¿A QUIEN INTERESA Y CÓMO SERÍA EL “RESCATE” DE ESPAÑA?

Juan Torres,  Consejo Científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un “rescate” de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,”rescatan” a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los “agujeros” que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada.

Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de “ayuda” se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido “rescatada” recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el “rescate” del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el “rescate” se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los “rescates” consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El “rescate” no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país “rescatado” cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien “rescata”.
Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el “rescate” es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un “rescate”.
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda “rescatando” a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.
Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economías. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el “rescate”.
Pero un “rescate” de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de “rescate” tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el “rescate” iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el “rescate” de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el “rescate” justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren “transformar” España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.
En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su “rescate” solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el “rescate”. Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.

EL DOGMA NEOLIBERAL Y LAS PENSIONES

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Estamos viendo una avalancha mediática por parte del establishment financiero que tiene como objetivo convencer a la ciudadanía española de que existe un consenso entre los expertos de que hay que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación en España, utilizando argumentos que se presentan como científicos, cuando en realidad son profundamente ideológicos, lo cual es fácil de demostrar.

Si el debate que se está realizando sobre las pensiones fuera un debate científico, la dinámica del mismo sería distinta.

En un debate científico, si un autor presenta datos que nieguen la validez de los que han sido utilizados por otros autores en defensa de sus tesis, estos autores, en su continua defensa de sus argumentos, no pueden ignorar estos nuevos datos aportados por sus críticos. Tienen que cambiarlos o responder a sus críticas indicado su desacuerdo. De no hacerlo así, correrá el riesgo de perder su credibilidad. Es así como la ciencia se construye. Aparecen tesis y contratesis que deben contrastarse para ver su validez científica.

Pues bien. Esto no está ocurriendo en el debate sobre las pensiones.Los autores que sostienen la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación continúan utilizando datos para apoyar sus tesis de inviabilidad del sistema de pensiones públicas españolas, a pesar de que otros autores han demostrado la falsedad de tales datos. La primera voz que utilizó datos erróneos para justificar el retraso obligatorio de la edad de jubilación fue la Comisión Europea en su informe sobre las pensiones en España. En tal informe se escribía que “las pensiones pasarán de representar un 8.4% del PIB en el año 2007 a un 15.2% del PIB en el año 2060, lo cual convierte el sistema público de pensiones en insostenible”. Esta postura, utilizando la misma narrativa y los mismos datos, ha sido reproducida por el Banco de España, por los informes del BBVA y del Banco de Santander, por la Fundación de las Cajas de Ahorro, por el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por los mayores bancos y grandes empresas de España) y últimamente por la OCDE. Todas estas instituciones no son instituciones científicas sino instituciones financieras o próximas a la banca y al mundo de las grandes empresas. Tienen un enorme poder en configurar la sabiduría convencional económica del país, la cual promueven a través de fundaciones, revistas académicas, prensa diaria, y otros medios. Establecen así la ortodoxia económica, con su propia Inquisición, que margina o ignora a las voces críticas que no comulgan con su ideario neoliberal. (Por cierto, acaba de estrenarse un excelente documental en EEUU, “Inside Job”, sobre como se generó la crisis financiera en EEUU, mostrando el papel clave que la banca jugó en establecer la ortodoxia neoliberal que llevó al desastre. El documental también muestra como los departamentos de economía y escuelas de negocio de las universidades estadounidenses más conocidas crearon tal ortodoxia, analizando las conexiones de estos centros universitarios con el mundo financiero. Un tanto igual podría escribirse sobre las conexiones entre el mundo universitario y las instituciones financieras y empresariales en la creación del argumento de la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en la Unión Europea, incluyendo España).

Esta observación no quiere decir que todos los que utilicen aquel argumento y aquellos datos de insostenibilidad sean neoliberales o estén defendiendo los intereses del mundo financiero. En realidad, como firmas del manifiesto de los 100, hay economistas que no encajan dentro del ideario neoliberal. Y el propio Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en respuesta a una pregunta de una periodista de El País (12.12.10), la cual le preguntó si el aumento de la productividad no invalidaba el argumento de insostenibilidad, el Ministro respondió que incluso si la productividad aumentara un 2 o un 2.5% por año, el sistema de pensiones públicas sería insostenible en el 2050, pues tales pensiones absorberían el 15% del PIB, una cifra, según él, inviable. Y pocos días después, un economista de credenciales progresistas, el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, acentuaba el mismo argumento, con parecidas cifras. El hecho de que incluso tales autores reproduzcan estos datos y argumentos muestra el grado de dominio de tal pensamiento en la cultura económica del país.

El que existan también personas progresistas no neoliberales que sostengan aquellas tesis de inviabilidad, se presenta como el “consenso” entre expertos. Pero se ignora deliberada y maliciosamente, que hay muchas voces críticas de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Autores como Dean Baker, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington, y el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en EEUU, y el Catedrático de Economía Juan Torres y yo (entre otros) en España hemos criticado tales argumentos, documentando el error de los supuestos que cuestionan la insolvencia de la Seguridad Social. En el caso español, he mostrado como las pensiones pueden representar un 15% del PIB en 2060 y no ser ningún problema. Y he explicado porque esto no es un problema. Lo hago ahora de nuevo.

Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año (una cifra razonable), esto querría decir que en el año 2060 el PIB sería 2.20 veces mayor que ahora, cifra que se calcula elevando el 1.5% a la 53 potencia (2060-2007= 53 años). Esto quiere decir que si el PIB fuera 100 en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Naturalmente que el PIB en 2060 será mucho mayor que 2.20 veces que ahora, debido predominantemente a la inflación. Pero es importante comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, que cuando digo 2.20 veces mayor, estoy utilizando monedas con la misma capacidad de compra. O sea que el PIB de 2060 que utilizo es el que España tendría descontando la inflación.

Pues bien, en el año 2007 nos gastábamos 8 unidades en pensionistas y 92 en no pensionistas. Y en el año 2060 nos gastaríamos el 15% de 220, es decir, 33, en pensionistas y para los no pensionistas 220-33=187. Resultado del incremento de la productividad, habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. En realidad, hace cincuenta años nos gastábamos en España menos de la mitad que ahora en pensiones públicas, y aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones se ha más que doblado, ello no ha implicado que haya menos recursos para los no pensionistas. Si ustedes leen las hemerotecas de hace cincuenta años, verán que se utilizaban los mismos argumentos que se utilizan ahora por los catastrofistas.

El silencio frente a las críticas

Frente a estos datos, los que sostienen la tesis de inviabilidad del sistema de pensiones público (en el caso de que sus argumentos fueran científicos) debieran responder y decir porque estos datos no invalidan sus tesis. Lo que no pueden hacer (repito, si es que se consideran científicos) es ignorarlos y continuar repitiendo como papagayos las mismas tesis y utilizando los mismos datos, tal como están haciendo. Y ahí está la prueba de que no son científicos, sino ideólogos, lo cual aparece incluso más claramente cuando ignoran y nunca citan los trabajos y los datos de los autores que muestran sus falacias o errores.

Los datos que he mostrado se han publicado en muchos forums, tanto en revistas científicas, como en diarios y prensa escrita. Pues bien, no han sido en su mayor parte contestados.

En un debate científico serio uno esperaría que los autores que utilizan aquellos datos catastróficos cuestionaran varios supuestos de mis tesis. Uno, por ejemplo, podría ser el de estar en desacuerdo en que la economía española pudiera crecer un 1.5% por año. Me parecería un debate productivo y relevante. ¿Cuánto puede aumentar la productividad en España, y cómo aumentarla? ¿Y cómo ello afectaría los recursos futuros para sostener la Seguridad Social? Otro debate podría ser como el impacto de la entrada de la mujer en el mercado laboral podría afectar las cifras que se utilizan para analizar el incremento de la riqueza y, por lo tanto, los recursos de 2060. Y muchos otros temas.

Sin embargo, ha habido un silencio ensordecedor sobre estos temas (excepto un grito histriónico de un portavoz del manifiesto de los 100 economistas negando que la productividad crecerá en España, lo cual, de ser cierto –que no lo es- sería un problema gravísimo, mucho mayor que el de la sostenibilidad de las pensiones). Y ahí es donde se muestra el carácter ideológico de tales argumentos. Presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal, como la OCDE, la Comisión Europea, o Fedea (todas ellas instituciones que tienen escasa credibilidad científica) como instituciones que gozan de credibilidad científica es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización de preservativos (como medida protectora contra el SIDA) tiene credibilidad científica. En todos estos casos la motivación de sus argumentos es la fe (católica) en el caso de la Iglesia, y neoliberal en el caso de aquellas instituciones.

¿Quiénes son los supuestos expertos?

Otro ejemplo de la campaña propagandística neoliberal es la presentación de economistas próximos a la Banca (tales como los analistas de Fedea) por parte de los medios de mayor difusión del país como “expertos en pensiones”, tal como hace El País en un análisis sobre las pensiones. Uno de tales expertos es José A. Herce, que ha ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada diez años. En 1995 predijo que la Seguridad Social tendría un déficit del 0.62% del PIB en el año 2000 y del 0,77% en el 2005. Un año más tarde, 1996, predijo que el déficit sería de 1.35% del PIB en el 2000, y del 1.80% en el 2005. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. Ello no frenó al Sr. Herce que, en su testimonio en el 2009 en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, aseguró a la Comisión que la Seguridad Social entraría en déficit en el año 2020. Aconsejo al lector que vea lo poco creíbles que han sido las predicciones de tal llamado “experto” y otros, detallado en el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, distribuido por Attac.

Es sorprendente la relajación del rigor y excesiva tolerancia de algunos medios en la reproducción del dogma neoliberal. ¿Se figura usted que un médico errara sistemáticamente sus diagnósticos dañando al paciente como consecuencia de ello, y que continuara siendo presentado como un gran clínico? Pues esto es lo que está ocurriendo.

Artículo publicado en EL PLURAL

AQUÍ TAMBIÉN SE TORTURA

Tal como confirma la reciente sentencia que condena a cuatro guardias civiles:

Según la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, los cuatro guardias civiles amenazaron a los miembros de ETA y los trasladaron por separado a un río, del municipio de Aramaio, para buscar un lugar que, “facilitando su impunidad, les permitiera humillar, castigar y vengarse de los detenidos, física y moralmente, por su pertenencia a ETA. A Sarasola le colocaron una pistola en la sien con la que hicieron el ademán o gesto de dispararle, y le tiraron explanada abajo, momento en que aprovecharon para golpearle”. Según el tribunal, los agentes le subieron después hasta donde estaban los patrol, cuyas puertas utilizaron para golpearle en el hemitórax: “El castigo físico gratuito a quien ya estaba detenido”.
Según la sentencia, Portu también fue conducido “a empujones, fuera del vehículo, hasta llegar a la altura del río, donde, en dos ocasiones al menos, le sumergieron la cabeza en el agua (…) Este episodio tuvo una duración prolongada de media hora más o menos, sólo destinada a agredirle, física y psicológicamente, en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA”.

LO VENÍA DICIENDO AMNISTÍA INTERNACIONAL EN SUCESIVOS INFORMES ANUALES:

“En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

La financiación de las pensiones

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO en Público

02-12.jpgDesde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.
En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.
Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?
Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.
Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.
Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.
La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Ilustración de Patrick Thomas

EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 16 de diciembre de 2010

Este artículo critica la propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación de 65 a 67 por no tener en cuenta las enormes diferencias de longevidad que existe en España por clase social. Cuestiona también los supuestos sobre los cuales se construye la tesis de que el sistema de pensiones públicas es insostenible a no ser que se reduzcan las pensiones.

El alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación de los 65 a los 67 años afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años. El promedio de la UE-15 es de 7 años. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la  burguesía, pequeña burguesía y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).

A partir de estas cifras puede concluirse que puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchos cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo, tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar la salud de la persona. En EEUU, por ejemplo, un Catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad exige a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como medicina), donde hay una enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce, sino un medio a partir del cual la persona obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra persona que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a la mujer de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para parar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra. Y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos treinta años, ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto su vida alargada mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos treinta años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker and David Rosnick. The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement. Center for Economic and Policy Research. October 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores que con 58 años trabajan en ocupaciones físicamente exigentes y/o en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos treinta años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han hecho una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo hizo hace unos días el nuevo Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, en que utilizó el mismo argumento. Es más este último indicó que, aún cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Ello no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera 2%, el PIB en 2050 sería 2.20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora 9 unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar de 52% fuera 72% o 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el estado debiera hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

LAS PENSIONES EN DIEZ CLAVES

  • Ignacio Escolar

1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los 70 pero después la natalidad se hundió de golpe.

2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década –mi generación– nos empecemos a jubilar, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.

3. A largo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está –donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros– porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.

4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: sólo el 8,4% del PIB, cuando la media europea es del 10,1%.

5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la Unión Europea, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1%.

6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de 50 años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.

7. No es la primera vez que estas previsiones fallan estrepitosamente.

8. Pero incluso dando por buenas estas cifras –todas salen del último informe de la UE (PDF)–, ese 15,1% del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que HOY (y no en 2060) gastan países como Francia (13%) o Italia (14%).

9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas –en eso están–. O que la diferencia se pague por medio de impuestos, cómo ya hacen otros países, como Austria o Dinamarca.

10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.

Fuente:   Diario Público