OPV: los cuatro bancos elegidos para colocar el tramo institucional Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS también controlan fondos que tienen acciones de la agencia, entre el 0,22% y el 0,43%. Y todos participan del accionariado de su principal competidor, Standard & Poor’s, que se reparte con Moody’s más del 80% de la cuota de mercado mundial. Si se agregaFitch Ratings, acaparan el 95% de la torta.

Ola de privatizaciones

Pero si el foco se coloca en los compradores potenciales de acciones, las vinculaciones con las agencias aún son mayores. Ante la ola de privatizaciones en marcha Bankia, Banca Cívica, Loterías, Aena y las cajas compitiendo a la desesperada por capital todos los analistas sitúan en la parrilla de salida a los grandes fondos estadounidenses, que llevan meses catando el sector y estudiando comprar acciones de cajas, cuanto más baratas, mejor: BlackRock, que mueve una cantidad que dobla y supera el PIB español, y sus mayores rivales, Capital Group y Fidelity.

Tanto BlackRock como Capital son accionistas importantes de Moody’s, con el 6,3% y el 16,3%, respectivamente. Y también de S&P, de la que controlan el 5,3% y el 12,3%. Fidelity llegó a controlar en 2010 el 8% de Moody’s.

La importancia que para el proceso de privatización tienen estos fondos de inversión accionistas de las agencias de rating que han forzado precisamente ese proceso es tal que el pasado octubre el rey recibió en la Zarzuela al consejero delegado de BlackRock, Lawrence Fink.

En realidad, estos fondos ya hace tiempo que son muy activos en España. También en los sectores donde se obtienen ganancias gracias a la crisis.

BlackRock, por ejemplo, es uno de los actores más importantes de la Bolsa española, pero también le saca partido cuando cae: es de las entidades que apuesta a corto; es decir, que gana si la acción baja. Y es el dueño de iShares, una de las principales herramientas de ETFs, el vehículo de moda precisamente para hacer apuestas a la baja.

Estos fondos con acciones significativas en Moody’s y S&P tienen también participaciones en los principales bancos españoles, clientes todos de las agencias de rating y también víctimas cuando les rebajan la calificación: tanto BlackRock como Vanguard tienen más del 1% de los cuatro grandes Santander,BBVA, Popular y Sabadell y Capital Group suma hasta el 7% del Santander. El sector bancario lleva años exigiendo la privatización de las cajas, ahora encarrilada en parte por la presión de las calificadoras.

BlackRock, Vanguard yT. Rowe Price tienen asimismo inversiones significativas en deuda pública: en este momento, suman un mínimo de 7.500 millones se euros. Y en este mercado, las calificadoras desempeñan igualmente un papel clave: si rebajan la nota de la deuda soberana, el Estado se ve obligado a pagar un interés mayor para poder colocar sus bonos.

En 2010, España tuvo que pagar más por su deuda. Según el último Informe Anual del Mercado de Deuda Pública, el bono español a 10 años pasó del 4% al 5,45%. Y los grandes beneficiarios fueron los inversores extranjeros, que ya acaparan el 55% del saldo total tras ganar este año tan rentable 8,6 puntos.

Aunque las entidades de crédito perdieron globalmente peso, los mayores fondos individuales con deuda pública española pertenecen al Banco Santander y al BBVA, grandes clientes de las agencias de rating: los ingresos de estas proceden de las entidades cuyos productos califican.

“El conflicto de intereses de las calificadoras es múltiple e increíble y uno de los más descarnados es que los fondos participen de su accionariado”, afirma el economista Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Y añade: “El problema es que son demasiado poderosas y el que trate de limitar su poder tiene muchos números para salir chamuscado”.

Cautela del Gobierno

El último que lo ha pedido, la semana pasada, es la Eurocámara, que exige la creación de una euroagencia pública. Pero ningún gobierno de la UE los que deben lidiar con el encarecimiento de la deuda lo apoya: “Nos guste o no, necesitamos a las calificadoras porque una agencia pública no tendría credibilidad en los mercados”, afirma un portavoz de Economía.

La Eurocámara también ha advertido contra el “conflicto de intereses”, al igual que el Congreso y la SEC en EEUU, el G-20, la Comisión Europea, el FMI, y, el pasado viernes, el mismo presidente de la CNMV, Julio Segura. Pero el marco general sigue siendo la autorregulación, como antes de la crisis. Ante este escenario de bloqueo han empezado a surgir iniciativas para que sean los tribunales los que examinen el “conflicto de intereses”: en España, se presentó a finales de febrero una querella contra Moody’s, S&P y Fitch.

Ninguna de las tres grandes agencias ha contestado a las preguntas de Público sobre el supuesto “conflicto de intereses”, ni sobre la querella presentada en España. Pero las agencias siempre los niegan con el argumento de las “murallas chinas” que supuestamente se levantan alrededor del área de rating.

“En las agencias hay unas murallas chinas muy estrictas entre el departamento de rating y las otras divisiones, puesto que el primero trabaja con información privada de las empresas que califica y el resto únicamente con información disponible públicamente”, explica un exdirectivo en España de una de las grandes agencias de rating.

Pero incluso si las “murallas chinas” funcionaran dentro, no está tan claro que se perciban fuera: todas las calificadoras tienen también otros negocios de consultoría, que ofrecen servicios alternativos a las mismas entidades cuyos productos luego evalúan.

Este negocio es cada vez más importante y también ha crecido con la crisis: Algorithmics, la firma de soluciones financieras vinculada a Fitch Ratings, ingresó 121 millones en 2010, un 10% más que en 2009. En el mismo año, Fitch Ratings facturó 487,5 millones, con un crecimiento inferior: del 6,3%.

El pasado 21 de diciembre, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) renovó su contrato con Algorithmics. Y la nota de prensa de Algorithmics lo justificaba porque sus herramientas, insistía, iban a ayudar a los miembros de laCECA “en un periodo de consolidación en el mercado español motivado por la crisis financiera”.

Golpe al Banco de España

Sin embargo, uno de los mayores golpes a las cajas en dificultades lo propinó apenas dos meses después Moody’s. El 10 de marzo, sólo unas horas antes de que el Banco de España cifrara en 15.152 millones las necesidades extra del sistema financiero español, Moody’s rebajó la calificación de deuda española y cifró las necesidaes del sistema financiero en 120.000 millones, casi 10 veces más. La comparecencia en el Banco de España estaba prevista de antemano. Pero la nota de Moody’s, difundida al abrir la Bolsa, la reventó.

Dos semanas después, Moody’s degradó a todas las cajas, salvo La Caixa. Fuentes del sector explican que cada degradación agrava los problemas financieros en una doble vía: encarece la financiación y acorta el plazo para pagar la deuda ya existente.

La suerte estaba echada: todas las cajas deben acelerar su privatización y probablemente a precios más baratos del que aspiraban, en beneficio de los fondos interesados en comprar, casi todos accionistas o clientes de Moody’s.

En ocasiones, esta frontera tan difusa con potencial polémico, donde supuestamente se levantan “murallas chinas”, trasciende incluso al propio grupo de la firma de rating y se extiende a sus trabajadores o consejeros. En España, Jesús Betrian, secretario no consejero de Fitch Ratings desde 1996, es al mismo tiempo consejero de siete empresas de sectores que van de la consultoría a la publicidad, pasando por la auditoría. Una de ellas, la multinacional Ketchum Pleon ha realizado campañas en España para ING.

Otro ejemplo, entre muchos posibles: el currículum del ejecutivo del sector Matias Torrellas incluye el paso de Lehman Brothers (1994-2000) a Merril Lynch (2000-2003), luego a Fitch Ratings (2003-2007), donde fue director senior, y desde 2007, Caixa Catalunya. Es decir, de los bancos de inversión que lanzaron los complejos productos estructurados que llevaron a la crisis a las agencias de rating que dieron la máxima calificación a estos productos y, finalmente, a las entidades que pagan a las agencias de rating para que les evalúe y que aspiran a obtener la mejor calificación posible.

Como el sector se autoregula, el tránsito es legal. Como también el del jefe de Moody’s, que en tres meses ya estaba en Lazard.

Un negocio muy rentable también en España

Las tres grandes agencias de rating son negocios muy rentables, cuyos ingresos proceden básicamente de lo que pagan las entidades financieras interesadas en que les asignen una calificación a los productos que sacan al mercado. Este es uno de los mayores “conflictos de intereses” del que advierten los expertos: en los años del boom, el mayor factor de crecimiento de los ingresos de las agencias eran los complejos productos financieros que acabarían explotando. Y todos recibieron la máxima calificación.

En España, el negocio es también muy rentable, con una ratio entre ingresos y gasto en salarios que llega al 6 a 1, un nivel equiparable sólo al sector petrolero. En 2009, último año en que han presentado las cuentas, S&P ingresó en España 24 millones y gastó 3,6 en personal, con unos beneficios declarados de 7,1 millones. Moody’s tuvo una cifra de negocios de 24,2 millones, 4,8 de gasto de personal y 9,8 millones de beneficios. Fitch Ratings declaró 4,6 millones de beneficios en España.

Las agencias de calificación, ante los tribunales

Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los tribunales

Gerardo Pisarello y Jaume Asens –  Sin Permiso

Mientras más se agudiza la crisis en la periferia de la zona euro, mayor es la impresión de que sus principales causantes se han propuesto convertirse, sin práctica oposición, en sus grandes beneficiarios.

La gran finanza no sólo no ha sido objeto de controles y sanciones efectivos, sino que ha visto reforzado su poder, convirtiéndose en una auténtica espada de Damocles que pende sobre el erario público, los ahorradores y las clases populares en general. En ese contexto, la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de la querella penal contras las agencias de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales supone una pequeña grieta en este panorama sombrío. Por vez primera, Moody’s, Standard & Poors y Fitch deberán responder ante un tribunal español por la alteración del precio de la deuda pública y por la utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio (arts. 284 y 285 del Código Penal). Esta iniciativa debería verse, desde luego, como un intento de poner coto a la impunidad de los más fuertes, cuando la mayoría de instituciones públicas se ha rendido a la impotencia o ha optado por la complicidad. Pero también como la respuesta ante un modus operandi que, de no detenerse, acabará por arrasar no sólo con los endebles cimientos democráticos de nuestras sociedades sino también los derechos básicos de la mayoría de la población.

Para entender el papel de las grandes agencias en la crisis actual habría que distinguir dos momentos. El primero, notablemente retratado en documentales como Inside Job, de Richard Ferguson, tiene lugar hacia 2001 con el boom inmobiliario que tuvo especial intensidad en países como Estados Unidos, Irlanda o España. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos sin respaldo real. Las agencias, sin embargo, les otorgaron la máxima calificación, facilitando así su difusión en los mercados secundarios. Si a mediados de 2006 sólo había nueve empresas en el mundo con la calificación máxima de triple A, en enero de 2008 el número de instrumentos financieros con esa nota pasaron a 64.000. Empresas como EnronLehman Brothers, e inversores como Bernard Madoff recibieron el visto bueno de las agencias hasta pocos días antes de declararse en quiebra. Estas operaciones permitieron a los ejecutivos de estas entidades y a las propias agencias enriquecerse de manera vertiginosa. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, Moody’s duplicó sus ingresos y triplicó su cotización en bolsa. A cambio de ello, se fue generando una burbuja especulativa cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.

En Estados Unidos, estas actuaciones fueron enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión estatal de Bolsa y Valores. Las agencias intentaron sostener que sus informes eran una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sus impugnadores, no obstante, sostuvieron que habían actuado sin rigor ni transparencia, que se habían beneficiado de información reservada procesándola de manera fraudulenta y favoreciendo a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se dictaron algunas sentencias en su contra y se impusieron nuevas regulaciones. Lo cierto, sin embargo, gracias a su poder mediático, económico y político, las agencias han conseguido neutralizar los controles más incisivos.

En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca no llegaron siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras recibieron ingentes cantidades de ayuda que permitieron convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obligara, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que habían contribuido a crear. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todavía hoy la legislación española impide a las familias que han contraído hipotecas impagables entregar el inmueble y liberarse, al menos, de su deuda con los bancos. Es más, cuando la ejecución se realiza y la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. Esta situación, en la que podrían verse indicios de un enriquecimiento ilícito y de una estafa castigada por el Código Penal, ha sido considerada por los poderes públicos como una garantía para la recuperación del sistema financiero.

Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar a la banca privada y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública. Y es aquí, precisamente, donde las grandes agencias han entrado en escena por segunda vez. En el momento de expansión del boom inmobiliario, su negocio había consistido en sobrevalorar activos, empresas y solvencias con frecuencia vinculados a activos tóxicos. A partir de 2010, se han dedicado a desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos, empresas e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.

Si el optimismo de ayer permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho a la vivienda y del empleo de miles de familias, el pesimismo de hoy alimenta sin cesar la espiral de recortes en el resto de derechos sociales. Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores. Y a la inversa: mientras más proclive sea a regular los mercados, a ponerles trabas o a fortalecer ciertos derechos sociales básicos, más sospechas despertará entre las agencias.

Basta ver el informe de Moody’s sobre la metodología utilizada para calificar a la baja la deuda pública portuguesa para constatar que la evaluación de las agencias es todo menos objetiva y rigurosa [1].En ningún caso queda claro por qué utilizan ciertos datos o despachan otros, ni mucho menos quiénes tienen acceso a la información que utilizan. Lo que sí parece evidente es que las agencias no califican del mismo modo a las empresas y a las instituciones públicas. Ni a los gobiernos conservadores, de derechas, que a aquéllos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes.

Al igual que cuando calificaban al alza los activos tóxicos, las agencias insisten en que al juzgar la deuda pública sólo actúan como una suerte de periódico económico: emiten opiniones que nadie está obligado a contratar, cuya credibilidad, en última instancia, depende de lo que decidan los inversores. En parte esto es cierto. Un gobierno dispuesto a controlar con rigor la banca privada, obligándola a asumir responsabilidades por sus actuaciones, a fortalecer la banca pública y a realizar políticas fiscales progresivas, seguramente sería mucho menos dependiente de la financiación externa y, en consecuencia, de las agencias. El ejemplo de Islandia sigue siendo una prueba de que la sumisión total a los poderes financieros no es la única alternativa.

Lo que esta perspectiva oculta, sin embargo, es que dado el sistema de incentivos perversos permitidos por el actual capitalismo financiero, esta salida no siempre es sencilla. En Estados Unidos fueron varias las instituciones públicas –municipios, escuelas- que dependían de crédito externo y que denunciaron la presión de las agencias para contratar un servicio de evaluación que no habían solicitado. O aceptaban la “oferta” de los evaluadores, pagando honorarios que podían oscilar entre 50.000 y 300.000 dólares, u obtenían una calificación a la baja que les obligaba a ofrecer mayores intereses a los inversores [2]. La situación de los gobiernos socialistas de la periferia europea –Portugal, España o Grecia– no es exactamente ésta, pero guarda algunas semejanzas. Al carecer de una agenda política y económica alternativa, se han visto forzados a contratar a las grandes agencias e incluso a asumir los recortes sociales que éstas utilizan como indicio de solvencia. En 2009, ante una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el gobierno español sostuvo que la contratación de estos servicios era necesaria porque muchos inversores internacionales requerían que la deuda tuviera una calificación mínima para adquirirla. En la misma respuesta, informó que la Dirección General del Tesoro y Política, dependiente del Ministerio de Economía, pagaba 280.000 euros al año a Standard and Poors, mientras que con Moody’s desembolsaba 85.000 euros anuales, más 40.000 euros por cada emisión en divisas, sin superar los 250.000 euros. Sin embargo, su disposición al ajuste nunca ha sido considerada suficiente y su deuda pública ha sido calificada a la baja en más de una ocasión [3].

El problema, como consta en la querella presentada en la Audiencia Nacional, es que no es inusual que esta evaluación se produzca minutos antes del cierre de las operaciones en bolsa. Este tiempo es más que suficiente para que aquellos que cuenten con información puedan beneficiarse de la modificación calificatoria realizada por la empresa en cuestión. Esta hipótesis no es descabellada. Algunas de las entidades que más deuda pública española tienen, como Deutsche Bank, Hypo Real Estate o Barclays, son clientes de las grandes agencias. Lo mismo que ocurre con otras importantes tenedoras europeas de deuda española como DZ Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, ING, WGZ, Postbank, West LB, Sociéte Generale, Rabobank o The Royal Bank of Scotland.

La mayoría de las entidades afectadas –y eventualmente beneficiadas- por la evaluación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino Unido y de Holanda. Existen indicios de peso, en consecuencia, para pensar que aquéllas no actúan como simples periódicos económicos que emiten opiniones sobre la deuda pública de un país. Más bien operan como una empresa que, abusando de su posición dominante en el mercado, fuerzan a los países a pagarles por una opinión de relevancia pública pero carente de toda objetividad o intento de imparcialidad. La emisión de dicha opinión no puede considerarse un simple ejercicio de la libertad de expresión, mucho menos si se realiza en ciertos momentos y si se utiliza de manera fraudulenta para favorecer a otros clientes suyos o acaso a sus propias empresas.

Esta última posibilidad cobra especial fuerza cuando se atiende a la estructura de la propiedad que hay detrás de las agencias. Que la dureza, en efecto, exhibida con deudas como la griega o la española, al igual que con la de diversos países de América Latina o Asia, contraste con la laxitud con que se juzgan otras como la norteamericana o la francesa, no es casual. No en vano los propietarios de Moody’s, de Standard & Poors o de Fitch forman parte del entramado de poder –bancario, empresarial, político e incluso mediático- de estos países y difícilmente harían algo que los perjudicara[4].

Uno de los principales propietarios de la agencia Moody’s es Berkshire Hathaway, un conglomerado económico presidido por el multimillonario Warren Buffet e integrado por otros magnates como Bill Gates. Además de Moody’s, Berkshire Hathaway controla un amplio espectro de negocios vinculados a energía, telecomunicaciones, transportes, materiales de construcción, además, claro, de seguros y productos financieros. En 2008, tanto Barack Obama como John McCain mencionaron a Buffet como posible Secretario del Tesoro o como Asesor Financiero, una tarea que éste había desarrollado ya en 2003 para el gobernador de California por el Partido Republicano, Arnold Shwarzeneger. El otro grupo económico con peso en Moody’s es Davis Selected Advisers, una empresa de inversores presidida por Shelby Davis. Su padre, Shelby Cullom Davis, también era un banquero vinculado al Partido Republicano que fue embajador en Suiza durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford.

Standard and Poors, por su parte, está controlada por la compañía Mc Graw Hill. Aunque fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, Mc Graw Hill también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold “Terry” Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.

La agencia Fitch es la más pequeña de las tres grandes, y está fuertemente vinculada al grupo Fimalac S.A., con sede en Francia. Además de ocuparse de servicios financieros, Fimalac se dedica también a actividades inmobiliarias y a diversos emprendimientos culturales. La presencia gala es aquí determinante. El presidente del holding es F. Marc Ladreit de Lacharrière, administrador además de empresas como L’Oréal, Renault o Casino, miembro del consejo asesor del Banco de Francia y Miembro de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Frania. Estrechamente ligado al Grupo Bilderberg, Ladreit de Lacharrière también se ha prodigado, al igual Buffet o Mc Graw Hill, por sus actividades filantrópicas y sus compromisos con la educación. En 2009, de hecho, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y colaborador del programa Educación para Todos. Eso no le ha impedido mantener estrechos vínculos con la derecha francesa y explicar de manera nítida por qué es altamente improbable que la crisis de la deuda griega, portuguesa o española pueda contagiar al núcleo duro de la Unión Europea. “Francia y Alemania” –declaró el influyente propietario de Ficht en 2010- “disponen de credibilidad ante los inversores, que deciden y son los dueños del juego, porque tienen dos pilotos en el avión: Nicolás Sarkozy y Angela Merkel”.

En realidad, la tragedia de nuestra época reside en que los gobiernos que hoy padecen ataques especulativos carecen de autoridad para combatirlos, puesto que la connivencia con sus perpetradores ha sido todo menos excepcional. Como bien ha explicado el jurista y economista William Black, han sido las instituciones públicas las que han autorizado la desregulación de los mercados financieros, las que se han negado a aplicar con contundencia las medidas anti-trust que todavía existen y las que han despenalizado las actuaciones fraudulentas ocurridas antes, durante y después del estallido de la crisis. Estas medidas han generado un sistema de incentivos perversos basado en la búsqueda de elevadísimos beneficios en el corto plazo al precio de pérdidas seguras en el futuro. Todo ello en un ambiente criminógeno en el que los diferentes actores –bancos, agencias, reguladores públicos- tienen buenas razones para no decir nada y mirar hacia otro lado [5].

Es en este contexto, precisamente, donde la acusación popular contra las agencias cobra más sentido. Como una iniciativa jurídica, ciudadana, dirigida a cuestionar la impunidad de una coalición oligopólica que se ha mostrado capaz de sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales más elementales de la población. Y a forzar, naturalmente, una discusión de fondo sobre la depuración y democratización radical del sistema financiero actual. Haciendo gala del enorme poder que ha conseguido acumular gracias a la ausencia de límites jurídicos efectivos, Buffet ha podido declarar: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. No en vano, tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia Nacional, las agencias han contraatacado y han enviado a miembros de dos de los grandes despachos de abogados españoles especializados en defender a este tipo de empresas a presionar a la justicia. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándolos a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus criminales maniobras.

NOTAS:
[1] Vid. http://www.latiza.es/imagenes2/CuentasPublicas/moodys-portugal.pdf
[2] Vid. Alec Klein, “Credit Rater’s Power Leads to Abuses, Some Borrowers Say”, Washington Post, 24 de noviembre de 2004.
[3] En muchos casos, estas evaluaciones parecen forzar el rescate europeo, so pena de poner en peligro la viabilidad del euro. Ello no ha bastado, sin embargo, para que la Unión Europea imponga un marco regulatorio exigente a las agencias. En enero de 2003, el Parlamento y el Consejo aprobaron la Directiva 2003/6/CE sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado. Esta directiva, así como los diferentes actos que la han modificado, permite definir qué debe entenderse por información privilegiada, cuándo puede entenderse que hay una operación sospechosa o cuándo un riesgo de abuso de mercado. La Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, establece una distinción entre las personas que hacen recomendaciones de inversión –y que deben respetar normas más estrictas- y las que difunden recomendaciones hechas por un tercero. Esta Directiva remite a la normativa a la que está sometida la profesión de periodista financiero. En todo caso, no ha servido hasta ahora para poner coto a unas prácticas sobre cuya ilegalidad existen numerosos indicios.
[4] Como se recuerda en la querella, el déficit de Estados Unidos y sus ratios de deuda –e incluso los de algunos Estados como California, Illinois y Nueva York- son equivalentes, o incluso peores, que los de España, Portugal o Grecia, países que han sido rebajados. Sin embargo, como bien apunta Dean Baker, todos los grandes bancos, incluidos gigantes como Citigroup o Goldman Sachs, tienen grandes cantidades de deuda del gobierno de los Estados Unidos y dependen de las ayudas que éste les pueda proporcionar. Si el gobierno cayera en default por no poder pagar sus deudas seguramente arrastraría consigo a la mayoría de bancos y otros importantes clientes de las agencias. Vid. “Will the U.S. lose its AAA Rating?” en http://www.counterpunch.org/baker03252010.html
[5] Vid. la entrevista realizada a W. Black en http://inthearena.blogs.cnn.com/2010/12/20/black-the-dominance-of-unethical-banking/

Gadafi: sangre, petróleo, armas e hipocresía internacional

Rosa María Artal  en el Periscopio

Este fantoche que afirma su presencia en Trípoli frente a las “mentiras de las emisoras de los perros” y que termina diciendo que “llueve“, ha llenado las calles con la sangre de sus conciudadanos. Centenares ya de manifestantes han sido abatidos incluso por cazabombarderos. La llamada Comunidad Internacional está “muy preocupada”. Se reúnen en cómodas estancias para expresar lo preocupados que están. Concretamente, la Alta Representante Catherine Ashton se ha pronunciado así en nombre de la Unión Europea sobre los acontecimientos en Libia:

“La Unión Europea está extremadamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos en Libia y la muerte de un número muy elevado de los manifestantes. Condenamos la represión contra los manifestantes pacíficos y deploramos el uso de la violencia y la muerte de civiles. Expresamos nuestras condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

La UE insta a las autoridades a la moderación y a la calma, y pide que se abstengan inmediatamente de seguir haciendo uso de la violencia contra manifestantes pacíficos. La libertad de expresión y el derecho de reunión, tal y como se establece en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son derechos y libertades fundamentales de todo ser humano que han de ser respetados y protegidos”.

A las autoridades”, según la excelente cadena de noticias Euronews, Italia y Chekia se opusieron a la condena expresa a Gadaffi (De hecho Berlusconi está muy preocupado con los problemas de Gadafi). En parte alguna figura esa referencia, ni siquiera en las notas de prensa que regularmente me envía la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

34 aviones norteamericanos, 34, bombardearon Libia con misiles en 1986.

Los mandó el presidente republicano de EEUU Ronald Reagan porque entonces Gadafi era considerado un terrorista. Se decía –parece que con gran fundamento- que estuvo implicado en los atentados de los aeropuertos de Viena y Roma en 1985, que apoyó al terrorista palestino Abu Nidal, y que también tuvo que ver en el atentado (1986) contra el vuelo UTA 772, entre Brazaville y París, que dejó 170 muertos. La gota que colmó el vaso fue el atentado dirigido contra la Discoteca La Belle de Berlín en 1986, frecuentada por norteamericanos, y en el que murió un sargento –uno- de esa nacionalidad. Los misiles de Regan descargaron sobre Libia 11 días después.

Gadafi, que había perdido una hija de año y medio en el bombardeo norteamericano, quedó noqueado una temporada, pero en 1988 también fue acusado de haber intervenido en el atentado del vuelo de la Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie con un balance de 270 víctimas mortales, de 21 países, con mayoría norteamericana.

Los tiempos cambian. Gadafi se ha codeado ya con los principales líderes internacionales. Libia produce el 2% del petróleo mundial. De muy alta calidad, puede ir directamente a las gasolineras. Es clave en el suministro de Europa. Tercer proveedor de crudo para España, la mitad del petróleo que consumen Francia o Alemania, más del 40% del de Italia, es libio. Las petroleras están muy preocupadas por la rebelión de los ciudadanos libios. Sus empleados empiezan a dejar el país y son entrevistados, por ejemplo por el Td2 de TVE, a su llegada a los aeropuertos, para que veamos lo malísimas que son las rebeliones que desembocan en “guerra civil”. Más aún, la mayor parte de los medios informativos destacan hoy cómo se ha “disparado” el precio del crudo. Ha llegado a los 108 dólares esta mañana. En Julio de 2008 este mismo referente registró su precio máximo de 147.25 dólares. Sin revoluciones populares ni nada. Nadie se alarmó, ni recriminó, ni entrevistó víctimas por tanto. Dos meses después, se derrumbaba Lehman Brothers y todo el sistema financiero internacional. Hoy reedificado, con mando en plaza, sus culpas las pagamos nosotros.

Pero también tienen nuestros gobernantes y las empresas que les dirigen algunos otros negocietes con dictadores: las armas. Javier Pérez de Albéniz se ha molestado en recopilar algunos datos:

“¿Dónde consiguen los dictadores las armas con las que matan a la población civil?

En los países democráticos. España aumentó un 44% su venta de armas durante la crisis, exportando en 2009 material militar por valor de 1.346 millones de euros. Durante años, casi la mitad de las armas que hemos vendido han tenido como destino países no democráticos.

Los estados del Magreb y Oriente Próximo, esos cuyas poblaciones se están rebelando contra la tiranía, la corrupción y la injusticia social, son unos excelentes clientes.

Por si usted no lo sabía, Libia e Irán suman el 50% del material de doble uso, militar y civil, vendido por España en 2009.

Y el país de Gadafi utiliza tecnología vasca para sus armas y programas nucleares.

Es más, en estos momentos España está a punto de cerrar la venta de 250 carros de combate a Arabia Saudí, otro país sin elecciones y con manifestaciones y disturbios, por 3.000 millones de euros, el mayor negocio armamentístico de la industria militar española.

Finalmente le recordaré que las exportaciones de armas a Marruecos, un país en el que soplan vientos de cambio, crecieron un 923% durante 2008, pasando de 11,13 a 113,90 millones de euros, aumento que convirtió a la dictadura más próxima a nuestro país en el tercer cliente de la industria militar española, con el 12,2% del total de exportaciones”.

Derrocar dictadores que controlan materias primas y lucrativos negocios le sienta mal a la economía, a la UE, a España, a quien por ignorancia o no perder la poltrona en los poderes mediáticos, nos venden una historia hecha a su medida.

Solo que, por lo que parece, esta vez no la podrán parar.

El Periscopio

El pacto de las pensiones: el reconocimiento de una derrota

Lourdes Lucía – ATTAC Madrid

Se acaba de firmar el gran pacto social sobre las pensiones, que ha sido suscrito por el Gobierno, empresarios y los sindicatos con mayor afiliación, CC OO y UGT. En este pacto quizás se hayan paliado, de una forma casi inapreciable, las durísimas medidas propuestas en un principio por los mercados (es decir, los bancos, multinacionales y entidades de inversión financiera y sus organismos: FMI y BM, con el apoyo y complicidad de los Gobiernos), pero el resultado no ofrece dudas: Es una victoria del capital financiero y una derrota para la mayoría de la población. No reconocerlo así es engañarse y engañar a los demás.

Muchos son los factores que han llevado a esta situación y posiblemente uno de los más importantes es la escasa respuesta social en España ante las duras consecuencias que para la población han tenido las medidas impuestas ante la crisis: más de 4.500.000 de parados, cierre de pequeñas y medianas empresas, condena a la desaparición de muchos autónomos, desahucios por impagos de hipotecas, privatización de empresas públicas y de las cajas de ahorro, recorte del gasto social y ahora… una legislación sobre pensiones que pone muy negro el futuro especialmente a las generaciones más jóvenes, pero muy prometedor a los bancos que harán grandes negocios con los fondos privados de pensiones.

Conocer y reconocer la realidad. Por dura y terca que sea, es el primer principio en que debe basarse cualquier organización que quiera ser una fuerza progresista que pretenda transformar la sociedad. Es cierto que las condiciones de negociación no han sido las mejores para los sindicatos que han firmado el pacto, precisamente por esta falta de respuesta social, a la que no es ajena actividad realizada por estos sindicatos durante muchos años. Pero ello no nos puede llevar a considerar un logro lo que no lo es.

Hace tres años explotó una crisis largamente gestada y que, como viene denunciando Attac desde hace más de 10 años, tiene su origen en la falta de regulación de los movimientos de capitales, en la existencia de los paraísos fiscales y en haber puesto en el centro de la economía mundial la especulación como principal y casi única actividad económica, convirtiendo al planeta en un gran casino financiero en el que muy pocos son los que ganan y muchos los que salen perdiendo.

El propio análisis realizado recientemente por la comisión encargada por el Congreso de EE UU de hacer la autopsia de la crisis acusa de avaricia a la banca (Goldman Sachs, Merryll Linch, Lehman Brothers o Citigroup) y atribuye la crisis al apetito desmesurado de los bancos por el riesgo y la ineptitud de las agencias de calificación, a la falta de regulación y la actuación laxa de los supervisores, como la Reserva Federal, y a la falta de iniciativa política para exigir responsabilidades a Wall Street.

Las primeras reacciones llevaron a algunos gobiernos a esbozar tímidas medidas de control y regulación del mercado de capitales, pero sin tomar nunca una decisión resuelta para imponerlas. Por el contrario, salieron en tromba a rescatar a los bancos con miles de millones de euros, de forma que la gran banca se siente hoy más fuerte que nunca, como lo demuestra el hecho de que en Davos haya pasado al ataque con una ofensiva conjunta contra la regulación.

De esta forma y si no se le para, el capital financiero seguirá imponiendo sus normas; y su avaricia sin límites les llevará a imponer nuevas medidas más duras todavía que las aplicadas hasta ahora.

A pesar de lo que los grandes medios de comunicación dicen sobre que no hay más alternativas a la crisis que estas duras medidas, ATTAC dice que SÍ hay soluciones: en lugar de recortar el gasto social, los Gobiernos deben incrementar los ingresos. Y esto se puede hacer: obligando a los grandes especuladores a que paguen un impuesto por las transacciones financieras: 1 de cada 1.000 euros usados en este tipo de operaciones (se trata de controlar y regular los millones de operaciones que se realizan las 24 horas de día, es decir de disuadir y sancionar a los grandes especuladores), suprimiendo los paraísos fiscales y estableciendo políticas fiscales progresivas, que recauden más entre los que más tienen.

Está demostrado por excelentes economistas (que no se han equivocado de la forma escandalosa en la que lo han hecho los que hoy se presentan como “expertos”) e incluso por numerosos inspectores de Hacienda, que con medidas de este tipo se obtendrían los recursos necesarios para afrontar políticas económicas que creen puestos de trabajo y afronten los gastos sociales necesarios para el bienestar social, incluyendo el mantenimiento y mejora de un sistema público de pensiones, que garantice el derecho a la jubilación a partir de los 65 años.

Pero de nada de esto se ha hablado en la negociación.

ATTAC, una organización plural e independiente, no desiste y llama, hoy más que nunca, a todas las personas y fuerzas sociales (sindicales, partidos, movimientos sociales…) para unirse y movilizarse reclamando políticas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

No es un brindis al sol, frente a esta dictadura de los mercados no cabe más respuesta que la presión y la movilización social. Y por difícil que parezca, es posible. La indignación que hoy sienten muchas personas se puede tornar en una gran marea colectiva que desenmascare a los causantes de la crisis y sus portavoces y obligue a los gobiernos a cambiar de rumbo.

Este es nuestro reto.